Legislar la igualdad no es suficiente
En el mundo, 3.9 mil millones de mujeres enfrentan barreras legales para participar en la economía. Así lo señala el Banco Mundial, que analiza las leyes de casi 200 países para evaluar si promueven la igualdad de género en ámbitos como la movilidad, el mercado laboral y la vejez. Desde finales de los noventa se han logrado avances importantes para establecer que hombres y mujeres cuenten con la misma protección legal. Sin embargo, las mujeres acceden a dos tercios de los derechos otorgados a los hombres y, como resultado, aún existen países donde ellas no pueden emprender u obtener un crédito bajo las mismas condiciones.
Cambiar la ley es más fácil que hacerla cumplir, y por sí sola no transformará la realidad. Según el mismo estudio del Banco Mundial, los países cuentan con 40 % de los mecanismos necesarios para implementar las leyes en favor de la igualdad de género. Es decir, existe una brecha entre lo que se legisla y lo que realmente se ejecuta. Por ejemplo, aunque 98 países cuentan con una legislación que mandata la igualdad salarial, 35 de ellos implementan mecanismos como la transparencia salarial para hacerla efectiva.
México quiere avanzar en ese sentido al dar pasos que subrayan la prioridad que otorgará este sexenio a promover los derechos de las mujeres. La llegada de la presidenta Claudia Sheinbuam alentó a miles de niñas y mujeres durante su toma de protesta. Más allá de símbolos y narrativas, entre los cien compromisos de su gobierno, varios se dirigen a lograr una mayor igualdad de género y el primer paquete de reformas que presentó busca alcanzar precisamente este objetivo.
Las mujeres ganan en promedio 15 % menos que los hombres en el país, lo que equivale a trabajar 61 días adicionales al año para igualar su salario, según datos del INEGI. Esto ocurre a pesar de que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Constitución establecen que, a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin importar el género. A raíz de las reformas de la presidenta, ya existe la obligación de contar con mecanismos para cerrarla, pero estos aún no se han concretado. El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar la legislación secundaria para poner estas herramientas en marcha.
Dichos cambios son inminentes y ahí radica la complejidad, entre la ley y la implementación, pero también es una gran oportunidad para finalmente reducir esta desigualdad. Frente a este contexto, el IMCO con la Embajada Británica en México propone siete mecanismos que el país puede adoptar para cerrar la brecha salarial. Son acciones que pueden implementar tanto el sector público como privado, entre ellas se considera estandarizar la medición de la brecha, diseñar tabuladores salariales, avanzar hacia una mayor transparencia salarial y consolidar políticas de cuidados.
Cerrar la brecha salarial es una condición necesaria para el desarrollo económico del país. El marco legislativo es apenas el primer paso, su impacto dependerá de la voluntad para traducirlo en acciones concretas. Si este gobierno aspira a marcar un antes y un después en materia de igualdad de género, necesita pasar del discurso a la implementación. El tiempo de las promesas quedó atrás. Ahora toca garantizar cambios tangibles para que las mujeres en México puedan participar plenamente en la economía. ¿De qué sirven las leyes si no se cumplen? Sin implementación, seguimiento y monitoreo, serán solo letra muerta.
* Fernanda García (@fergarciaas) es directora de sociedad incluyente.
El texto, tan antiguo como Estados Unidos, fue promulgado para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra. Según expertos consultados por BBC Mundo, este instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse.
De las calles de varias ciudades estadounidenses como Miami, Houston, Chicago o Nueva York a una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), también conocida como la “megacárcel” de El Salvador.
Este es el viaje que hicieron en marzo más de 200 venezolanos, a los cuales el gobierno de Donald Trump acusó, sin aportar pruebas, de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
Para llevar a cabo la deportación al país centroamericano de los migrantes, que estaban en situación irregular en Estados Unidos, la Casa Blanca utilizó una ley casi tan antigua como el propio país: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798.
Al hacerlo, pasó por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones, por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar a este caso.
Sin embargo, este lunes la Corte Suprema de EU dictaminó que el gobierno de Trump puede seguir utilizando esta ley para las deportaciones, aunque debe darles a los migrantes “la oportunidad de impugnar su expulsión”, algo que no ocurrió en marzo.
“La notificación debe darse en un tiempo razonable y de tal manera que les permita efectivamente solicitar el hábeas corpus en el lugar apropiado antes de que ocurra dicha remoción”, escribieron los jueces en su fallo.
En su decisión de este lunes, la Corte Suprema no determinó la legalidad del uso de la ley para llevar a cabo deportaciones, algo que deberá resolverse en los tribunales inferiores.
Pero, ¿qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros, qué poderes distintos otorga a las autoridades y cuándo fue la última vez que se aplicó?
Un arma para tiempos de guerra
La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EU se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando Estados Unios estaba al borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
“Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EU del lado de Francia”, explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EU NPR.
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se ha aplicado en tres ocasiones.
La primera fue en 1812, durante la guerra que EU mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.
Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6 mil “extranjeros enemigos”, muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EU registró a 480 mil “extranjeros enemigos” alemanes y arrestó a 6 mil 300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses que vivían en EU.
Fue así como más de 30 mil personas pasaron la guerra presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos.
Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EU”.
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EU, que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico.
Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. Pese a ello, su orden fue ignorada.
“La ley de 1798 es clara en el sentido de que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse”, explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.
Sin garantías de ningún tipo
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?
Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir, sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
“La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un poder ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad”, explicó Tichenor.
“La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración”, agregó el experto.
Al impedirle a los inmigrantes poder acceder a sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha identificado a los venezolanos deportados, ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EU.
De hecho, varias familias de hombres que también fueron llevados al Cecot han dicho que sus familiares no forman parte de grupos criminales, y se desconoce el estándar que usó el gobierno de EU para determinar que sí lo eran.
Polémica servida
La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal ha provocado controversia.
“Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz”, agregó Yon Ebrigth.
Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación actual de la ley constituye “un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales”.
“Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EU”, afirmó la organización no partidista en un comunicado.
*Con investigación de Cristina J. Orgaz
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Trump deporta a El Salvador a cientos de venezolanos pese a la orden judicial que le prohibía hacerlo
- El gobierno de Trump designa a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua como “organizaciones terroristas”: qué significa y qué consecuencias puede tener
- Entrevista BBC Mundo | “Usan los derechos humanos para dañar nuestra imagen, porque no formamos parte de la órbita de los centros de poder”: Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
