Ciudades: oportunidad para el crecimiento
El pasado 1 de octubre, nuestro país inició formalmente el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas en el segundo mes de su administración son evidentes las presiones que se han acumulado para el crecimiento económico del país. Algunas, como la necesidad de reducir del déficit fiscal, la desaceleración que caracteriza los cambios de administración federal o el agotamiento del crecimiento de la economía de Estados Unidos, contribuyen a presionar a la baja las expectativas para el PIB de nuestro país. En contraste, es menor el número de factores que podrían impulsar al alza su crecimiento. No obstante, la mayor parte de estos factores está relacionado con el dinamismo que puedan desplegar las metrópolis del país.
Las ciudades se caracterizan por ser el origen de la prosperidad de la población, pues son la unidad de generación de valor para el desarrollo económico y la innovación. Los centros urbanos del país integran mercados de bienes y servicios con los mercados de factores (capital y trabajo) y las cadenas productivas de las industrias. De ahí que sea imprescindible comprender sus desafíos y ventajas competitivas, a fin de potenciar el crecimiento del país.
Entre los factores que pueden impulsar el crecimiento de México en los próximos años se encuentra la posibilidad de capitalizar la inversión que podrían arribar al país como resultado del nearshoring. No obstante, como muestra la evidencia recabada por autoridades y el sector privado, es indispensable mejorar la calidad de la infraestructura, procurar un mercado laboral adecuado para identificar el trabajo más capacitado, y procurar regulación y un Estado de derecho funcionales.
Al evaluar las condiciones que pueden propiciar un mayor interés para atraer flujos de inversión productiva, el índice de ciudades como el del Instituto Mexicano para la Competitividad nos permite hallar dos conclusiones. Por un lado, México requiere diseñar una política industrial que cree reglas de asignación más equitativas para las industrias y sectores vinculados al comercio exterior, específicamente para las cadenas de proveeduría locales. Por el otro, el desarrollo de políticas públicas que incidan de forma directa, y relativamente inmediata, sobre el bienestar de la población, empieza por los gobiernos municipales que integran las ciudades.
De hecho, el análisis de las cifras para las ciudades muestra que la ejecución más exitosa de políticas públicas a favor de la competitividad, encuentran trayectorias sostenibles cuando se logra un balance entre el Estado de derecho, la salud, la educación, la innovación y el crecimiento económico. Una ciudad que fomenta la prosperidad no puede progresar en aspectos relacionados con la seguridad, sin mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, o sin crear condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades productivas.
Medir la competitividad de las ciudades es un arma de doble filo. Por una parte, favorece que el diseño de políticas públicas para mejorar estas realidades deba tener un enfoque transversal. Pero es precisamente ahí donde aparece su mayor desafío: es preciso diseñar dichas políticas bajo diferentes perspectivas. De ahí que resulte crítico construir herramientas basadas en datos para monitorear diferentes indicadores de bienestar. Primero, con la finalidad de averiguar si efectivamente tienen un impacto sobre la competitividad. Segundo, porque una vez validada esa contribución es necesario cuantificarla.
En ese sentido, las zonas metropolitanas del país presentan un reto doble: evaluar criterios para incidir de forma multidimensional a favor de la competitividad, al mismo tiempo que se logren ejecutar políticas que incidan directamente sobre el bienestar de la población. La noticia alentadora es que la posibilidad de tomar ventaja de la arquitectura metropolitana para promover un crecimiento sostenido e inclusivo es real. Toca poner manos a la obra.
*Víctor Gómez Ayala (@Victor_Ayala) Director de Analítica de datos.
Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
“Una crisis de gestión”
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
Resiliencia en medio del caos
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Impacto más allá del bolsillo
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
Estrés en el tráfico
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
“Volver al siglo 18”
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Voz de aliento
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
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