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De crónicas y datos

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El pasado 1 de octubre, nuestro país inició formalmente el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Apenas en el segundo mes de su administración son evidentes las presiones que se han acumulado para el crecimiento económico del país. Algunas, como la necesidad de reducir del déficit fiscal, la desaceleración que caracteriza los cambios de administración federal o el agotamiento del crecimiento de la economía de Estados Unidos, contribuyen a presionar a la baja las expectativas para el PIB de nuestro país. En contraste, es menor el número de factores que podrían impulsar al alza su crecimiento. No obstante, la mayor parte de estos factores está relacionado con el dinamismo que puedan desplegar las metrópolis del país.
Las ciudades se caracterizan por ser el origen de la prosperidad de la población, pues son la unidad de generación de valor para el desarrollo económico y la innovación. Los centros urbanos del país integran mercados de bienes y servicios con los mercados de factores (capital y trabajo) y las cadenas productivas de las industrias. De ahí que sea imprescindible comprender sus desafíos y ventajas competitivas, a fin de potenciar el crecimiento del país.
Entre los factores que pueden impulsar el crecimiento de México en los próximos años se encuentra la posibilidad de capitalizar la inversión que podrían arribar al país como resultado del nearshoring. No obstante, como muestra la evidencia recabada por autoridades y el sector privado, es indispensable mejorar la calidad de la infraestructura, procurar un mercado laboral adecuado para identificar el trabajo más capacitado, y procurar regulación y un Estado de derecho funcionales.
Al evaluar las condiciones que pueden propiciar un mayor interés para atraer flujos de inversión productiva, el <a href="https://imco.org.mx/indices/#:~:text=Los%20%C3%ADndices%20del%20IMCO%20tienen%20como%20objetivo%20aportar,competitividad%20en%20tres%20niveles%3A%20urbano%2C%20estatal%20e%20internacional." target="_blank" rel="noopener">índice de ciudades</a> como el del Instituto Mexicano para la Competitividad nos permite hallar dos conclusiones. Por un lado, México requiere diseñar una política industrial que cree reglas de asignación más equitativas para las industrias y sectores vinculados al comercio exterior, específicamente para las cadenas de proveeduría locales. Por el otro, el desarrollo de políticas públicas que incidan de forma directa, y relativamente inmediata, sobre el bienestar de la población, empieza por los gobiernos municipales que integran las ciudades.
De hecho, el análisis de las cifras para las ciudades muestra que la ejecución más exitosa de políticas públicas a favor de la competitividad, encuentran trayectorias sostenibles cuando se logra un balance entre el Estado de derecho, la salud, la educación, la innovación y el crecimiento económico. Una ciudad que fomenta la prosperidad no puede progresar en aspectos relacionados con la seguridad, sin mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, o sin crear condiciones apropiadas para el desarrollo de actividades productivas.
Medir la competitividad de las ciudades es un arma de doble filo. Por una parte, favorece que el diseño de políticas públicas para mejorar estas realidades deba tener un enfoque transversal. Pero es precisamente ahí donde aparece su mayor desafío: es preciso diseñar dichas políticas bajo diferentes perspectivas. De ahí que resulte crítico construir herramientas basadas en datos para monitorear diferentes indicadores de bienestar. Primero, con la finalidad de averiguar si efectivamente tienen un impacto sobre la competitividad. Segundo, porque una vez validada esa contribución es necesario cuantificarla.
En ese sentido, las zonas metropolitanas del país presentan un reto doble: evaluar criterios para incidir de forma multidimensional a favor de la competitividad, al mismo tiempo que se logren ejecutar políticas que incidan directamente sobre el bienestar de la población. La noticia alentadora es que la posibilidad de tomar ventaja de la arquitectura metropolitana para promover un crecimiento sostenido e inclusivo es real. Toca poner manos a la obra.
*Víctor Gómez Ayala (@<a href="https://twitter.com/Victor_Ayala" target="_blank" rel="noopener">Victor_Ayala</a>) Director de Analítica de datos.

Ciudades: oportunidad para el crecimiento

La reforma constitucional en materia energética contempla dos cambios fundamentales para el sector al transformar a las empresas productivas del Estado en empresas públicas y establecer la prevalencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cualquier empresa privada.
Los conceptos de empresa pública y el de prevalencia son nuevos en términos de la legislación mexicana, así como suficientemente amplios para su interpretación. En otras palabras, pueden ser tan restrictivos o tan laxos como la legislación secundaria decida que sean.
En días recientes se ha comenzado a dilucidar el panorama para el sector energético durante los próximos años. La Estrategia Nacional de Electricidad –presentada el 6 de noviembre–, así como la Estrategia Nacional de Hidrocarburos –presentada el 13 de noviembre– adelantan esbozos de los planes del Gobierno Federal para el sector energético. 
En ambas estrategias, el objetivo de contar con empresas públicas fuertes se apoya en la participación privada para compartir riesgos y fuentes de financiamiento. El cambio en lo esencial no es en sí mismo una mayor o menor apertura a la inversión privada, lo central es la aversión a la competencia. El sector está abierto a la inversión privada en la medida que no le genere competencia a los actores del Estado: Pemex y la CFE.
Para ello, se plantea la creación de figuras como “productores mixtos” de energía eléctrica o de “proyectos mixtos” en el sector de hidrocarburos. Diseñadas correctamente, con planes financiera y operativamente viables, estas figuras pueden fungir como alternativa para captar inversiones en infraestructura crítica para la seguridad energética del país. Asociarse con Pemex o la CFE en contratos de largo plazo puede ser atractivo para inversionistas institucionales o para empresas privadas nacionales y extranjeras, dependiendo del tipo de proyecto.
El elefante en la habitación, sin embargo, está en la certidumbre jurídica. Al momento de escribir estas líneas no existe claridad sobre el futuro de la Comisión Nacional de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Aunado a ello, el país se encuentra a meses de una elección inédita de juzgadores. El éxito de los planes de energía de la administración dependerá en buena medida de su capacidad para ofrecer certidumbre de largo plazo para los inversionistas.
Por ello, la legislación deberá ser clara en los mecanismos para la inversión privada y consistente con las disciplinas de México en los tratados comerciales internacionales. Puede sonar contradictorio con los planes que se han presentado. No lo es. Algunas medidas clave para ello son mantener el mercado, un despacho que incentive los menores costos, dar un trato parejo en el acceso a las redes eléctricas, no ejercer poder de mercado en detrimento de los privados en el transporte y almacenamiento de petrolíferos, no restringir arbitrariamente las importaciones de combustibles y establecer una regulación independiente.
El nuevo diseño de la regulación deberá garantizar la independencia técnica de las decisiones. En este sentido, independientemente de la figura legal que se establezca para la regulación de los sectores económicos, es necesario mantener el espíritu colegiado de los reguladores (aunque sería posible reducir el número de comisionados), implementar separaciones entre ellos y el resto de la administración pública, mantener el personal técnico de los organismos, así como establecer un servicio de carrera específico para el regulador. 
La cuestión central es el Estado de derecho. De ello depende el éxito en cuestión energética del gobierno que inicia.
*Oscar Ocampo (@<a href="https://twitter.com/oscarocampo">OscarOcampo</a>) es coordinador de energía y medio ambiente.

Estrategias de energía y el Estado de derecho

En el ámbito de las finanzas personales, un consejo que escuchamos comúnmente es: “No gastes el dinero que no tienes”. Salvo que invirtamos en activos o en casos de emergencia, es fundamental mantener un equilibrio entre nuestros ingresos y gastos para evitar caer en un sobreendeudamiento.
Esta máxima financiera, que nos aplica tanto a los individuos como a los hogares en nuestro día a día, vale también –con sus matices– para los gobiernos, que enfrentan restricciones presupuestales a las que deben sujetarse, en mayor o menor medida, en aras de garantizar la sostenibilidad de sus finanzas.
No obstante, en contra de la sabiduría popular y la ortodoxia macroeconómica que ha prevalecido en México desde finales de la década de los 80, en los últimos nueve meses de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el sector público federal ejerció recursos significativamente mayores a los disponibles.
<img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1468561" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/presupuesto-2025.jpg" alt="Gráfica con los datos de la deuda del sector público federal desde 1990." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/presupuesto-2025.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/presupuesto-2025-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/presupuesto-2025-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/11/presupuesto-2025-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />
Según la edición más reciente del reporte <a href="https://imco.org.mx/hacienda-en-la-mira-al-tercer-trimestre-de-2024/" target="_blank" rel="noopener">“Hacienda en la Mira”</a> del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre los meses de enero y septiembre de 2024, el sector público obtuvo ingresos por 5.62 billones de pesos, mientras que sus gastos ascendieron a 6.71 billones. Esto significa que, por cada 100 pesos de ingresos, ejerció 119 pesos: 19 % más.
Este nivel excesivo de gasto se tradujo en el mayor desequilibrio registrado entre ingresos y gastos para un periodo enero-septiembre desde, por lo menos, 1990. Durante este periodo, el déficit presupuestal fue de 1.08 billones de pesos: monto 55 % mayor, en términos reales, al observado en el mismo lapso de 2023 (667.1 mil millones de pesos).
Para cubrir este déficit, el gobierno recurrió a un mayor endeudamiento, por lo que el saldo de la deuda pública se incrementó en 2.65 billones de pesos, 14 % en términos reales, en tan solo nueve meses: de 15.09 billones de pesos en diciembre de 2023 a 17.74 billones en septiembre de 2024.
Este aumento de la deuda no solo carece de justificación al no destinarse exclusivamente a inversión en infraestructura, sino que ocurre en un contexto de altas tasas de interés y calificaciones crediticias relativamente bajas, las cuales reflejan la ya limitada capacidad del Gobierno mexicano para hacer frente a sus obligaciones financieras. Actualmente, por ejemplo, las agencias Fitch Ratings, Moody’s y Standard &amp; Poor’s sitúan la calificación soberana de México entre uno y dos niveles por encima del grado especulativo.
Ante este panorama, la primera presidenta de México enfrenta el desafío de ajustar el desequilibrio fiscal que heredó de su predecesor, ya sea a través de una reforma fiscal que incremente los ingresos públicos o mediante un recorte al gasto que afecte la provisión de bienes y servicios a la población.
La magnitud del ajuste, que conoceremos a más tardar este 15 de noviembre, cuando la Secretaría de Hacienda entregue el Paquete Económico 2025 al Congreso, enviará una señal clara a los mercados, a las agencias calificadoras y a la ciudadanía sobre el compromiso, o no, de su administración con la disciplina fiscal. Entonces sabremos si el significativo desbalance en las finanzas fue tan solo un desliz de la administración anterior o si marcará la pauta del nuevo gobierno, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas del país.
* Diego Díaz Pérez (<a href="https://x.com/Diego_DiazP" target="_blank" rel="noopener">@Diego_DiazP</a>) coordinador de Finanzas Públicas del IMCO.

Gastar lo que no se tiene

En los últimos meses, hemos visto un creciente interés por China en México. Varios anuncios recientes de inversión proveniente de ese país en México lo han dejado claro: MG Motor, BYD y DFAC (empresas chinas del sector automotriz) anunciaron este año planes de abrir plantas en el país.
Ante este interés, surge una pregunta crucial: ¿hasta qué punto es prudente basar nuestra estrategia de atracción de inversiones en un país cuya presencia genera preocupación constante en nuestro principal socio comercial?
Tratándose de China, Estados Unidos tiene una postura muy clara: desde 2018 ha buscado desvincularse gradualmente de esa economía, debido a preocupaciones sobre seguridad, geopolítica y prácticas comerciales. La estrategia ha funcionado en cierta medida, ya que en cinco años la participación de China en las importaciones estadounidenses pasó de 18 % a 13 %. Las autoridades y empresas estadounidenses han expresado en repetidas ocasiones su inquietud respecto a la participación china en productos fabricados en México que terminan en su mercado, así como el riesgo de una triangulación que permita a China evadir aranceles y restricciones comerciales.
México es, por sí mismo, un destino atractivo para la inversión extranjera en el sector automotriz. Somos un país con vocación y fortaleza en el sector y 32 % de nuestras exportaciones son de productos automotrices. Además, tenemos uno de los mercados globales más grandes, con una población de casi 130 millones de personas.
Sin embargo, la cercanía con Estados Unidos y la facilidad que el T-MEC otorga para exportar hacia ese mercado son factores determinantes para la entrada de inversiones extranjeras. Esa cercanía se refleja en las cifras: 83 % de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese país, 41 % de lo que importamos proviene del mismo y 43 % de la Inversión Extranjera Directa total que México ha recibido en los últimos cinco años ha sido estadounidense.
Fomentar una integración más estrecha con China en ciertos sectores es delicado, especialmente cuando, para bien o para mal, las tendencias mundiales se están enfocando en fortalecer la integración regional de las cadenas de suministro en vez de mantener una economía con cadenas de valor dispersas alrededor del mundo.
Un rompimiento total con su economía y sus cadenas de suministro resulta, en la práctica, imposible. La dependencia de insumos y productos chinos, tanto intermedios como finales, es profunda y compleja. Pero para México, la proximidad geográfica y comercial con Estados Unidos hace que cualquier movimiento hacia mayor integración con China deba ser evaluado cuidadosamente, considerando no solo los beneficios económicos inmediatos, sino también las posibles implicaciones en nuestra relación con América del Norte.
No se trata de cortar lazos con China ni de cerrar las puertas a su inversión; las relaciones comerciales con otros países aportan beneficios, como el intercambio de conocimientos, que no se deben perder de vista. Pero hay que ser selectivos. En sectores como el automotriz, el electrónico y el de metales como el acero o el cobre, la participación china tiene un alto potencial para generar fricciones con Estados Unidos. En estos casos, hay que analizar si conviene aumentar esa integración o si es mejor diversificar nuestras alianzas con regiones que generen menos tensiones comerciales.
Al final del día, lo ideal es siempre ser estratégicos en nuestras alianzas económicas. Pero cuando se trata de China, hay que serlo más, buscando aprovechar las oportunidades sin perder de vista la importancia de fortalecer nuestras relaciones más cercanas.
* Ana Bertha Gutiérrez (<a href="https://x.com/AnaBerthaGtz" target="_blank" rel="noopener">@AnaBerthaGtz</a>) es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral.

¿China o Estados Unidos?

Si se respetan los derechos humanos de las personas que trabajan y los derechos patrimoniales de quienes invierten en proyectos productivos, se produce un entorno más adecuado para propiciar el ciclo virtuoso entre la competitividad y la generación de bienestar. Es por eso que los análisis de competitividad del IMCO incorporan como elemento clave las variables relacionadas con el Estado de derecho para medir la capacidad que tienen los estados y las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión.
Los homicidios, el robo de vehículos y otros delitos del fuero común son útiles para evaluar esta realidad de forma consistente a través del tiempo y de manera transversal entre las entidades o ciudades del país.
Desafortunadamente, cada vez resulta más evidente que otros aspectos estructurales, como la disponibilidad de infraestructura o la calidad de los servicios públicos, inciden de forma directa sobre la confiabilidad de las mediciones relacionadas con los delitos. Dicho de otra forma, un entorno más inseguro y violento tiende a disminuir la disposición a denunciar ciertos delitos, ya que incrementa los costos de transacción de las personas para hacerlo.
De acuerdo con los datos utilizados en el <a href="https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2024/" target="_blank" rel="noopener">Índice de Competitividad Estatal 2024</a> del IMCO, en promedio para las 32 entidades del país, 89 % de los delitos no se denuncian, siendo Guerrero el estado peor evaluado (96 %) y Baja California el mejor librado (81 %). Sin embargo, prácticamente nueve de cada diez delitos no se denuncian en el país, lo cual nos invita a reflexionar sobre los retos de los datos para entender la realidad que atraviesan las entidades del país en materia de violencia.
Dado que la cifra negra es enorme, ¿qué alternativas tenemos para evaluar la calidad del Estado de derecho para garantizar la seguridad de las personas y las empresas del país? ¿Es posible valerse de otros recursos para valorar de forma comparada el desempeño de las autoridades en diferentes entidades? Al respecto, existe una amplia discusión en la literatura sobre los sesgos asociados a los indicadores blandos basados en percepción.
Tal como ocurre con las variables que miden aspectos macroeconómicos, para las cifras que aproximan el fenómeno de la violencia también contamos con indicadores blandos y duros. Los primeros se enfocan en aspectos de percepción, miden de forma subjetiva el juicio que hacen las personas sobre la situación que viven en su entorno. Los segundos, con una perspectiva objetiva, contabilizan la evidencia que dejan los delitos, ya sea a través de reportes, denuncias, carpetas de averiguación o aspectos materiales que evidencian su ocurrencia, como un cadáver en una morgue en el caso de un homicidio.
Tomando como referencia los datos del ICE 2024, sí es posible establecer una correlación negativa entre la percepción de seguridad y la incidencia de homicidios en las entidades del país: si un mayor porcentaje de la población adulta de un estado declara sentirse segura, las cifras de homicidios también son relativamente bajas con respecto a otros estados.
Tal es el caso de entidades como Baja California Sur y Yucatán. En Baja California Sur, 65 % de la población declara sentirse segura y la tasa de homicidios es apenas de 3 por cada 100 mil habitantes. En Yucatán, mientras la tasa de homicidio es 1.7, 62 % declara sentirse seguro. En el extremo opuesto encontramos entidades como Colima y Morelos. En Colima, la tasa de homicidios de 106.9, que es la más alta del país, coincide con una percepción de seguridad de apenas 18 %. Asimismo, en Morelos solo 12 % declara sentirse seguro en un estado donde la tasa de homicidios es de 66.3 por cada 100 mil habitantes.
Estas cifras confirman que los indicadores de percepción de seguridad nos ayudan a comprender la forma en que evoluciona la violencia en el país y también la calidad de su estado de derecho. Esto implica que, pese a la crisis de seguridad que se vive en distintas zonas del país, estos indicadores son útiles para evaluar la competitividad de los estados y las ciudades y, por ende, para evaluar el diseño de políticas públicas que permitan modificar esta realidad a fin de incrementar el bienestar de las personas que los habitan.
* Víctor Gómez Ayala (@<a href="https://twitter.com/Victor_Ayala" target="_blank" rel="noopener">Victor_Ayala</a>) es Director de Analítica de datos.

La importancia del Estado de derecho para la competitividad

Por lo menos desde el inicio del siglo XXI, la reinvención sexenal del país incluye la energía. Cada titular entrante del ejecutivo federal ha intentado –con distintos niveles de éxito– realizar cambios mayúsculos al andamiaje legal e institucional para plasmar su visión económica y política en el sector energético.
Durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se promovió una visión descentralizadora para el sector. Los cambios que plasma la iniciativa de la reforma energética aprobada en la Cámara de Diputados y próxima a votarse en el Senado de la República –con altas probabilidades de alcanzar las dos terceras partes necesarias para pasar– apuntan hacia la centralización del sector. En esencia, se busca transitar de la figura de empresas productivas del Estado a empresas públicas y la “prevalencia” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cualquier competidor.
El problema fundamental de tirios y troyanos es actuar mirando el retrovisor. Hace poco más de una década el mundo de la energía sufrió dos cambios tectónicos: el auge de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales y el despunte de las energías solar fotovoltaica y eólica. Es en ese contexto que surgen las reformas de 2013-14 que abrieron el sector a la inversión privada.
En la actualidad la evolución tecnológica se encamina hacia la reducción de emisiones en la producción de hidrocarburos con proyectos de captura de carbono, el hidrógeno gana impulso como fuente alternativa de energía, la industria de los vehículos eléctricos busca un camino hacia la rentabilidad, el desarrollo del almacenamiento eléctrico continúa su avance, entre otras tendencias hacia la descarbonización del sector.
México necesita una legislación que permita la adaptabilidad a esta realidad emergente. A diferencia de la fallida reforma de 2022 que legislaba en el rango constitucional –e incluso de la reforma de 2013–, la propuesta actual tiene la virtud de plasmar principios y generalidades en la constitución y dejar los específicos para la legislación secundaria. Esto abre un área de oportunidad para legislar con una visión de futuro y dar mayor facilidad de modificarla si el panorama cambia, como probablemente sucederá.
Estas tendencias forman, a su vez, parte integral del compromiso de reducir emisiones de la administración que empieza. De ahí que la pregunta central a la que la legislación secundaria deberá dar respuesta es ¿cómo cumplir con el mandato de fortalecer a las empresas estatales para brindar servicios públicos de primera, sin que esto vaya en detrimento de la agenda medioambiental y de cambio climático del gobierno?
En primer lugar, es posible garantizar 54 % de la capacidad instalada a la CFE, mientras que el criterio de despacho eléctrico obedezca a criterios técnicos y de eficiencia, de tal suerte que promueva menores costos. De esta forma se atendería la consideración de soberanía y seguridad energética al mismo tiempo que se promovería la inyección de energías renovables al sistema y se fomentaría un ambiente propicio para la inversión pública y privada.
Aunado a ello, para fortalecer las finanzas y la operación de la CFE, la legislación secundaria tendría que prohibir que la empresa otorgue subsidios y condonaciones con sus propios recursos. Si por cuestiones de política pública -o de política electoral- se deciden otorgar subsidios, estos deberán correr por cuenta de la Secretaría de Hacienda, no de la CFE.
Una ley secundaria en estas líneas facilitaría la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026. En el fondo, el T-MEC reconoce la soberanía energética, pero con Estado de derecho.
* Oscar Ocampo (<a href="https://x.com/OscarOcampo" target="_blank" rel="noopener">@OscarOcampo</a>) coordinador de energía y medio ambiente.

Soberanía, seguridad y transición energética no son antónimos

Desde hace poco más de una semana México tiene, por primera vez en su historia, una presidenta. En términos de representación femenina, es una gran noticia y envía un mensaje muy fuerte a las niñas y mujeres mexicanas. Además, se da en un país en el que 12 de los 32 estados tiene una gobernadora y sienta las bases para que más mujeres exploren la posibilidad de participar en la economía y en puestos de poder.
Sin embargo, esa señal optimista es solo una de muchas piezas que se deben acomodar para aprovechar al máximo el talento de mujeres que hay en México. Una cosa es la participación de las mujeres en la economía y otra cosa muy diferente es su participación en los puestos de alta jerarquía. Este es un reto persistente en general, pero sobre todo en el sector privado.
En general, casi la mitad de las mujeres en edad de trabajar tiene o busca empleo y, de acuerdo con el <a href="https://imco.org.mx/mujeres-en-las-empresas-2024/" target="_blank" rel="noopener">nuevo estudio del IMCO y Kiik</a> sobre las mujeres en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, representan casi 43 % de la plantilla laboral.
Las cosas cambian cuando analizamos los datos sobre personas que trabajan en puestos de alta jerarquía. Solo 3 % de las personas en puestos de dirección general son mujeres. En las direcciones de finanzas representan solo 11 % del total y en los puestos de dirección jurídica, 23 %. En los altos mandos de esas empresas, la representación de las mujeres se queda baja respecto a la representación en los puestos de trabajo con menor jerarquía y, por ende, con menor poder de decisión.
¿Cuál es la razón detrás de esta baja representación? No es porque las mujeres no quieran ni porque los hombres den mejores resultados. <a href="https://imco.org.mx/en-mexico-las-mujeres-gobiernan-diferente/" target="_blank" rel="noopener">Otro estudio del IMCO</a>, que habla acerca del desempeño de las gobernadoras en México, nos dice que no hay prácticamente ninguna diferencia en el desempeño de los estados cuando son gobernados por mujeres en comparación con los gobernados por hombres.
La razón es más compleja y nos habla de una serie de barreras de diversos tipos que pueden afectar las diferentes etapas de las carreras de las mujeres: las barreras iniciales a la entrada, las que les impiden permanecer en la fuerza laboral ya que están ahí, y las que les impiden ascender en su carrera profesional.
Una buena proporción de las mujeres parece superar las barreras a la entrada -así se logra que cuatro de cada diez personas que trabajan en la economía sean mujeres-. Pero las otras barreras no son tan fáciles de atender. La dificultad  generada por carencias como la falta de apoyo en el cuidado infantil y de adultos mayores (actividades que realizan principalmente las mujeres), la remuneración más baja que la de los hombres o el ambiente laboral inseguro o discriminatorio dificultan la permanencia (y el crecimiento) en un empleo.
Para las mujeres que están en condiciones de superar esas últimas barreras, el mensaje que envía la toma de posesión de Claudia Sheinbaum es muy poderoso. Pero para otras, para las que están en situaciones menos privilegiadas, tal vez ese mensaje es menos significativo.
La llegada de la primera presidenta parece haber fortalecido la conversación y las acciones en materia de igualdad de género. No es trivial que el primer paquete de iniciativas de reforma enviado al Poder Legislativo desde la toma de posesión hable precisamente de temas de género.
Hoy la posibilidad de que una mujer llegue a las esferas más altas del poder se vuelve cada vez más tangible para muchas mujeres. Ahora toca hacer lo posible, a nivel público y privado, para que se vuelva tangible para todas.
<a href="https://x.com/imcomx" target="_blank" rel="noopener">@imcomx</a>

Más allá de la representación

Que el 1ro de octubre fue un día histórico para México no está en duda. En un país intrínsecamente machista llega por primera vez a la presidencia una mujer. Claudia Sheinbaum logró despegarse de los suelos pegajosos y rompió algunos techos de cristal. Lo que haga ella con el reto mayúsculo que enfrenta está por verse. Su gestión apenas empieza.
En el mundo cargado de símbolos que es la política, el martes estuvo sobrado de ellos. Algunos juegan en contra de la importancia histórica del día -como dedicarle demasiado tiempo y reflector a quien dejó el poder- y otros a favor –como hacerse acompañar de mujeres en el festejo en el Zócalo. Las imágenes son poderosas y ella lo sabe.
Si bien los símbolos están cargados de significado, también existe una realidad que los pone a prueba. ¿Sí llegamos todas, como lo afirma la presidenta? ¿Sí es México ese país en el que la equidad es la norma y donde los pisos ni son pegajosos ni los techos irrompibles? No lo sé. Los datos muestran otra cosa. Muestran que las mujeres participan menos económicamente que como lo hacen en otros países culturalmente similares. Evidencian también que la brecha de ingreso por el mismo trabajo sigue existiendo. Dejan claro -clarísimo- que las mujeres son las principales responsables del cuidado, así, en general, y destinan el equivalente a otra jornada laboral adicional a hacerse cargo de los demás.
Es un hito histórico, sin duda, pero el desafío también lo será. La primera presidenta de México deberá facilitar las condiciones para que lleguen más, para que el camino para las mujeres que vienen delante tenga menos baches. Y por eso, más allá de los símbolos inherentes al día, están los compromisos que Claudia Sheinbaum hizo el martes.
El sexenio que terminó optó por hacer la política social a partir de programas de transferencias. No subestimo el impacto que tiene sobre un hogar recibir recursos en efectivo, pero si queremos que México ofrezca a sus ciudadanos mejores condiciones de vida la agenda social tiene que ser profunda. No necesariamente más onerosa en términos de recursos públicos, pero sí mejor diseñada.
Salud y educación deberán de estar en esa agenda. En los 100 puntos que enlistó el martes, la presidenta se compromete al acceso a vacunas, cuidados preventivos, atención médica, estudios y laboratorios, cirugías y medicinas gratuitos para hacer efectivo el derecho a la salud. Fortalecerá, ese fue el término utilizado, el abasto y la distribución de medicamentos. Recibirá un sistema desmantelado e ineficiente en este sentido. Falta atención y faltan medicinas. Si logra resolver este tema, el avance será importante.
Un pilar en cualquier agenda de desarrollo -y de género, además- radica en la educación. La presidenta se comprometió a ampliar el horario escolar, es decir, revertir -aunque no lo haya planteado así- la desaparición de las escuelas de tiempo completo que implementó su antecesor.
A Claudia Sheinbaum no solo se le evaluará por ser mujer o por lo que logre en materia de género. Llevar las riendas de un país requiere tanto más. Tendrá que corregir los desajustes fiscales que hereda y que con la lista de compromisos del martes se antoja muy lejano. El acuerdo comercial pronto será llamado a revisión y la presidenta enfrentará fuerzas opuestas en la conducción de esa conversación. La reforma al poder judicial, en la que ella cree y ha apoyado de todas las formas posibles, sumió al país en una incertidumbre que será carísima en términos de crecimiento.
El festejo animado del martes pronto pasará y la realidad empezará a demandar algo más allá de símbolos y promesas: resultados.
* Valeria Moy (<a href="https://x.com/ValeriaMoy" target="_blank" rel="noopener">@ValeriaMoy</a>) directora general del IMCO.

De símbolos y compromisos

Un invitado habitual de las conversaciones informales es el elefante en la habitación. La expresión se refiere a un tema que más que tabú, se manifiesta como un riesgo latente para el equilibrio del entorno, pero se vuelve difícil de identificar y por ende de nombrar. El simple hecho de que esté ahí, latente, habla de la fragilidad propia del entorno y de la posibilidad de que muchos de los aspectos que hoy se promueven como un logro se puedan modificar de manera drástica cuando el elefante comience a sacudirse.
En tiempos de síntesis sexenal es inevitable hacer cuentas de lo que salió bien y balancearlas con lo que resultó mal. En la era de las narrativas, además, la cadencia de los relatos suele imponerse a la frialdad de las cifras. Mientras la narrativa se acopla a los deseos, los datos no pueden moldearse a contentillo de nuestras aspiraciones.
El sexenio concluye y es notorio que en la conversación se destaque la disminución de la pobreza y el crecimiento de los salarios. Ya sea con el salario mínimo o el salario promedio de cotización del IMSS, que son vinculantes para 40 % de la población ocupada, o con el ingreso laboral per cápita y la masa salarial, la cuenta del sexenio luce favorable: crecimientos a doble o triple dígito en el acumulado entre el cuarto trimestre de 2018 y el segundo de 2024.
Por supuesto, mayores salarios se combinan con un gasto público creciente en transferencias directas a los hogares, con lo cual la disponibilidad de ingresos para las familias creció y ello ha contribuido a disminuir el porcentaje de personas en situación de pobreza. Hasta ahí parece que la habitación no se perturba.
La sombra del elefante aparece cuando evaluamos el crecimiento económico. Es cierto que el impulso de los salarios contribuyó a una expansión del consumo privado, con lo cual la economía en su conjunto acumula un crecimiento de 4.5 %. Sin embargo, éste ha sido el más bajo para una administración federal en las últimas 4 décadas. Así, cuando controlamos el crecimiento por la dinámica demográfica, la sombra del elefante comienza a ser más amenazante: 0.2 % si este año se materializa un crecimiento de 1.57 %.
El elefante en la habitación comienza a mirarnos desde la esquina más sombría de la habitación. ¿Este crecimiento en salarios es sostenible? Parece que no. El Índice Global de Productividad Laboral de la economía, medido con base en horas trabajadas, muestra que la productividad laboral de la economía se contrajo 4 % en el periodo de referencia, lo que pone en aprietos la sostenibilidad del crecimiento en los salarios y nos hace reflexionar sobre las consecuencias que tendrá esa inercia sobre el bienestar de las familias si no se corrige la brecha.
Las implicaciones de esa discrepancia son múltiples. Comenzando con las presiones al alza sobre los costos laborales de las empresas que pueden reflejarse en mayores precios de bienes y servicios. Esto, por supuesto, depende de qué tan competitivo sea el mercado laboral y los mercados donde venden estos productos. Nuestro elefante ya comienza a sacudirse.
Paulatinamente, esa presión sobre los costos de las empresas se reflejará en mayores precios para las personas que consumen. Si las empresas pagan un salario por arriba de la productividad de su planta de trabajo, harán lo posible por trasladar ese costo a sus clientes, y si la situación compromete la liquidez de la compañía, también puede ocasionar reducciones importantes a la planta laboral. En síntesis: inflación y desempleo con riesgos al alza.
El elefante en la habitación en la antesala del cierre del sexenio es la productividad laboral. No se crearon las condiciones institucionales para que las personas que trabajan, y que en promedio hoy ganan más, incrementaran su productividad. Ahí están los temas de seguridad pública, los déficits energéticos, los retos de movilidad, el abandono de los sistemas de cuidados, el freno a la promoción de la competencia económica en los mercados de insumos transversales, la desvinculación entre el sector productivo y los centros académicos… La sombra del elefante se tiende sobre un largo etcétera.
* Víctor Gómez Ayala (<a href="https://x.com/Victor_Ayala" target="_blank" rel="noopener">@Victor_Ayala</a>) es director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.

El elefante macro en México

Que un país o estado sea competitivo implica que cuenta con mejores condiciones para generar, atraer y retener talento e inversión. Con la promesa del nearshoring, México parecía estar a punto de entrar a una era dorada: cientos de empresas decidiendo relocalizar sus cadenas productivas en territorio mexicano, con las positivas consecuencias para el crecimiento económico y el bienestar social.
Sin embargo, el inicio del nuevo sexenio situará al país ante una paradoja que vale la pena reflexionar: al tiempo que se pone sobre la mesa la oportunidad de atraer más y más inversión, y fomentar los Polos del Bienestar, el gobierno entrante afrontará las consecuencias derivadas de la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
¿De qué consecuencias hablamos? Una que ha generado la inquietud de varios actores -y con razón- es la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque parece que algunos lo olvidan, permanecer en un tratado implica cumplir -todos los involucrados- ciertas reglas y acuerdos. En el caso del T-MEC, se exige que los estados garanticen un ambiente de certeza jurídica para las empresas que invierten, es decir, que existan reglas de juego parejas y estables para el funcionamiento del mercado.
Esto no quiere decir que estar en el Tratado implique &#8220;pedir permiso&#8221; a los socios comerciales para hacer reformas constitucionales, pero sí considerar implicaciones para el acuerdo comercial más importante para preservar la apertura de la economía mexicana y con ello una de sus fuentes más importantes de financiamiento externo. Por dar un dato, más del 80 % de las exportaciones de México se dirigen a Estados Unidos.
¿Qué aspectos de la reforma judicial ponen en duda la certeza jurídica y podrían implicar puntos álgidos en la revisión del T-MEC? En primer lugar, cabe resaltar que el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465796/14ESPInversion.pdf" target="_blank" rel="noopener">capítulo 14</a>, que se refiere a la inversión, establece que los países deben dar un trato justo y equitativo a los inversionistas en procesos penales, civiles y de lo contencioso administrativo. Asimismo, el <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465811/29ESPPublicacionyAdministracion.pdf" target="_blank" rel="noopener">capítulo 29</a>, Publicación y Administración, menciona el compromiso de establecer tribunales o procesos judiciales que sean imparciales de las autoridades encargadas de los procesos administrativos en el país.
Los cambios propuestos en la reforma que modifican los requisitos para postulación a ser juez, magistrado o ministro, así como los riesgos asociados a la elección por voto popular -la falta de participación ciudadana, la imposibilidad logística de la elección, la influencia de intereses ilegales en la decisión de los votantes, por ejemplo- podrían implicar escenarios de incumplimiento del T-MEC. También, la figura del Tribunal de Disciplina Judicial -cuyos miembros serán elegidos también por voto y cuyas decisiones serían inapelables- ha sido cuestionada por las amplias atribuciones que se le otorgan, incluyendo remover a las personas juzgadoras, con lo cual tendría un poder de enormes proporciones sobre la estructura de la judicatura en general, lo que pondría en riesgo la independencia judicial.
Con esto no queremos decir que con la aprobación de la reforma México está transitando de un Estado de derecho ideal a un lugar de pesadilla para la inversión (la inseguridad en el país no empezó ayer), pero sí vale la pena poner sobre la mesa la incoherencia de promover la inversión de forma simultánea con una reforma constitucional criticada en su forma y en su fondo por diversas razones. La cuestión es si aún con las consecuencias de la reforma el futuro de la inversión en México sigue siendo prometedor… Solo el tiempo dirá.
* Natalia Campos (@<a href="https://twitter.com/nataliacampos7" target="_blank" rel="noopener">nataliacampos7</a>) es coordinadora de Administración Pública.

Reformar contra la competitividad

Esta semana, el IMCO presentó su investigación de <a href="https://imco.org.mx/politica-industrial-para-un-nuevo-sexenio/" target="_blank" rel="noopener">Política Industrial para un Nuevo Sexenio</a>, en el que hace propuestas encaminadas a modernizar y fortalecer la industria de México en el marco de la nueva administración. Estas se basan en evidencia sobre la situación del país y buscan incrementar la competitividad de la industria manufacturera para atender retos que han afectado al país durante décadas.
Un desafío se hace evidente al analizar el desempeño de las manufacturas, particularmente las de exportación. Aunque la política de apertura comercial que se implementó desde los años 80 fue sumamente exitosa en incrementar la cantidad de exportaciones hechas en el país, no tuvo el mismo éxito a la hora de buscar que los productores nacionales agreguen más bienes y valor a la producción de esas exportaciones.
Eso no fue una casualidad, sino un resultado lógico de haber promovido la integración a las cadenas productivas globales, sin al mismo tiempo implementar una política industrial concentrada en fortalecer a las empresas mexicanas para que pudieran sumarse. Como consecuencia, la producción de exportaciones en México depende principalmente de insumos importados desde otros países.
La necesidad de una política industrial es clara.
Aunque tradicionalmente se había concentrado principalmente en elegir unos cuantos sectores prioritarios y otorgar estímulos para estimular el crecimiento de sus empresas (como los subsidios, los incentivos fiscales y el apoyo a la investigación), hoy la política industrial es algo considerablemente diferente.
Ha evolucionado alrededor del mundo para incluir cosas que antes no se consideraban prioritarias. Los cambios geopolíticos, las crisis sanitarias y económicas y los temas de discusión pública se han traducido en la inclusión de ideas como la sostenibilidad, la reducción de brechas y el desarrollo del talento. En ciertos países, la política industrial hoy se centra sobre un eje rector: el enfoque humano y los beneficios para las personas.
El proyecto del IMCO se basa precisamente en esos elementos, e incluye propuestas para desarrollar las habilidades de la población ante las nuevas tecnologías, para crear una industria más sostenible y con mejor uso de los recursos, y para fomentar la colaboración entre estados para que las inversiones se distribuyan en las regiones del país, entre otras.
El momento es propicio para presentarlas. La entrada de una nueva administración es una oportunidad para reevaluar lo que se ha hecho en el pasado y volver a trazar el mapa que se quiere seguir. En teoría, debería ser un momento para escuchar preocupaciones y prioridades de aquellos a quienes fue elegida para representar. Ese grupo incluye principalmente a los ciudadanos, sí, pero también al sector privado, el académico y la sociedad civil. Todos ellos son partes importantes cuyas ideas son valiosas a la hora de hacer un plan de acción para el nuevo sexenio.
Sin embargo, las señales enviadas en días recientes dan un indicio de la apertura actual -o falta de ella- ante propuestas e ideas que vienen de personas y organizaciones ajenas al partido en el poder.
El trabajo de analizar las necesidades del país, de su industria, se seguirá haciendo. Las propuestas para alcanzar un crecimiento económico que se traduzca en un cierre de brechas, en mejores resultados para los proveedores nacionales y las empresas del país se seguirán presentando. Las ideas están y estarán ahí, ahora lo que falta es la voluntad del gobierno para tomarlas en cuenta, discutirlas y, en conjunto, implementarlas.
<a href="https://x.com/imcomx" target="_blank" rel="noopener">@imcomx</a>

Una nueva propuesta para la industria mexicana

Los argumentos en contra de las reformas al Poder Judicial y la que elimina siete órganos autónomos han sido ampliamente comentados. Se han explicado los potenciales impactos negativos para el equilibrio de poderes, la arquitectura institucional -gran parte resultado de la lucha de la sociedad civil-, la capacidad para atraer y retener el talento y la inversión, la estabilidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC), la libre competencia de los mercados, el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la capacidad de evaluación de la política social, entre otros.
Si bien el gobierno ha conseguido en las urnas el apoyo electoral que ha hecho viable la aprobación legislativa de las reformas, detrás de la argumentación oficial sobre estas hay un profundo engaño y un fenómeno de falta de proporcionalidad. Me explico: en nombre de la democracia y del bienestar del pueblo se busca aprobar en tiempo récord un conjunto de reformas cuyas consecuencias no han sido correctamente ponderadas o, peor, sí, pero no han importado.
Por ejemplo, ¿cómo se puede afirmar que las reformas se hacen en favor de las y los mexicanos cuando vemos una exposición de motivos tan pobre? De entrada, es una pésima señal que la reforma de simplificación administrativa busque eliminar de tajo siete organismos que, aunque comparten atributos de autonomía, son muy distintos entre sí.
Se eliminan al mismo tiempo diversas instituciones bajo un argumento de austeridad y eficacia, pero ¿dónde está el diagnóstico que nos permita entender que gracias a esta decisión los beneficios para México serán inminentes? O ¿dónde podemos consultar el análisis que nos permita tener la tranquilidad que las funciones de estos autónomos serán absorbidas sin contratiempo por las secretarías de estado y el INEGI? Porque eso es lo que se asume en la lógica de la reforma.
O si hablamos de la reforma judicial, actores relevantes del movimiento de Morena no han podido explicar la relación entre los graves problemas de la justicia en el país y la elección por voto popular de jueces y magistrados. Mario Delgado, próximo secretario de Educación, afirmó que la reforma fue una decisión que tomó el pueblo de manera contundente, pero ahí está el engaño. Claro que la ciudadanía votó por un proyecto político, pero no votó por impulsar una serie de reformas que no tienen sustento, que no están fundamentadas, que no han sido debidamente socializadas y que no han sido ponderadas en sus efectos. La ciudadanía no votó por la falta de honestidad ni de responsabilidad, ni para darle ‘regalos’ al presidente saliente en forma de reformas constitucionales aprobadas en tiempo récord.
Lamentablemente, la categoría de pueblo se reduce en el discurso actual a quienes están a favor de las reformas, porque por supuesto que el pueblo es sabio, pero cuando el pueblo está en contra de la reforma al Poder Judicial es que ‘no ha leído bien’ o ‘ha sido engañado&#8217;. Tristemente, para quienes gobiernan, solo el pueblo que no cuestiona es bueno. La historia juzgará la falta de rigurosidad para implementar reformas tan importantes para el país.
* Natalia Campos (<a href="https://x.com/NataliaCampos7" target="_blank" rel="noopener">@nataliacampos7</a>) es coordinadora de Administración Pública.

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