El reciente Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos titulado: “Proteger y respetar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en el contexto de las actividades empresariales”, subraya una realidad crítica: las violencias en contra de la población de la diversidad sexual han construido un escenario donde resulta imperante que las empresas desempeñen un papel activo en la protección y promoción de los derechos humanos.
En este documento se detallan dos elementos de análisis que resultan indispensables para comprender la urgencia de que las empresas adopten un papel más activo en esta rama. El primero está relacionado con cuáles son las responsabilidades de las corporaciones bajo los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. En cambio el segundo elemento explica la urgencia de que éstas (las empresas) adopten un enfoque proactivo en la lucha por la equidad y la inclusión.
Según el informe, las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género, son alarmantemente comunes en el mundo laboral.
“Las personas LGTBI+ continúan enfrentando discriminación, acoso y exclusión en el lugar de trabajo”. Esta situación se agrava en contextos donde la legislación protege de manera insuficiente a estas comunidades, dejándolas vulnerables a abusos y marginación. En este sentido, el informe exige que las empresas no solo se adhieran a principios éticos, sino que implementen “medidas concretas para prevenir y remediar estos abusos”.
Los y las las expertas que trabajaron el documento del Grupo de la ONU, explican que la responsabilidad empresarial va más allá del mero cumplimiento de la ley, es decir, lo actualmente normativo; esto quiere decir que implica un compromiso genuino con la diversidad y la inclusión que haga uso de todos los elementos posibles para garantizar espacios laborales libres de violencia para todas las personas.
Las empresas que deseen construir espacios dignos y respetuosos de los derechos humanos deben desarrollar políticas inclusivas que no solo reconozcan, sino que celebren la diversidad sexual y de género. Esto incluye “la capacitación continua de los empleados sobre temas relacionados a las personas LGTBI+, la creación de espacios seguros y acogedores, y el establecimiento de mecanismos eficaces para reportar casos de discriminación sin temor a represalias”. Este enfoque no solo busca proteger a las personas trabajadoras, sino también fomentar un ambiente de respeto y colaboración.
Otro punto necesario en la discusión es la pertinencia de la participación de las empresas en las prácticas sociales. Según las personas expertas, las empresas deben estar atentas a los cambios en la percepción pública y a la creciente demanda de responsabilidad social. La presión de las personas consumidoras juega un papel fundamental en este contexto. Motivo por el cual, la visibilidad y representación de las personas LGTBI+ en el ámbito empresarial son aspectos cruciales que deben ser abordados.
Las empresas, según se explica, tienen la responsabilidad de asegurarse de que las voces de las personas LGTBI+ sean escuchadas y que sus perspectivas sean tenidas en cuenta en todos los niveles de toma de decisiones. Como menciona el informe, “la inclusión de líderes LGTBI+ en equipos directivos no solo enriquece la cultura organizacional, sino que también envía un mensaje poderoso a todos los empleados”.
Este cambio cultural no ocurre de la noche a la mañana; requiere esfuerzo y dedicación. Las empresas deben crear programas de sensibilización que aborden los prejuicios y estereotipos que a menudo persisten en los lugares de trabajo. La capacitación sobre diversidad e inclusión debe ser una parte integral de la formación del personal, desde la alta dirección hasta los nuevos empleados. Además, es fundamental que estas iniciativas sean sostenibles en el tiempo. La inclusión no puede ser solo una campaña temporal; debe ser una filosofía que guíe todas las acciones empresariales.
Sin embargo, el camino hacia la inclusión no está exento de desafíos. Las empresas deben estar dispuestas a enfrentar sus propios sesgos y a reconocer las áreas en las que necesitan mejorar. Esto requiere un análisis honesto de las políticas existentes y un compromiso a largo plazo para implementar cambios sustanciales. La transformación hacia un entorno empresarial inclusivo es un viaje que debe comenzar hoy. Como señala el informe, “la cultura corporativa debe estar diseñada no solo para cumplir con las normativas, sino para ser un faro de inclusión y diversidad”.
Para que este compromiso sea efectivo, es vital que las empresas establezcan mecanismos claros para la rendición de cuentas. Las políticas y prácticas deben ser monitorizadas y evaluadas regularmente, y los resultados deben ser transparentes tanto para la planta laboral como para las personas consumidoras. Esto no solo genera confianza, sino que también demuestra que la empresa está comprometida con la mejora continua en el ámbito de los derechos humanos.
Que las empresas deben tener en cuenta al abordar los derechos de las personas LGTBI+. Las experiencias de discriminación y exclusión no son homogéneas y pueden variar significativamente según otros factores, como la raza, la clase socioeconómica y la nacionalidad. Como indica el informe, “es esencial adoptar un enfoque interseccional que reconozca y aborde las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas LGTBI+”. Esto requiere un esfuerzo consciente por parte de las empresas para entender y responder a las complejidades de la identidad en el contexto laboral.
El informe también destaca la importancia de la colaboración. Las empresas no deben trabajar en aislamiento; deben buscar alianzas con organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios y otros actores relevantes. Estas colaboraciones pueden proporcionar valiosos recursos, conocimientos y apoyo, lo que resulta en un enfoque más integral para abordar las cuestiones de derechos humanos. Al unir fuerzas, las empresas pueden amplificar su impacto y contribuir a una cultura más inclusiva y equitativa.
En conclusión, el Informe del Grupo de Trabajo es un llamado urgente a la acción para que las empresas tomen en serio su papel en la promoción de los derechos de las personas LGTBI+. Proteger y respetar estos derechos no es solo una obligación ética, sino un imperativo empresarial que beneficiará a la sociedad en su conjunto. La equidad en el entorno laboral es una cuestión de justicia social, y su búsqueda debe ser una prioridad en la agenda corporativa. Como se menciona en el informe, “el futuro de los derechos humanos en el ámbito laboral depende de las decisiones que tomemos ahora”. La inclusión no es un ideal distante; es una realidad que debemos construir juntes, hoy y cada día. Este esfuerzo colectivo no solo transformará las empresas, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
* Ricardo Balderas es periodista de datos en PODER. Enfocado en análisis e investigación corporativa, metodologías para seguridad digital de periodistas y plataformas de leaking.
La defensa de Mohsen Mahdawi asegura que fue detenido “en represalia directa por su defensa en nombre de los palestinos y debido a su identidad como palestino”.
Mohsen Mahdawi, un estudiante palestino de la Universidad de Columbia que fue arrestado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, fue puesto en libertad este jueves.
“Le digo esto claro y alto al presidente Trump y a su gabinete: no les tengo miedo”, dijo el activista tras ser liberado por un tribunal de Vermont, en el noreste de Estados Unidos.
Mahdawi, quien goza de la residencia permanente en Estados Unidos, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hace dos semanas cuando se presentaba a una entrevista para tramitar la ciudadanía estadounidense en Vermont.
El equipo legal de Mahdawi solicitó su liberación, tras alegar que su encarcelamiento era ilegal.
El gobierno de Estados Unidos afirma que el estudiante socava la política exterior estadounidense.
Luna Droubi, una de sus abogadas, argumentó que el arresto fue “en represalia directa por su defensa en nombre de los palestinos y debido a su identidad como palestino”.
El juez del distrito de Vermont, Geoffrey Crawford, ordenó la libertad bajo fianza el miércoles, a la espera de la decisión del tribunal sobre la petición de hábeas corpus que impugnaba su detención, según un comunicado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que forma parte de su representación legal.
El juez rechazó una solicitud de los abogados del gobierno para retrasar su liberación durante siete días.
En el comunicado, Droubi dijo que las acusaciones en su contra son “infundadas” y constituyen una “vergüenza para la Constitución de Estados Unidos”. Dijo estar “aliviada” de que Mahdawi hubiera sido liberado y prometió “seguir luchando hasta que sea libre para siempre”.
“Estamos a favor de la paz y en contra de la guerra”, dijo Mahdawi después de ser liberado a las afueras del tribunal, agradeciendo el apoyo que ha recibido.
“Para mi gente en Palestina: siento su dolor, veo su sufrimiento y veo la libertad, está muy, muy cerca”.
Un día antes de su arresto, Mahdawi le dijo a la cadena CBS News, socia estadounidense de la BBC, que creía que la entrevista de ciudadanía podía ser una trampa.
“Primero, tuve la sensación de que había estado esperando esto durante más de un año”, dijo Mahdawi. “Y la otra sensación es como: ‘Espera un momento. ¿Es esto una trampa?'”.
Varios políticos prominentes, incluido el excandidato presidencial y senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, apoyan a Mahdawi y pidieron su liberación.
Las autoridades estadounidenses han detenido en los últimos meses a varios estudiantes y graduados que estuvieron involucrados en el movimiento de protesta contra la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, incluidos Mahmoud Khalil de la Universidad de Columbia y Rumeysa Ozturk, de la Universidad de Tufts.
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