A 11 años del derrame en el Río Sonora: abandono, retrocesos e impunidad
El pasado 6 de agosto se cumplieron 11 años del derrame de 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora. Este desastre, el peor en la historia de la industria minera en México, afectó a más de 22 mil personas en las comunidades de los 8 municipios de la cuenca del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
Para conmemorar estos hechos, exponer nuestras demandas y honrar la vida y la lucha de nuestros compañeros fallecidos recientemente, los Comités de Cuenca Río Sonora nos reunimos en el Antimonumento instalado en 2024 en una plaza emblemática de la ciudad de Hermosillo.
Allí levantamos nuestra voz para expresar indignación ante la simulación y el discurso oficial que promete justicia, pero que al mismo tiempo nos da la espalda. Todavía hoy seguimos tomando agua contaminada, no tenemos acceso a un sistema de salud especializada, no hay remediación ambiental adecuada, y las secuelas sociales crecen cada año.
Grupo México, la empresa responsable por el derrame, sigue impune. No ha restituido los recursos para la reparación, como indica la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2020, y sus accionistas, a pesar de tener toda la información sobre las malas prácticas de esta empresa, no han emprendido acciones para que responda y cumpla con sus responsabilidades.
Pareciera que los gobiernos federal y estatal no tuviesen facultades para obligar a Grupo México a pagar. Son las instituciones públicas las que tienen la obligación de garantizar nuestros derechos humanos, sin embargo vienen a hablarnos de su compromiso con las comunidades pero luego toman decisiones que en nada nos benefician. Escudarse en que la empresa no quiere responder, como ya lo han hecho en cada sexenio, es un acto de cobardía y de falta de voluntad y de incumplimiento de sus obligaciones como autoridades. ¿Acaso Grupo México está por encima del Estado?
Ha pasado más de una década y ya es el tercer gobierno federal y estatal: ya existe una corresponsabilidad público-privada. Ha sido el propio Gobierno Federal quien ha reconocido públicamente que en 2014 los funcionarios actuaron en contubernio y complicidad con Grupo México, simulando la reparación de los daños y dando carpetazo al caso. Ello coloca a las instituciones federales y estatales en una posición de corresponsables de los daños ocasionados a las poblaciones, los cuales se siguen acumulando, y por lo tanto, tienen el deber de terminar con la negligencia y abusos corporativos que persisten en el río Sonora.
También hace ya cuatro años que las autoridades federales tienen evidencia oficial de la presencia de metales pesados en la población del Río Sonora y hace dos años que cuentan con un dictamen oficial de la Semarnat que comprueba la persistencia de la contaminación ambiental. El tiempo pasa y no hay infraestructura ni planes para atender la situación, solo discursos que no ayudan a darle forma a la justicia que necesitamos.
En la cuenca del Río Sonora no hay trabajos serios de potabilización para tomar agua libre de metales pesados, no hay atención especializada a la salud y no hay reparación del daño. Tampoco existe un plan de trabajo oficial, con fechas, presupuesto y responsabilidades asignadas.
Hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum; le pedimos que evidencíe a Grupo México, que se pronuncie al respecto para que paguen. Pedimos que se posicione, como experta en temas ambientales, sobre los daños que dejó la contaminación y los posibles daños al ecosistema que podrían causar las presas que ahora buscan construir sobre el río Sonora. Diga abiertamente que Grupo México no quiere acatar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Grupo México disfruta tener un río Sonora destruido, porque construye su riqueza a costa de nuestras vidas. Sus funcionarios no están haciendo un trabajo desde el territorio, ignoran completamente nuestra forma de vida y sólo se limitan a prometer obras y a señalarse los unos a los otros como responsables de cumplir. Es por esto que en su gestión también existe un abandono, e incluso un retroceso, que debería preocuparle a su oficina y a todo México.
Además de la falta de reparación integral, la población en la cuenca del Río Sonora está preocupada por las nuevas iniciativas para construir presas en el río. Merecemos saber por qué nos niegan plantas potabilizadoras para darnos agua limpia, pero sí hay dinero y tiempo para construir presas. ¿Es falta de presupuesto, o de voluntad política? ¿Cómo ordena el Gobierno sus prioridades? ¿Cómo deciden construir presas en lugar de invertir en la salud de los habitantes del río Sonora? En once años, las autoridades no han sido capaces de resolver la problemática del caso del río Sonora y, en cambio, en cuestión de meses han planeado, aprobado y asignado presupuestos exorbitantes, de manera opaca, para el proyecto de construcción de presas que impactaría en nuestro territorio sin consenso de las poblaciones afectadas. Construir presas en un río contaminado es absurdo. Esto demostraría que la prioridad del Estado es el interés económico de las corporaciones más que garantizar los derechos fundamentales del pueblo.
El gobierno no tiene la fuerza para enfrentarse a estas empresas ecocidas. Y lo han demostrado sexenio tras sexenio. El Estado mexicano está incumpliendo su deber de proteger a la población y nuestros derechos, consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales de los que México es firmante.
Nuestras demandas son claras, urgentes y totalmente justificadas:
- La calendarización inmediata de un plan integral de atención a la salud de las comunidades afectadas.
- La construcción de un hospital multidisciplinario capaz de cubrir los tres niveles de atención para enfermedades ambientales y tóxicas.
- La instalación de una unidad permanente de vigilancia epidemiológica y ambiental en Ures.
- La funcionalidad total de las 30 plantas potabilizadoras con filtros para metales pesados, ya que los pozos siguen contaminados, especialmente en época de lluvias.
- Un programa de remediación ecológica del río, con base científica y socialmente participativo.
- Que se nombren responsables institucionales, se asigne presupuesto, y se incluya cronograma público de cumplimiento.
Y nuestras preguntas siguen sin respuesta: ¿Hasta cuándo Grupo México seguirá manipulando al gobierno? ¿Hasta cuándo van a tener gente afín a la empresa en las instituciones gubernamentales? ¿Quién está protegiendo a Grupo México? ¿Quién cuida al río Sonora mientras los gobiernos hacen acuerdos con la empresa?
Exigimos remediación, reparación integral y garantías de no repetición. El cambio empieza con justicia, y no descansaremos hasta alcanzarla.
Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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