Mineras canadienses, el CIADI y los derechos humanos. El proyecto minero que no pudo ser
El pasado 27 de junio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) publicó en su página de Internet el registro de la solicitud de arbitraje (Caso No. ARB/24/23) interpuesta por el consorcio conformado por las empresas mineras canadienses Almaden Minerals Ltd. y Almadex Minerals Ltd. contra el Estado mexicano. Las empresas se amparan en el Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados para resolver un conflicto de inversión derivado de la cancelación de las concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, correspondientes al proyecto de extracción de plata y oro “Ixtaca”, ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.
La cancelación de las actividades mineras fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) máximo órgano de justicia en México, que reconoció la violación al derecho de las comunidades indígenas al territorio y a la consulta previa, libre e informada. La sentencia de la SCJN, que amparó a la comunidad Nahua y ejido de Tecoltemi, fue emitida en febrero de 2022 y representa un logro de más de 10 años de proceso organizado de la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, integrado por las comunidades afectadas por la actividad en etapa de exploración del proyecto de minería a cielo abierto de Almaden Minerals Ltd.
El consorcio minero liderado por la familia Poliquin, anunció que está preparado para sostener los costos del procedimiento de arbitraje, ya que ha destinado un fondo de $9.5 millones de dólares para este propósito y la contratación de la firma legal Boies Schiller Flexner. En la solicitud de arbitraje, las empresas invocan el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) del que México, Canadá y otros nueve Estados son parte. Dicho acuerdo entró en vigor en 2018 y estipula que, en caso de disputa comercial o riesgo a la inversión, un inversionista extranjero cuenta con la facultad para exigir a un Estado la reparación o indemnización de su inversión en caso que el Estado anfitrión incurriera en no proteger las inversiones extranjeras con lo cual estaría faltando a la esencia del acuerdo referido.
Con este mecanismo, Almaden Minerals Ltd. busca recuperar su inversión que, en estimaciones de la empresa asciende a no menos de $200 millones de dólares, además de otros $210 millones de dólares en impuestos. Estas cifras se complementan con otra estimación de 1.39 millones de onzas de oro y 85.2 millones de onzas de plata potencialmente extraídas del subsuelo serrano.
Los números que la empresa insiste en invisibilizar son los que corresponden a los 10,646 habitantes que se autoadscriben como población indígena y que fueron afectados durante la etapa de exploración del proyecto minero. Lo que tampoco se consideran son los impactos socioambientales como la desertificación del suelo, la contaminación de los mantos acuíferos o el impacto sonoro de las explosiones. Estos y otros impactos fueron registrados por las mismas comunidades en 2017, con ayuda de organizaciones de derechos humanos.
Es importante recalcar que acuerdos como el CPTPP no consideran los impactos negativos que los proyectos de inversión provocan en las poblaciones y en sus territorios. La pérdida de las inversiones de Almaden Minerals Ltd. en el país es el resultado de las malas prácticas que implementó para el desarrollo de su proyecto. Desde un inicio, la información proporcionada por la empresa al Estado mexicano mantuvo una postura discriminatoria al negar la identidad y existencia de comunidades indígenas en el municipio poblano de Ixtacamaxtitlán, argumentos construidos por la empresa para evadir el respeto a los derechos de pueblos indígenas y obviando que la autoadscripción es principio fundamental para la aplicación de estos derechos.
Hasta el 18 de julio del presente año, la solicitud de arbitraje había sido registrada por el secretario general del CIADI y se espera que en los próximos días la empresa y el Estado mexicano acuerden el procedimiento para la elección de los árbitros, con lo cual el Tribunal de Arbitraje quedaría constituido e iniciaría formalmente el proceso de solución de diferencias.
Este es un caso emblemático a nivel nacional ya que, por lo general, se anteponen los derechos de las concesiones mineras en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas. En el marco convencional e internacional de derechos humanos y de los pueblos indígenas, las comunidades son dueñas y guardianas de sus territorios y su cultura, por lo tanto no basta con que las empresas obtengan concesiones y licencias por parte del gobierno para desarrollar sus proyectos. Las empresas deben respetar los derechos humanos, el territorio y, sobre todo, el derecho al consentimiento de los pueblos afectados por sus actividades.
Compartimos aquí un extracto del pronunciamiento de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y aliados respecto de esta situación:
Las comunidades de Ixtacamaxtitlán han exigido a las autoridades competentes (Secretaría de Economía, Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, Subsecretaría de Comercio Exterior, y al presidente Andrés Manuel López Obrador) con base en el Convenio sobre la Solución de Controversias de la CIADI, que atiendan sus pruebas y el testimonios por las afectaciones del proyecto minero mientras estuvo en su etapa de exploración, y atienda la documentación recopilada sobre las afectaciones generadas al medioambiente y los derechos humanos durante todo el tiempo que la empresa minera intentó establecerse en su territorio.
Consideramos que estos procesos de arbitraje no deberían ser usados por las corporaciones para iniciar demandas en donde no se considera vinculante la opinión de las comunidades afectadas por proyectos de inversión, poniendo en riesgo la protección a los derechos humanos.
Reiteramos que el derecho humano a la libre determinación y el consentimiento DEBE estar por encima de los intereses de las corporaciones. Alzamos la voz para exigir que todos los daños que provocó Almaden Minerals Ltd. en el municipio de Ixtacamaxtitlán sean reparados a las comunidades indígenas y no las corporaciones millonarias.
Como integrantes de la sociedad civil organizada, esperamos que el procedimiento de arbitraje y posterior fallo del CIADI considere la información y los testimonios de las comunidades que siguen resistiendo los embates de esta inversión irresponsable. Al mismo tiempo, esperamos que se establezcan parámetros de debida diligencia y protección de los derechos humanos para las inversiones extranjeras en los territorios indígenas.
* Oscar Pineda es coordinador de Investigación Estratégica del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Samantha Camacho es investigadora del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER). Diana Pérez es coordinadora regional en Puebla del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A. C. (IMDEC).
Las provincias de la costa mediterránea de España fueron puestas en alerta por la llegada de una DANA que podría generar inundaciones peligrosas. La emergencia llega dos semanas después de la devatadora DANA que dejó más de 200 muertos en Valencia.
Una nueva ronda de lluvias torrenciales ha puesto en estado de emergencia la costa mediterránea de España este miércoles.
El sur de Málaga, el este de Tarragona y la zona litoral de Valencia fueron puestos bajo alerta roja por las tormentas, que podrían descargar de hasta 180 litros por metro cuadrado en pocas horas y podrían provocar desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas.
Las lluvias están siendo producidas por una nueva Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).
Hace dos semanas una DANA causó devastadoras inundaciones en Valencia, donde murieron más de 200 personas y miles de vehículos y viviendas resultaron destruidos.
La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) envió una alerta masiva a los móviles de la provincia de Málaga pasadas las 22:00 hora local (21:00 GMT) del martes por la noche advirtiendo del “riesgo extremo” que se avecinaba.
Este miércoles algunos canales pluviales de Málaga ya mostraban la primera crecida desde horas de la mañana.
El sur de Granada y la zona costera de Valencia recibieron también una alerta naranaja por la previsión de lluvias de entre 40 y 120 mm. Se prevén vientos de hasta 119 kilómetros por hora y mar gruesa en Tarragona, Barcelona y Murcia.
En la ciudad de Málaga, los servicios de emergencia desalojaron a unas 3.000 personas de viviendas con alto riesgo de inundación cerca del río Guadalhorce, al oeste de la ciudad.
En otras zonas pidieron a los residentes que buscaran terrenos más elevados.
“PREVENIR antes que curar. Esa es la premisa que vamos a seguir en todo momento. Sé que la provincia de Málaga está, en buena medida, paralizada con las medidas adoptadas por los técnicos; pero el objetivo de todos es minimizar el impacto de la DANA. Mucha precaución, por favor”, dijo el presidente de la comunidad autónoma de Andalucía, Juanma Moreno, en su cuenta de X.
Las clases en los colegios en Málaga, Valencia y algunos municipios de Cataluña fueron suspendidas.
En Valencia, donde el gobierno regional ha sido duramente criticado por su actuación en la DANA de finales de octubre, las autoridades cerraron el puerto de carga y emitieron avisos para la población.
Se teme que el impacto de la lluvia sea grave debido a las cantidades de barro que hay y al estado de la red de alcantarillado, dijo Rosa Tauris, portavoz del comité de emergencias.
César Cabrera, de 32 años, un trabajador de alcantarillado de Pamplona que está prestando servicio en el municipio valenciano de Paiporta, el epicentro de la emergencia de Valencia, dijo a Reuters que estaban trabajando a contrarreloj para desatascar los desagües por si los ríos volvían a desbordarse.
“Estamos limpiando todo lo posible para que no se complique, intentando que el agua pueda fluir”, explicó. “Esperemos que no llueva mucho y poder controlar un poco la situación”.
Las tormentas que se avecinan también obligaron a suspender las labores de rescate de los equipos que siguen buscando desaparecidos frente a las costas de Valencia, según informó el servicio de salvamento marítimo español.
La DANA se forma cuando una zona de bajas presiones queda “aislada” del flujo principal de la corriente de chorro.
Esto significa que, en lugar de desplazarse a través de una región con relativa rapidez, permanece sobre la misma zona, provocando lluvias persistentes durante varios días.
El aire frío de las capas altas de la atmósfera se encuentra con el aire cálido procedente del Mediterráneo, lo que genera las condiciones de tormentas torrenciales.
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