La captura corporativa de las Naciones Unidas
Hace unos días se dio a conocer un acuerdo entre el gobierno de Egipto -anfitrión de la COP 27- y la empresa Coca Cola, para que patrocine la Cumbre del Clima de Naciones Unidas a realizarse en noviembre. Casi de inmediato, organizaciones ambientalistas estallaron en críticas contra el patrocinio de la COP por parte de una de las empresas más generadoras de basura plástica y acaparadoras de agua, acusándola de “greenwashing” y de querer aparentar como una empresa ecológica. i
En la COP de 2021 en Glasgow, Escocia, aunque no se permitió el patrocinio de empresas de combustibles fósiles, representantes de ese sector formaron la delegación más grande de la cumbre (503 personas). ii Cuando las empresas responsables de la contaminación participan y dominan las negociaciones sobre el clima, los resultados no son efectivos y retrasan las acciones urgentes para detener el cambio climático. Efectivamente, se considera a las negociaciones en Glasgow como un fracaso ya que no alcanzaron los compromisos necesarios para enfrentar la urgencia de la crisis.
El dominio del sector privado en espacios de la ONU no es un fenómeno nuevo, pero en el contexto de las problemáticas globales actuales es motivo de gran preocupación. A medida que las empresas incrementan su financiamiento, crece su capacidad de moldear agendas y prioridades. Hoy, los intereses de las corporaciones están tomando prioridad por encima de los intereses de las personas y el planeta. Las posiciones de los estados miembro más influyentes, así como los procesos y las decisiones de la ONU y sus agencias, han sido capturados por la influencia de las corporaciones, ahora consideradas como partes interesadas fundamentales, quienes cuentan con mayor recursos, influencia, y poder que la sociedad civil, y con capacidades cada vez más sofisticadas de eludir sus obligaciones en materia de transparencia, protección del medio ambiente, y derechos humanos.
Breve historia del sector privado en la ONU
Las empresas han estado presentes en la ONU desde su fundación en 1945, y jugaron un rol activo en la formulación de la Carta de Naciones Unidas. El sector cobró aún más preponderancia en los 80, cuando procesos de desregulación y privatización acompañaron la narrativa de que los gobiernos eran incapaces de abordar por sí solos los retos sociales y económicos de la sociedad.
Una de las causas raíz del auge del sector privado en la ONU es el modelo de financiamiento de la organización. Con la creciente complejidad de las problemáticas globales, el presupuesto regular de la ONU, determinado por las contribuciones asignadas de los estados miembros, no ha estado a la medida de las exigencias. iii Las agencias especializadas enfrentan iguales retos; la proporción de sus presupuestos regulares están en niveles extremadamente bajos. iv
En este contexto, la ONU y sus agencias han tenido que buscar otras fuentes de recursos. Esto resulta en una dependencia de contribuciones voluntarias de los estados miembros, de empresas y de la filantropía. Estos recursos son voluntarios y negociados con los donantes, y muchas veces se alinean más con sus intereses y prioridades que con las necesidades actuales más urgentes. Además, no son estables ni predecibles, lo cual dificulta la planeación a largo plazo.
Alianzas cuestionables y socios sucios
Casi todas las agencias de la ONU se han asociado con empresas privadas, en algunos casos con trayectorias cuestionables en materia de derechos humanos y medio ambiente.
En mayo de este año, ONU Mujeres anunció una asociación con la empresa BlackRock, Inc., “para promover el crecimiento de la inversión con perspectiva de género”. BlackRock ha sido señalada por ser uno de los mayores inversores en empresas de combustibles fósiles en el mundo. BlackRock además invierte en proyectos que dañan la integridad ambiental, por ejemplo proyectos que destruyen los bosques tropicales para desarrollar plantaciones de aceite de palma, donde también ocurren abusos de derechos humanos y laborales. Un grupo de más de 700 organizaciones de mujeres y feministas dirigieron una carta a las autoridades de ONU Mujeres resaltando estas contradicciones con los valores de la agencia. v Al final, y gracias a la presión de las activistas, ONU Mujeres rescindió el acuerdo.
El PNUD, por su lado, tiene una trayectoria de alianzas cuestionables con empresas de petróleo y gas. En Colombia, el PNUD anunció un paquete de ayuda de USD 1.9 millones para apoyar a comunidades pobres de la Amazonía. vi El programa era parte de una asociación con GeoPark, la multinacional petrolera que justamente buscaba extraer petróleo cerca de una comunidad indígena de la misma zona, y que estuvo involucrada en un derrame petrolero. Esta colaboración es otro ejemplo de cómo esta agencia, encargada del desarrollo sostenible, se asocia con empresas contaminadoras en proyectos que van en contra de los intereses de las mismas comunidades que pretende beneficiar. Un análisis de este programa reveló que sus objetivos incluían acciones para neutralizar la oposición a la explotación petrolera, realizar proyecciones de negocios para la industria, y en general facilitar el trabajo de la petrolera en un área sensible.
Los problemas con la influencia corporativa en la ONU
La participación en asociaciones con empresas del sector privado –y particularmente con aquellas con trayectorias cuestionables- no sólo daña la reputación de la ONU, sino que puede socavar su capacidad de diseñar soluciones efectivas a las problemáticas globales más urgentes: la violación de derechos humanos, las desigualdades económicas y sociales, la degradación del medio ambiente y la crisis climática.
Las acciones de las empresas en procesos de negociación de la ONU han bloqueado intentos de soluciones efectivas. La preferencia por las soluciones “técnicas” a la crisis climática, basadas en sistemas de mercado para los bienes comunes , son solo un ejemplo de la promoción de falsas soluciones que solo sirven a los intereses de las empresas y su lógica de ganancia.
Las dinámicas multiactor colocan a los garantes de derechos, las personas titulares de derechos y las empresas en lugares iguales, borrando las desigualdades de poder entre estos grupos. Las empresas, a diferencia de los gobiernos, responden a interesas de sus accionistas e inversionistas con el objetivo de aumentar sus ganancias, lo cual muchas veces está en conflicto directo con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.
Las iniciativas impulsadas por la ONU para acotar el poder corporativo se han caracterizado mayormente por promover una conducta empresarial responsable. Se permite la participación de empresas con historias de violaciones, que dan la falsa impresión de que la ONU y las empresas transnacionales comparten los mismos objetivos. En otras palabras, se presta al “bluewashing” y el “greenwashing” que permite maquillar la imagen de las empresas e incluso a mejorar sus ganancias, en vez de promover obligaciones que sí cambarían el actuar de las empresas en pro de los derechos humanos.
¿Una participación del sector privado en la ONU?
Si el sector privado va a seguir participando en espacios de la ONU, debe estar sujeto a normas y estándares internacionales de derechos humanos y protección del medio ambiente. La ONU, sus agencias, y los estados miembros deberían establecer reglas claras de participación para el sector privado, que garanticen que no haya influencia indebida o conflictos de interés. Las empresas, en vez de hacerse propaganda con sus donaciones multimillonarias a la ONU, deberían pagar impuestos adecuadamente y sujetarse a regulaciones y mecanismos de debida diligencia y rendición de cuentas obligatorios. Por otro lado, los estados miembros, deberían apoyar el proceso para un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos , y promover regulaciones a nivel nacional para exigir a las empresas cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y medio ambiente.
iii En 2022, el presupuesto regular de la ONU es de aproximadamente 3.12 mil millones de USD. Hace 10 años, el total de los gastos presupuestados fue de 2,76 mil millones USD. Con ajustes por inflación y el aumento de costos de bienes y servicios, esto representa una reducción real del 18.3 por ciento durante esa década.
iv 11%, por ejemplo, en el caso de la OMS. Esta falta de recursos regulares fue lo que impidió a la OMS movilizar recursos de manera rápida para responder a la crisis global de la COVID-19. Ibid.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
