Empresas, derechos humanos y mes del orgullo: más allá del arcoíris
Históricamente, los derechos de las personas LGBTIQ+ se han visto afectados de forma desproporcionada en el contexto de la actividad empresarial. Las personas de la comunidad de la diversidad sexo-genérica enfrentan distintos tipos de discriminación y violencia en el mundo del trabajo, incluyendo acoso y hostigamiento, estigmatización y menor acceso a oportunidades laborales y de desarrollo económico.
Las personas de identidades sexodiversas están más expuestas a la pobreza, tienen dificultades de acceso a la vivienda, enfrentan desempleo y salarios menores por el mismo trabajo. También están sobrerrepresentadas en la economía informal, en empleos precarios y en ciertos sectores económicos cumpliendo roles estereotipados.
Asimismo, la comunidad LGBTIQ+ debe superar mayores obstáculos para establecer sus propios negocios, incluyendo el acceso a crédito. Estos desafíos son vividos de forma diferente por distintas personas de la comunidad LGBTIQ+, incluso desde una perspectiva interseccional que contempla otros factores como la raza, etnicidad, clase, edad, discapacidad, estatus migratorio.
Por otra parte, una vez que se encuentran trabajando, se presentan una serie de dificultades dentro de las empresas. Las personas que son percibidas como sexodiversas, transgénero o de género fluido tienen más riesgo de discriminación y violencia, desde ser mal generizadas, pasando por la falta de infraestructura adecuada en los lugares de trabajo – como baño neutros de género y/o libre acceso a los baños generizados – hasta la exclusión de sus familias de los beneficios de cobertura en salud y seguridad social.
En México, por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el más reciente censo poblacional con enfoque en diversidad sexual llamado ENDISEG, se contabilizaron aproximadamente un millón de personas que no se identifican con el género asignado al nacer. Es decir, integrantes de la población trans, no binaria y de género fluido. De ese casi millón de personas, un poco menos de la mitad contaban con alguna actividad remunerada en el momento de la encuesta (486,617 personas).
Pero la marginación al acceso de espacios de trabajo es tan sólo la punta del problema. De ese medio millón de personas que pudieron tener acceso al trabajo, 144,045 pensaron en quitarse la vida. Y, pese a que los motivos de esto son variados, en al menos 69,257 casos, las personas trans, no binarias o de género fluido que sí lograron acceder a espacios laborales y que fueron entrevistadas, señalaron que los episodios de violencia emergieron directamente de personas que también forman parte de la plantilla laboral, es decir, sus colegas. Otras 27,322 personas señalan que han sido amenazadxs o atacadxs sexualmente por una autoridad escolar o laboral.
Según los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU (PRNU), las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todas las personas en sus operaciones, y conducirse con debida diligencia. Es decir que, en sus análisis de riesgo en materia de derechos humanos, las corporaciones deberían incluir una perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad, con el fin de responder a los posibles impactos negativos en los derechos humanos, incluyendo los de la población LGBTIQ+.
Asimismo, las Normas de Conducta para las Empresas para hacer frente a la discriminación contra las personas LGBTI, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, establecen cinco principios en la materia. Las empresas deben: 1) respetar en todo momento los derechos humanos, incluidos los de las personas LGBTI, lo cual deriva justamente de los PRNU; 2) eliminar la discriminación en los procesos de contratación y dentro de las empresas; 3) apoyar a las personas LGBTI en el lugar de trabajo, asegurando que tengan las mismas oportunidades y creando un entorno propicio para su desarrollo; 4) asegurarse de que no discriminan a los proveedores y distribuidores LGBTI en sus relaciones comerciales ni a los clientes LGBTI a la hora de que estos accedan a sus productos y servicios; 5) actuar en la esfera pública en apoyo a la comunidad LGBTI. Esto es particularmente relevante cuando las empresas operan en lugares donde las protecciones a las personas de la diversidad sexo-genérica son débiles o están en retroceso.
Además de los estándares y normas internacionales, en México contamos con protecciones constitucionales en materia de derechos humanos y no discriminación, establecidas en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este contexto, existe una expectativa clara de prevenir, abordar y remediar cualquier tipo de discriminación, violencia o afectación a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en el contexto de la actividad empresarial, sea en el lugar de trabajo, como personas consumidoras o en las comunidades donde operan las empresas.
Es por ello que las iniciativas empresariales deben ir más allá del arcoíris, y de las muestras de apoyo e iniciativas de representación durante el mes del orgullo LGBTIQ+. Esto incluye, aunque no se limita a:
– En lo laboral: Aplicar políticas antidiscriminatorias para mejorar el acceso laboral de las personas LGBTIQ+; crear protocolos contra el hostigamiento y acoso laboral, con el fin de generar espacios libres de violencia; garantizar derechos de seguridad social para las personas trabajadoras y sus familias.
– En lo corporativo: Integrar una perspectiva de género e interseccionalidad a los procesos de debida diligencia en derechos humanos, con el fin de reconocer y abordar discriminaciones y desventajas estructurales; promover la diversidad en todos los niveles de la estructura corporativa, más allá de la planta laboral de base.
En términos prácticos, las empresas deberían entender el tema de género y diversidad más allá de un momento en el año y de una política de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Estos elementos y las iniciativas en materia de derechos humanos, conducta empresarial responsable y sustentabilidad deberían ir de la mano y formar parte del esquema de operación de la compañía.
Asimismo, las autoridades deberían ejercer su rol como garante de los derechos humanos y regulador para exigir a las empresas cumplimiento con estos estándares. Eso incluye incorporar el respeto a los derechos de las personas LGBTIQ+ en sus políticas de empresas y derechos humanos, así como dentro de las empresas de control estatal, las contrataciones públicas y créditos, incentivos y otras actuaciones del Estado como actor económico.
Proteger los derechos de las personas LGBTIQ+ debe ser central a la agenda de empresas y derechos humanos, si existe un interés y compromiso genuino de las empresas más allá del arcoíris. Los derechos de las personas LGBTIQ+ no son una categoría especial de derechos, sino que la demanda es garantizar una vida libre de violencia y discriminación y con las mismas libertades que para cualquier otra persona.
* Ricardo Balderas y Fernanda Hopenhaym, Coordinador de Periodismo y CoDirectora Ejecutiva en PODER. (@PODERlatam)
Mientras la isla está pasando por una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, el gobierno de Díaz-Canel anuncia un nuevo paquete de medidas para intentar salir a flote.
En medio de una de las mayores crisis económicas desde la revolución de 1959, que ha provocado un éxodo sin precedentes de ciudadanos hacia el exterior, el gobierno de Cuba anunció una serie de medidas para intentar revertir la situación.
Las medidas pretenden ajustar el presupuesto público “a las condiciones de economía de guerra”, dijo la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo, en una reunión del Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo del país, según informó este lunes el medio oficialista Granma.
Los testimonios de los cubanos que no tienen acceso a medicinas o a productos básicos para sobrevivir, evidencian las duras condiciones con las que deben lidiar diariamente, calificadas por analistas como peores que las vividas durante los años 90 durante el llamado “Período Especial”.
La situación se ha vuelto tan crítica, que a fines de febrero el gobierno solicitó oficialmente ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para mantener la distribución de leche subsidiada a los niños menores de 7 años.
“Todos nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo”, argumentó el presidente Díaz-Canel en la reunión.
¿Cuáles son las medidas?
Además de un recorte presupuestario, que implicará suspender inversiones, el anuncio incluye medidas como establecer una política de precios únicos y reducir la evasión fiscal, con el objetivo de “corregir distorsiones”.
La idea, explicó Granadillo, es enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, aumentar el flujo de divisas que entran al país y estimular la producción nacional de alimentos, entre otras cosas.
Una de las medidas que más ha llamado la atención, aunque se desconocen los detalles, es el control de precios, el cual teóricamente se aplicaría “en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.
Si se implementa, el anuncio afectaría a las empresas privadas que fueron autorizadas para operar en el país luego que en 2021 se levantara la prohibición que les impedía realizar actividades comerciales, la cual existía desde el inicio de la revolución
Fuentes extraoficiales señalan que el gobierno ha establecido contactos con el sector privado para comunicarles la aplicación de topes de precios en productos básicos como la leche en polvo, el detergente, el pollo o el aceite, aunque se desconoce la lista completa y la fecha en que el control de precios entraría en vigor.
Como el país se encuentra en una “economía de guerra”, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, sostuvo que en esa situación “es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control”.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo un 2% en 2023, mientras que la inflación alcanzó el 30%.
El nuevo paquete de medidas se suma a un severo plan de ajuste anunciado por el gobierno en diciembre, que incluyó un aumento de 500% del precio de los combustibles, una subida en el precio de las tarifas de electricidad y un incremento en el costo del gas natural licuado.
El ajuste encareció aún más la vida para los cubanos, que en los últimos años han visto caer su poder adquisitivo por la inflación, la devaluación del peso cubano frente al dólar y la disminución del turismo, el principal motor económico de la isla.
En paralelo, el mercado negro y las remesas familiares siguen teniendo un peso vital para adquirir múltiples productos básicos en la isla.
La crisis económica, según las autoridades cubanas, se debe al endurecimiento del embargo estadounidense en los últimos años, el efecto de la pandemia de covid en el turismo y la ola inflacionaria que ha afectado al mundo.
Un indicio de urgencia
Pascal Fletcher
Analista de BBC Monitoring
Las medidas anunciadas por el gobierno esta semana fueron sólo el último indicio de alarma y urgencia oficial ante los problemas económicos crónicos que enfrentan el país y sus gobernantes.
Una vez más, el énfasis estuvo puesto en la idea de ejercer control. En ninguna parte hubo ninguna intención declarada de lanzar reformas liberalizadoras significativas en la economía estatal cubana para crear incentivos para la producción, por ejemplo, en el importante sector agrícola, que sigue estancado y es incapaz de abastecer a la población.
Los líderes de Cuba argumentan que la base de la “economía de guerra” es la respuesta necesaria a lo que llaman “un acto de guerra en tiempo de paz”, infligido en la isla por las prolongadas sanciones económicas de Estados Unidos, descritas durante mucho tiempo por La Habana como “el bloqueo”.
En los últimos meses, los líderes comunistas han estado utilizando cada vez más el término “economía de guerra” para describir lo que los expertos dicen que es la situación económica más catastrófica jamás experimentada por la isla sancionada por Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución de Fidel Castro en 1959.
Desde hace varios años, los cubanos comunes y corrientes han estado experimentando cortes de energía a diario que van de mal en peor -exacerbados en los calurosos meses de verano-, combinados con una escasez crónica de productos alimenticios, medicinas y una serie de artículos de consumo básico, en medio de un escenario de colapso generalizado de la agricultura y producción industrial, lo que hace que la isla, con problemas de liquidez, dependa en gran medida de importaciones que apenas puede permitirse, a menos que sean donadas o subsidiadas por los aliados políticos de La Habana.
La inflación real, que ha alcanzado niveles récord, ha dejado incluso los alimentos y artículos de primera necesidad más básicos fuera del alcance de muchos cubanos, a menos que tengan acceso a dólares de familiares en el extranjero, trabajen en el incipiente sector privado o tengan privilegios o acceso especiales en la jerarquía del Estado.
“Economía de guerra” o no, todo apunta a que los cubanos enfrentarán otro verano prolongado, caluroso y difícil, incluida la siempre presente posibilidad de que Cuba, a pesar de la persistente represión de las autoridades contra la disidencia y la oposición política, pueda ver una repetición de las protestas gubernamentales que se extendieron por toda la isla en julio de 2021.
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