Repensar la política social y buscar formas innovadoras y efectivas de solución a las problemáticas que afectan a los grupos históricamente discriminados, es aceptar que los contextos han cambiado y que las necesidades de atención ya no son las mismas. La expectativa, entonces, es que la administración pública vea un nicho de oportunidad en otras estrategias, como la que ofrecen las ciencias del comportamiento, que se enfoquen en combatir temas de desigualdad, discriminación y a la contribución de un ejercicio justo de los derechos humanos.
En su natural evolución, las políticas públicas se han allegado de herramientas para dar solución a problemas públicos cada vez más complejos. La economía del comportamiento (EC) es el punto de encuentro de las ciencias del comportamiento, como lo es la psicología, con un importante descubrimiento que tuvo la economía: las personas no toman decisiones de forma racional en todo momento. Es así que las personas hacedoras de políticas públicas con enfoque de derechos humanos retoman los principios de la EC para diseñar acciones tendientes a tener una mejor comprensión del comportamiento humano, en este caso, para contribuir a eliminar las conductas discriminatorias y promover el acceso igualitario de oportunidades a los grupos en situación vulnerable.
En este sentido, las ciencias del comportamiento han estudiado cómo las influencias sociales afectan nuestras decisiones y elecciones. Por ejemplo, las influencias informativas nos ayudan en situaciones donde no tenemos mucha información del contexto y entonces observamos cómo actúan otras personas en la misma situación. Por otro lado, las influencias normativas tienen que ver con cómo respondemos a las presiones de los grupos que nos rodean. Una muestra de ello se presenta en nuestros recibos de luz, donde se hacen comparativos entre la energía que gasta “un vecino con menor consumo”, un “vecino promedio” y nuestro consumo, lo que tiende a reducir nuestro gasto energético para así equipararnos con el consumo ideal.
Sobre las políticas públicas con este enfoque, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con el Grupo de Economía del Comportamiento (GEC), que se ha asociado con gobiernos locales y nacionales de América Latina y el Caribe para promover el conocimiento relacionado con la toma de decisiones individual y colectiva en la región, con el objetivo de mejorar la vida de las personas, a través de los conocimientos que ofrecen la psicología y la economía, en ámbitos de salud, educación, trabajo, medio ambiente, entre otros.
La economía del comportamiento, a grandes rasgos, se refiere a esa rama de la economía que estudia la forma en la que las personas toman decisiones en un plano más acercado a la realidad, contrastando con los modelos económicos tradicionales que se basaban en la racionalidad del individuo. En una publicación anterior de Capital Plural, donde se abordaron los sesgos cognitivos y cómo estos pueden llevarnos a tener conductas discriminatorias, aprendimos que nuestro cerebro se ayuda de estrategias o atajos para procesar la gran cantidad de información a la que está expuesto, y que, en ese proceso, se pueden presentar errores sistemáticos. La EC aplicada a políticas públicas explora la influencia de estos sesgos, además de la aversión al riesgo y a la incertidumbre y las motivaciones en nuestras decisiones, para así idear una serie de herramientas y alternativas que se dirijan a impactar positivamente la vida de las personas.
Es un tema relativamente nuevo, que probablemente obtuvo mayor visibilidad en 2002 y 2017, cuando Daniel Kahneman y Richard Thaler recibieron, respectivamente, el premio Nobel en economía por sus aportaciones en la materia. En este auge, los gobiernos vieron una alternativa viable de solución a los problemas públicos para implementarse en sus administraciones. En este sentido, el exprimer ministro del Reino Unido, David Cameron, estableció en su administración el Equipo de Ideas sobre Comportamiento, popularmente conocido como la Nudge Unit (o unidad del “empujón”) en 2010, basado en las investigaciones de Thaler sobre la influencia en las motivaciones de las personas para tomar mejores decisiones. Vale la pena decir que esta unidad tuvo una importante labor durante las acciones que se llevaron a cabo en la pandemia por COVID-19, sobre todo en el diseño de campañas informativas sobre higiene y distanciamiento social.
En materia de derechos humanos se ha comenzado a utilizar la EC para diseñar políticas públicas en favor de grupos históricamente discriminados. Al respecto, el Grupo de Economía del Comportamiento del BID realizó una intervención en Perú, con el objetivo de promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Con base en los datos del BID, las personas con discapacidad tienen un acceso deficiente a la educación, lo que tiene repercusiones en el ámbito laboral, donde su tasa de participación es considerablemente baja. Aunque existe la normatividad que requieren a las empresas aplicar cuotas de contratación para este grupo, sólo el 0.5 % cumplían con la disposición.
El proyecto consistió en enviar dos tipos de cartas a 1000 empresas: el primer tipo fue con un enfoque normativo donde se destacaban las multas por incumplimiento, y en el segundo tipo se señalaban los beneficios y el rol de la empresa para revertir la exclusión laboral contratando a personas con discapacidad. Los resultados muestran que las empresas a las que se les hizo el envío de la carta implementaron medidas para la contratación de trabajadoras y trabajadores con discapacidad, en comparación con las que no recibieron ningún mensaje. Este aumento se observó en mayor medida en las empresas a las que se les envió la carta con enfoque normativo, donde se les recordó su obligación legal y las consecuencias de no cumplimiento.
Otro ejemplo se dio en Honduras, donde más de una cuarta parte de las mujeres hondureñas de entre 15 y 49 años han sufrido al menos un acto de violencia física y más de una quinta parte han sufrido violencia por parte de su pareja en una relación, entre 2019 y 2020. No obstante, un porcentaje muy pequeño buscó ayuda de las instituciones estatales. Para este caso, el equipo del BID realizó una investigación cualitativa sobre los principales factores que frenan a las mujeres a buscar ayuda. Con este fundamento, diseñaron una intervención con mujeres usuarias de Facebook, distribuidas aleatoriamente en grupos. Se enviaron mensajes distintos a cada grupo, explorando herramientas de comportamiento particulares. Los resultados arrojaron que las mujeres del primer grupo de tratamiento (de reducción de la incertidumbre), donde se mostró un mensaje que señalaba los pasos a seguir después de la llamada al número de emergencia, tenían un 19.4 % más probabilidades de visitar el sitio web de ayuda, en comparación con el grupo de control, donde se mostraba un mensaje estándar sobre las llamadas al 911.
En nuestro país, el BID realizó un proyecto para impulsar la representación de las mujeres en las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ya que, en México, los puestos de trabajo mejor pagados se encuentran en eso ámbitos. De esta forma, se busca promover la igualdad de género en el campo laboral y así reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Se aplicó primero una encuesta a 12 mil estudiantes a nivel bachillerato y se encontró que las jóvenes se enfrentan a estereotipos de género, normas sociales y falta de información en cuanto al acceso a las carreras mencionadas.
Posteriormente, se formaron dos grupos de tratamiento y un grupo control. En el primero recibieron una carta personalizada donde se contaba la historia de un modelo a seguir para hacer frente a los estereotipos de género. En el segundo grupo, la carta contenía una guía práctica para solicitar el ingreso en la universidad con el fin de reducir las barreras de la falta de información y la complejidad del proceso. El grupo control recibió una carta con información básica de las carreras antes referidas. Los resultados mostraron que las cartas de tratamiento aumentaron la preferencia de las mujeres por las matemáticas en comparación con el grupo de control. También se concluyó que es fundamental exponer a las estudiantes a la información sobre carreras de ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemáticas en una etapa temprana de la escuela secundaria; asimismo, es clave brindar información a las madres y padres, con el fin de influir en las normas sociales familiares que moldean las elecciones de carrera de las mujeres.
El Gobierno de la Ciudad de México no es extraño en el uso de las ciencias del comportamiento para cambiar conductas no deseadas en la ciudadanía. Un ejemplo de esto fue la campaña “Menos sal, más salud”, en donde se cambiaba la opción por default (tener un salero en la mesa de los restaurantes) para reducir el consumo de sal y de esta forma, tratar de disminuir las enfermedades cardiovasculares relacionadas con una alta ingesta de este condimento. Una cadena restaurantera reportó que el consumo de sal se redujo en un 70 %, porque la mayoría de comensales no solicitó un salero. Aquí se trabajó con el sesgo del status quo, en donde las personas prefieren mantener el estado de las cosas tal y como se les presenta.
Y aunque también se pueden rastrear esfuerzos de intervenciones de EC en la Secretaría de Movilidad y en la Agencia Digital de Innovación Pública que, sin duda, apuntan a promover los derechos y la seguridad de las personas que viven y transitan en la capital del país, no se han utilizado todavía este tipo de herramientas para el diseño de políticas públicas en favor de los grupos de atención prioritaria, que ayuden al cierre de brechas de desigualdad en la Ciudad de México, tal como se mostró en el trabajo que hace el BID en otras ciudades de la región.
Como instituciones del Estado se puede explorar la posibilidad de conformar laboratorios de políticas públicas con enfoques transversales (como género, derechos humanos, igualdad, entre otros), que empleen herramientas innovadoras, como lo ofrece la Economía del Comportamiento, para la creación de intervenciones que tomen en cuenta los retos actuales que enfrentan las personas en el ejercicio de derechos y que contribuyan al combate de la discriminación y la desigualdad. Como decía el psicólogo Daniel Kahneman, “Nos concentramos demasiado en lo que conocemos e ignoramos lo que no conocemos, lo cual nos hace confiar demasiado en nuestras creencias”.
* Laura Rosales es asesora en la Coordinación de Políticas Públicas y Legislativas del COPRED.
El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.
La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.
“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
“Leal al expresidente”
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.
Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.
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