La discriminación por estado de salud en la Ciudad de México
La discriminación por el estado de salud es una problemática recurrente y poco visibilizada, debido a que de manera general, histórica y reiterada se ha construido una idea de la salud desde una perspectiva binaria. Es decir, la salud como opuesta a la enfermedad, en donde las corporalidades “aparentemente sanas” representan el ideal. Esto crea desigualdades en diversos ámbitos de la vida de las personas, sobre todo en el acceso a un empleo, ya que una de las narrativas recurrentes para despedir a una persona con cierto estado de salud específico es debido a que “ya no sirven para el trabajo”.
En un análisis de la base de datos histórica del Copred se observa que, de 2013 a diciembre de 2022 se registraron 1,130 casos de discriminación que involucran a 1,257 empresas -en algunos casos están involucradas dos empresas, por temas de subcontratación-. Del total de quejas contra empresas, aquellas cuyo motivo de discriminación se atribuye al embarazo son las más recurrentes, alcanzando un 34 % (419), seguidas por aquellas que tienen que ver condiciones específicas de salud, con 16 % (198), y por motivos de género, con 10 % (128) (Hernández & Baz, COPRED; 2024).
Por lo tanto, es fundamental la revisión del debate sobre cómo el estado de salud ha sido de manera reiterada una causante de despido en el trabajo, debido a la existencia de una carga simbólica sobre los cuerpos “sanos” y su capacidad para trabajar y aquellos que no lo son. Desde un estudio 1 sobre el tema, llevado a cabo por el COPRED, se utiliza el término estado de salud y no condición de salud para destacar su carácter dinámico —puede cambiar en el tiempo— y contextual, pues depende del entorno social y laboral, entendiendo que las desigualdades sociales estructurales también tienen consecuencias en la forma en la que las personas viven los estados de salud en los que se encuentran.
En el estudio realizado por el COPRED, en el cual se analizan los casos históricos atendidos por el consejo, se presentan datos que permiten entender la forma en la cual la discriminación por estado de salud se ha convertido en un modelo de negocio de algunas empresas, en las que se mantiene la idea de que un cuerpo saludable es sinónimo de mayor producción. Y se piensa que discriminar a las personas trabajadoras por estas características sirve a la empresa para “ahorrar” dinero y para “evitar” los gastos médicos.
Para el análisis sobre estado de salud, el área de atención del COPRED presentó una base de datos extendida, en la cual se presentaron 1,874 archivos correspondientes al periodo de enero de 2013 a octubre de 2024 de las cuales 730 quejas, es decir, el 39 % del total, evidencian discriminación vinculada a estados de salud. De esas quejas se desglosa que el 70 % se concentraron en tres estados de salud: embarazo (417 casos), VIH/SIDA (51 casos) y discapacidad física-motriz (50 casos). Es importante recalcar que dentro del estudio se menciona al embarazo como estado de salud, debido a que las personas embarazadas requieren de algunos permisos para revisiones rutinarias en ese periodo, lo cual aún sigue siendo castigado por las personas empleadoras. De igual forma, la discapacidad desde enfoques patologizantes es percibida por las personas empleadoras como una cuestión de salud.
Los datos nos dejan ver que las personas que viven con VIH/SIDA aún se enfrentan a grandes barreras en el acceso y permanencia en un empleo; sobre todo, aún existe la exigencia por parte de las empresas de que las personas compartan su estado serológico. Esto representa una violación a los derechos humanos y reproduce sesgos, prejuicios y estigmas discriminatorios hacia este grupo de población; recordemos que no es obligatorio que las personas compartan su estado serológico o cualquier diagnóstico médico con la empresa, si no lo desean.
Otros estados de salud que se mencionan en el estudio son las lesiones, discapacidad sensorial, algunas enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión e incluso el cáncer. Entre las prácticas discriminatorias más frecuentes por estados de salud se encuentran: terminación de la relación laboral de manera injustificada por razones médicas; hostigamiento prolongado, que lleva a la presentación de la renuncia; reducción de prestaciones e indemnizaciones, sobre todo bajo la lógica de que ciertas condiciones de salud “tienen altos costos para las empresas”; exámenes médicos obligatorios en el proceso de reclutamiento y selección, sobre todo de embarazo y VIH, así como la negativa para la contratación tras enterarse de algún diagnóstico o estado de salud.
Uno de las principales aportaciones de este estudio es la visibilización de la discriminación hacia las personas con estados de salud psicosocial, debido a los prejuicios y estereotipos existentes alrededor de estos diagnósticos. Se identificaron 20 casos asociados a discriminación por discapacidad psicosocial, entre las que se encuentran la ansiedad, depresión y trastorno bipolar. Entre las principales manifestaciones de discriminación por este motivo se encuentran el hostigamiento prolongado que culminó en un despido, la terminación de la relación laboral y la estigmatización, negando el ascenso a las personas tras conocerse que estaban bajo tratamiento psiquiátrico.
Estos datos, aunque no sean representativos de la población trabajadora en general, sí nos presentan un panorama sobre cómo se viven los estados de salud en los espacios laborales. Es necesario abrir la conversación sobre la existencia del salutismo como un sistema de opresión, que implica un “conjunto de creencias, emociones y comportamientos en torno al valor moral de la salud, el cuerpo y la actividad física” (Manual de lenguaje incluyente, Copred 2). Esto implica que, de manera histórica, reiterada y sistemática, las corporalidades de apariencia no hegemónica, y que no son percibidas como “sanas” se han encontrado en una posición de desventaja, sobre todo en los espacios laborales.
La salud, entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino como un estado de bienestar físico, mental y social, es una construcción social y cultural que determina quiénes son considerados “aptos” o “capaces” dentro de una sociedad para llevar a cabo un trabajo. En este contexto, la discriminación surge como un fenómeno que excluye o limita a las personas con base en prejuicios y estereotipos relacionados con su estado de salud, excluyendo a quienes no cumplen con estándares normativos de “funcionalidad” física o mental, lo cual está basado en preceptos subjetivos sobre cómo deben verse o funcionar los “cuerpos sanos”. Esta forma de discriminación se vuelve particularmente evidente en el ámbito laboral, donde la productividad y el rendimiento son valorados por encima de la dignidad y los derechos humanos de las personas trabajadoras.
Aún falta hacer análisis más exhaustivos para tener datos más concluyentes, sin embargo, es urgente que los espacios laborales abran la conversación sobre la existencia de la normalización de la discriminación por estado de salud, y revisen en su operación si este tipo de discriminación se ha convertido en una parte del negocio de la empresa, pensando que «es más fácil y rentable despedir a las personas para “evitarse” los gastos médicos». La mejor estrategia que pueden llevar a cabo las empresas es la retención del talento.
La apuesta por la igualdad y no discriminación no es solamente “hacer lo correcto”; la ley en la materia en México también presenta la obligatoriedad de las empresas para prevenir y atender la discriminación. Además, es importante recalcar que, como lo ha mencionado el Copred, también existen beneficios empresariales de adoptar políticas y estrategias de diversidad e inclusión, como que las personas trabajadoras se sienten más cómodas en su espacio laboral y aumenta la motivación, lo cual está relacionado con mayores niveles de producción y un incremento en la diversidad de puntos de vista: las empresas se vuelven más competitivas para atraer mejores talentos.
Es necesario que los espacios laborales adopten acciones de compatibilidad de la vida personal con la vida laboral, entendiendo los estados de salud como parte inherente a las personas, y que todas las personas estamos expuestas a cambios en nuestra salud, en todas las etapas de la vida. Es fundamental recordar que las personas trabajadoras son personas, por lo tanto, enferman, su cuerpo se cansa y están susceptibles a cambios en el estado de salud que pueden presentarse de manera gradual o esporádica, y el trabajo en algunos casos también se presenta como una situación de riesgo para la salud.
* Maricela Hernández Martínez es asesora de la Secretaría Técnica del Copred.
1 Se sigue trabajando en el estudio y aún no es público.
2 Se encuentra en trabajo interno y aún no es público.
El gobierno de Donald Trump confía en que los aranceles tendrán un mínimo impacto en la economía local y que luego se transformarán en crecimiento económico para el país. Pero ¿quién paga esos aranceles?
“En Estados Unidos no podemos cultivar mucho café. Importamos unos US$8.500 millones al año. Los aranceles anunciados ayer ascenderán a al menos US$1.250 millones. Eso es un aumento de impuestos del 15% en tu café de la mañana”.
Ese mensaje, publicado el jueves por el jefe de políticas de la Cámara de Comercio de EE.UU., Neil Bradley, en la red social X, muestra el sentimiento de muchos en el sector privado de ese país ante los aranceles anunciados un día antes por el presidente Donald Trump para casi todos los países del mundo.
El arancel es una tasa que un país cobra por importar un producto de otro país.
Por ejemplo, si una empresa estadounidense quiere importar madera por un valor de US$100 y el país de donde proviene tiene asignado por el gobierno de Washington un arancel del 10%, la empresa debe pagar US$10 en la aduana.
Así, el arancel lo paga la empresa importadora estadounidense, que luego deberá decidir si traslada ese costo al precio que pagan los consumidores por sus productos.
Es por eso que la mayoría de analistas han vaticinado que la decisión de Trump de imponer aranceles al comercio exterior llevará a que los consumidores de su país tengan que pagar más por los productos importados que compran, y que eso generará inflación.
Pero desde la Casa Blanca lo ven diferente.
Trump dice que los demás países deben pagar lo que denominó como “aranceles recíprocos” para equilibrar unas relaciones comerciales que considera injustas y señala que a lo sumo puede haber ligeras consecuencias negativas, con la contrapartida de que se generará más empleo en las industrias de su país.
¿Qué dice el gobierno de EE.UU.?
Trump ya había recurrido a los aranceles en su primer mandato (2017-2021) en su guerra comercial con China.
Entonces, dijo frases como “miles de millones de dólares están entrando a las arcas de Estados Unidos debido a los aranceles que le estamos cobrando a China” y “nosotros no estamos pagando los aranceles; China está pagando los aranceles”.
No tardaron en contestarle muchos economistas, recordándole que los aranceles los pagarían las empresas estadounidenses que importan productos chinos.
También impuso aranceles a los productos provenientes de sus socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México y Canadá, aunque luego una parte importante fue eliminada tras firmar un nuevo acuerdo, conocido como T-MEC.
“Los aranceles tienen como objetivo hacer que EE.UU. vuelva a ser rico y grande otra vez”, dijo en marzo de este año Trump en un discurso ante el Congreso.
“Y está sucediendo. Y sucederá bastante rápido. Habrá una pequeña perturbación, pero estamos bien con eso. No será mucho”, agregó, sin especificar de qué manera afectarán negativamente.
Días más tarde, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó ante el Club Económico de Nueva York que los aranceles podían tener impacto en los precios, aunque acotado.
“¿Pueden los aranceles tener un ajuste de precios por una única vez? Sí (…)”, señaló, pero “nada es más transitorio que los aranceles si se trata de un único ajuste de precios”.
“Y para aquellos que dicen, ‘oh, los aranceles son un impuesto, son inflacionarios’, entonces están diciendo que los impuestos son inflacionarios, algo en lo que me gusta desafiar a muchos de mis amigos demócratas”, agregó.
Bessent aseguró que no está preocupado por que esto genere inflación y que “el acceso a bienes baratos no es la esencia del sueño americano”.
“El sueño americano se basa en el concepto de que cualquier ciudadano puede alcanzar la prosperidad, el ascenso social y la seguridad económica”, subrayó.
Asesores del gobierno afirmaron que solo la cuarta parte del arancel se traslada a precios, según un documento oficial que cita un estudio del Harvard Business School titulado “El traspaso de aranceles en la frontera y en las tiendas: evidencia de la política comercial de EE.UU.”, publicado en 2021.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a mediados de marzo que el país se estaba acercando a tener controlada la inflación —que a febrero se ubicaba en el 2,8% anual— pero que, “con la llegada de la inflación arancelaria”, su reducción “puede verse retrasada”.
Este viernes insistió en el tema y señaló que evitar “efectos persistentes” de los aranceles en la inflación dependerá de “cuánto tiempo lleve para que pasen completamente a precios”.
“Nuestra obligación es (…) asegurarnos de que un aumento por única vez en el nivel de precios no se convierta en un problema de inflación permanente”, expresó, dando por sentado que la nueva tasa arancelaria será transferida al consumidor.
¿Qué piensa el sector empresarial de EE.UU.?
Por lógica, las empresas no quieren perder dinero.
Si el exportador en el extranjero disminuye los precios a los que vende —ya sea porque la moneda de su país se devalúa frente al dólar o porque absorbe el costo de los aranceles para que el producto llegue al mismo precio al importador en EE.UU.—, nada cambia.
Pero si eso no ocurre, las compañías estadounidenses tienen que tomar una decisión.
“Lo que hemos escuchado de empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, de todo el país, es que estos amplios aranceles suponen un aumento de impuestos que elevará los precios para los consumidores estadounidenses y perjudicará la economía”, aseguró Neil Bradley, de la Cámara de Comercio de EE.UU.
“EE.UU. debería empezar a negociar nuevos acuerdos comerciales para abrir más mercados a empresas y trabajadores, lo que generará más empleos en EE.UU. y reducirá los precios”, agregó.
En una nota dirigida a los socios de la Cámara de Comercio, Bradley recordó un informe de la Casa Blanca de 2019 que afirmaba que ponerles aranceles a todos los productos de forma indiscriminada hace que, para aquellos bienes que EE.UU. no produce o produce en pequeñas cantidades, “aumenten los precios que pagan los consumidores estadounidenses, pero no provoca un aumento en la producción estadounidense” de esos bienes.
Lo mismo dicen los jefes de algunas de las principales compañías del país.
La directora ejecutiva de la cadena de tiendas de electrónica Best Buy, Corie Barry, advirtió sobre la subida de precios.
“Prevemos que los proveedores de todo nuestro inventario transferirán algún nivel de costos arancelarios a los minoristas, lo que hace que los aumentos de precios para los consumidores estadounidenses sean muy probables”, dijo Barry a inversores semanas atrás.
Una alternativa que tienen los importadores es buscar otros proveedores, comprar a un país con menos aranceles o cambiar a productos similares más baratos, para no tener que incrementar los precios al consumidor.
Pero eso no siempre es posible.
En el rubro automotriz, Volkswagen ya anunció que cobrará una “tasa de importación” en EE.UU. a partir de fines de abril, de acuerdo a medios estadounidenses.
Según una estimación del Peterson Institute for International Economics publicada en mayo de 2024, aranceles universales del 10% y del 60% para China le costarían unos US$1.700 al año al hogar promedio estadounidense.
¿Qué ocurrió en el pasado cuando se impusieron aranceles?
El estudio del Harvard Business School que fue tomado como referencia por la Casa Blanca analizó qué ocurrió después de que Trump le impusiera aranceles a China en su primer gobierno.
Los autores compararon los precios de importación antes y después de los aranceles y hallaron que, por ejemplo, que ante una tasa de 20%, hubo una disminución de 1,1% en el precio por parte del proveedor y un aumento de 18,9% en el precio total pagado por el importador estadounidense.
Además, mostraron que “la depreciación del yuan chino frente al dólar estadounidense durante el verano de 2019 hizo poco para compensar el impacto de los aranceles en términos de los precios pagados por los importadores estadounidenses, lo que implica que la incidencia de los aranceles de importación en los precios recae en gran medida en EE.UU.”
Luego estudiaron qué pasó con los precios que tuvieron que pagar los consumidores finales de los productos importados en dos grandes cadenas minoristas.
“Sorprendentemente, a pesar de observar un marcado aumento en el costo total pagado por los importadores estadounidenses por ciertos productos chinos, detectamos solo un pequeño aumento en los precios establecidos por los dos minoristas para estos productos en comparación con aquellos no afectados por los aranceles”, indicaron.
De acuerdo a sus estimaciones, un arancel del 20% implicó un aumento del 0,7% en los precios minoristas relativos de los productos afectados.
“Esto sugiere que los minoristas están absorbiendo una parte significativa del aumento en el costo de las importaciones afectadas al obtener menores márgenes de beneficio”, dijeron.
De todas formas, señalaron que estas cadenas minoristas incrementaron sus compras al exterior antes de que los aranceles entraran en vigor y acumularon stock, lo que les permitió amortiguar el impacto.
“Otra posibilidad (…) es que, en respuesta a los aranceles, los productores nacionales aumenten sus precios a los minoristas para los productos que compiten con las importaciones. O, alternativamente, los minoristas podrían simplemente estar aumentando los precios de los productos no directamente expuestos a los aranceles, compensando con mayores márgenes en estos productos”, explicaron.
Una salvedad que hicieron es que era posible que solo hubieran visto la respuesta del mercado de corto plazo.
En marzo de este año, uno de los autores de la investigación, el argentino Alberto Cavallo, se refirió a este trabajo en la red social X y escribió: “Si los aranceles persisten y las empresas ya no pueden absorber los costos, es probable que se produzcan precios más altos para el consumidor” y que la transferencia sea prácticamente completa.
Después de ver que los asesores del gobierno se habían basado en su estudio, volvió a tuitear y dijo: “No está del todo claro cómo utilizan nuestros hallazgos”.
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