Persistente, la discriminación por embarazo
Es sorprendente que en 2024 el embarazo o la maternidad sigan siendo motivos de discriminación en el empleo. En 2018 se lanzó una campaña del Copred que rezaba: “a tu amiga ¡la felicitas!… a tu empleada ¿la despides?” y este año estaremos de nueva cuenta lanzando una campaña para visibilizar esta persistente forma de discriminación de género.
En un análisis publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO: “En México, siete de cada 10 mujeres que participan en el mercado laboral son madres. Ellas tienden a enfrentar peores condiciones laborales que las mujeres sin hijos: 58 % de las madres trabajan en la informalidad en comparación con 50 % de las mujeres sin hijos”.
De acuerdo con el IMCO, en promedio, las mujeres trabajadoras tienen tres hijos o hijas. Sin embargo, viven hostilidad en el mercado laboral. “Muestra de ello es que menos de la mitad de las madres (44 %) tienen un empleo o están en búsqueda de uno. Asimismo, tener más hijos puede traducirse en una menor participación económica: 54 % de las madres con un hijo tienen un empleo o están en búsqueda de uno, en comparación con 38 % de aquellas con 4 hijos y 27 % con 5 hijos o más”.
Solamente en 2023, el 75 % de los expedientes abiertos por el Copred fue en contra de empresas y establecimientos mercantiles en su calidad de empleadores, de los cuales el tercer motivo es, precisamente, la discriminación por embarazo con 23 expedientes de un total de 192. Históricamente, la discriminación asociada al embarazo en el empleo ha sido el motivo más recurrente en las denuncias presentadas ante el Copred.
En un estudio 1 de los expedientes abiertos por el Copred entre 2013 y 2022 en contra de empresas en la Ciudad de México, el 34 % (419) de estos fue por motivo de embarazo. De acuerdo con este estudio, son tres los momentos en que puede suceder la discriminación: en el reclutamiento, durante el periodo laboral y en el despido. De acuerdo con las denuncias recibidas en el Copred, es durante el despido donde más se discrimina a las mujeres por estar embarazadas, pues generalmente se les despide injustificadamente. Sin embargo, también encontramos que una práctica común es el acoso u hostigamiento de género para orillar a las mujeres a dejar sus empleos.
Esto quedó claro también en el estudio que publicamos el año pasado junto con la académica Sonia Frías. “Discriminación por Embarazo. Un estudio sobre la Ciudad de México”, el que tiene como objeto visibilizar, por un lado, las prácticas asociadas a la discriminación por embarazo en el acceso al empleo con una técnica de mystery shopper o cliente simulado y, por otro, el análisis histórico de expedientes del Consejo entre 2017 y 2022. En esta investigación, la mayor parte de quejas presentadas ante el Consejo por este motivo están asociadas a despido injustificado (68.8 %) y a las presiones para firmar la renuncia (12.1 %), las cuales se manifiestan con maltrato laboral, persecución, inequidad, desprotección, cambios en la situación laboral, amenazas, privación de la libertad e incluso hostigamiento sexual. Un dato relevante es que casi la mitad de estas denuncias son por maltrato psicológico (49 %), incremento en las cargas de trabajo y un muy preocupante cúmulo de conductas (23 %) que van desde delitos como la privación de la libertad, el acoso sexual, hasta la violación a derechos laborales como descuentos, no respeto al derecho a la salud o a la lactancia.
La discriminación por embarazo engloba una serie de conductas diferenciadas, asociadas a controlar la maternidad de las mujeres y su presencia en el ámbito laboral. El análisis de los expedientes del COPRED nos muestra que el acoso y hostigamiento de género está directamente relacionado con la maternidad (estar embarazada, posibilidad de quedar embarazada, regresar de licencia de maternidad, ser madre) y tiene sentido si miramos a esta conducta desde la perspectiva del dominio o ambiente hostil, que tienen como finalidad “hacer ver la no pertenencia a dicho espacio” de la persona acosada.
En esta muestra, la mayoría de las denuncias ante el Consejo son de mujeres con un promedio de 29 años de edad, solteras, escolaridad de nivel licenciatura, siendo el sector comercial el primer lugar de los espacios donde más se denuncia. Desafortunadamente, el patriarcado se arraiga en todas las personas; como sistema de opresión es estructural y las mujeres no están exentas de reproducir sus mecanismos de control, pues el 42 % de las personas denunciadas fueron mujeres. Asimismo, los datos nos arrojan que quienes cometen estas conductas son generalmente los superiores jerárquicos, repartidos entre hombres y mujeres. El momento generalmente es en el embarazo, pero en algunos casos también la discriminación sucede tras el parto. Son pocas las denuncias recibidas por maternidad, pero los datos nos muestran que también suceden conductas discriminatorias en contra de las mujeres que son madres.
Ahora bien, ¿qué empleadores son los que más discriminan por maternidad?
De acuerdo con el “Estudio para la Sistematización y Análisis de Expedientes de Quejas por Discriminación en el Ámbito Laboral”, las Medianas, Pequeñas y Microempresas (MiPyMes) son las más denunciadas por despido por embarazo que las grandes empresas, tal y como puede observarse en la siguiente gráfica:
Para este estudio se consideró empresas micro aquellas en las que laboran hasta 10 empleados, empresas pequeñas aquellas en las que laboran entre 11 y 50 empleados, empresas medianas aquellas donde laboran entre 51 y 250 empleados y empresas grandes aquellas con más de 250 empleados, de acuerdo con los estándares del INEGI para el censo de empresas atendiendo al número de su personal.
Resulta interesante mirar que las empresas grandes son las que, por el volumen de denuncias, tienden a respetar en mayor medida los derechos de las mujeres embarazadas y las mujeres que son madres, y ello, interpretamos, puede deberse a que en los criterios legales en materia laboral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado la presunción de que si una mujer embarazada o que regresa de su licencia de maternidad es despedida, se asume que el motivo es el prejuicio de género asociado a ello y la causa que justifique al despido tendrá que ser atendida por el empleador.
En este sentido, nos parece, las grandes empresas tienden a tener despachos jurídicos que les asesoran y que claramente conocen dicho criterio, por lo que saben que llevar a cabo esta práctica ilegal le traería costos relevantes a la empresa.
Por otro lado, destaca que son más las empresas nacionales las que discriminan por embarazo, frente a las internacionales. Y nuevamente, intuimos que el motivo es el mismo. Las empresas internacionales tienden, por un lado, a ser asesoradas por despachos jurídicos y, además, a seguir criterios de diversidad e inclusión desarrollados e implementados por los corporativos en el extranjero, y sabemos que en algunos países, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, cuentan con marcos normativos bastante robustos y una práctica antidiscriminatoria bastante más arraigada. Otra intuición es que las grandes empresas, sobre todo las internacionales o transnacionales, suelen contar con vías internas de queja o denuncia, por lo que pudiera ser que estos casos fueran primariamente atendidos directamente con el empleador.
Aun así, en el Copred creemos que el volumen de denuncias que recibimos de discriminación por embarazo o maternidad son solamente la punta del iceberg.
A pesar de que la discriminación laboral con motivo del embarazo está prohibida legalmente tanto en la legislación antidiscriminatoria, como en la laboral y la penal, sigue siendo una constante. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo prohibe y sanciona la discriminación por embarazo en los artículos 2, 3, 56, 132 fracciónXXI, 133 fracción I y XIV, y 331, así como en los artículos 685 ter, 857 fracción II y IV, y el artículo 995 establece como sanción de 50 a 2500 veces la Unidad de Medida y Actualización a quienes exijan certificados de no embarazo o despidan u hostiguen a una mujer a renunciar por estar embarazada o ser cuidadora.
El Código Penal para el Distrito Federal establece como delito el negar o restringir derechos laborales con motivo de embarazo (artículo 206, fracción IV) y su sanción es de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientas veces la unidad de medida y actualización.
Por su parte, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México no establece sanciones debido a que el procedimiento de atención ante el Copred es de tipo conciliatorio. A través de dicho procedimiento, un alto porcentaje de casos se resuelve por la vía del convenio de reparación en donde las mujeres discriminadas determinan el tipo de medidas que requieren para la reparación del daño y por parte del Consejo, se busca que haya compromisos respecto de medidas de no repetición.
El procedimiento ante el Copred puede correr paralelo al laboral y al penal, y, de hecho, en la mayoría de los casos las determinaciones del Consejo tienen un impacto relevante en los procesos laborales pues el Copred es la instancia experta en materia de no discriminación y sus dictámenes tienen un valor probatorio importante.
Existe el mito de que “sale más barato” correr a la mujer embarazada que cumplir con la obligación de respetar su licencia, ello no solo implica una práctica ilegal, sino que, además, es incorrecta. Los montos que deben cubrir los empleadores con motivo de despidos injustificados por embarazo o maternidad suelen ser más elevados que las cantidades que se deben cubrir para respetar el derecho a la licencia de maternidad. Y la SCJN ha establecido una serie de presunciones que hacen difícil que el empleador pueda salirse con la suya. La SCJN además, ha determinado que la protección de la maternidad en el trabajo debe entenderse como:
- un derecho constitucional y convencional;
- un requisito previo para lograr la igualdad de género en el mundo laboral;
- un componente de mejora a la salud materna e infantil;
- un componente para el crecimiento económico y a la reducción de la pobreza, y
- una parte integral del Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo.
Legalmente se trata de una forma de discriminación que está prohibida. Lo que hace falta para que las mujeres dejen de ser discriminadas con motivo de su embarazo es un cambio cultural, pues los empleadores siguen pensando que pueden deshacerse de las mujeres que serán o son madres asumiendo un estándar masculino que es, inclusive para ellos, discriminatorio y contrario al trabajo digno. Se requiere un cambio que logre erradicar esa idea de que las mujeres somos las cuidadoras únicas de nuestros hijos e hijas y que ello incide negativamente en nuestro compromiso y responsabilidad laborales –a diferencia de los varones. Para ello, resulta fundamental cambiar las dinámicas del reparto de responsabilidades en el hogar y familiares, incluyendo a los hombres en las tareas domésticas y de cuidado, impulsando las licencias de paternidad con una duración igual a las de maternidad, fomentando en los empleos la implementación de políticas de corresponsabilidad y flexibilidad. Y claro, implementando un sistema de cuidados que permita entender este derecho como uno compartido entre la familia, la comunidad, el Estado y el mercado.
* Geraldina González de la Vega Hernández es presidenta del COPRED.
1 “Estudio para la Sistematización y Análisis de Expedientes de Quejas por Discriminación en el Ámbito Laboral” elaborado en 2023 y que está próximo a publicarse por el Copred. La base de datos con la que se trabajó cuenta con 1,130 casos que involucran a 1,257 empresas. Dichos casos fueron registrados ante el Copred entre los años 2013 y diciembre de 2022.
Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
De Monroe a Trump
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Intereses en la región
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
Represalias y recompensas
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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