Cuidar es trabajo: consecuencias de la desvalorización del trabajo de cuidados en el espacio laboral
Ahora estamos en mejor posición para ver que la discriminación que han sufrido las mujeres como mano de obra asalariada ha estado directamente vinculada a su función como trabajadoras no-asalariadas en el hogar.
Silvia Federici
De manera histórica, se ha impuesto una carga sociocultural a las mujeres respecto al cuidado de las personas que las rodean, en cualquier ámbito de su vida. Se ha reproducido la noción de que, por el simple hecho de ser mujer, existe la obligación de sostener a través del cuidado a familias, parejas, entornos y relaciones sociales en el transcurso de su vida.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el trabajo de cuidados comprende la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, como la preparación de alimentos, la realización de tareas de apoyo físico y emocional, la transmisión de conocimientos y valores, y el acompañamiento a las personas para garantizar su bienestar. Este tipo de trabajo subraya la interdependencia entre las personas que reciben los cuidados y las que los proveen (de forma remunerada o no remunerada), y deben entenderse como un derecho.
Datos de la UNAM muestran que en México 7 de cada 10 mujeres realizan las labores del cuidado en general, y que en ellas recae el 80 % de las labores de cuidado dentro de sus familias. Esta carga desproporcionada y la invisibilización de la misma respecto al ejercicio de estas labores, ha implicado una problemática seria, pues ha generado múltiples consecuencias para la vida de las mujeres, como la feminización de la pobreza y la reproducción de estereotipos de género que sostienen brechas de desigualdad en todos los ámbitos, como el acceso y desarrollo de sus derechos en lo educativo y laboral.
Teniendo esto en consideración, resulta fundamental identificar las consecuencias de esta problemática, particularmente en el espacio laboral, para así construir estrategias que promuevan el cambio cultural, donde se visibilice la importancia de las labores de cuidado en la sociedad y se promueva una distribución equitativa de éstas entre todas las personas.
Consecuencias de la invisibilización del trabajo de cuidados
Esta problemática no es aislada, pues se ha reproducido de manera desproporcionada por siglos y rebasando fronteras. Aún en la actualidad, y con los diversos avances que se han presentado en las agendas de género en el ámbito público y privado, se puede dar cuenta de los retos que aún persisten para el reconocimiento de que las labores de cuidados como un derecho y un asunto público.
Las labores de cuidado implican un gran número de actividades que aportan un valor significativo en el desarrollo de la sociedad. Prueba de ello es el valor económico que se le ha asignado al trabajo de cuidados a partir de métricas, como las proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que para 2024 mostró que el valor del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados representó 8.4 billones de pesos, lo cual representó el 26.3 % del PIB nacional.
Sin embargo, y a pesar de los datos que dan cuenta del valor tan significativo que representan las labores de cuidado a nivel nacional, prevalecen ideas que invisibilizan el impacto económico y social que tienen estas labores. Esto se traduce a su vez en la discriminación estructural de las mujeres en diversos espacios, como lo es la vida laboral.
Ejemplo de lo anterior son los datos reflejados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los cuales muestran que para el tercer trimestre del 2024 había 21 millones 226 mil personas en México que reportaron no poder trabajar, por dedicarse a labores vinculadas al trabajo en el hogar. El 93 % de las personas que representan esta cifra son mujeres.
La carencia del acceso de las mujeres al entorno laboral no se refleja solamente en las limitaciones que sus propios contextos tienen, sino también en la discriminación que se ejerce por parte de los centros laborales empresariales al momento de contratar o promover a las mujeres en sus espacios de trabajo. Datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) muestran que dentro de los principales motivos por los que se discrimina en la ciudad es por embarazo y por género, y entre 2014 y 2024 se han abierto 503 expedientes de discriminación con este motivo, mientras que de acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en ese mismo periodo se abrieron 363 expedientes, siendo en ambos casos el sector privado (empleadores privados) quienes más han sido señalados de la discriminación, 293 expedientes ante CONAPRED y 483 ante COPRED.
De igual manera, en el estudio de Copred ¿Cómo pensamos y evitamos la discriminación en el trabajo?, Experiencias de personas trabajadoras en la Ciudad de México, se expone que las personas trabajadoras de diversos centros empresariales perciben que las principales formas de discriminación en razón de género están relacionadas a la maternidad, el embarazo, la falta de inclusión en puestos directivos y actividades estereotipadas entre hombres y mujeres.
Con esto se puede notar que persiste un sesgo de género relacionado a la creencia de que las mujeres, por ser quiénes han ejercido históricamente el trabajo de cuidados, no tienen tiempo o tienden a descuidar su vida profesional por esta razón. Es importante recalcar que el trabajo que realizan las mujeres de manera formal no ha significado el desapego o la disminución de los trabajos de cuidado en los hogares ni viceversa.
La falta de reconocimiento de las labores de cuidados no implica una problemática situada exclusivamente en el entorno familiar. Tiene raíces estructurales fundamentadas en la desigualdad de género, y se requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad para frenarla.
Uniendo esfuerzos, aceptando responsabilidades
Lo anterior pone en evidencia la necesidad de que las empresas, gobiernos y demás actores de la sociedad asuman su responsabilidad en la creación de políticas para el cuidado de quienes cuidan y para la redistribución de las actividades de cuidados.
El sector privado debe implementar licencias parentales extendidas, permisos especiales para personas cuidadoras y políticas flexibles para promover la compatibilidad entre la vida personal y laboral, así como la creación de acciones de prevención y eliminación de toda forma de discriminación hacia las mujeres por ejercer su maternidad y el trabajo de cuidados.
Por parte del sector gubernamental es necesario que se creen políticas públicas donde se reconozca legalmente el trabajo de cuidados como un trabajo, establecer legislaciones que doten de carácter obligatorio al otorgamiento de licencias parentales extendidas, así como la ampliación de servicios de cuidado público. Es decir, establecer un Sistema de Cuidados profesionalizado.
A partir de la implementación de estas acciones en concreto, e incluyendo el cambio de una cultura donde se visibilice el peso que tienen estas labores en nuestras vidas, será posible reducir las brechas que limitan el acceso de las mujeres a los derechos más fundamentales, como lo es el derecho al trabajo y a la no discriminación en este espacio.
Es necesario reafirmar que el cuidado forma parte fundamental para el sostenimiento de las economías globales, pero también es el pilar para la subsistencia de las personas que viven en sociedad. Sin el trabajo de cuidados que han ejercido las mujeres a través de generaciones, no se habrían formado personas profesionalizadas en áreas que hoy día consideramos imprescindibles.
* Erendira Naomi Jiménez Lobato es asesora en la Secretaría Técnica del COPRED.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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