Una de las primeras iniciativas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso mexicano fueron las reformas a la Constitución, 1 así como a diversas normas como la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Las reformas son fundamentales pues la desigualdad en el ámbito laboral continua siendo un obstáculo para lograr la igualdad sustantiva de las mujeres, más en un país en donde menos de la mitad son parte de la población económicamente activa.
Sin embargo, las reformas propuestas no hablan de brecha salarial ni establecen la obligatoriedad para las empresas de reportar la brecha salarial, lo cual -se ha demostrado en otros países- es una herramienta muy útil para erradicar esta diferencia discriminatoria que se sustenta en prejuicios asociados al género.
Es importante diferenciar entre la igualdad salarial y la brecha salarial de género, pues son conceptos diferentes que abordan la disparidad en los ingresos de las mujeres en el ámbito laboral y que requieren atención individualizada.
Así, la igualdad salarial se refiere al principio de que hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo en un empleo equivalente deben recibir la misma remuneración. Este principio es el que se busca incorporar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123. En términos sencillos, una diputada debe ganar lo mismo que un diputado, o un jefe de unidad departamental que una jefa de unidad departamental, pues son las mismas plazas y las mismas tareas. Uno no puede ganar más que la otra, simplemente porque la otra es mujer.
Por otro lado, la brecha salarial de género es una medida que refleja la diferencia entre los ingresos promedio de hombres y mujeres, ya sea en una organización específica o en el mercado laboral en general. Esta brecha se expresa como un porcentaje de los ingresos masculinos. Por ejemplo, en la empresa patito S. A. de C. V. los hombres en promedio ganan más, porque sus puestos son más altos (y se busca indagar cuál es la razón por la que las mujeres tienen puestos de menores ingresos y menores responsabilidades).
Entender estas diferencias es crucial para abordar las inequidades en el lugar de trabajo. La igualdad salarial se enfoca en eliminar la discriminación salarial directa, mientras que la brecha salarial de género proporciona una visión más amplia de las disparidades en los ingresos, que pueden ser influenciadas por factores como la segregación en el mercado laboral y la falta de acceso a posiciones de liderazgo.
Según la Comisión Europea, 2 la brecha salarial de género mide un concepto más amplio que la discriminación salarial y comprende un gran número de desigualdades que enfrentan las mujeres en el acceso al trabajo, la progresión y las recompensas. Estas incluyen:
La mayor parte de la brecha salarial de género en la UE sigue sin explicarse 4 y no se puede vincular a características del trabajador o del lugar de trabajo, como la educación, la ocupación, el tiempo de trabajo o la actividad económica a la que se dedica la persona. Una mayor transparencia en los salarios ayudaría a descubrir diferencias salariales injustificadas basadas en el género para el mismo trabajo o trabajo de igual valor y ayudaría a las víctimas de discriminación salarial a buscar reparación y hacer valer su derecho a la igualdad salarial.
Claudia Goldin, ganadora del Premio Nobel de Economía 2023, destacó en su investigación que, a pesar de los avances, persiste una brecha salarial significativa y desigualdades en las oportunidades de carrera para las mujeres. Encontró que la mayor parte de esta brecha ocurre dentro de la misma ocupación y se amplía con frecuencia después de que las mujeres tienen hijos. 5 Sus hallazgos subrayan que cerrar la brecha salarial de género requiere abordar las barreras sociales y sistémicas que influyen en las trayectorias profesionales de las mujeres.
La investigación de Goldin ofrece perspectivas valiosas sobre la brecha salarial de género, analizando factores históricos y estructurales que contribuyen a las disparidades salariales. Uno de los aspectos clave de su trabajo destaca cómo las estructuras de compensación en el mercado laboral suelen penalizar a las mujeres debido a lo que ella denomina “pago no lineal”. En muchos sectores bien remunerados, como el derecho y las finanzas, trabajar horas completas o más de tiempo completo resulta en salarios desproporcionadamente altos. Esto crea un incentivo para que uno de los miembros de la pareja, generalmente el hombre en parejas heterosexuales, trabaje más horas, mientras que la otra persona (frecuentemente la mujer) reduce sus horas para equilibrar las responsabilidades familiares. Esta dinámica contribuye considerablemente a la brecha salarial, ya que el trabajo a medio tiempo o con menos horas conlleva salarios por hora más bajos y menos oportunidades de avance profesional a largo plazo. Su trabajo ha revelado cómo factores más allá de la discriminación directa—como normas culturales, responsabilidades de cuidado no remunerado y demandas del mercado laboral—mantienen la brecha salarial.
Ahora bien, el gender pay gap reporting o el reporte sobre la brecha salarial de género es un proceso en el cual las empresas y organizaciones publican datos sobre la diferencia de salario promedio entre empleados masculinos y femeninos. Esta práctica busca visibilizar y reducir las desigualdades salariales basadas en el género al hacer que las disparidades salariales sean transparentes y comparables. Varios países han implementado medidas para el reporte de la brecha salarial de género, siendo algunas de las más destacadas:
Además, hay iniciativas a nivel de la Unión Europea para armonizar y fomentar el reporte de la brecha salarial en sus estados miembros, promoviendo así la igualdad de género en el ámbito laboral.
Al analizar esta brecha, se suelen reportar varios indicadores, como:
Este tipo de reportes ayuda a identificar tendencias en la disparidad salarial y puede motivar a las empresas a adoptar medidas para cerrar la brecha, como políticas de igualdad salarial, revisiones periódicas de salarios, y programas de apoyo a la equidad de género en el trabajo.
La práctica de reportar la brecha salarial de género es fundamental para fomentar la igualdad y transparencia en el lugar de trabajo. Este mecanismo permite identificar y hacer visibles las disparidades salariales entre hombres y mujeres, brindando datos que reflejan los retos específicos de cada sector y empresa. El reporte sobre la brecha salarial de género ha mostrado que las mujeres, en promedio, ganan menos que sus contrapartes masculinas, siendo esta diferencia más pronunciada en sectores como la tecnología, servicios financieros y de salud.
Los beneficios de este reporte son diversos. En primer lugar, la transparencia fomenta la rendición de cuentas: cuando las empresas son conscientes de sus brechas, se ven impulsadas a desarrollar estrategias para reducirlas, como revisiones salariales periódicas y políticas de igualdad de oportunidades. Un estudio de McKinsey sugiere que la reducción de la brecha salarial podría contribuir hasta con un 26 % de incremento en el PIB mundial hacia 2025, al aprovechar mejor el talento femenino en el mercado laboral. Además, el reporte regular fortalece la reputación de la empresa y mejora su atractivo entre empleados potenciales y actuales, quienes valoran un ambiente de trabajo equitativo y ético.
En el Reino Unido, el gender pay gap reporting también ha tenido un impacto significativo en la promoción de mejores prácticas laborales y ha motivado a empresas a establecer objetivos claros para reducir la brecha salarial. Aunque persisten desafíos en la interpretación y uso de los datos, la práctica del reporte obligatorio es un paso importante hacia la igualdad de género en el ámbito laboral.
En México, la brecha salarial de género sigue siendo un desafío importante, especialmente en áreas urbanas como la Ciudad de México. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 6 la participación femenina en el mercado laboral podría incrementar el PIB del país hasta en un 15 % si se implementaran políticas de inclusión efectivas, como un sistema universal de guarderías y mejores condiciones de trabajo para mujeres. A pesar de este potencial, los datos indican que las mujeres mexicanas ganan aproximadamente un 15 % menos que los hombres, con la disparidad más pronunciada en sectores de menor calificación y en empleos informales, donde predominan las mujeres.
Además, en sectores de alta responsabilidad, la representación femenina es todavía baja. Aunque las mujeres constituyen el 43 % de la fuerza laboral en empresas que cotizan en bolsa, solo ocupan el 13 % de los puestos de liderazgo. Este “techo de cristal” se acentúa debido a los estereotipos y prejuicios que enfrentan las mujeres, particularmente en sectores tradicionalmente dominados por hombres. Estudios también han identificado la “penalización de la maternidad” como un factor clave en la brecha de ingresos, ya que las mujeres que se ausentan para cuidar a sus hijos suelen enfrentar menores oportunidades de crecimiento profesional y salarios más bajos al regresar al mercado laboral.
De acuerdo con un reporte del IMCO, en el Índice Global de Brecha de Género 2024, 7 México se mantiene en la posición 33 de 146 países, aunque ha caído un lugar en la región de América Latina y el Caribe, ocupando el séptimo puesto de 22 países en la región. El país obtuvo un puntaje de 76.8, superior al promedio global, pero presenta desafíos significativos, especialmente en el subíndice de Participación y Oportunidades Económicas, donde ocupa el lugar 109, lo que refleja la baja participación de mujeres en la economía (46 %) y la brecha salarial de género (posición 119).
Un aspecto positivo es el empoderamiento político, donde México ha avanzado significativamente, ocupando el lugar 14 en este subíndice. Esto se debe a que las cuotas han aumentado la representación de mujeres en el Congreso al 49.6 % y a un 42 % en las secretarías de Estado.
El informe también destaca la importancia de los sistemas de cuidados y la necesidad de fortalecer las habilidades, especialmente en áreas STEM, para mejorar la participación económica de las mujeres. Para acelerar la igualdad de género, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) propone fomentar la corresponsabilidad en los cuidados y aumentar la matrícula de mujeres en carreras técnicas.
La brecha salarial de género sigue siendo una cuestión importante a nivel mundial. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 8 la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres a nivel global es aproximadamente del 19 %. Este porcentaje varía según el contexto socioeconómico de los países: en los países de ingresos bajos es del 13 %, mientras que en los de ingresos medios-altos puede alcanzar hasta el 21 %. Factores como la segregación ocupacional, los niveles de educación y experiencia explican parte de esta brecha; sin embargo, una proporción significativa se debe a la discriminación basada en el género.
La OIT destaca también que las mujeres se enfrentan a desafíos adicionales debido a la distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidado, lo cual afecta su participación laboral.
Para combatir estas disparidades, la OIT y otras organizaciones promueven la transparencia salarial como una herramienta efectiva para reducir la brecha de género, ya que permite identificar desigualdades salariales y brinda a los trabajadores la información necesaria para negociar una remuneración equitativa. La implementación de medidas de transparencia en la remuneración también puede beneficiar a las empresas al mejorar su funcionamiento y reputación al abordar y eliminar la discriminación salarial.
Por lo anterior, resulta de gran relevancia que las reformas a la Ley Federal del Trabajo, así como a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres contemplen, además de garantizar la igualdad salarial, la obligación de reducir las brechas a través de la obligatoriedad del reporte de brechas salariales de género. Se trata de una buena práctica que ha presentado resultados visibles para acelerar la igualdad de género en el ámbito laboral, cuestión que no puede esperar.
* Geraldina González de la Vega es Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED).
1 Mismas que ya fueron aprobadas en la Cámara de Senadores el 24 de octubre y turnada a la Cámara de Diputados.
3 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4 Ver el reporte anual, mundial, del Banco Mundial “Women, Bussiness and The Law”.
Los puertorriqueños solo podrán votar en la elección presidencial si residen en otros lugares de Estados Unidos.
La broma ofensiva sobre Puerto Rico de un humorista en un mitin de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York ha colocado a la isla en el centro de la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos.
Tony Hinchcliffe dijo que Puerto Rico es “una isla de basura flotando en mitad del océano”, lo que causó indignación general en la comunidad boricua.
Pese a que uno de los portavoces de la campaña republicana dijo que Hinchcliffe “no refleja las opiniones de Trump”, el comentario ha vuelto a poner el foco en la situación de Puerto Rico y su estatus dentro de Estados Unidos, país al que pertenece y que en pocos días celebra su elección presidencial, en la que, paradójicamente, los habitantes en la isla no podrán votar.
El hecho de que los habitantes de Puerto Rico no puedan votar para elegir al presidente de EE.UU. es una de las razones por las que muchas voces dentro y fuera de la isla denuncian un trato discriminatorio por parte de Washington, hasta el punto de que es a menudo descrita como una “colonia”.
Aunque sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos para elegir a sus candidatos, los 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar en la elección presidencial.
Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos, entidades administrativas fuera del continente americano que están bajo soberanía de Washington pero no son estados de la Unión.
Los habitantes de estos territorios no pueden participar en la elección presidencial aunque la mayoría tiene la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ellos. Es lo mismo que les sucede a los naturales de Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Paradójicamente, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.
Y su peso electoral no es en absoluto desdeñable.
Según el Pew Research Center, alrededor de 6 millones de puertorriqueños con derecho al voto viven en el Estados Unidos continental, lo que los convierte en el segundo colectivo de votantes hispanos más numeroso.
Por eso, puede que los comentarios de Hinchcliffe no le salgan totalmente gratis a Trump.
El sistema electoral consagrado en la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente será elegido por un Colegio Electoral formado con representantes de cada estado, lo que excluye de facto del voto a los estadounidenses que viven en territorios que no son estado.
Por tanto, ni los puertorriqueños ni el resto de estadounidenses residentes en Puerto Rico pueden votar en la elección presidencial.
La Constitución fue redactada en 1787, cuando Estados Unidos emergía como nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico era aún parte del imperio español.
Los delegados de las 13 colonias británicas reunidos entonces en Filadelfia para fijar las reglas básicas del nuevo país no imaginaban que este acabaría haciéndose con lo que entonces era una isla española en el Caribe.
Pero en 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra en la que esta perdió sus últimas posesiones coloniales.
Tropas estadounidenses tomaron el control de Puerto Rico y en el Tratado de París firmado ese mismo año, la isla pasó a estar bajo soberanía de Washington.
Sin embargo, eso no implicó la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, que se vieron excluidos de algunos derechos que la Constitución reconoce a otros estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el tema en 1901 en una serie de polémicas decisiones conocidas como los Casos Insulares.
Según explica Luis Fuentes-Rohwer, profesor de Leyes en la Universidad de Harvard, la Corte dictaminó entonces que “hasta que el Congreso decida que sean incorporados (Puerto Rico y los otros territorios de Estados Unidos), se quedarían en un limbo”.
Fuentes-Rohwer asegura que el lenguaje de los Casos Insulares “presenta a la gente de estos territorios como menos humanos, como primitivos e indignos de todo, incluida, por supuesto, la ciudadanía”.
Pese a que muchos historiadores y juristas la definen como racistas y discriminatorias, la Corte Suprema nunca ha revisado la doctrina sentada en los Casos Insulares.
En 1940 la Ley de Nacionalidad les otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos habían accedido a ella gracias a disposiciones anteriores.
Y en 1952 Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia Constitución y desarrollar un autogobierno limitado.
El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía elegir un gobernador y unos poderes legislativo y judicial propios.
Pero el control fronterizo, la defensa, las relaciones exteriores, y otras competencias principales siguieron en manos del Congreso y del gobierno federal en Washington DC.
Y en la elección del presidente del Ejecutivo, Puerto Rico sigue sin poder votar, como tampoco puede hacerlo el único representante que tiene en el Congreso.
En la isla se han llevado a cabo en los últimos años varios referendos sin valor jurídico sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos.
En el último en 2020 una mayoría de votantes votó a favor de que Puerto Rico se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos, como los 50 actuales.
Pero esas votaciones han sido cuestionadas por su carácter no oficial y la baja participación en ellas.
Y en el Congreso estadounidense nunca ha habido un interés real por convertir a Puerto Rico en un estado, una decisión que alteraría el reparto del poder político en Washington, ya que les daría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional a su población en la Cámara de Representantes.
El malestar por la falta de influencia y poder en Washington ha contribuido al crecimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años y por primera vez un candidato que aboga por la independencia, Juan Dalmau, aparece en las encuestas con opciones reales de ganar las elecciones a gobernador, que se celebran el mismo día que las presidenciales estadounidenses.
Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, explica que “muchos puertorriqueños, sobre todo los más jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos”.
Estos puertorriqueños creen que “la falta de poder político tiene mucho que ver con el poco interés de Washington en poner a Puerto Rico en el centro de su agenda”, dice Ávila Claudio.
A eso se suma la “profunda crisis económica que desde hace más de dos décadas vive Puerto Rico y que hace que toda una generación enfrente la falta de oportunidades y los problemas derivados de una infraestructura débil”.
El huracán María, que en 2017 arrasó la isla, y la tardía y para muchos insuficiente respuesta del gobierno federal, entonces en manos de Donald Trump, aumentaron el malestar de los boricuas con el trato que reciben de Estados Unidos.
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