Reforma judicial: vorágine de incertidumbres
La anunciada reforma judicial y la elección que de ella se desprende nos coloca en escenarios inéditos en México y en una realidad de incertidumbres que solo Gramsci ha descrito adecuadamente: “cuando el pasado aún no muere, y el futuro tarda en aparecer, es el claroscuro donde surgen los monstruos”. Los monstruos en este caso son muchos.
El primero es la incertidumbre jurídica. La integridad electoral se sustenta en diversos pilares, siendo uno de ellos el de la certeza jurídica, esa que permite a todos los actores que participan en una elección conocer de antemano las reglas, los requisitos y el marco bajo el cual se desarrollará. En este caso la reforma constitucional no vino acompañada por una ley secundaria para el proceso extraordinario 2024-2025, dejando la responsabilidad al INE de emitir la reglamentación de este proceso.
Tras la publicación de la reforma constitucional que posibilitó la elección de personas juzgadoras, se dio inicio al proceso electoral. A raíz de eso, el Consejo General del INE mandató, hace ya un mes, que se elaborara una agenda de actividades que guiara el actuar profesional de las personas que participan en el proceso electoral, sin que a la fecha se haya establecido ese calendario.
En este inédito proceso se ha dado el banderazo de salida, se ha animado a las y los competidores a participar de la contienda, y apenas se dieron a conocer las vacantes a elegir y el presupuesto que se necesitaría para la organización de la elección. Los procesos para definir ambos puntos han estado, sin embargo, llenos de irregularidades también; el segundo monstruo.
La reforma constitucional publicada estableció que en el proceso de selección de los cargos a renovarse en el proceso electoral extraordinario debían elegirse la mitad de las personas juzgadoras y magistraturas de cada circuito judicial -una circunscripción geográfica que equivale normalmente a una entidad federativa-, considerando de inicio las vacantes por renuncia, jubilación o retiro, insaculando el resto hasta llegar a la cantidad pretendida. Para ello se requirió que el Consejo de la Judicatura Federal emitiera un listado de todas las plazas, ocupadas o no, para proceder a la insaculación en cada estado de la mitad de los cargos.
Sin embargo, y a pesar del transitorio en la reforma que solo permite su interpretación literal, en la sesión del Senado el procedimiento fue diferente: del universo total de cargos se realizaron dos listados -uno para juzgadoras y otro para magistradas- señalando materias especializadas (Administrativa, Penal, Civil, Laboral o Mixta) y se definieron a quienes se elegirían en el proceso extraordinario de 2025 y a quienes hasta las elecciones ordinarias de 2027 a través de un rústico sistema de esferas en una tómbola.
Otro gran monstruo es el presupuesto. Es conocido que el presupuesto de las autoridades electorales se solicita cada año y se encuentra detalladamente catalogado. Es por ello que el INE tuvo que solicitar un presupuesto diferenciado para la organización del proceso. El proceso costaría alrededor de 13 mil millones de pesos, cuya principal inversión iría en la impresión de boletas y otra documentación, y la producción de materiales electorales. Lo anterior teniendo en cuenta que la autoridad electoral ha recibido fuertes y graves recortes presupuestales en los últimos años, especialmente en áreas logísticas y administrativas internas.
Y, por ahora, el riesgo más difícil es el de las tensiones entre los poderes de la Unión. Ha habido diferentes intentos por parte de integrantes del Poder Judicial por detener la implementación de la reforma por diferentes razones, especialmente por violaciones a la Constitución, sin ningún éxito. Aunque estas tensiones no parecen tener un desenlace positivo en los próximos días, la Suprema Corte entrará el fondo del asunto. Sobre todos estos dimes y diretes hablaremos en una próxima entrega.
El gobierno de Justin Tradeau anunció un importante recorte a la entrada de extranjeros que buscan residencia. ¿Por qué lo hace ahora?
Canadá anunció un fuerte recorte del número de inmigrantes que permite entrar en el país en un esfuerzo por “frenar el crecimiento demográfico”, una decisión que supone un notable cambio en la política del gobierno de primer ministro Justin Trudeau.
Como parte de los cambios, el país norteamericano reducirá el número de residentes permanentes en 2025 a 395.000, lo cual es 21% menos de los casi 500.000 autorizados hasta ahora.
Trudeau dijo que su gobierno “no obtuvo el equilibrio adecuado” cuando reforzó la inmigración después de la pandemia, cuando el país buscaba hacer frente a la escasez de mano de obra.
El apoyo a la política de apertura también ha ido disminuyendo. Según las encuestas, existe una creciente preocupación entre los canadienses por la llegada de más inmigrantes y su impacto en temas como la vivienda y los servicios sociales.
La medida se suma a la ya anunciada reducción de la admisión de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales.
El anuncio
Este jueves Trudeau y el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunciaron que habría recortes que limitarían la llegada de extranjeros a vivir al país.
El objetivo, dijo Miller, es fijar una meta menor de 365.000 nuevos residentes permanentes para 2027.
Esta reducción detendrá el crecimiento de la población en Canadá durante los próximos dos años, dijo Trudeau, lo que dará tiempo a las provincias para reforzar sus programas sanitarios y sus esquemas de vivienda.
Trudeau afirmó que “los canadienses están justificadamente orgullosos” de su sistema de inmigración abierto, el cual ha contribuido a impulsar la economía del país y a construir comunidades con diversidad.
“Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó Trudeau. “Actuamos hoy debido a que en los tiempos difíciles en que intentábamos salir de la pandemia, atendiendo las necesidades de mano de obra y el crecimiento de la población, no conseguimos el equilibrio adecuado”.
Casi todo el crecimiento demográfico de Canadá el año pasado -alrededor del 97%- se debió a la inmigración, según datos federales.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en el país ha aumentado hasta el 6,5%. Entre los jóvenes supera el 14%.
La presión social
En el último medio siglo, Canadá se ha transformado en una nación multicultural.
Con una inmensa superficie habitada por solo 12 millones de personas tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno canadiense promovió durante las siguientes décadas políticas para atraer a extranjeros que poblaran el país y expandieran su economía.
Además de convertir a Canadá en una de las sociedades más multiculturales del mundo, la inmigración ha sido un motor clave de crecimiento al aportar talento y mano de obra a las empresas.
La nueva medida supone un cambio con respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas, en las que Canadá ha confiado en los recién llegados para cumplir los objetivos de población y cubrir las carencias de mano de obra.
Desde que Trudeau fue elegido en 2015, su gobierno ha elevado los objetivos anuales de residentes permanentes de 272.000 a 485.000 este año. El mayor salto se produjo en 2021, tras la pandemia de covid-19.
Pero Trudeau y su gobierno han sido objeto de críticas por aumentar la inmigración sin reforzar los servicios sociales o la construcción de viviendas, que han enfrentado problemas por el rápido crecimiento de la población, según los economistas. Los servicios públicos como la sanidad también han tenido dificultades.
A principios de este mes, una encuesta del Instituto Environics, que ha seguido de cerca las actitudes de los canadienses hacia la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los entrevistados considera ahora que los niveles de inmigración son demasiado altos.
Según el instituto, los resultados sugieren que la opinión pública en el tema “ha pasado de ser aceptable (si no valiosa) a problemática”.
Los precios promedio de las viviendas en Canadá rondan los 700.000 dólares canadienses (US$517.400) y los alquileres han aumentado un 22% en los últimos dos años.
Pero los recortes a la inmigración también han sido criticados por grupos activistas, como la Red por los Derechos de los Inmigrantes, que escribió en una carta abierta a Trudeau y Miller diciéndoles que se está culpando injustamente a los extranjeros de la problemática.
“Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo, ni de la inadecuada asistencia sanitaria u otros servicios públicos”, afirmaron.
El grupo añadió que estos problemas son más bien el resultado de “décadas de políticas federales y provinciales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Trabajadores y estudiantes
Desde hace meses, Canadá comenzó a implementar algunos de los cambios en la política.
Respecto a los trabajadores en empresas canadienses, sus patrones han tenido que reducir la cantidad de extranjeros temporales o demostrar que esos puestos no pueden ser ocupados por un residente permanente o un ciudadano canadiense.
Las sectores con más excepciones han sido los obreros de la construcción y el personal sanitario, pues ambos han enfrentado escasez de mano de obra.
A principios de este año, Miller también estableció un límite en el número de estudiantes extranjeros que admitiría Canadá durante los próximos años, lo que resultó en una disminución planificada del 35% en las aprobaciones de permisos de estudio.
Más de 800.000 estudiantes extranjeros vivían en Canadá en 2022, frente a 214.000 una década antes.
Esa medida también ha recibido críticas, en particular de algunas instituciones de educación superior de todo el país a quienes preocupa que disuada a los estudiantes de venir a Canadá en favor de otros destinos.
Algunas universidades alegaron que un límite supondría una pérdida de ingresos para sus instituciones.
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