La dimensión local de las elecciones judiciales
Mientras la elección judicial federal avanza, pareciera que hemos olvidado la dimensión local, es decir, que las elecciones judiciales también se tienen que llevar a cabo en 2025 o 2027.
El transitorio octavo del decreto de reforma constitucional al Poder Judicial dispone que las entidades federativas cuentan con 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales; esto a efecto de adaptar la reforma a los poderes judiciales locales y llevar a cabo elecciones de la judicatura local. Aunque la reforma les brinda a las entidades federativas cierta libertad configurativa para que, sin superar los límites constitucionales, en cada estado se determinen los términos y modalidades para las elecciones -lo cual puede dar margen a numerosos ajustes- lo que sí se dispone es que la renovación de la totalidad de los cargos deberá hacerse durante 2025 o 2027.
Por lo tanto, antes del 15 de marzo de 2025 las legislaturas locales deben desarrollar y aprobar, tanto en los congresos locales como en al menos la mitad de los cabildos, la reforma a la constitución local, y publicarla. Adicionalmente, deberán realizar los ajustes respectivos a la legislación secundaria para que la nueva elección sea operativa o, en su caso, retomar las reglas operativas que el INE implemente para la elección de 2025.
Hasta ahora son pocos los estados que han iniciado sus procesos de reformas locales, hasta el momento, solo las legislaturas de Campeche (2027), Durango, Michoacán y Tamaulipas han modificado sus textos constitucionales. En tres de esos cuatro estados, sus elecciones judiciales locales se realizarían en 2025, lo que les implicará además tomar las previsiones presupuestales necesarias para poder llevar a cabo estos comicios.
En este escenario, varias entidades renovarán en 2025 no solo la judicatura federal, sino también la local. Esto es un movimiento que resulta un tanto arriesgado, tanto por la inexperiencia de todos los involucrados (autoridades electorales nacional y locales, autoridades jurisdiccionales y fiscalías electorales, poderes) en un ejercicio comicial de este tipo, como por la falta de reglamentación para los procesos, que cada vez se hace más evidente.
No olvidemos que se trata de una elección en la que existen muchas más interrogantes que certezas. Por ejemplo: no se tiene una idea precisa sobre cómo podrán hacer campaña las candidaturas, aún no queda definido el modelo de las boletas, y habrá un esquema inédito del escrutinio y cómputo de los votos (y actividades como capacitación de funcionariado, mecanismos de recolección, sesiones distritales).
El procedimiento local será el reflejo del federal. Allí tendrá que ser el congreso local quien emita una convocatoria a los Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) locales para conformar los Comités de Evaluación que recibirán las solicitudes de las personas interesadas, definirán los criterios de evaluación y entregarán la lista final de candidaturas para que inicien las campañas electorales y se impriman las boletas, todo esto con fecha culminante el 1 de junio, día de la elección.
Los tiempos ya son apresurados para la autoridad federal, que inició su proceso en septiembre y sin duda lo serán aún más para las locales que realizarán elecciones en 2025 y que aún no inician los procesos electorales respectivos, ni han modificado sus constituciones locales. El escenario no es mejor para las entidades que decidieran organizar las elecciones hasta 2027.
Lo anterior porque, en ese supuesto, las elecciones judiciales locales coincidirían con las judiciales federales en las que se renovarán la mitad de los cargos judiciales que no se eligen en 2025 y con las elecciones de diputaciones federales, ambas organizadas por el INE. Además se tendrían que considerar las elecciones locales que correspondan conforme la concurrencia, mismas que en algunas entidades serán de todos los cargos – gubernatura, ayuntamientos y diputaciones locales-.
Un ejercicio de elecciones concurrentes a este nivel aumentará el número de boletas y urnas en las casillas y, por ejemplo, dificultará la reglamentación al estar en un proceso electoral concurrente con la participación de partidos políticos que en elecciones judiciales tienen prohibido participar, y en donde habrá campañas para cargos políticos locales y nacionales coexistiendo con candidaturas a la judicatura estatal y nacional en donde no existirá esa figura.
Es por todo lo anterior que no debemos perder la dimensión local, pues también tendrá un impacto en la justicia y los derechos humanos. No importa el escenario, el reto será enorme.
Biden ha dado luz verde a Ucrania para que use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar en territorio ruso. La medida ha causado revuelo en Rusia.
Vladimir Putin ha reiterado en oportunidades pasadas que Moscú consideraría la medida como una “participación directa” de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania.
El Kremlin acusó este lunes a la administración de Joe Biden de “echar leña al fuego y seguir avivando la tensión” al permitir que Ucrania use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso.
El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que la medida representa un nuevo nivel de participación de Estados Unidos en la guerra de Rusia en Ucrania.
Moscú reiteró que consideraría un ataque con un misil estadounidense en su territorio como una agresión proveniente de Estados Unidos y no de Ucrania, en un comunicado publicado este lunes.
Ucrania ya lleva más de un año utilizando el Sistema de Misiles Tácticos de Largo Alcance del Ejército estadounidense (ATACMS por sus siglas en inglés) para atacar objetivos rusos en territorio ucraniano.
Pero la decisión del presidente Joe Biden permitiría a Kyiv atacar al ejército ruso en su propio territorio con misiles que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros y son difíciles de interceptar debido a su alta velocidad.
La medida ha provocado una furiosa respuesta por parte de diversos medios y personalidades políticas en Rusia, según reporta Steve Rosenberg, corresponsal y editor de la BBC en Moscú.
El sitio web del periódico ruso Rossiyskaya Gazeta, controlado por el gobierno, afirma que Biden ha tomado una de las decisiones más provocativas e imprevisibles de su administración y que puede tener “consecuencias catastróficas”.
El diputado Leonid Slutsky, jefe del Partido Liberal-Demócrata de Rusia, simpatizante con el gobierno de Vladimir Putin, también asegura que la decisión provocaría a una gran escalada y graves consecuencias.
Por su parte, el senador ruso Vladimir Dzhabarov la calificó como “un paso sin precedentes hacia la Tercera Guerra Mundial“.
El presidente Vladimir Putin hasta ahora ha guardado silencio.
Para muchos analistas y líderes occidentales, es Rusia quien recientemente ha “echado leña al fuego” al enviar tropas norcoreanas a la zona de guerra para luchar junto a las fuerzas rusas contra Ucrania.
De acuerdo con las fuentes de los medios estadounidenses, el cambio de rumbo por parte del gobierno de Biden se debe a la participación de tropas de Corea del Norte en las filas del ejército ruso.
Esperando el asalto
A finales de septiembre, Moscú anunció cambios a la doctrina nuclear rusa y a las condiciones previas bajo las cuales Rusia podría usar armas nucleares.
La medida fue interpretada en Occidente como un mensaje indirecto a Estados Unidos y Europa para que no autorizaran a Ucrania usar misiles estadounidenses de largo alcance en territorio ruso.
Ucrania lleva meses pidiendo permiso para utilizar ATACMS dentro de Rusia.
“Esta es una decisión muy importante para nosotros”, dijo a la BBC Serhii Kuzan, presidente del Centro de Cooperación y Seguridad de Ucrania, con sede en Kyiv.
“No es algo que vaya a cambiar el curso de la guerra, pero creo que hará que nuestras fuerzas sean más equitativas“.
Kuzan dijo que la decisión llegó justo a tiempo para contrarrestar el esperado inicio de un gran asalto por parte de tropas rusas y norcoreanas, diseñado para desalojar a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk.
Se estima que el asalto se producirá en los próximos días.
Los cálculos de Occidente
Análisis de Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC
Desde que el ejército ruso lanzó su guerra a gran escala contra Ucrania el 24 de febrero de 2022, la OTAN, Occidente y, específicamente, la Casa Blanca, se han visto atrapados frente a un gran desafío: ¿cómo brindarle a Ucrania suficiente apoyo militar sin entrar en una confrontación directa con Rusia?
Es un desafío que persiste actualmente.
Los comentaristas occidentales más radicales, incluidos exgenerales estadounidenses y británicos, argumentan que las reiteradas amenazas de represalias por parte de Putin nunca se cumplieron y que simplemente tenían la intención de asustar a la OTAN para que no enviara el tipo de armas que Ucrania necesitaba.
Se sabe que Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es cauteloso con ese tema y hay reportes de que estaba molesto por la postura más agresiva de Londres y su envío de armas pesadas como grandes tanques de batalla y aviones de combate F-16.
En última instancia, Putin entiende que el viejo concepto de la Guerra Fría de Destrucción Mutua Asegurada (DMA) sigue vigente hoy en día.
Puede que Rusia tenga el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, pero el Kremlin sabe que si alguna vez se utilizara un arma nuclear en alguna ciudad occidental, Moscú quedaría destruida en cuestión de minutos.
Sin embargo, hay muchas otras formas menos apocalípticas en las que Rusia podría responder al uso de misiles ATACMS en territorio ruso.
Estas incluyen sabotear cables submarinos o armar a los hutíes de Yemen con poderosos misiles antibuques.
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