En el marco de la discusión pública sobre la violencia familiar y su impacto sobre las mujeres durante la pandemia, el Gobierno de la Ciudad de México decidió, en mayo, hacer públicos los datos estadísticos de todas las llamadas hechas por mujeres a Locatel, incluidas aquellas relacionadas, precisamente, con la violencia familiar. El mes pasado, el Gobierno decidió liberar también los datos sobre las llamadas realizadas por los hombres a este servicio. Es la primera vez que podemos saber algo, a este grado de detalle, sobre los hombres que buscan apoyo telefónico del gobierno y cómo sus experiencias contrastan con las de las mujeres.
La información que ha liberado el gobierno abarca, actualmente, todas las llamadas realizadas entre el 1 de noviembre de 2016 y el 29 de noviembre de 2020. Son poco más de cuatro años. Proporciona un antes y un después de las llamadas de auxilio por violencia familiar durante la pandemia con un grado de detalle que, hoy, ninguna otra base de datos gubernamental brinda. Por lo mismo, permite responder una pregunta crucial: ¿cómo han cambiado las llamadas por violencia familiar hechas por mujeres y por hombres a Locatel durante la pandemia? ¿Aumentaron, disminuyeron, permanecieron igual? ¿Hay disparidades entre ellas?
Locatel es un servicio telefónico de información. Las personas pueden hablar —y hablan— por un sinfín de asuntos, que van desde solicitar información sobre diversos medicamentos hasta tener un diálogo con las operadoras sobre sus “dudas existenciales”.
En los (poco más de) cuatro años que abarca el periodo de la base de datos, se registraron un total de 796,315 llamadas hechas a Locatel. Es un promedio de 532 llamadas al día.1 El 64% de quienes realizaron las llamadas, sin embargo, fueron mujeres. Esta es una constante, año tras año, mes tras mes, día tras día: quienes más acuden a este servicio gubernamental son ellas.
La disparidad de género entre quienes llaman, sin embargo, es incluso mayor cuando las llamadas están relacionadas con violencia familiar.2 Mientras que en las llamadas que no están relacionadas con violencia familiar, las mujeres representan el 63% de quienes usan Locatel, en las que sí están relacionadas con la violencia familiar, ellas representan el 82%.3 En total, para todo el periodo, las mujeres realizaron 49,039 llamadas por violencia familiar y los hombres 11,124. En el caso de ellas, es un promedio de 32 llamadas al día. En el caso de ellos, son 7.
En el caso de las mujeres, las llamadas por violencia familiar representaron el 10% de las llamadas que realizaron a Locatel en estos cuatro años. En otras palabras, de cada 10 llamadas que hicieron las mujeres a Locatel, 1 tenía que ver con violencia familiar. En el caso de los hombres, representaron el 4%.
Lo que podemos ver de la base de datos, en otras palabras, es que es mucho más común, por lo general, que las mujeres, más que los hombres, llamen a Locatel por violencia familiar.4 Pero: ¿cómo ha cambiado esto durante la pandemia? Los datos muestran que la brecha de género solo se ha expandido en este tiempo.
El primer caso de COVID en México se registró el 27 de febrero de 2020. Para el 23 de marzo, el gobierno federal ya había decretado, formalmente, la política de “Quédate en casa”. Si tomamos esta fecha como parteaguas en los datos, ¿qué tenemos?
Para empezar, si se hace un análisis del número de llamadas diarias relacionadas con violencia familiar realizadas en estos cuatro años,5 veremos que, en el caso de las mujeres, sí hay una diferencia importante entre los dos momentos —antes y después del “Quédate en casa”—.6 En el caso de los hombres, el número de llamadas presenta cambios no tan marcados.
En concreto: si sacamos el promedio de llamadas diarias antes de la pandemia, en el caso de las mujeres estamos hablando de 29 llamadas al día relacionadas con violencia familiar. ¿Durante la pandemia? El promedio aumenta a 52. En el caso de los hombres, en cambio, la cifra se fue de 7 a 9. Esto es importante: los hombres sí acuden más al servicio de Locatel por violencia familiar durante la pandemia (el incremento es del 28%); pero el aumento es mayor para las mujeres (del 79%).
Lo que puede verse, además, es que la proporción que representan las llamadas por violencia familiar del total de llamadas aumentó también en la pandemia, particularmente para las mujeres. Antes de la pandemia, en el caso de ellas, estas llamadas representaban el 9% del total; durante la pandemia, ascendieron al 14%. En los hombres el crecimiento fue del 4% al 5%.
La disparidad en la brecha de género, sin embargo, no es tan marcada tratándose de llamadas que no están relacionadas con violencia familiar. En las llamadas que no estaban relacionadas con violencia familiar, las mujeres representaban, antes de la pandemia, el 62% de quienes las realizaron; durante la pandemia, representaron el 65%. En las llamadas relacionadas con violencia familiar, pasaron de ser el 80% al 86%.
El 76% de quienes llaman a Locatel residen en la Ciudad de México. Si solo tomamos a las personas residentes de la Ciudad y hacemos un análisis de las llamadas a nivel municipal, ¿qué resulta?
Por lo general, los municipios en los que más mujeres llaman a Locatel por violencia familiar son también los municipios en los que más hombres llaman. Iztapalapa y Gustavo A. Madero ocupan, en llamadas totales, el primer y segundo lugar, respectivamente, algo que no sorprende considerando que son los municipios con mayor población.
Si se analizan los cuatro años de llamadas y se toma en cuenta el número de habitantes de las alcaldías, sin embargo, el primer lugar para mujeres de llamadas es la Cuauhtémoc, mientras que para los hombres es la Benito Juárez. En ambos casos, siempre es Milpa Alta la entidad con menos llamadas (tanto en totales, como en tasas). Pero, de nuevo, ¿qué ha pasado durante la pandemia?
En el caso de las mujeres, se registró un aumento de llamadas por violencia familiar a Locatel en cada una de las dieciséis alcaldías. En el caso de los hombres, en cambio, en una alcaldía –Gustavo A. Madero– hubo un descenso, mientras que, en otra –Iztacalco–, las llamadas no variaron.
Lo que resalta, sin embargo, es la magnitud de los cambios. En el caso de las mujeres, el municipio que registró el aumento menos dramático fue la Cuauhtémoc, en donde las llamadas por violencia familiar aumentaron en un 53%. Cuajimalpa de Morelos, en cambio, es el municipio que registró el aumento más dramático en llamadas por violencia familiar, teniendo un aumento del 197% (prácticamente tres veces más). El segundo es, sorpresivamente, Milpa Alta, que registró un aumento de llamadas del 150% (más del doble). En el caso de los hombres, Milpa Alta fue, de hecho, el municipio con el mayor aumento de llamadas, en proporción (crecieron en un 50%).
Si comparamos las llamadas realizadas entre enero y noviembre de cada año, entre 2017 y 2020,7 podemos ver que, en el caso de las mujeres, el 2020 es el año con la tasa más alta de llamadas por violencia familiar en catorce de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México (siendo las excepciones Milpa Alta y la Magdalena Contreras). En hombres, solo se cumple esto para siete de las alcaldías.
Como espero haber mostrado, sí pueden verse cambios importantes en los patrones de llamadas a Locatel por violencia familiar si se toma a la pandemia como referencia. La realidad, sin embargo, es que, en la pandemia, también hay variaciones importantes que es necesario resaltar, particularmente en el caso de las mujeres.
Por ejemplo, si se realiza un análisis de las llamadas mensuales, detectando el porcentaje que son por violencia familiar, puede verse que el pico ocurrió, para las mujeres, en junio de 2020, cuando las llamadas por violencia familiar representaron el 16% del total de llamadas hechas a Locatel. De ahí se reducen en un punto cada mes hasta noviembre.
Si se analizan las llamadas totales hechas cada semana del año, puede verse algo similar. Sí: casi en todas las semanas, las realizadas por las mujeres a Locatel por violencia familiar son más en el 2020, que en años previos. Pero una vez que “inicia” la pandemia –tomando como punto de referencia la política del “Quédate en casa”–, el pico de llamadas para las mujeres —mas no para los hombres— ocurre en la semana 25 –a mediados de junio–.
Quizá los cambios en las llamadas respondan a los cambios en las políticas del gobierno en relación con la pandemia; particularmente, del Gobierno de la Ciudad. El 12 de junio, por ejemplo, se anunció la “transición ordenada y gradual hacia el color naranja del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad”. El 26 de junio, finalmente, entraron en vigor las medidas correspondientes al “Semáforo naranja”. Las cifras del Gobierno de la Ciudad sobre la “afluencia (…) en transporte público” permiten ver el ascenso gradual de la movilidad de las personas en este periodo desde entonces.
Quizá parte del problema sí sea la convivencia más cercana que resultó como efecto de las políticas del encierro. Quizá lo que vemos reflejado en las llamadas, al menos en el caso de las mujeres, sí es un aumento en la incidencia, que comienza a disiparse una vez que el contexto cambia. Habrá que explorarlo. Como habrá que explorar los muchos otros factores que, desde la academia, y por décadas, se han señalado como relevantes para entender los aumentos y descensos de la violencia familiar (incluidos el desempleo y la pobreza, que también han aumentado durante la pandemia).
Lo que no podemos dejar de exigir en cualquier escenario son mejores datos. Datos que nos permitan saber qué pasa en las casas y qué recursos de apoyo utilizan efectivamente las personas y por qué. Eso es lo único que nos permitirá no solo el problema de la violencia, sino las soluciones que efectivamente funcionan para reducirla.
* Estefanía Vela Barba (@samnbk) trabaja en Intersecta (@IntersectaOrg).
1 El 76% de quienes llaman residen en la Ciudad de México, mientras que el 20% viven en el Estado de México. El resto de las llamadas provienen, en su mayoría, de Morelos, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Puebla y Veracruz. Más de la mitad de las llamadas fueron realizadas por personas entre los 30 y 49 años. Un cuarto, aproximadamente, fueron hechas por personas entre los 50 y 69 años. El grupo de edad con menos llamadas —apenas el 1%— es el compuesto por quienes tienen menos de 18 años.
2 En la base de Locatel del Gobierno, se clasifican a las llamadas con base en una diversidad de temáticas. El criterio para determinar si una llamada tiene o no que ver con violencia familiar lo construí con base en esta información. A modo de resumen, consideré que una llamada estaba relacionada con violencia familiar siempre que, en la base de datos, en las “temáticas” con las que clasifican las llamadas aparecían las palabras “pareja violencia”, “violencia de género familiar”, “violencia familiar” y “violencia infantil solicitud de servicios de apoyo familiar”. El guión que se utilizó para procesar la base de datos y las gráficas puede encontrarse aquí.
3 Es importante entender si la brecha de género en llamadas por violencia familiar entre hombres y mujeres se debe a una disparidad en la incidencia de la violencia familiar (esto es, a las mujeres simplemente les afecta más y eso es lo que se ve reflejado en las llamadas) o si, además, se debe a una disparidad en los llamados de auxilio (esto es, las mujeres piden más apoyo que los hombres). Para saberlo, necesitaríamos datos sobre la incidencia de la violencia familiar en hombres y mujeres. Actualmente, solo conozco dos encuestas que permiten tener una aproximación a este fenómeno. La primera es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), en la que les preguntan a las personas adultas víctimas de un delito la relación que tenían con la persona que los agredió. En concreto, si la persona que cometió el delito era su “familiar”. En estos casos, al menos en 2018 (aunque las cifras son similares entre años), las mujeres representan, por ejemplo, 8 de cada 10 personas amenazadas por familiares; casi 9 de cada 10 personas golpeadas por familiares; y prácticamente la totalidad de las personas agredidas sexualmente por familiares. Recientemente, sin embargo, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, que incluyó, en la versión de septiembre de 2020, un módulo sobre violencia en el entorno familiar. De acuerdo con esta encuesta, que se aplicó a personas adultas de zonas metropolitanas, las mujeres representan el 64.2% de las víctimas de esta violencia. Si tomamos a la ENSU como referencia, lo que podríamos estar viendo en llamadas es, además de un reflejo de la disparidad en la incidencia (las mujeres sí son la mayoría de las víctimas), un reflejo en el reporte (los hombres llaman menos al gobierno). Esto es algo que habría que explorar.
4 La base de datos de Locatel incluye mucha más información sobre las personas usuarias, incluida su edad, ocupación, educación y estado civil. De manera sorprendente, con excepción de la ocupación –en donde, sin ser sorprendente, hay una desproporción enorme de mujeres que se dedican al trabajo no remunerado del hogar–, hay más similitudes que diferencias en los perfiles de hombres y mujeres que llaman a Locatel por violencia familiar. De las pocas diferencias que vale la pena resaltar está, por ejemplo, el hecho de que, en hombres, los niños y adultos mayores representan una proporción ligeramente mayor de quienes llaman que en el caso de las mujeres. Tratándose de la escolaridad, el porcentaje de hombres con licenciatura que llaman a Locatel es ligeramente mayor al de mujeres, mientras que, en el caso de ellas, son las que tienen secundaria sobrepasan a los hombres en la misma circunstancia.
5 No ahondo en ello aquí, pero en el caso de las llamadas totales —esto es, sin desagregar por el tema de la llamada—, en el caso de los hombres, el promedio de llamadas diarias bajó durante la pandemia (se fue de 194 a 172). En el caso de las mujeres, subieron (de 338 a 358).
6 No lo exploro aquí, pero es importante notar que hubo un aumento en las llamadas entre febrero y marzo de 2020, justo antes de que se decretara la política del “Quédate en casa”. Georgina Jiménez y Mariana Orozco de Data Cívica, sin embargo, sí lo exploraron en un artículo que vale la pena leer y sugieren un vínculo interesante entre este aumento y el contexto de las marchas feministas relacionadas con diversos feminicidios (particularmente los de Ingrid y Fátima) y el paro del 9 de marzo.
7 Se excluye el 2016 puesto que los datos solo incluyen a las llamadas realizadas entre noviembre y diciembre.
El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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