Hace poco más de un año, en mayo de 2022, México llegó a la escalofriante cifra oficial de 100 mil personas desaparecidas. Hoy, 14 meses después, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señala que existen 110,947 personas desaparecidas. Aunque el discurso oficial insiste en que este, como muchos otros problemas vigentes, son “cosa del pasado”, la realidad es evidente y la negación es indolente e irresponsable.
Frente a esta crisis que, sí, viene del pasado, pero continúa y se agrava día con día, los movimientos de familias -tanto a nivel nacional como local- han impulsado todos los cambios y avances en políticas públicas en la materia. La Ley General en materia de desaparición es un ejemplo muy claro, aunque no el único. Las acciones de búsqueda, de memoria, de verdad e incluso de investigación y justicia han sido y siguen siendo impulsadas desde los familiares de personas desaparecidas. Los saberes que en ese camino las familias han desarrollado se han institucionalizado poco a poco. Por ello, además de que la participación es un derecho, ningún proceso o acción llevada a cabo sin las familias es legítimo.
En los últimos años hemos visto procesos participativos dignos de replicarse. Bajo la consigna “sin las familias, no”, la participación ciudadana en la construcción de leyes e instituciones ha sido fundamental. Más allá de ejercer un derecho, las familias han logrado traducir sus conocimientos, experiencias y principales obstáculos en atribuciones y obligaciones para las autoridades. Sin embargo, a más de 5 años de la entrada en vigor de la Ley General, todavía hay una deuda pendiente: la armonización legislativa a nivel local en 12 estados del país (Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán).
Con más de 14 mil personas desaparecidas y después de muchos años de exigir un marco normativo que sea adecuado para el contexto de Baja California, finalmente hay un proyecto de dictamen en materia de desaparición de personas que está siendo discutido junto con las familias en el Congreso del estado. ¿Cómo se llegó a este punto? Como en muchos otros estados: gracias a la incansable lucha de madres, padres, hermanas, hermanos, tíos, tías, hijos e hijas. Les cuento un poco.
En total se han presentado tres iniciativas en el congreso estatal. La primera, en septiembre de 2020 por el entonces diputado Víctor Manuel Morán Hernández. Sin embargo, el texto no fue consultado con las familias, lo cual fue reclamado. A pesar de haber sido votada y aprobada en comisiones, la XXIII Legislatura concluyó sin que dicha iniciativa fuera discutida en el pleno. En marzo de 2022, el diputado Sergio Moctezuma Martínez López presentó otra iniciativa, la cual únicamente señalaba en su exposición de motivos que el diputado había tenido reuniones y acercamientos con algunos representantes de colectivos. Nada más. Por último, en septiembre de 2022, la diputada María del Rocío Adame Muñoz hizo lo propio. Como respuesta, llegó una ola de críticas frente a una nueva iniciativa presentada sin consulta con las familias. El único movimiento que tuvieron estas iniciativas fue su turno a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional.
Tras más de 5 años de exigencias para tener un proceso legislativo abierto, participativo, plural y transparente, que ponga al centro las necesidades de las familias, finalmente la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional mostró apertura para discutir conjuntamente con las familias las iniciativas vigentes. La Comisión trabajó en un proyecto de dictamen homologado -de las últimas 2 iniciativas presentadas-, el cual fue sometido a consideración de familias, colectivos, academia, organizaciones, organismos internacionales y demás interesados para que enviaran sus propuestas de modificación al proyecto.
Como parte de esa misma consulta, la Comisión convocó a todas las familias y colectivos del estado a participar en mesas de trabajo temáticas junto con personal del Congreso. Así, durante 4 días completos, los pasados 7 al 10 de julio, secretarios, asesores, diputados y diputadas escucharon de propia voz de las víctimas sus propuestas, obstáculos y principales retos en materia de búsqueda de personas, investigación de delitos, presupuesto e identificación humana. Esto, con el objetivo de analizar su viabilidad jurídica e incorporar todo aquello que pueda hacer de la ley en Baja California una de las leyes en materia de desaparición más avanzadas del país.
La participación de las familias fue amplia y plural. Cualquier diferencia que pudiera existir entre ellas se quedó afuera de los Centros Estatales de las Artes, que albergaron las mesas de trabajo. Todo por el objetivo común de tener una ley que refuerce su lucha en la búsqueda por sus desaparecidos. Aunque llegaron con bajas expectativas, pues, como dicen, hasta el momento las autoridades “nos escuchan, pero no hacen nada”, los ánimos al terminar la jornada eran otros. Las expectativas subieron. Por primera vez sus exigencias y necesidades fueron registradas -en una computadora, en una hoja de papel, en un papelógrafo- con el objetivo específico de transformarlas en obligaciones para las autoridades. Algunas de las principales demandas giraron en torno a la nula coordinación entre las autoridades, principalmente de la Fiscalía General del Estado; a la inexistencia de un Plan Estatal de Búsqueda; a la falta de personal suficiente, capacitado y con capacidad de permanencia; a la falta de transparencia en la toma de decisiones y gasto público, y a la necesidad de contar con mecanismos claros de participación de las víctimas en todos los procesos.
Aunque es de reconocerse la seriedad y profesionalismo con la que los funcionarios y funcionarias de la Comisión condujeron las mesas de trabajo, me hizo reflexionar mucho sobre la excepcionalidad con la que se ven involucrados en este tipo de ejercicios. Uno, a mi parecer, muy básico y propio de los representantes del pueblo: el escuchar a sus representados para procurar el respeto y garantía de sus derechos. Lo que vimos en esas mesas de trabajo, tendría que ser el día a día de su actividad legislativa. Sus iniciativas tendrían que ser el reflejo de ello y no responder a agendas políticas personales. La expectativa también está puesta ahí, en que esto se multiplique.
Aunque el sentir de las familias al terminar la jornada era un poco más positivo que al inicio, la desconfianza, basada en su experiencia de ser rechazadas y utilizadas más de una vez, se hizo notar. Sin duda, no están dispuestas a avalar una simulación. Por ello, las familias presentes exigieron, al momento, acordar cómo sería el seguimiento a la incorporación de sus propuestas. “Nada nos asegura que sí vayan a poner todo lo que les dijimos” fue una frase que se escuchó una y otra vez. En común acuerdo con la diputada Adame se creó un Comité Estatal de Seguimiento, el cual está conformado por familias de todos los municipios y deberá reunirse periódicamente con la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional para reportar sobre los avances en la elaboración del dictamen final. Su funcionamiento será la primera prueba para la Comisión legislativa de lo que este proceso significa.
La responsabilidad ahora más que nunca está en cancha del legislativo y no es cosa menor. Tienen una oportunidad enorme de sentar precedente, de convertirse en una de esas experiencias participativas dignas de replicarse, de adoptar los estándares más altos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y todos los temas que atraviesan la atención y prevención de la desaparición de personas. Desde Elementa seguiremos expectantes y vigilantes, acompañando y resistiendo con las familias hasta que esa deuda sea saldada.
* Renata Demichelis Ávila (@ranademi) es Directora para México de @ElementaDDHH.
Esta es la información que hay sobre el nuevo misil balístico de alcance intermedio lanzado por Rusia y la señal que intenta enviar Putin a Ucrania y Occidente al decidir utilizarlo.
Cuando un misil impactó en la ciudad ucraniana de Dniéper en la madrugada del 21 de noviembre, al principio no se sabía mucho, ni siquiera de qué tipo de proyectil se trataba.
Pavel Aksenov, experto militar del servicio ruso de noticias de la BBC, analizó las evidencias en torno a este misil y qué mensaje intentaba enviar al usarlo el presidente ruso, Vladimir Putin, a Ucrania y Occidente.
Putin declaró que el ataque a la ciudad de Dniéper en el este de Ucrania se llevó a cabo mediante “un nuevo misil convencional de alcance intermedio” con el nombre en código Oreshnik.
Aunque Ucrania lo niega y afirma que posiblemente fuera un misil Kedr, no hay muchas posibilidades de que se trate de ese tipo de arma.
El lanzamiento de un misil balístico a semejante distancia no puede pasar desapercibido, especialmente en una región que muchas agencias de inteligencia observan de cerca.
El misil es claramente visible durante el vuelo, en particular la llama ardiente que sale del motor del cohete, que puede ser captada por satélites y aviones de reconocimiento.
Los gases de escape de los misiles, que a menudo se observan durante las pruebas o los ejercicios, permiten aprender mucho y conocer las características de los distintos cohetes.
Los analistas pueden deducir aún más estudiando los datos de lanzamiento de un nuevo misil.
Aunque las agencias de inteligencia occidentales no han publicado sus conclusiones, es probable que tengan una idea bastante precisa del tipo de misil.
Por su parte, expertos y comentaristas en medios y redes sociales han elaborado sus propias teorías basadas en otras pistas.
La versión más repetida es que Rusia adaptó el misil balístico intercontinental experimental (ICBM) Rubezh para ataques de alcance intermedio.
En su declaración, Putin aseguró que el misil estaba equipado con una “carga útil hipersónica no nuclear” y que sus ojivas “atacaban objetivos a una velocidad de Mach 10, es decir, de 2,5 a 3 km/s“.
La ausencia de una ojiva nuclear era evidente, aunque su velocidad hipersónica se ha puesto en duda.
En su informe sobre misiles nucleares balísticos, la organización no gubernamental Centro para el Control de Armas y la No Proliferación ofrece una cifra inferior: 3.200 km/h, casi 900 m/s.
Es muy difícil interceptar ojivas que viajan a tales velocidades.
Este misil tenía una ojiva separable, y es esto lo que causó más confusión entre los expertos.
Un video grabado en el momento del impacto en Dniéper muestra seis clústeres de objetos cayendo al suelo, de los que cada uno contiene aproximadamente seis puntos brillantes. Se considera una cifra bastante elevada para un misil de este tipo.
Sin embargo, no se observaron explosiones en el suelo, lo que indica que los puntos brillantes podrían ser submuniciones cinéticas.
Estas pueden variar en tamaño y son esencialmente proyectiles metálicos que intentan destruir el objetivo utilizando la energía cinética liberada durante el impacto que, debido a la alta velocidad, puede ser significativa.
Varias fuentes indican que el misil fue lanzado desde el polígono de pruebas de Kapustin Yar en la región de Astracán en Rusia.
En ese caso, el alcance del misil en este lanzamiento sería de entre 800 y 850 kilómetros.
Vladimir Putin se refirió al Oreshnik como un misil de alcance intermedio. El rango de este tipo de misiles suele oscilar entre 1.000 y 5.500 kilómetros, aunque estas son solo cifras oficiales y el misil puede dispararse a distancias más cortas.
Lo más probable es que el Oreshnik que mencionó Putin se desarrollara en el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú (MIT).
En Rusia hay dos entidades que desarrollan misiles balísticos de esta clase: el Centro de Cohetes Makeyev y el MIT.
El primero se centra en misiles de combustible líquido, que son pesados, se lanzan desde silos y tienen un alcance muy largo. Por ejemplo, el rango oficial del misil Sarmat es de hasta 18.000 kilómetros.
El Instituto de Tecnología Térmica de Moscú se especializa en la creación de misiles más pequeños con motores de combustible sólido que se proyectan desde lanzaderas móviles.
Estos misiles son más ligeros, tienen ojivas más pequeñas y vuelan distancias más cortas. Por ejemplo, el misil Yars tiene un alcance de 12.000 km.
Lo más probable es que un misil como el que impactó en Dniéper sea obra del MIT.
Este centro ya había creado antes misiles similares, como el RSD-10 Pioneer, que estuvo en servicio desde la década de 1970 hasta que entró en vigor el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF por sus siglas en inglés) en 1988.
En ese momento, todos los misiles y lanzaderas de alcance intermedio y más corto de la URSS y EE.UU. fueron destruidos y ambas partes acordaron no producir, probar ni desplegar tales proyectiles en el futuro.
El Tratado INF expiró en 2019, por lo que el desarrollo de este tipo de misiles -al menos en cuanto a su aplicación práctica- habría comenzado después de esa fecha.
En ese momento, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, anunció que Rusia tenía la intención de crear un sistema de misiles terrestres de alcance medio para 2020. Aunque esto no sucedió, el proyecto siguió su curso.
Uno de los últimos desarrollos del MIT es el RS-26 Rubezh, un misil balístico intercontinental. Según información extraoficial, su rango es de entre 2.000 y 6.000 km, por lo que apenas supera los límites de alcance del INF.
El MIT lo desarrolló incluso antes de prescribir el tratado. Según la agencia estatal TASS, el coronel general Serguéi Karakáev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, reveló algunas características del misil en 2013.
“Si hablamos del misil terrestre móvil Yars (en referencia al RS-26 Rubezh) el vehículo de lanzamiento pesa más de 120 toneladas. En este misil modernizado, alcanzaremos 80 toneladas, haciéndolo más ligero”, declaró Karakáev.
En otras palabras, Rusia estaba desarrollando inicialmente un misil más ligero basado en el Yars que superaba los límites del INF en solo 500 km.
Como resultado, expertos coinciden en que el Oreshnik mencionado por Putin es probablemente un sistema de misiles con un alcance de 800 km o un desarrollo posterior de ese sistema, diseñado para un alcance aún más corto.
El Tratado INF tenía como objetivo reducir las tensiones en Europa.
La idea de la disuasión nuclear funciona para misiles balísticos intercontinentales, cuyos lanzamientos pueden ser detectados por sistemas de alerta, lo que daría tiempo suficiente para responder con un contraataque.
Lo mismo se aplica a los bombarderos estratégicos.
Pero esto no funciona si el tiempo de vuelo de un misil se mide en meros minutos.
Los misiles de corto y medio alcance eran uno de los factores más importantes que evitaban una disuasión nuclear estratégica efectiva.
Capaces de portar ojivas nucleares, eran casi imposibles de interceptar o destruir y, por lo tanto, no había oportunidad de contraataque al carecer de tiempo suficiente.
Además, las lanzaderas móviles para estos misiles eran muy difíciles de detectar y destruir con un primer ataque.
La presencia de misiles de corto y medio alcance cerca de las fronteras podría generar un conflicto militar al ser una amenaza casi imposible de defender, lo que podría provocar un ataque nuclear preventivo.
El ataque a Dniéper marcó el primer uso en combate de un misil de este tipo. Putin anunció que Rusia advertiría sobre el uso de esta clase de proyectiles.
“Treinta minutos antes del lanzamiento del misil Oreshnik, Rusia envió a Estados Unidos una notificación automática a través del centro de reducción de riesgos nucleares”, indicó el portavoz del presidente Putin, Dimitri Peskov.
El día antes del lanzamiento del misil, Estados Unidos cerró su embajada en Kyiv debido a “información específica sobre un posible ataque aéreo importante”.
Las embajadas de España, Italia y Grecia también cerraron, mientras que las de Francia y Alemania permanecieron abiertas, pero advirtieron a sus ciudadanos de que se mantuvieran alerta.
En los canales ucranianos de Telegram se barajaba la posibilidad de que Rusia usara el misil Rubezh contra Ucrania incluso antes de su lanzamiento. En particular, se especificó que el cohete había sido desplegado en el polígono de pruebas de Kapustin Yar.
En todo caso, la posibilidad de utilizar una nueva arma ya había sido anunciada anteriormente por el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin.
“No se puede descartar el uso de nuevos sistemas de armas que la Federación Rusa no ha empleado hasta ahora en territorio ucraniano”, comunicó el 18 de noviembre.
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