La guerra contra las drogas en México no empezó ayer
No, la guerra contra las drogas no empezó en 2006 con la famosa declaración de Felipe Calderón. Tampoco comenzó en 1971 con el llamado de Richard Nixon en Estados Unidos. No, la guerra contra las drogas —entendida como la ejecución de una serie de políticas caracterizadas por su dimensión punitiva y militarizada cuyo objetivo es obstaculizar la cadena económica que junta los puntos de producción de droga con los de consumo— tiene sus raíces históricas en las primeras décadas del siglo XX. En más de un sentido, la guerra contra las drogas es tan antigua como la formación del Estado mexicano; es, para bien y sobre todo para mal, parte constitutiva de su esencia.
El concepto de guerra contra las drogas es tan antiguo como la historia del narcotráfico en América del Norte. En julio de 1910, hace 111 años, el Washington Post ya hablaba de una “guerra contra el opio diabólico” (war upon evil opium). Frases similares eran comunes en periódicos estadounidenses y mexicanos de la época. En México, en concreto, se hablaba de la necesidad de evitar que el opio —asociado con la diáspora china en el país— terminara por infectar a los mexicanos y degenerar la raza. Bajo ese principio se establecieron, entre 1912 y 1925, el primer conjunto de leyes que castigaron y prohibieron el cultivo, comercio y consumo del opio y otras sustancias.
Contrario a lo que se suele pensar, las primeras prohibiciones no estuvieron determinadas por la presión del gobierno de los Estados Unidos, sino por el carácter conservador y el sentimiento antichino de varios de los liderazgos triunfantes de la Revolución mexicana. Es decir, el gobierno mexicano no fue obligado a adoptar la política antidrogas de los Estados Unidos; lo hizo bajo su propia voluntad y convencimiento.1
El establecimiento de estas primeras leyes dio pie a dos procesos que fueron, desde el inicio, parte medular de la guerra contra las drogas: por un lado, la criminalización del consumo de drogas y, por el otro, la implantación de castigos a campesinos acusados de cultivar opio y marihuana. Los abusos no se hicieron esperar. Es posible localizar, tan temprano como en 1925, casos de extorsión a cultivadores y consumidores de drogas por parte de los primeros agentes antinarcóticos2.
En las décadas siguientes continuó la letanía de leyes que castigaban de manera severa al -así llamado- adicto. El Reglamento de Toxicomanías de 1931, por ejemplo, confirmaba al adicto como “sujeto potencialmente lesivo”.3 Durante gran parte del siglo, éste fue desplazado a una suerte de purgatorio del área del derecho: al estado de “temibilidad predelictiva”, un concepto jurídico que, fuera del marco constitucional, garantizó su criminalización por varias décadas.4
Sobre este tema, uno de los episodios más vergonzosos -y menos estudiados- ocurrió en 1945, cuando el presidente Ávila Camacho amplió la suspensión de garantías individuales (establecidas en 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial) a presuntos consumidores y traficantes de drogas. Ello permitió que cientos de individuos fueran enviados a la prisión federal de las Islas Marías, sin proceso judicial mediante, acusados de delitos contra la salud.
Eran tales los excesos que cometían las autoridades mexicanas que un agente estadounidense consideró el decreto de Ávila Camacho como la “ley más restrictiva en lo que se refiere al tráfico de drogas”.5 No es exagerado afirmar que para finales de la década de los años cuarenta, las leyes mexicanas eran más represivas que sus equivalentes en Estados Unidos. El Código Penal de la Federación, por ejemplo, no hizo distinción entre narcotraficante, poseedor no adicto y poseedor adicto, sino hasta su reforma de 1968.
Contrario a las premisas de quienes han trabajado este tema,6 México no americanizó su política antidrogas; más todavía, hoy sabemos que en los Estados Unidos se estudió el caso mexicano para actualizar y volver aún más punitivo su propio sistema penal.
El mejor símbolo de la guerra contra las drogas es, sin embargo, la ejecución de las campañas de erradicación desplegadas en la zona serrana del Triángulo Dorado a partir de 1938. Estas campañas, que hoy continúan con aviones modernos y avanzada tecnología, suponían el envío de varios batallones de soldados y decenas de policías a lejanas regiones del país, al menos dos veces al año. Aunque el pretexto oficial era la erradicación de cultivos de amapola, este tipo de campañas fungieron más como una política de centralización del poder que tenía varias ventajas: mantener ocupado en estas tareas a parte del ejercito posrevolucionario, acotar el margen de acción de los gobernadores locales, mantener a raya las aspiraciones de caciques locales y apropiarse de parte de la renta que dejaba el cultivo de opio.
Como sucede hoy, las campañas de erradicación eran vistas con recelo por la población local que veía con repudio las incursiones militares. En 1941, por ejemplo, tras encabezar una incursión en Badiraguato, Sinaloa, el poderoso jefe de la PJF de Sinaloa, Alfonso Leyzaola, fue torturado y colgado de un árbol por pistoleros de la región.
Con el paso de las décadas aumentó la relevancia de las campañas de erradicación, así como el territorio en las que éstas se ejecutaban. Con apoyo de la Drug Enforcement Administration (DEA), la Policía Judicial y el Ejército continuaron desplegando campañas anuales que incorporaron nuevas tecnologías como el uso de herbicidas, y la impresión, procesamiento e interpretación de películas multiespectrales tomadas desde equipo aéreo con el fin de identificar y diferenciar cultivos lícitos de ilícitos. A diferencia de las campañas celebradas en la década de los años cuarenta, en los años setenta éstas abarcaban, además del Triángulo Dorado, zonas de Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos.
Aún hoy, queda por responder hasta qué punto estas campañas sirvieron a otros intereses burocráticos —a saber, más visibilidad, armas y recursos para el Ejército y la Policía Federal— o políticos —como el encubrimiento de acciones contra la guerrilla o grupos disidentes. Lo cierto es que, a partir de las campañas de erradicación, el Estado mexicano, de manera involuntaria o decidida, expandió su margen de acción y logró penetrar en zonas de “estatalidad limitada”; esto es, regiones donde se ejercían (y se siguen ejerciendo) soberanías concurrentes a los poderes del Estado7. En aquellos territorios donde el Estado no pudo (o no quiso) presentarse como aval de microcréditos, agroindustria o sistema educativo, lo hizo como llana y pura fuerza pública. La guerra contra las drogas fue la llave que le permitió acceder a lo otrora imposible.
No, la guerra contra las drogas no empezó ayer; es parte constitutiva del Estado mexicano. Para que esta política dé un giro a la izquierda no basta con reformas administrativas, como la regularización del uso lúdico de la marihuana, a pesar de ser tan loables. La historia demuestra que reformar la política de drogas implica también cambiar las bases más reaccionarias sobre la cuales se fundan las estructuras del Estado mexicano; no hacerlo es seguir perpetuando el sinsentido y la injusticia.
* Carlos A. Pérez Ricart (@perezricart) es Profesor-Investigador Titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México. Miembro de NORIA-Research MXAC.
1 Pérez Ricart, Carlos A. 2018. “U.S. pressure and Mexican anti-drugs efforts from 1940 to 1980: Importing the war on drugs?” En Beyond the Drug War in Mexico: Human rights, the public sphere and justice, editado por Wil G. Pansters, Benjamin T. Smith, y Peter Watt, 33–52. Oxford: Routledge.
2 Pérez Ricart, Carlos A., y Nidia Andrea Olvera Hernández. 2021. “Ascenso y declive de la Policía de Narcóticos del Departamento de Salubridad Pública en México (1917-1960)”. Historia Mexicana LXX (4): 1661–1713
3 García Ramírez, Sergio. 1977. Delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos. D.F. México: Trillas, (p. 88).
4 Idem, (p88-89)
5 Fred’k Gardner, Supervising Customs Agent. Carta a Commissioner of Customs. 1945, el 19 de mayo de 1945. RG 170, Caja 22, fólder 7. NARA.
6 Ver, entre otros, Toro, María Celia. 1995. Mexico’s “War” on Drugs: Causes and Consequences. Lynne Rienner Publishers.
7 Maldonado Aranda, Salvador. 2010. Los márgenes del Estado mexicano: territorios ilegales, desarrollo y violencia en México. Zamora: El Colegio de Michoacán; Das, Veena, y Deborah Poole, eds. 2008. “El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”. Cuadernos de Antropología Social 27: 19–52.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó uno de los programas industriales más grandes en años, que pretende poner a México entre las 10 primeras economías del mundo. Te contamos de qué se trata.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó uno de los planes de desarrollo económico más ambiciosos de México en años, justamente en un momento de gran incertidumbre para su país por la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A una semana del cambio de poder en Washington, desde Ciudad de México los altos funcionarios y los principales directivos empresariales del país se reunieron el lunes para escuchar los objetivos y estrategias que Sheinbaum presentó en una ceremonia especial.
Entre sus más grandes metas está que la economía de México sea la décima del mundo, producir en el país 50 % del consumo de productos interno, crear 100 parques industriales para emplear a miles de obreros y que el país se posicione en el top 5 de los destinos turísticos del mundo.
“Que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo. Que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante”, dijo Sheinbaum con optimismo, pero sin mencionar directamente a Trump.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, definió el plan como una “carta de navegación de México para la nueva era que vamos a enfrentar”.
“De los 42 años que llevo yo en el servicio público, es el único instrumento que he visto así”, destacó. “Hay incertidumbres en el futuro inmediato, pero si estamos cohesionados y tenemos una dirección nacional como la que tenemos vamos a salir adelante”.
Los analistas económicos del país celebraron el plan por tener objetivos y formas claras de llegar a ellos, cuando menos en su presentación. Otros, sin embargo, hicieron notar la falta de voz y reconocimiento al sector obrero y sindical.
Para Mario Campa, un analista económico formado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, “al menos en el papel, es la política industrial más audaz de las últimas cuatro o cinco décadas en México”, dice a BBC Mundo.
Por otro lado, el académico Carlos Pérez Ricart, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, destaca que es “es una buena respuesta ante el clima de incertidumbre que vive el país”, aunque considera que falta por precisar cómo lograrlo.
“Es una estrategia a mediano y largo plazo de desarrollo económico que pretende hacer frente a una situación muy compleja, entre decisiones propias, como la reforma judicial, y por la elección de Donald Trump”, dice.
Pero ambos coinciden en que genera buenas expectativas para el futuro inminente y a mediano plazo del país.
Las grandes metas
En su presentación del Plan México, la presidenta enumeró 13 grandes metas y puso algunos plazos y acciones de gobierno para lograrlas.
- Ser la 10ª economía del mundo. Actualmente México está en la posición 12 respecto al producto interno bruto (PIB), según el Banco Mundial.
- Inversión superior al 25 % del PIB. Que el gobierno y el sector privado alcancen el 30 % de inversión respecto al PIB para el año 2030.
- 1.5 millones de empleos especializados. Crear plazas de trabajo en manufactura y profesiones especializadas.
- Fabricar más en México. Que el 50 % de lo que consume el país sea “Hecho en México” en “sectores estratégicos” como textil, calzado o mobiliario.
- 15 % en el mundo “Hecho en México”. Aumentar la participación de México en las exportaciones mundiales.
- Compras del gobierno locales. Que el gobierno compre la mitad de sus adquisiciones en el mercado nacional.
- Vacunas mexicanas. Realizar en el país todo el proceso de fabricación de vacunas con “biotecnología avanzada”.
- 1 año de trámites para invertir. Pasar de 2.5 a 1 año el periodo de trámites de nuevos negocios en el país, con 50 % menos requisitos.
- Formar 150 mil profesionistas y técnicos. Cada año educar al menos ese número adicionales en “sectores estratégicos” más los que ya egresan.
- Inversiones amigables con el ambiente. Que las industrias tengan políticas de reúso, energías limpias y procesamientos de desechos.
- Financiar 30 % de pequeñas y medianas empresas. Que el gobierno y la banca privada apoyen casi un tercio de los negocios medianos y pequeños.
- Top 5 de turismo en el mundo. Posicionar al país entre los cinco destinos más visitados del mundo.
- Disminuir pobreza y desigualdad. Sostener y ampliar los 9.5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza en los últimos seis años.
Sheinbaum también presentó una lista de 15 fechas clave inmediatas para la implementación de las nuevas acciones entre enero y abril de este año. “Pasamos de un periodo en donde la planeación no necesariamente era el eje de una visión”, destacó.
Parte del equilibrio que busca para el desarrollo general del país, contrario al enfoque en la región fronteriza en Estados Unidos, es la conformación de 12 “Polos de Bienestar”, unas áreas estratégicas en las que se cree industria conforme a los recursos locales.
“El objetivo (…) es incorporarnos todos a esta visión de nuestro país, que sea parte, cada uno de los mexicanos y mexicanas, por más diferencias que tengamos, en una visión de largo plazo de nuestro país, a eso es a lo que los estamos invitando”, dijo.
“Hecho en México”
Como el principal socio comercial de Estados Unidos, la estrategia de industrialización de Sheinbaum es mantener al país como el proveedor del gran mercado norteamericano.
Pero uno de los principales enfoques del Plan México es volver a fabricar cosas en México que en décadas anteriores se traían del exterior, principalmente China. A lo largo de las últimas décadas, el país dejó de producir lo que consumía para importarlo desde Asia.
Hoy el 10 % de las exportaciones chinas tienen como destino México, expuso el secretario de Hacienda mexicano Rogelio Ramírez.
“Esta pérdida de participación nos costó, sobre todo, a México y Estados Unidos, Canadá menos, pero nos costó a los dos países con mayor población mucha industria, muchos empleos, mucha pérdida de actividad, sobre todo, sectores completos de la economía fueron perdidos“, señaló.
Campa explica que el nuevo plan no es una sustitución de importaciones como la del pasado, que tenía otro contexto, sino un nuevo enfoque hacia el mercado nacional. Que haya un plan integral favorece que se puedan alcanzar metas como las planteadas, explica, aunque la ejecución será clave.
“Me parece un plan comprensivo, por tocar aspectos como aranceles focalizados, un fondo de desarrollo para pequeñas y medianas empresas, inversión en energía, inversión mixta en infraestructura y logística, simplificación de trámites de inversión, elevar el número de ingenieros, la parte fiscal que facilita el nearshoring (relocalización), la construcción de polos con parques industriales y la investigación científica”, señala.
El desarrollo social que tiene que acompañar es clave, pues la mano de obra cualificada -y aspectos básicos como tener una vivienda cercana al trabajo- son clave para el buen desarrollo de polos industriales.
“Hay casos de quienes dirigen plantas de manufactura muy grande y hablan de déficit de vivienda que ocasiona rotación de personal”, señala Campa. “Y la mano de obra calificada, a veces se subestima, pero es muy importante, porque evita la rotación”.
Pérez Ricart se muestra escéptico sobre la suficiencia presupuestaria para hacer una inversión pública de la magnitud que plantea Sheinbaum.
“El plan es novedoso en cuanto a que tiene un diagnóstico y metas claras. Y formas de llegar a esto. Hay una idea de país. Pero no está claro que se vaya a invertir mucho más dinero de lo que ya se invertía en esto”, dice.
¿Un buen plan frente a Trump?
La llegada de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero para un segundo periodo, ha generado expectativa sobre sus decisiones políticas.
A diferencia del primer periodo, explica Pérez Ricart, el republicano ya no tiene expectativas de reelección, por lo que sus políticas podrían ser más agresivas al no temer por un voto de castigo si algo sale mal.
México y Canadá, los dos socios comerciales y vecinos en Norteamérica, ya han sido objeto de amenazas arancelarias por problemas como la migración o el tráfico de drogas. La respuesta de ambos países frente a Washington ha sido también motivo de expectativa.
Para Pérez Ricart, no existe un plan que pueda tener preparado a México para lo que surja a partir del próximo lunes: “No hay una receta ni una respuesta adecuada para Donald Trump. Nadie tiene aquí la clave. La presidenta está haciendo lo mejor que puede en las circunstancias que tiene. Pero es tanta la incertidumbre en términos de tarifas e intervencionismo que nada se puede planear”.
Campa considera también que no hay ninguna garantía de que el Plan México pueda avanzar como está previsto, pero lo ve como un buen “instrumento defensivo y de negociación”, en especial los aranceles que México está pensando en imponer a ciertas manufacturas de China, tal como lo espera Trump.
“El proteccionismo de EU llegó para quedarse un buen rato y México necesita este tipo de planes, como el Plan México, como opción b de largo plazo”, concluye.
Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México
Fuera o no una respuesta a la elección de Trump, resulta inevitable entender la presentación del Plan México como eso: un llamado a la calma, un gesto de unidad nacional, un ejercicio de orden y cordura ante los tiempos convulsos que pueden venir.
Sheinbaum mostró una vez más su perfil académico, de rigurosidad y meticulosidad, en una presentación que genera consenso en su diagnóstico y soluciones, pero escepticismo en su factibilidad.
Si hay duda de que la presentación tenía como objetivo algo más que sentar las bases del futuro, sino más bien dar un golpe de opinión, hay que ver dónde y con quién se hizo: en el majestuoso patio del Museo Nacional de Antropología, una entidad que enseña la grandeza de México, y con la presencia de actores del empresariado como Carlos Slim Domit, el hijo del hombre más rico del país, Carlos Slim Helú.
“El objetivo es hacer de México el mejor país del mundo”, dijo la presidenta. Y no son pocos los mexicanos, ricos y pobres, empresarios y trabajadores, que creen que puede lograr tal cosa.
El pesimismo alarmista que se generó en 2016, con la primera elección de Trump, esta vez pasó de agache. Las mayorías, incluso ante la amenaza de los aranceles y las deportaciones trumpistas, ahora creen que el país va por buen camino. Y que está en buenas manos.
Sheinbaum goza de una popularidad inédita del 80 %. Un número envidiable para cualquier presidente que se atribuye tanto a su perfil técnico como a su costado político. El reto ahora será mantenerlo.
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