El mar y el derecho a una vida digna
Desde siempre, las sociedades humanas han formado parte de los ecosistemas que habitan, viviendo en estrecha relación con sus plantas y animales. Para muchas culturas es imposible establecer una línea divisora entre “naturaleza” y “humanidad”. En la mayoría de las cosmovisiones indígenas, la unidad entre todos los elementos de los distintos ecosistemas es fundamental, entendiendo a la humanidad como un elemento más que compone la vida.
Las personas han moldeado sus prácticas y formas de vida dependiendo del entorno en el que habitan, generando vastos conocimientos que forman parte de sus distintas expresiones culturales. El mar es parte fundamental de la cosmovisión y cultura de muchos pueblos. Las personas que lo habitan han desarrollado formas de vida y tradiciones que no pueden entenderse ni transcender sin el mar y sus organismos. Este ecosistema está siempre presente en nuestras vidas. Incluso aunque no lo conozcamos personalmente, el mar alimenta nuestra imaginación y nuestros cuerpos. Nos invita a soñar e imaginar mundos desconocidos y criaturas únicas y, al mismo tiempo, es una fuente indispensable de alimentos para la humanidad.
Tristemente, el deterioro ambiental ha provocado un distanciamiento entre las personas y los ecosistemas. Ha expulsado a las y los jóvenes de sus comunidades, al dificultar la posibilidad de vivir dignamente de las labores campesinas y de pesca. Esto ha llevado a una gran pérdida de conocimiento respecto al aprovechamiento de los recursos naturales y a un deterioro significativo en la vida e identidad de las personas.
En Oceana dialogamos constantemente con comunidades pesqueras y la situación crítica en la que se encuentran es preocupante: el cambio climático, la contaminación de las cuencas de agua en los continentes, la falta de un marco normativo adecuado y de mecanismos de control y vigilancia han acelerado el deterioro de los ecosistemas, las especies marinas y los recursos pesqueros. Esto ha debilitado el tejido comunitario: jóvenes que enfrentan condiciones adversas para vivir de la pesca han abandonado sus comunidades, lo que vulnera la vida de quienes dependen del mar y pone en riesgo la capacidad de alimentar de manera sustentable al mundo.
Es fundamental generar mecanismos de colaboración entre autoridades, comunidades pesqueras y sociedad civil para escuchar las propuestas y preocupaciones de estas comunidades y, en conjunto, proteger y cuidar los ecosistemas marinos y los recursos pesqueros. Es necesario garantizar la continuidad de los pueblos que viven en íntima relación con el mar y asegurar que este siga siendo fuente de alimento para la humanidad.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las comunidades y pueblos pesqueros, entre ellos el derecho a un ambiente sano, a la identidad cultural, y a una alimentación y vida dignas.
El cuidado de los mares es fundamental para garantizar derechos humanos básicos. Se estima que en México más de 200 mil personas viven directamente de esta actividad, recreando su cultura y formas propias de vida, manteniendo viva una práctica cultural que ha alimentado a la humanidad durante miles de años. Además, millones de personas consumen diariamente productos derivados del océano, convirtiéndolo en una fuente indispensable de alimento.
Existe una creciente preocupación por el deterioro de los recursos marinos y la necesidad de implementar mecanismos de regulación y control. En México, el 40 % de los peces capturados provienen de la pesca ilegal o irregular, lo que afecta la calidad de vida de quienes históricamente han vivido del y con el mar. Por ello, diversas voces de personas pescadoras han buscado ser escuchadas, resaltando la importancia de cuidar los océanos y los recursos pesqueros como una medida clave para garantizar sus derechos humanos básicos y una alimentación de calidad para el mundo.
Ante estas preocupaciones, Oceana implementó desde hace dos años una estrategia jurídica para que el Congreso de la Unión legisle a favor de la restauración de las diferentes pesquerías, garantizando así los derechos humanos de las poblaciones pesqueras. Actualmente, el tema está siendo analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que por primera vez revisará un asunto relacionado con la pesca. Ellos tienen la oportunidad histórica de impulsar medidas que garanticen el futuro de las poblaciones y comunidades pesqueras y, con ello, asegurar alimento de buena calidad para el mundo.
* León Pérez es Coordinador de los trabajos en campo de Oceana en México.
El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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