La ciudad que se prometió vs. la ciudad que existe
En la Ciudad de México se ha vuelto normal escuchar la palabra “utopía”. Con ella, la administración capitalina intenta nombrar espacios destinados a combatir desigualdades, garantizar derechos y construir una ciudad más justa.
Sin embargo, cuando se trata del derecho a un medio ambiente sano, la utopía se queda en menos que un concepto. Porque una ciudad verdaderamente justa y sustentable no solo se construye con espacios recreativos o programas sociales: también con aire limpio, sistemas de recolección de residuos eficientes, políticas sólidas de prevención y un compromiso serio para frenar la contaminación. En particular, la contaminación plástica.
Hoy, quienes vivimos en la Ciudad de México, no habitamos una utopía. Habitamos una ciudad sumergida en plásticos: bolsas, empaques, unicel, empaques de comercio electrónico, residuos sin separación real y una cadena interminable de basura que aparece en cada coladera, cada barranca, cada camellón.
A lo anterior, se suma un discurso oficial que enfatiza la responsabilidad individual sobre la empresarial/industrial. A la ciudadanía se nos exige separar la basura, reducir el consumo, usar menos plásticos. Sin embargo, el gobierno evade responsabilidades y evita regular a quienes realmente sostienen el modelo de producción de desechables plásticos: las grandes empresas, muchas de ellas extranjeras.
Mientras a la ciudadanía se le pide cargar con la culpa ambiental, compañías de comercio electrónico inundan todos los días la ciudad con basura plástica de un solo uso del mismo material que las bolsas plásticas prohibidas desde 2020.
La consecuencia es tangible: contaminación en calles, pérdida de calidad del aire, riesgos a la salud, afectación a ecosistemas urbanos y una violación cotidiana al derecho constitucional a un medio ambiente sano y, por lo tanto, a nuestra salud.
La Ciudad de México presume innovaciones urbanas, pero enfrenta una crisis ambiental que no se resuelve con campañas ni eslóganes publicitarios; basta recordar las inundaciones de hace unos meses para tenerlo aún más claro. Si el gobierno realmente quiere construir una ciudad sustentable, debe hacer algo que hasta ahora no ha querido: regular en serio a las grandes industrias que introducen plásticos desechables al mercado.
No basta con decirle a la ciudadanía que reduzca su consumo. El cambio real comienza por donde más duele: las cadenas de producción.
La utopía ambiental no se construye solo con parques o centros comunitarios: se crea con datos transparentes, políticas valientes y una visión que entienda que la justicia ambiental es también justicia social.
* Alma Ugarte es Enlace Legislativo de Oceana.
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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