El Golfo de México en riesgo: ecosistemas en peligro y la huella de los derrames de petróleo
El Golfo de México es una de las regiones marinas más diversas y productivas del mundo. Sus ecosistemas se extienden desde las lagunas costeras hasta los arrecifes de coral y las profundidades del mar, creando un complejo entramado de vida que sustenta a especies marinas clave, así como a las comunidades humanas que dependen de sus recursos.
Los hábitats costeros como lagunas, marismas y manglares son fundamentales para la crianza de peces y crustáceos, la protección contra tormentas y la estabilización de la línea costera. Las playas arenosas son puntos críticos para el desove de las tortugas marinas, mientras que los arrecifes de coral y los pastos marinos en aguas someras brindan refugio a innumerables especies. A mayor profundidad, los arrecifes mesofóticos sostienen comunidades de peces, moluscos y corales de aguas frías.
Estos ecosistemas no solo benefician a la biodiversidad marina, sino que también proporcionan alimento y empleo a miles de personas que dependen de la pesca y el turismo en el Golfo de México. A medida que el mundo avanza hacia las energías renovables, nuestras infancias crecerán en un contexto donde los combustibles fósiles serán parte del pasado, pero seguirán pagando los daños causados por su explotación en décadas anteriores.
El desastre de la plataforma Deepwater Horizon en 2010 fue el mayor derrame de petróleo en la historia humana, liberando millones de barriles de crudo en el Golfo de México. Más de una década después, sus efectos siguen siendo motivo de preocupación. Se estima que al menos 29 especies endémicas de peces han disminuido desde este derrame, lo que indica una posible pérdida de biodiversidad a largo plazo.
Las tortugas marinas fueron particularmente afectadas: miles de juveniles y adultos murieron por ingestión de crudo y exposición a hidrocarburos. Entre 4,900 y 7,600 tortugas juveniles y adultas perecieron, junto con hasta 166,000 tortugas juveniles de mayor tamaño. Además, la contaminación afectó las playas donde anidan, reduciendo el éxito de las crías. Aunque se implementaron programas de rescate y rehabilitación, el impacto en sus poblaciones tardará décadas en revertirse.
Los mamíferos marinos también sufrieron consecuencias graves. Los delfines de Barataria Bay y Mississippi Sound, en Estados Unidos, experimentaron un aumento del 35 % en la mortalidad y del 46 % en fallas reproductivas. Se estima que estas poblaciones tardarán hasta 39 años en recuperarse.
El impacto de estos eventos no es solo ecológico, también económico y social. La contaminación petrolera afecta a los pescadores al reducir la disponibilidad de peces comerciales y deteriorar la calidad del agua, provocando conflictos por los recursos marinos.
Los derrames de petróleo nos dejan una lección clara: la extracción de combustibles fósiles tiene un costo ambiental y social que perdura por generaciones. Las decisiones que tomemos hoy determinarán si las futuras generaciones podrán disfrutar de los arrecifes de coral, los manglares y las tortugas marinas, tal como lo hacemos ahora.
Es crucial fortalecer las políticas de prevención de derrames. A medida que el mundo se aleja de la dependencia de combustibles fósiles, es nuestra responsabilidad asegurar que los ecosistemas del Golfo de México sean protegidos, para que las infancias del futuro puedan conocer un mar lleno de vida y posibilidades sin pagar las irresponsabilidades de nuestro presente.
* Mariana Reyna es Coordinadora de Ciencia de Oceana en México.
Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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