
Este 2025 marcó un punto de inflexión en la lucha por la protección de nuestros océanos. Mientras el Estado mantiene silencio ante la crisis ambiental marina, la ciudadanía, las comunidades costeras y la comunidad científica han alzado la voz para manifestar la urgencia de proteger nuestros mares.
Desde marzo, cuando lanzamos la campaña “El Golfo de México Nos Une”, ha sido esperanzador ver cómo esta afirmación se llena de historias, anécdotas, ciencia y trabajo colectivo. Sí, el Golfo de México nos une: tejiendo puentes entre comunidades de Veracruz, Campeche y Yucatán o desde la academia, donde la investigación demuestra los riesgos de los hidrocarburos en los mares y cómo la ciudadanía se suma a la exigencia de protegerlos.
Más de 50,000 personas han firmado para exigir la protección de las aguas profundas del Golfo de México, rechazando la extracción de hidrocarburos en estos ecosistemas únicos y frágiles. Esta cifra representa un movimiento ciudadano que comprende la importancia de los océanos en nuestro presente y futuro, y cómo la industria de los combustibles fósiles los daña.
Pescadores que han vivido del mar durante generaciones ahora alzan la voz junto a científicos que estudian estos ecosistemas. Su mensaje es unánime: proteger la pesca artesanal y los ecosistemas profundos no son objetivos opuestos, sino dos caras de la misma moneda. La comunidad científica ha sido contundente al señalar que los ecosistemas de aguas profundas son irremplazables, albergan biodiversidad única y juegan un papel crucial en la regulación del clima global.
Paralelamente, este año presentamos el Semáforo de la Pesca, una herramienta que facilita el acceso a la información sobre el estatus de las pesquerías en México para promover la participación de las personas pescadoras en la toma de decisiones e impulsar políticas públicas para la recuperación pesquera.
Como un semáforo de tránsito, este instrumento indica con claridad qué especies están en rojo (en deterioro), cuáles en amarillo (precaución) y cuáles en verde (aceptables). Los resultados son alarmantes: 23 % de las pesquerías de nuestro país están en deterioro, y 27 % se encuentran en la categoría de precaución, debido a que carecen de información suficiente para saber si pueden aprovecharse sustentablemente o requieren alguna medida para su recuperación.
Seamos honestos: los retos son enormes. La contaminación por plásticos sigue ahogando nuestras costas y océanos; la pesca ilegal despoja a las comunidades de su sustento; los ecosistemas marinos se deterioran a ritmos acelerados por actividades humanas que van desde el desarrollo urbano hasta la exploración y extracción de hidrocarburos en el mar, todo esto en un contexto de cambio climático que acelera la crisis. Las autoridades ofrecen opacidad donde debería haber transparencia. Inacción donde se requiere urgencia.
Sin embargo, 2025 también nos enseñó algo fundamental: la esperanza no viene desde arriba, sino desde abajo. Viene de las comunidades costeras que se organizan para defender sus territorios, de los pescadores que adoptan prácticas sustentables pese a la falta de apoyo gubernamental, de las organizaciones que documentan y exigen rendición de cuentas, y de miles de ciudadanos que firman, comparten, se informan y actúan.
Cada firma recabada, cada pescador que se suma a la causa, cada científico que alza la voz, cada ciudadano que exige información y acción es un acto de resistencia y esperanza. Es la prueba de que cuando las instituciones fallan, la sociedad civil puede y debe tomar la estafeta. Porque al final, los mares no pertenecen a administraciones temporales ni a intereses empresariales. Los océanos son de quienes viven de ellos, de quienes los estudian, de quienes los aman y de las generaciones futuras que merecen heredar mares vivos.
Mientras cerramos este año y miramos hacia 2026, lo hacemos con la certeza de que el cambio es posible y esto es solo el comienzo. El Golfo de México ya nos unió; ahora nos toca cuidarlo juntos. Los océanos no pueden esperar. Nosotros tampoco.
* Renata Terrazas es Directora Ejecutiva en Oceana.

La excarcelación llega en un momento de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Venezuela liberó a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Los detenidos fueron puestos en libertad la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.
“Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira”, expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La organización agregó que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó “65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira”.
“Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”, indicó en su comunicado, en el que remarcó que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.
Según estas organizaciones, el proceso de excarcelaciones había estado paralizado durante varios meses, lo que motivó reiterados llamamientos públicos para que se revisaran los expedientes de las personas detenidas.
Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde marzo.
Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.
Tras los comicios más de 2.400 personas fueron detenidas -aunque la mayoría fueron después liberadas- y acusadas por la Fiscalía de delitos graves como terrorismo.
Organizaciones no gubernamentales y opositores, por su parte, las consideran presos políticos, algo que el ejecutivo de Maduro niega.
La liberación de 71 presos se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.
En las últimas semanas la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas el refuerzo de acciones para bloquear la exportación de petróleo venezolano y la intensificación del despliegue militar en el mar Caribe.
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