El artículo tercero de la Constitución establece que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación (MEJOREDU) debe “realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional”. Las evaluaciones diagnósticas se han realizado desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022, pero fue hasta hace un par de semanas que se publicaron, por primera vez, los resultados con el informe correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, en el que se evaluó una muestra representativa de poco más de un 1.4 millones de estudiantes de segundo de primaria a tercero de secundaria.
Esta evaluación es una obligación constitucional y debe proporcionar información útil tanto a docentes como estudiantes sobre el punto de partida de sus aprendizajes al inicio del ciclo escolar, para identificar las áreas que se deben reforzar. A pesar de su utilidad, hay espacios para la mejora, pues si bien el informe da cuenta de los campos específicos que fueron evaluados en cada área de conocimiento, la información no se presenta por niveles de desempeño como se realiza en evaluaciones internacionales como PISA; esto permitiría orientar de una mejor manera las políticas educativas, al identificar lo que los estudiantes pueden o no pueden hacer. Otro punto débil es dar los resultados en porcentaje de aciertos, ya que no se podrán realizar comparaciones objetivas entre los resultados obtenidos al inicio y al final de cada ciclo escolar, o entre ciclos.
Pero lo más preocupante es que los resultados no son alentadores. En la evaluación de los aprendizajes de lectura, únicamente los alumnos de segundo grado de primaria tuvieron un porcentaje de aciertos mayor a 60 %, y a partir de tercero de primaria estuvieron por debajo del 50 %, con los resultados más bajos entre los estudiantes de cuarto y quinto de primaria. En cuanto a los aprendizajes de matemáticas, en ningún grado se obtuvieron resultados superiores a 60 % y los resultados más bajos los tuvieron las alumnas y los alumnos de quinto de primaria.
Además de las áreas de conocimiento de lectura y matemáticas, también se evaluaron los aprendizajes en formación cívica y ética, con resultados muy similares. En ningún grado los estudiantes obtuvieron más del 60 % de aciertos, siendo los más bajos entre los estudiantes de segundo de secundaria. Esto demuestra, en gran medida, que el derecho de las niñas y niños a aprender en la escuela no está siendo garantizado.
No podemos culpar ni a los estudiantes ni a los docentes por estos resultados, ya que existen múltiples factores que pueden explicar los bajos niveles de logro alcanzados. Estos van desde la coexistencia de dos planes de estudio (el plan de estudios 2011 y el 2017) hasta la interrupción de las clases presenciales con motivo de la pandemia de COVID-19. Hay una tendencia decreciente del porcentaje de aciertos desde tercero hasta quinto grado de primaria, y la explicación podría ser que fueron precisamente estos estudiantes los que iniciaron o cursaron varios grados de educación primaria a distancia, con modelos híbridos, o apoyándose solamente por las herramientas de “Aprende en Casa”. Esto nos muestra una clara necesidad de que las autoridades educativas diseñen políticas públicas específicas para atender a esta generación y garantizar que estas niñas y niños no solamente estén en la escuela, sino que también adquieran ahí los conocimientos básicos. Seguimos viendo los efectos de la pandemia y la poca efectividad de las políticas públicas aplicadas en lo económico, lo social, y en este caso en lo educativo, ya que muchos de estos estudiantes arrastrarán las consecuencias de la interrupción de clases en los siguientes años, y probablemente egresarán del sistema escolar sin haber recuperado los aprendizajes que han perdido.
Para Mexicanos Primero es fundamental que las niñas, niños y adolescentes tengan garantizado su derecho constitucional a la educación, que estén, aprendan y participen activamente en la escuela. Por ello seguiremos impulsado y analizando procesos de evaluación que den cuenta del estado de los aprendizajes y permitan diseñar más y mejores políticas públicas basadas en evidencia, dirigidas a atender las deficiencias del sistema educativo mexicano.
* Teresa Gutiérrez Cortés es coordinadora del Área de Proyectos Especiales.
Hombres jóvenes con jeans y chanclas hacen fila como en un cortejo fúnebre frente al hospital Nasser en Jan Yunis.
Desde que Israel comenzó a bombardear intensamente el sur de Gaza el 1 de diciembre, cientos de personas han muerto.
Es otra noche en la densa penumbra frente a las salas de emergencias.
Afuera hay hombres vestidos con batas, serenos. Se alzan voces y los hombres se agolpan a su alrededor.
Cualquier orden está empezando a desmoronarse: la gente está traumatizada y agotada.
Un auto se detiene, suena la bocina y las luces parpadean, sacan a un joven, lo colocan en una camilla y luego lo llevan al interior.
Llega otro vehículo cubierto con polvo y ayudan a un niño a salir. Sabe caminar y es pequeño, sólo tiene cuatro o cinco años.
Al día siguiente, en el centro de la ciudad, Samah Ilwan, madre de seis hijos, pide ayuda.
“Quiero enviar un mensaje al mundo entero y al árabe”, dice.
“Quiero decirle al mundo que somos inocentes. No hicimos nada malo“, agrega.
La mujer agita en el aire dos botellas de agua vacías y dice que sus hijos, cinco niñas y un niño, tienen sed.
“Nos hemos vuelto como perros y gatos. Quizás los perros y los gatos encuentren refugios. Nosotros no tenemos ninguno. Estamos abandonados en la calle“, afirma.
Desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, la vida ha quedado destrozada.
Hamás, una organización terrorista proscrita en la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, mató al menos a 1.200 personas y llevó a más de 240 como rehenes a Gaza.
A estos hechos le siguieron semanas de intensos bombardeos y una invasión terrestre israelí en el norte.
El Ministerio de Salud dirigido por Hamás dice que más de 15.800 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños.
Una tregua de siete días se acordó para permitir el intercambio de algunos rehenes por prisioneros palestinos.
Pero ahora la guerra se reanudado y estoy solo en Jan Yunis, mientras mi familia está en el centro de Gaza.
Este era el lugar más seguro para el camión satélite, con buena señal para transmitir, hasta hace unos días.
Yo siempre he estado orgulloso de ser periodista, pero mis opciones se están acabando. Me siento acorralado.
Pude viajar al centro de Gaza cada pocos días para ver a mi familia. Pero ahora los israelíes han cerrado una carretera y la otra es muy peligrosa.
Soy originario del norte, pero huí al sur con mi familia después de que el ejército israelí me lo ordenara, diciendo que el sur era un “lugar seguro”.
Ahora nos advierten de una “operación terrestre peligrosa” en Jan Yunis y nos dicen que debemos avanzar más al sur, hasta Rafah, justo en la frontera con Egipto.
A pesar de todo lo que nos ha sucedido a mí y a mi familia desde el comienzo de la guerra, esta es la primera vez que me siento completamente perdido.
Me han arrebatado toda la fuerza de voluntad y el control.
Estoy acostumbrado a mantener a mi familia segura y protegida, ideando un plan. Ahora la indecisión se ha apoderado de mi
¿Debería ir a Rafah, seguir trabajando y esperar que mi familia esté bien? ¿O debería intentar volver con ellos, dejar de informar y, si pasa lo peor, al menos moriremos juntos?
Espero que nadie más tenga que enfrentarse nunca a esta terrible elección, que no es una elección en absoluto.
Los periodistas en la mira
Desde el inicio de las operaciones militares israelíes en Gaza al menos 63 periodistas han muerto y otros 11 han resultado heridos, de acuerdo con los registros del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
- 56 de los comunicadores fallecidos eran palestinos, 4 israelíes y 3 libaneses, según el reporte de la organización.
- Otros 19 comunicadores han sido arrestados.
“La envergadura, la gravedad y la recurrencia de los crímenes internacionales contra los periodistas en Gaza exigen una investigación prioritaria de la Corte Penal Internacional (CPI)”, reclamó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El pasado 31 de octubre organización que protege a los comunicadores presentó una denuncia contra las autoridades israelíes ante el juzgado con sede en La Haya (Países Bajos).
Las fuerzas israelíes han dicho a las agencias de noticias que no pueden garantizar la seguridad de los periodistas que trabajan en Gaza.
Aunque no son defensores de los derechos humanos, “muchos periodistas actúan como tales cuando, por ejemplo, informan de abusos y actos que han presenciado”. Y, por lo tanto, deberían ser protegidos al momento de realizar sus labores, escribió el relator especial de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
