¿Qué pasó con el PIN parental?
El año pasado abrimos en este espacio la discusión sobre una medida que atentaba contra los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), específicamente su derecho a la educación y a la salud: el denominado “PIN parental”. El PIN parental pretendía ser un “veto” otorgado a las madres y padres de familia sobre los contenidos educativos impartidos a sus hijas e hijos, particularmente aquellos que consideraran atentaban en contra de sus convicciones éticas, morales y/o religiosas, tales como la educación sexual. En los hechos, únicamente fue aprobado en la Ley de Educación del estado de Aguascalientes (LEA), pero en varios otros estados se contempló su implementación en la presentación de distintas iniciativas legislativas.
Junto con diversos actores de la sociedad civil y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en Mexicanos Primero hicimos un llamado para que el PIN parental fuera expulsado de las leyes de Aguascalientes y no se aprobara en otros estados. En ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y diversos diputados integrantes del Congreso del mismo estado promovieron demandas de Acción de Inconstitucionalidad en contra del PIN parental. Asimismo, un colectivo de organizaciones encabezado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) presentó una demanda de amparo en contra de la LEA. A todo esto, ¿en qué quedaron estas acciones legales y qué pasó con el PIN parental?
Empezamos con el juicio de amparo promovido por GIRE y sus organizaciones aliadas, ya que fue el primero en tener una resolución definitiva. Tras haber logrado una suspensión provisional y definitiva, en noviembre del año pasado, el Juez Primero de Distrito en Aguascalientes declaró inconstitucional el artículo de la LEA que contenía el PIN parental. Lo anterior, al considerar que el PIN parental es a todas luces contrario al derecho a la educación, el cual contempla la educación sexual, y el derecho a la salud de NNA, puesto que la educación sexual permite gozar de ese derecho en su plenitud.
En la sentencia, el Juez ordenó a las autoridades de Aguascalientes: 1) no “dar a conocer, previo a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores” a las madres y padres de familia; 2) se abstengan de “tomar acciones que traigan como resultado que sean los padres de familia los que por medio de su consentimiento permitan la inasistencia de sus hijos a las escuelas”, y 3) “tomen acciones afirmativas, con la finalidad de ilustrar a los padres de familia sobre la importancia de la educación integral”, incluida la educación sexual. La sentencia no fue recurrida por las autoridades responsables y fue cumplida en su totalidad de acuerdo al criterio del Juez en abril de este año. En los hechos, gracias a esta sentencia, el PIN parental no tuvo ningún efecto en las escuelas de Aguascalientes.
Con esta resolución presente, en los meses posteriores, el Congreso de Aguascalientes inició un proceso para reformar la LEA y eliminar de su artículo 4º las porciones que incluyeron al PIN parental. El 29 de junio de este año fue publicada dicha reforma, la cual elimina cualquier posibilidad de que las madres y padres de familia ejerzan algún control sobre los contenidos impartidos a sus hijas e hijos. En consecuencia, al resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el mes pasado, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, CEDHA y diputadas y diputados integrantes del Congreso de Aguascalientes fueron sobreseídas (se puso fin a su reclamo) respecto del PIN parental, puesto que la norma dejó de surtir efectos; dígase, dejó de existir.
No cabe duda de que la labor de exigencia desarrollada por la sociedad civil, acompañada de esfuerzos legales contundentes, ha demostrado rendir frutos a favor de los derechos de las personas. En este caso, gracias a la activación del Poder Judicial, la intervención de la CEDHA y CNDH, y la gran presión ejercida desde varias trincheras en contra del PIN parental, al final prevaleció el resguardo y defensa de los derechos de NNA. Esta gran victoria se une a varios otros precedentes que permiten a organizaciones como Mexicanos Primero, a través de su brazo jurídico Aprender Primero, seguir labrando el camino en tribunales a favor de un ejercicio más pleno y efectivo del derecho a una educación integral de niñas, niños y adolescentes.
* Fernando Alcázar Ibarra (@feralc23) es responsable del Área de Estudios Jurídicos de Mexicanos Primero.
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