Cuando hablamos de educar, surge una gran variedad de temas pertinentes para que las personas puedan desarrollar sus habilidades plenamente. Nadie discute el papel de la escuela para trasmitir contenidos académicos, es decir, aquellos relacionados con lo cognitivo: la lectoescritura, las operaciones aritméticas, el método científico, por ejemplo. Se complica un poco la mirada cuando se piensa en qué otros contenidos tenemos que aprender las personas. Hay voces que -con justa razón- claman por educación financiera, educación para la sustentabilidad, educación sexual, habilidades tecnológicas, entre muchas otras posibilidades.
Cada vez queda más claro que las habilidades cognitivas son importantes para el mundo actual, pero también surge con fuerza una reflexión sobre el papel de la escuela para desarrollar habilidades emocionales, habilidades sociales, que la escuela sea un espacio para la educación ciudadana y que contribuya a la formación de las personas para desenvolverse y aportar a las sociedades democráticas.
En ese contexto, el pasado 18 de noviembre se realizó en Quito, Ecuador, el Foro Regional: “Retos y Oportunidades de los Jóvenes en la Educación”, un espacio organizado por la Red Latinoamericana por la Educación REDUCA y por el Ministerio de Educación de Ecuador, en el que se reflexionó sobre la importancia de la educación para la juventud y sobre todo, contó con la presencia de jóvenes que aportaron su visión de cómo lograr una escuela más incluyente y pertinente.
En este marco, Mexicanos Primero -organización fundadora y representante de REDUCA en México-, participó en una conversación con la representante de la Organización de Estados Iberoamericanos en Ecuador y una estudiante de secundaria sobre el papel de la escuela pública en la educación ciudadana.
La primera reflexión que surgió es que hay una tarea pendiente para cambiar la mentalidad de la sociedad en cuanto a cómo se ve la democracia en la educación. Hay un debate enraizado sobre si la democracia debe enmarcarse en una materia o si es transversal en el espacio escolar, pero no hay todavía una conclusión profunda sobre la organización escolar. ¿Es democrática la escuela? ¿Hay espacios para que las y los estudiantes tomen decisiones sobre su proceso educativo? ¿Existen mecanismos para escuchar las propuestas de niñas, niños y jóvenes? La respuesta a estas preguntas es que falta camino por recorrer.
Si pensamos en que el derecho a aprender se compone por tres dimensiones: estar, aprender y participar, queda en evidencia que difícilmente se podrá garantizar ese derecho si la escuela no abre verdaderos espacios de participación para las y los estudiantes, desde el preescolar y hasta la educación superior. A participar se aprende participando y no podemos pretender tener ciudadanos democráticos si en la escuela no se pueden ejercer las competencias para ello. Es verdad, las NNJ antes de los 18 años no votan, pero no por ello deben quedar fuera de las decisiones que les competen; la participación está garantizada en varias leyes nacionales y convenios internacionales firmados por todos los países de la región, entonces ¿por qué la escuela queda fuera de esto?
¿Cómo podemos caminar en la región hacia entornos más democráticos? El tema es amplio y complejo porque implica repensar la escuela y cambiar muchas formas de operar; en este foro se plantearon algunos puntos que pueden ser relevantes:
Hay coincidencia en América Latina sobre la importancia de que la escuela sea un espacio más democrático, se requiere entonces empezar a pensar en cómo lograrlo y para ello es imprescindible cambiar la mirada: incluir a las NNJ en las decisiones de cómo es la escuela que necesitamos; salir de las prácticas adultocentristas, generar espacios dentro y fuera de la escuela verdaderamente participativos. El reto es grande pero la recompensa de formar ciudadanos más participativos será clave para superar los retos que las sociedades latinoamericanas enfrentan en la actualidad.
* Laura Ramírez (@Laurami0316) es directora de Fortalecimiento de comunidades educativas.
Ecuador vive una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo que ha conducido a una serie de apagones que tienen en una situación crítica al país.
Liz Orozco tiene miedo. Desde que empezaron los racionamientos de energía de 12 a 14 horas diarias en Ecuador el 18 de septiembre, el traslado de su oficina en el norte de Guayaquil hacia Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, se ha vuelto un calvario.
“Caminar sola es horrible, he visto robos”, comenta. Durán es un territorio de guerra de pandillas.
Hasta octubre de 2024, las muertes violentas en esa zona de la costa ecuatoriana superaban las 400, un aumento del 59% en comparación con 2023, de acuerdo con el think tank internacional InSight Crime.
El país, que sufre los estragos del crimen organizado, ahora también enfrenta una crisis energética que lo obliga a apagarse la mitad del día.
Este escenario es “el resultado de una crisis de gestión que Ecuador lleva arrastrando por décadas”, sostiene Jorge Luis Hidalgo, uno de los expertos en energía más respetados del país.
Ecuador enfrenta un déficit energético de 1.080 megavatios, un 20% de su capacidad de generación.
Aunque el gobierno ha intentado atribuirlo a la “grave falta de lluvias”, Hidalgo subraya: “No se trata de una simple sequía. Es un problema estructural que no se resolverá a corto plazo”.
El 90% de la energía en Ecuador depende de las centrales hidroeléctricas, pero Hidalgo sugiere que el país debe diversificar sus fuentes.
“Ecuador tiene un poderoso potencial hídrico, una ubicación en la línea ecuatorial ideal para aprovechar el sol, y recursos como biomasa, volcanes para geotermia, gas natural y viento”, explica.
“Hay una enorme oportunidad en Ecuador, pero también una muy mala gestión que no se solucionará a corto plazo”.
A pesar de la adversidad, los ecuatorianos han tenido que adaptarse.
En el trabajo de Liz Orozco, por ejemplo, una constructora en Guayaquil, el edificio ha instalado generadores de energía diésel. “Es una orquesta a la que te tienes que acostumbrar”, describe.
El gerente de la empresa, Guillermo Jouvin Arosemena, dice que cada generador representa un gasto de diésel de unos US$8.000 por semana, sumado al mantenimiento mensual que puede llegar hasta US$550, dependiendo del equipo.
“La crisis energética está afectando en todos los sentidos”, afirma Jouvin. “El costo de inversión y mantenimiento no estaba previsto y está encareciendo las construcciones. No todas las empresas tienen capacidad para invertir”.
Este primer semestre de 2024, el sector de la construcción registró una caída del 17% en comparación con 2023. “Fue el sector más afectado de la economía ecuatoriana”, concluye.
El impacto también se siente en otros sectores.
Este viernes, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, dijo en una entrevista que solo en los últimos dos meses las pérdidas en el sector industrial alcanzaron los US$4,000 millones y en el sector comercial, US$3.500 millones, lo que ha derivado en numerosos despidos.
“Estos cortes de energía son devastadores para el comercio y la industria”, asegura Heller. “Estamos viendo un impacto directo en los ingresos y en el empleo”.
Se pierden empleos, dinero, y también se arriesgan vidas. Fabricio Palma, paciente renal de 54 años que vive en el suroeste de Guayaquil, ha visto su tratamiento afectado.
“Normalmente son cuatro horas de diálisis por sesión, pero ahora solo me hacen tres horas”, cuenta. En una sesión reciente de madrugada, Palma presenció la muerte de un paciente.
“Los doctores dijeron que el cuerpo reacciona diferente cuando la diálisis se hace de noche”.
La crisis también se refleja en el caos vial. Christian Calvache, agente de tránsito en Guayaquil, relata el desgaste de intentar regular el tráfico sin semáforos.
“El desgaste es tanto físico como emocional. Termino el turno con dolores de cabeza y la paciencia agotada”, confiesa Calvache.
La ciudad cuenta con más de 1.100 intersecciones semaforizadas, algunas de las cuales tienen sistemas de alimentación con baterías, pero “muchas no aguantan cuatro horas de corte”, reconoce.
Calvache insta a los conductores a tener paciencia, pero admite que “la falta de empatía es evidente”.
Allen Panchana y Daniela Sangurima, una pareja de esposos con tres hijas, han adoptado medidas para proteger a su familia. Viven en un conjunto residencial cerrado en Samborondón, una ciudad vecina a Guayaquil.
Pero los cortes los afectan diariamente.
“No podemos cocinar ni usar agua potable cuando no hay energía porque la cocina es de inducción y las bombas de agua necesitan motor. Durante los cortes, nos toca volver al siglo 18 y agarrar una jarrita”, comenta Allen.
Daniela añade que la crisis afecta la rutina de sus hijas. “Las inscribimos en actividades para que no sientan el estrés de esta situación, que nadie debería normalizar”, expresa.
Sin embargo, admite que la falta de energía altera su descanso y hace que sus hijas se despierten agotadas.
Cuatro ministros han pasado por la cartera de Energía en el último año del gobierno de Daniel Noboa.
Uno de ellos enfrenta actualmente un juicio político. Inés Manzano, la actual ministra, ha prometido medidas a corto plazo, como la compra de energía a proveedores privados, pero la percepción general es que estas llegan tarde y de manera desigual.
Hasta el 17 de septiembre, los cortes serán de 12 horas. En esa fecha, el Ministerio de Energía decidirá si se mantienen o aumentan, dependiendo de las lluvias.
Desde varios sectores, se anuncian movilizaciones, con ciudadanos cansados que llaman a “apagar las velas y encender la llama de la organización”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.