Aprender en paz
Desde una perspectiva de derechos humanos, el aprendizaje no es solo una aspiración o un resultado deseable, sino un derecho exigible. Así lo reconocen la Constitución, los tratados internacionales y la legislación educativa. Pero ese derecho no se ejerce en el vacío. Requiere condiciones mínimas para que niñas, niños y adolescentes puedan estar, aprender y participar plenamente.
Hoy, en distintas regiones del país, una pregunta se vuelve ineludible: ¿cómo se ejerce el derecho a aprender cuando la violencia forma parte de la vida cotidiana?
No se trata de una preocupación local ni excepcional. Tiene que ver con comunidades escolares donde las clases se interrumpen, se suspenden o cambian de modalidad de manera recurrente; con estudiantes que enfrentan trayectorias educativas fragmentadas; con familias que intentan sostener la escuela en contextos marcados por el miedo y la incertidumbre. En esos escenarios, el derecho a aprender se debilita, aunque existan escuelas y calendarios.
Desde Mexicanos Primero hemos sostenido que abrir escuelas y garantizar su funcionamiento regular es una condición central del derecho a aprender. Lo ha sido siempre y sigue siéndolo. Sin embargo, hoy el problema es aún más grave, ya que en muchos territorios del país ni siquiera esa condición mínima se cumple de manera sostenida. La interrupción recurrente de las clases presenciales debilita la base sobre la que deberían sostenerse los procesos educativos.
El cierre o la suspensión de clases presenciales tiene efectos claros y ampliamente documentados, debido a que se rompe la continuidad del proceso educativo, se debilita el vínculo con docentes se pierde un espacio clave de socialización, convivencia y esparcimiento para niñas, niños, y se profundizan desigualdades preexistentes. Esta afectación se vuelve aún más grave cuando las interrupciones ocurren en contextos atravesados por la violencia. En muchos casos, las escuelas no cierran por razones pedagógicas, sino por condiciones de inseguridad que obligan a modificar o suspender la vida escolar.
De acuerdo con un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), titulado “Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe”. La evidencia muestra que la exposición a violencia deja huellas duraderas en la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes, y dificulta procesos clave como la atención, la memoria y la concentración, a través de mecanismos mediadores como el estrés crónico, la ansiedad y otras afectaciones a la salud mental, que son condiciones básicas para aprender. Cuando el cuerpo y la mente se organizan para sobrevivir, el aprendizaje deja de ser una posibilidad real.
Aquí aparece un punto clave para la discusión educativa nacional. Cuando la escuela deja de funcionar de manera regular por razones de violencia, no solo se pierden horas de clase, sino que también se rompe el vínculo pedagógico y se pierde uno de los pocos espacios de protección, contención emocional y referencia adulta disponibles para niñas, niños y adolescentes. En estados como Sinaloa -pero no solo ahí- esta realidad se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.
La educación a distancia puede ser una alternativa en determinados contextos. Sin embargo, cuando la escuela se interrumpe por situaciones de violencia, el proceso educativo se desplaza fuera del espacio escolar, donde no siempre existen las condiciones de estabilidad, acompañamiento y bienestar emocional necesarias para sostener el aprendizaje. El estrés, la incertidumbre y el miedo asociados a estos contextos se filtran en la experiencia educativa. En estos casos, la virtualidad difícilmente compensa la ausencia de la escuela y, en muchos casos, profundiza el aislamiento y el abandono silencioso.
Hablar del derecho a aprender en paz implica ampliar la mirada sin perder el foco. La recuperación de aprendizajes y los ajustes pedagógicos son indispensables y deben seguir siendo una prioridad. Sin embargo, en contextos marcados por dinámicas de inseguridad, ese esfuerzo requiere una respuesta más amplia y articulada. La escuela no es un espacio ajeno a estas realidades, algunas violencias se expresan dentro de ella, otras la atraviesan desde el entorno y muchas la desbordan. Reconocerlo no es responsabilizar a la escuela, sino dimensionar el contexto en el que hoy intenta cumplir su función.
Aprender en paz no es un privilegio ni una aspiración abstracta. Es la condición mínima para ejercer el derecho a la educación y recuperar lo que se ha visto afectado por meses de interrupciones y contextos de violencia. Hoy, en México, esa condición está en riesgo.
* Nuria González Elizalde (@GlezNu) es directora general de Mexicanos Primero Sinaloa
(@MexicanosloSin).
El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
Parte de un gran aparato
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
¿Por qué está en Mineápolis?
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Diferencias con el ICE
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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