Un vistazo a la percepción mexicana sobre la corrupción
En semanas recientes, la organización Transparencia Internacional con sede en Alemania publicó el Índice Anual de Percepción de la Corrupción (IPC), el ranking más utilizado en el mundo para evaluar a 180 países, con respecto a la percepción que personas expertas y empresarias tienen sobre la corrupción. 1 A pesar de que en México existen diversos mecanismos para denunciar y combatir actos de corrupción, la realidad es que la mayoría de las personas siguen sin identificar un cambio significativo que permita, con base en el IPC, reducir los niveles de corrupción. Por el contrario, México aumentó 4 lugares en el ranking, lo que implica que se perciba como un país más corrupto en función de años anteriores.
Sobre el IPC, como en cualquier otro índice, debe siempre revisarse su metodología para dimensionar su contenido y darle un valor justificado a sus premisas. Por ejemplo, el hecho de que un país aparezca en un lugar bajo de la lista no necesariamente implica que tiene más casos de corrupción que aquél que figure en un lugar más alto en la lista.
También es importante considerar que, para el IPC, el significado de la corrupción se limita a conductas muy específicas que, de manera enunciativa más no limitativa, implican: soborno, malversación de fondos públicos, nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos, falta de legislación y mecanismos que combatan posibles conflictos de interés en los cargos públicos o ausencia de mecanismos para proteger a quienes denuncian actos de corrupción, entre otros.
La puntuación de un país es el nivel percibido de corrupción en el sector público, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente percibido como corrupto y 100 sin percepción de presencia de actos corrupción. La clasificación o rango de un país es la posición en relación con los demás países del IPC. La clasificación puede cambiar simplemente si cambia el número de países incluidos en el índice. Por lo tanto, la clasificación o rango no es tan importante como la puntuación a la hora de indicar el nivel de corrupción en un país y, sobre todo, las observaciones que en particular hacen los entrevistados para ese ranking y la relación con años anteriores.
Para los efectos del IPC de 2025, con base a la metodología empleada, 2 las personas entrevistadas por Transparencia Internacional aún no logran identificar cambios significativos en materia de combate y eliminación de corrupción en México. Lo anterior puede ser resultado de diferentes causas, entre otras, que no se perciben avances relevantes derivado de la forma en la que las administraciones públicas en México comunican los resultados de la lucha contra la corrupción, sobre todo el gobierno federal.
Durante el 2024, México fue posicionado en el lugar 140 de los 180 países, rango obtenido por la calificación de 26 puntos. Es importante mencionar que cuando México fue evaluado durante el año de 2023 obtuvo una calificación de 31 puntos, colocándolo en el lugar número 136 de los 180 países evaluados. A continuación se incluye una gráfica 3 en el que se evidencia el desenlace del caso de México respecto a los puntuajes y calificaciones señaladas en el IPC elaborado anualmente por Transparencia Internacional.
Siguiendo la línea de ideas hasta ahora expuesta, a pesar de que el cambio de cuatro lugares podría ser marginal, sí es oportuno concluir que la tendencia de los últimos diez años en México obliga al gobierno mexicano a replantear el mecanismo y metodología para comunicar el significado de la corrupción y los avances encabezado por Secretarías de Estado enteras. Ello, con la finalidad de que sean entendibles y susceptibles de ser percibidos por la sociedad mexicana, particularmente para los empresarios y servidores públicos que pueden ser objetos de entrevista.
Los actores políticos y sociales que pueden contribuir a la tarea de percepción son variados, tanto para evidenciar los cambios, como los errores en el manejo de la denuncia, investigación o sanción de la corrupción. Una de esos actores son los órganos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, presidido por un Comité de Participación Ciudadana (CPC) que representa la voz de los ciudadanos y ciudadanas dentro del mencionado sistema.
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El pasado 7 de febrero, en la presentación del informe anual del CPC y cambio de la presidencia que encabezará la académica Vania Pérez Morales, la doctora dio visos de cómo la corrupción, y ya no solamente su percepción, puede combatirse de una manera más efectiva desde el Sistema Nacional Anticorrupción. En su plan de trabajo, 4 la recién designada presidenta ha decidido colocar a la ciudadanía como eje principal de sus acciones, y esto tiene una implicación relevante, pues volver parte del combate a la corrupción a la ciudadanía permitirá sumar esfuerzos e involucrarlos en procesos significativos en los que recibirán un beneficio directo al vivir en un país libre de corrupción, ya que esto mejorará a su vez la calidad de vida de la ciudadanía.
Pérez Morales señaló como áreas estratégicas que definirán el curso del plan de trabajo la atención a las víctimas de la corrupción a través del diseño de estrategias y acciones que restituyan los derechos afectados, la profesionalización de la administración pública mediante la implementación de iniciativas que fortalezcan las capacidades institucionales que se manifiesten en servidores públicos éticos, la prevención de la corrupción mediante programas de ética e integridad y el fomento de gestión de denuncias a través de la creación y fortalecimiento de mecanismos para denunciar actos de corrupción que sean seguros, así como un seguimiento efectivo de los casos que sean reportados.
Es crucial que México, a través del SNA, las autoridades competentes y la sociedad civil organizada, unan esfuerzos y mantengan su enfoque en la lucha contra la corrupción, promoviendo la rendición de cuentas y mejorando la transparencia en todos los niveles de gobierno. Una de esas autoridades es la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, anteriormente la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy a cargo de Raquel Buenrostro.
Los beneficios del combate a la corrupción se manifiestan a través de implicaciones prácticas: perfeccionar la recaudación de impuestos, dotar de confianza a la ciudadanía respecto a las instituciones gubernamentales y fortalecer el estado de derecho, entre otros. Además, desde el punto de vista de negocios, un país con bajos niveles de corrupción suele ser la opción preferida para recibir capital e inversión extranjera, lo cual a su vez genera fuentes de empleo para los habitantes de dicho país. De ahí la importancia de vivir en un país libre de actos de corrupción.
Te sugerimos consultar nuestros comentarios respecto al IPC anterior, disponible para consulta en nuestro blog anticorrupción: ¿Cómo van los niveles de corrupción en México? | DLM .
* Carlos G. Guerrero Orozco es abogado y maestro en gobierno y administración Pública. Cofundador y presidente de DLM. También es socio de la firma de abogados López Melih y Estrada. Frida del Mar López Badillo es abogada y profesora de Antropología Jurídica en la Escuela Libre de Derecho. Colabora en DLM desde el 2020. También es asociada en el área de derecho regulatorio en la firma Sámano Abogados.
1 Organización internacional no gubernamental encargada de promover medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. Transparencia Internacional, a través de sus capítulos en la mayoría de los países del mundo, coordina anualmente la elaboración del Índice de Percepción de la Corrupción.
2 Para calcular el IPC se siguen los siguientes pasos:
- Seleccionar las fuentes de datos. El IPC se calcula utilizando 13 fuentes de datos diferentes de 12 instituciones que recogen la percepción de la corrupción en los últimos dos años.
- Estandarizar las fuentes de datos en una escala de 0-100, en la que 0 equivale al nivel más alto de corrupción percibida y 100 equivale al nivel más bajo de corrupción percibida.
- Calcular la media.
- Reportar los resultados.
3 Gráfica consultada el 11 de febrero de 2025 en Corruption Perceptions Index 2024 – Transparency.org
Aunque no es el único mandatario que lo ha hecho, muchos de los cambios de nombre ordenados por el presidente Donald Trump han causado polémica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre ha entendido el poder que tiene una marca y un nombre.
Como un hombre de negocios reconocido en los medios, él ha puesto su apellido en las fachadas de sus rascacielos y en muchos productos, desde hoteles hasta vinos.
Ahora, está en medio de su mayor y más ambiciosa campaña de marca hasta ahora: el propio Estados Unidos.
En su primer día en la Oficina Oval, firmó una orden ejecutiva rebautizando el Golfo de México como el Golfo de América.
Denali, el nombre de un reconocido monte en Alaska, fue nombrado de nuevo monte McKinley, en referencia al presidente William Mckinley, asesinado en 1901.
A la base militar de Fort Bragg, que fue bautizada así en homenaje a un general confederado, se le cambió el nombre hace unos años por el de Fort Liberty. Ahora, con Trump en la presidencia, tendrá de nuevo su nombre original, pero esta vez en homenaje a un soldado menos controversial de la II Guerra Mundial.
El republicano no es el primer presidente que cambia nombres. Fue el demócrata Barack Obama quien cambió el nombre del Monte McKinley por el de Denali, tras años de campaña de grupos indígenas del estado de Alaska.
Mientras, el republicano George W. Bush cambió el nombre del Bosque Nacional del Caribe en Puerto Rico por el Bosque Nacional El Yunque en 2007, con la idea de reflejar la herencia indígena de ese territorio.
En 2023, durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Defensa cambió el nombre de nueve bases militares, incluida Fort Bragg.
En el fondo de esas decisiones hay un deseo de mostrar a Estados Unidos y sus valores bajo una luz particular.
“El acto de nombrar es un modo que tienen los presidentes de formar o reformar su visión sobre el país”, le dice a la BBC Allison Prasch, profesora en la Universidad de Wisconsin-Madison.
Las decisiones de Trump en su segundo mandato están enviando un mensaje claro sobre sus prioridades, dice la experta. “Está elevando una visión muy nacionalista e imperialista de EU”, agrega.
Expansionismo territorial
Algunos de los nombres que ha elegido Trump se refieren a la era expansionista de EU, cuando había la idea de que el país norteamericano tenía la misión divina de expandirse de costa a costa.
Por ejemplo, parte del legado de McKinley fue su rol en anexar Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái al territorio de EU.
Cuando cambió el nombre de Denali de nuevo a McKinley, Trump señaló que quería homenajear a McKinley porque él “había hecho al país muy rico a través de aranceles y talento”.
Y es una ideología que parece estar en la agenda de Trump, cuando habla de tomar de nuevo el control del Canal de Panamá, comprar a Groenlandia y que Canadá se convierta en el “estado número 51”.
Mientras tanto, renombrar el Fort Bragg es el último capítulo de un debate en marcha sobre el legado de la Confederación.
Durante el primer mandato de Trump, el Congreso estadounidense le ordenó al Pentágono renombrar las bases militares que rendían homenaje a militares de la Confederación.
Trump trató de vetar la ley del Congreso, señalando que “nuestra historia como la nación más grande del planeta no puede ser manipulada”.
Pero el Congreso aprobó la medida con apoyo de ambos partidos.
“Es lo que elegimos mostrar”
El historiador Connor Williams, quien estuvo en el comité para renombramiento del Fort Bragg en 2021, cree que rendir homenaje a la Confederación es un error.
“Lo que hace que la Confederación no sea digna de conmemorarse es que tiene poco que se pueda redimir. Ellos traicionaron a EU”, dice Williams.
“Lo que conmemoramos, lo que celebramos, las muestras públicas que hacemos, donde ponemos nuestros homenajes, allí es donde el presidente tiene la habilidad de señalar lo que él piensa que es importante”, añade.
En 2023, la administración de Joe Biden cambió el nombre de Fort Bragg, que rendía homenaje al general del ejército de la Confederación Braxton Bragg, por el de Fort Liberty.
“Tomamos esta oportunidad para hacernos mejores y buscar la excelencia. Esto es lo que siempre hacemos y siempre vamos a hacer”, dijo el general Christopher Donahue durante la ceremonia de renombramiento.
Sin embargo, el cambio de nombre creó sentimientos encontrados entre los legisladores, el personal militar de Fort Bragg y la comunidad local.
“Entiendo las razones detrás del cambio y tengo que aceptarlo porque ha sido un gobierno elegido democráticamente que ha determinado qué es lo mejor”, dijo Jimmy Keefe, miembro del gobierno local cuando se hizo el cambio de nombre.
“Pero lo que no me gusta es que personas que han tenido experiencias positivas en Fort Bragg, que han tenido hijos allí o matrimonios, ya no tendrán ese vínculo con el nombre de Fort Bragg”, agregó.
Esta semana, el secretario de Defensa de EU, Peter Hegseth, restauró el nombre de nuevo a Fort Bragg. Pero esta vez, dijo que la base era bautizada así en homenaje al soldado Roland Bragg, quien luchó en la II Guerra Mundial.
“Es cierto. Bragg está de vuelta”, dijo Hegseth.
Legisladores republicanos que representan a las personas que viven en la base militar expresaron su entusiasmo sobre el cambio.
“Bautizar a Fort Bragg por el soldado Roland Bragg, quien obtuvo la medalla de plata y el corazón púrpura en la II Guerra Mundial, siempre fue la mejor decisión”, dijo en cuenta de Facebook el senador Ted Budd.
Cambios controversiales
Pero a nivel nacional, muchos de los cambios de Trump han sido controversiales.
Una encuesta de la Universidad de Marquette señala que el 71 % de los adultos no apoyan cambiar el nombre del Golfo de México.
Y algunos de esos cambios han creado debates sobre cuál debe ser la visión de la historia de EU y cuál debe ser el criterio que debe prevalecer.
Una encuesta realizada por Alaska Survey Research sugirió que el 47 % de los votantes de Trump en Alaska estaban a favor del cambio de nombre del monte McKinley.
Pero en general, los habitantes de Alaska se opusieron al cambio de nombre por un margen de dos a uno, informó el diario Juneau Express.
Los demócratas y republicanos de la legislatura de Alaska se unieron para aprobar una resolución instando a Trump a no cambiar el nombre del monte Denali.
“Cambiar oficialmente el nombre no sólo deshonraría a quienes han luchado para proteger el legado de Denali, sino que también desestimaría las voces de las comunidades nativas cuyas raíces están entrelazadas con esta tierra”, dijo la representante de Alaska Maxine Dibert, demócrata y miembro de la comunidad indígena Koyukon Athabascan.
El tiempo dirá si los cambios simbólicos de nombre de Trump perduran. Pero las discusiones sobre ellos no muestran signos de amainar.
Esta semana, la Casa Blanca bloqueó la entrada a un reportero de Associated Press en la Oficina Oval porque la agencia de noticias mantuvo al Golfo de México en su popular manual de redacción.
La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, calificó la decisión de “alarmante” y dijo que violaba los derechos de libertad de expresión establecidos en la Constitución.
Mientras tanto, Google, que ahora utiliza el nombre Golfo de América en sus mapas para los usuarios estadounidenses, ha comenzado a eliminar las críticas negativas que se hacen en sus páginas sobre el cambio de nombre.
Cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América podría ser una apropiación de tierra (o agua) sólo en el papel, pero su simbolismo es innegable, explica Prasch.
Y va más allá de la geografía para tocar una fibra sensible sobre cómo el país se ve a sí mismo y a su historia.
“De hecho, creo que esto es mucho más que cambiar el nombre de una masa de agua en un mapa”, anota . “Es una decisión fundamentalmente retórica sobre cómo pensamos sobre la historia de la nación”.
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