Desde hace varios años Estados Unidos desarrolló una estrategia para desarticular organizaciones criminales, al ofrecer acuerdos de reducción de condena a capos de mediano tamaño que se encontraban arrestados en ese país o que deseaban entregarse, a cambio de que dieran información relevante sobre los grandes capos.
La lógica que hay detrás de la misma es simple: si una persona se encuentra arrestada en Estados Unidos, sin posibilidad de fugarse o de tener comodidades en la celda, con una posible sentencia de más de 30 años, la única salida que le queda es traicionar a sus antiguos aliados para mejorar su situación.
Lo anterior lo sintetizó hace algunas semanas Adam Gordon, Fiscal del Sur de California, que declaró al presentar una acusación contra dos integrantes de la Organización de los Beltrán Leyva: “Serán traicionados por sus amigos, perseguidos por sus enemigos, y finalmente se encontrarán con sus destinos aquí, en un tribunal del Distrito Sur de California”.
Ello en alusión al hecho de que Estados Unidos ofrece recompensas o beneficios procesales para delatar y dar información relevante para la captura y la condena de los criminales que ha determinado como objetivos prioritarios, por lo que los grandes capos no solo deben cuidarse de sus enemigos, sino también de sus propios subalternos.
Cuando se lleva el esquema a varias organizaciones, se genera una especie de competencia entre criminales, por ver quien echa al agua primero a los contrarios o incluso a sus aliados, así como también se crea un juego psicológico de paranoia, en donde ya no se sabe en quien confiar y las dudas sobre las lealtades comienzan a aflorar, minando la cohesión de las organizaciones criminales.
Un claro ejemplo de lo anterior es lo sucedido en el Cártel del Norte del Valle de Colombia, donde las autoridades de Estados Unidos negociaron en las décadas de los 90 y 2000 con los primeros miembros de la misma que cayeron en su sistema judicial: les otorgaron sentencias reducidas y la posibilidad de conservar algunos bienes a cambio de información que permitió la captura de los grandes liderazgos. Este proceso inspiró el libro y la posterior serie del Cártel de los Sapos, ya que un sapo es la forma coloquial en Colombia de llamar a un soplón, al que traiciona para salvar el pellejo.
La estrategia fue replicada con el Cártel de Sinaloa, la cual comenzó con Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo Zambada, que entregó información relevante de varios miembros de la organización de su padre, a cambio de reducir su condena. Esquema que ahora están utilizando con los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López.
No es casual que se haya urdido un complejo plan para engañar a Ismael “El Mayo” Zambada, para que acudiera a una reunión en donde fue secuestrado y llevado a la fuerza a los Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de su anterior socio el Chapo Guzmán, lo cual desató las acusaciones de traición por parte de los familiares del Mayo y que con ello diera inicio a la guerra entre facciones que hoy tiene dividido al Cártel de Sinaloa entre la Mayiza y los Chapitos.
El arribo de gran parte del núcleo familiar de los Guzmán López a Estados Unidos, así como el anuncio de que en los próximos días Ovidio Guzmán se declarará culpable, ha despertado muchas especulaciones en torno a las negociaciones que hay detrás, no solo respecto a la información que pueden entregar Ovidio y Joaquín Jr sobre Ismael “El Mayo” Zambada y otros integrantes de la Mayiza, la facción rival de los Chapitos, sino que incluso hay teorías en torno a que también podrían traicionar a sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y eso justificaba la salida de México de sus familiares, para evitar atentados en su contra en venganza por las revelaciones.
Pero, así como en el bando de los Chapitos hay personajes como los Guzmán López dispuestos a pactar con las autoridades de los Estados Unidos, también en el bando de la Mayiza los pudiera haber, como los recién extraditados Héctor Eduardo Infante, José Guadalupe Tapia Quintero o Inés Enrique Torres Acosta, todos operadores de segundo nivel ligados al Mayo Zambada, que lo mismo estarían en posibilidad atestiguar contra los Guzmán, que contra los Zambada.
Dado que ambos bandos tienen el potencial de hacerle daño al otro, lo más probable es que se genere una especie de escalamiento de declaraciones en donde todos terminen perdiendo, ya que con las filtraciones cruzadas solo ganarán las autoridades de Estados Unidos, que tendrán más evidencia para sustentar las acusaciones en contra de los principales narcos que se encuentran tanto en Estados Unidos como en México.
De hecho, existe mucha expectación sobre lo que Ovidio y Joaquín Guzmán López puedan decir, porque es probable que sean los testigos estrella en los casos del Mayo Zambada, de Rafael Caro Quintero y de Vicente Carrillo Fuentes, pero también pueden aportar información en contra de Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, quien hoy libra una batalla con sus hermanos por el control del Cártel de Sinaloa. Pero como ya se dijo, no se puede descartar que ofrezcan información en contra de sus hermanos o de su propio bando.
Ello sin contar con la información que puede aportar en contra de importantes personajes de la política en México, revelando la identidad de gobernadores o alcaldes que recibieron dinero ilegal para sus campañas, de los militares o jefes de policía que los protegieron, y quizá también comprometan a políticos pertenecientes al círculo cercano de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón Hinojosa.
Por ello existe mucho nerviosismo sobre lo que puede salir de los juicios de los Guzmán López, pero también de personajes como el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero o Vicente Carrillo Fuentes.
Estamos pues ante un escenario, en donde los narcos están inmersos en el juego que se conoce como dilema del prisionero, que es un problema de teoría de juegos que fue diseñado por los economistas Merrill Flood y Melvin Dresher, en donde al revelar los crímenes de la contraparte se busca afectarla, para que ello le permita salir bien librado al delator, pero la contraparte también hace lo mismo, de forma que los dos terminan afectándose por las confesiones cruzadas.
El problema de los soplones en el crimen organizado no es nuevo, quizá el caso más famoso es el de Tommaso Buscetta en 1983, uno de los primeros mafiosos de la Cosa Nostra siciliana que rompió la omertá o ley del silencio, al colaborar con la justicia italiana, lo cual permitió procesar a 475 integrantes de la mafia, de los cuales 360 fueron condenados.
Por ello, otra mafia italiana, con sede en Calabria, la ‘Ndrangheta, desarrolló un sistema hace décadas para reducir el riesgo de soplones, ya que sus clanes solo se conforman por miembros de una misma familia, de tal manera que si alguien colabora con la justicia estaría entregando a su padre, sus hermanos, primos, tíos o hijos, lo cual reduce el riesgo de que comparta información al gobierno, aunque la misma no desaparece. Algo similar pasa con algunos clanes de la Mafia Albanesa, que solo acepta a familiares.
Sin embargo, las organizaciones mexicanas son tan grandes que no pueden copiar el esquema de la ‘Ndrangheta o de la Mafia Albanesa, por lo que es previsible que, en los próximos años, como hoy le pasa al Cártel de Sinaloa, tengan que seguir lidiando con el daño que le hacen los soplones que cooperan con el Gobierno de Estados Unidos.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected].
El silencio y la incertidumbre envuelven a los habitantes de esta ciudad del condado de Miami-Dade en la que se mezclan venezolanos con TPS o parole, solicitantes de asilo e indocumentados con ciudadanos y residentes permanentes.
Viviana Ferrer trabajaba en un restaurante entre 8 y 12 horas al día. Cuando volvía a casa se entregaba a dos sensaciones: el dolor de sus pies cansados y las ganas de abrir un negocio propio.
Aquel era su primer empleo. Por primera vez vivía lejos de su familia y fuera de Venezuela. Ferrer emigró en 2018, cuando tenía 23 años y acababa de graduarse de abogada, un título que no tendría validez en Estados Unidos, su destino migratorio.
Había escuchado sobre una ciudad en el sur de Florida llamada Doral, donde vivían tantos venezolanos que era conocida como “Doralzuela”. Parecía el lugar ideal para alguien como ella, que no hablaba inglés y no conocía a nadie.
“En Doral te sientes como en Venezuela. Es una comunidad tranquila y segura que está llena de venezolanos y te facilita el proceso de migrar porque uno se siente como en un pedacito de su tierra”, dice.
Doral forma parte del conglomerado urbano de Miami y ha sido uno de los destinos principales de la comunidad venezolana que abandonó el país en la última década debido a la crisis política y económica.
Y esa comunidad es la más afectada ahora por las decisiones del gobierno del presidente Donald Trump sobre las deportaciones de migrantes y el fin de programas de protección migratoria que beneficiaban a muchos venezolanos.
En 2020, dos años después de instalarse en la ciudad y en plena pandemia, Ferrer abandonó el restaurante y se asoció con Andrea Cabrera para invertir sus ahorros en un Freightliner MT45, un camión mediano del año 1997, diseñado para entregas y transporte de mercancías.
Apenas recibieron las llaves de aquel camión blanco, aprendieron de mecánica para hacer el mantenimiento ellas mismas. Instalaron una cocina y mandaron a pintar el camión de negro. Desde entonces lo llaman “El Negrito”.
“Soy fan de la arepa y mi sueño era tener un camión para vender las mejores arepas de Miami”, dice Ferrer entre risas desde la cocina de Arepa Point, el food truck que aparca cada noche en un estacionamiento de Doral para ofrecer comida venezolana desde las 7:00 pm hasta la medianoche.
“Despachamos unas 200 arepas cada noche”, dice Ferrer mientras abandona el camión por la puerta trasera para darle espacio a los cocineros. “Y sentimos que esto apenas comienza”.
Ferrer es un ejemplo del empuje emprendedor de los venezolanos en Doral.
Doral es uno de los 34 municipios del condado de Miami-Dade, con una población de 79.359 habitantes en 2023, de los cuales 32,3% era de origen venezolano, según la encuesta anual del Censo de Estados Unidos.
La palabra Doral combina los nombres de Doris y Alfred Kaskel, una pareja de migrantes polacos judíos que invertía en bienes raíces y compró un extenso terreno, a finales de la década de 1950, para construir un campo de golf y un hotel desde donde luego creció la ciudad.
Los Kaskel inauguraron el Doral Hotel and Country Club en 1962. Dos años después, esta propiedad hospedó el Doral Open Invitational, el campeonato de golf profesional más importante de Florida.
En 2012, Trump compró el club por US$150 millones y lo convirtió en el Trump National Doral Golf Club, que no sólo alberga torneos internacionales sino que recibe al mandatario cuando visita sus propiedades en Florida.
Doral ha figurado en la lista de las ciudades más pujantes de Florida e incluso de Estados Unidos, una posición reforzada por la inversión de un empresario como Trump.
Entre 2002 y 2014, la economía local creció 21% mientras que la tasa de empleo aumentó 2,6 veces más rápido que el resto del condado de Miami-Dade, indica un estudio de la Universidad Internacional de Florida.
En 2017, Doral conquistó el hito de ser la ciudad de más rápido crecimiento de Florida y la undécima del país, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Uno de los factores que ha influido en este crecimiento es su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Miami, por donde transitaron 56 millones de pasajeros en 2024, y que alimenta una amplia red de empresas de logística y servicios para el terminal aéreo.
Y en esa expansión tuvo mucho que ver la creciente población de origen venezolano, que acumula un estimado de 903.000 personas en Estados Unidos, de acuerdo al censo de 2021, y es el grupo hispano que creció más rápidamente en los últimos años, con un aumento de 181,5% entre 2010 y 2020.
Por eso se dice que Doral es la ciudad más venezolana de EE.UU.
La prosperidad económica atrajo nuevos migrantes, quienes contribuyeron al crecimiento de 42,3% de la población de Doral entre 2015 y 2023.
Este período coincide con la llamada emergencia humanitaria en Venezuela, en la que 7,8 millones de personas emigraron del país debido a la crisis económica, el colapso de los servicios públicos y la violencia, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
Los venezolanos que emigraron a Doral buscaban aprovechar la conexión que siempre hubo entre Venezuela y Miami.
“Hemos visto diferentes olas de migrantes en Doral”, asegura Christi Fraga, alcaldesa de la ciudad. Descendiente de una familia cubana, Fraga observa un patrón que se repite entre los migrantes venezolanos y cubanos: cuando la situación en sus países de origen se agrava, aumenta la llegada de migrantes a Doral.
“Al principio, los (venezolanos) que emigraron fueron los que estuvieron en contra del gobierno de (Hugo) Chávez, empresarios que querían sacar sus inversiones y traerlas a Estados Unidos”, dice Fraga.
“Pero en los últimos años vimos personas que no tenían recursos y arriesgaron todo para venir, hasta sus propias vidas. Eso realmente pone un estrés en los recursos de cada ciudad, en la infraestructura, en los colegios. La migración es un tema muy sensible”.
Frank Carreño, presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, ha presenciado ese proceso desde que llegó a Doral en el año 2003.
“Al principio esto era monte y culebra, estaba prácticamente despoblado. Lo que había era grandes extensiones de terreno con vacas y dos calles principales”, recuerda sentado en una mesa en El Arepazo, un restaurante de comida venezolana que sirve como punto de referencia en Doral.
“Los venezolanos cabíamos todos en El Arepazo, pero la comunidad fue creciendo en la medida en que Venezuela se complicaba política, económica y socialmente. La gente se frotaba las manos porque eso significaba que iban a venir más inversionistas y más dinero”.
Cuando Carreño regresaba a Venezuela de visita entre 2004 y 2008, sus conocidos le decían: “¿A qué me voy a ir yo a Miami? ¿A limpiar piscinas o a limpiar pocetas (lavabos)?”.
Pero esa perspectiva cambió.
“A partir de 2017, la gente me decía: ‘Yo quiero irme a Miami, así sea a limpiar piscinas o a limpiar pocetas’. Desde entonces, empezó a venir una ola migratoria que era más fuerza laboral, gente que venía dispuesta a trabajar en lo que fuese”.
En 2012, los habitantes de Doral eligieron al empresario Luigi Boria como el primer alcalde de origen venezolano de Estados Unidos.
Entre antiguos empresarios y nuevos emprendedores, la comunidad de Doral supone 40% de los afiliados de la cámara que Carreño preside y agrupa a un variado portafolio de compañías: desde bancos y restaurantes hasta locales de envíos y academias de artes marciales.
Durante el gobierno del presidente Joe Biden, la entrada irregular de migrantes por la frontera sur de Estados Unidos alcanzó niveles históricos y muchos de ellos fueron venezolanos que recibieron medidas migratorias especiales por las condiciones en Venezuela, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o permisos humanitarios (parole).
Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de iniciar las deportaciones con los migrantes indocumentados que tuvieran antecedentes criminales. Y convenció a sus “vecinos” de Doral: ganó con alrededor de 60% de los votos en los precintos electorales de la ciudad, según cifras del condado de Miami-Dade.
Lo que resultó inesperado en “Doralzuela” fue que el esfuerzo por expulsar a los migrantes se enfocara en los venezolanos, especialmente en los beneficiarios de TPS y parole, así como la insistencia del gobierno de Trump en asociar a los migrantes venezolanos con la peligrosa banda de crimen organizado Tren de Aragua.
“Voté por Trump pensando que nos iba a ayudar a salir del gobierno de (Nicolás) Maduro y resulta que ahora negocia con él y ataca a los venezolanos”, dijo a BBC Mundo una residente de Doral que pidió no dar su nombre para evitar represalias contra su familia en Venezuela.
El viernes 31 de enero, dos días después de asumir su segundo mandato, un emisario de Trump se reunió con Maduro en Caracas para obtener el compromiso de que su gobierno recibiría los vuelos de migrantes deportados y liberaría a estadounidenses presos en Venezuela.
María Alejandra Longobardi, una venezolana que se hizo ciudadana estadounidense después de obtener asilo, votó a favor de Trump para un segundo mandato.
“Mi esperanza con él era el florecimiento de la economía. Pero el problema mayor que he visto es el miedo de la gente a ser deportada”, asegura mientras despacha paquetes para Venezuela desde su negocio de envíos en Doral.
“Lo he sentido como una persecución hasta cierto punto. Y no me veo afectada, pero soy inmigrante, trabajo en este país y ésta es mi casa”.
En ese contexto, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reconoce que aprobar la reciente colaboración de la policía de la ciudad con las autoridades migratorias para ejecutar redadas contra los migrantes supuso un dilema.
“Definitivamente sentimos una contradicción”, advierte Fraga. “Necesitamos proteger a una comunidad que sabemos que no son los criminales, (pero) tenemos la obligación de seguir las leyes y las órdenes federales”.
Fraga asegura que Trump “conoce súperbien” a los venezolanos de Doral, vecinos de su campo de golf. “Él sabe que hubo una gran comunidad que lo apoyó” en las elecciones presidenciales.
Durante los casi seis meses que Trump ha estado al frente de la Casa Blanca, su gobierno eliminó el TPS, que protegía de la deportación a unos 600.000 venezolanos, y ordenó revocar el parole humanitario a 532.000 migrantes venezolanos, junto con cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Decenas de venezolanos fueron deportados a su país tras ser recluidos en la base naval de Guantánamo, mientras que otros llevan meses detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una cárcel de máxima seguridad creada para detener a pandilleros en El Salvador.
Estas medidas fueron adoptadas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de guerra que data de 1798, y que Trump invocó para repeler la presunta invasión del Tren de Aragua en Estados Unidos.
En su medida más reciente, a principios de junio el gobierno de Trump ordenó restringir parcialmente la entrada de venezolanos a Estados Unidos, como parte de una prohibición de viajes que afecta a 19 nacionalidades.
Aunque varias de estas decisiones han sido desafiadas en las cortes y los jueces han fallado contra el gobierno, sembraron el miedo entre los residentes de Doral.
“Muchos venezolanos posiblemente no tengan estatus, pero se reinventaron y levantaron un negocio e hicieron de Doral lo que es hoy”, dice Helene Villalonga, activista por los derechos de los migrantes.
En Doral conviven venezolanos con todo tipo de estatus migratorios: desde ciudadanos y residentes permanentes, hasta solicitantes de asilo, beneficiarios de parole o TPS, así como también indocumentados.
Y es precisamente el estatus lo que determina el nivel de incertidumbre al que cada uno se siente sometido. BBC Mundo habló con una decena de doralinos, que accedieron a conversar sobre su situación migratoria bajo condición de anonimato.
El dueño de una empresa de envíos en Doral, beneficiario de TPS, considera la posibilidad de vender su empresa si no puede permanecer en Estados Unidos. Varios de sus empleados, que también tenían TPS, ya se marcharon del país.
Una pareja mayor de 60 años, que vivía en Doral como beneficiaria de parole junto con sus hijos y nietos, decidió volver a Venezuela a través de la frontera con Colombia por temor a ser deportados.
Una mujer de 42 años, beneficiaria de TPS y solicitante de asilo desde hace casi diez años, tenía planes de marcharse a Madrid, pero su hijo de 18 años le pidió quedarse en Doral luego de ser admitido en la universidad.
“Mi hijo se crio en Doral”, cuenta la mujer. “Aunque no hayamos podido lograr un estatus más estable, él se siente estadounidense y sabe que tiene mucho que aportar a este país”.
Una solicitante de asilo, quien afirma que escapó de Venezuela por persecución política, dejó de ir a la oficina para evitar el riesgo de toparse con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la calle.
“Nunca pensé que esto me iba a pasar. Me siento aterrorizada, en las noches no puedo dormir, como cuando estaba en Venezuela”.
Aunque en principio los ciudadanos y residentes permanentes no estarían en riesgo, varios venezolanos con estos estatus dijeron a BBC Mundo que prefieren no salir de Estados Unidos, para evitarse problemas al llegar al aeropuerto.
Frente a la posibilidad de que las medidas se agraven, muchos se hacen la misma pregunta: “¿A dónde nos vamos si no podemos volver a Venezuela?”.
En 2023, casi el 59% de los habitantes de Doral disponían de ciudadanía, una tasa inferior al 78,4% de los habitantes del condado de Miami-Dade o del 93,4% en el resto del país, reportó el portal independiente de análisis de datos Data USA.
Mientras dueños de comercios y restaurantes de Doral comentan que su clientela ha caído durante los últimos meses, especialmente los viernes en la noche y los fines de semana, otros abren espacios para promover la cultura venezolana.
“La salsa rompe fronteras, así que traemos un poco de lo que hacíamos en Venezuela para mostrarlo en Estados Unidos”, dice Gary Ruíz, uno de los propietarios de El Maní, un bar de salsa en Doral inspirado en su homónimo de Caracas.
Desde El Maní, el cuatrista Jorge Glem, ganador de un Grammy Latino, organiza Jam Global, un espacio en el que invita a músicos internacionales a tocar con artistas venezolanos los lunes por la noche.
“Hay muchísima gente con dificultades para volver a Venezuela. Poder tener un pedazo de ella fuera del país es algo que uno lo mantiene con los pies en la tierra”, dice mientras se prepara para tocar el cuatro junto a un grupo de músicos brasileños.
Glem nunca imaginó que ese instrumento que aprendió a tocar en su infancia en Venezuela lo llevaría a conocer estrellas como el cantante británico Sting o la actriz de Hollywood Anne Hathaway, quienes se acercaron a él para expresar su admiración por el cuatro después de verlo tocar en conciertos en Estados Unidos.
“Doral es definitivamente como un pedazo de Venezuela, un lugar que nos permite a los migrantes venezolanos ser universales, justamente recalcando lo que somos y de dónde venimos, sintiéndonos orgullosos de ser venezolanos”.
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