Entre la concentración de poder, el militarismo y la impunidad: los desafíos democráticos para Claudia Sheinbaum

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República (diciembre 2018), se han tomado decisiones de gobierno e instrumentado políticas que han quebrantado el orden constitucional, erosionado la división de poderes, limitado el funcionamiento de los controles democráticos, mermado la capacidad de las autoridades para hacer valer efectivamente los derechos humanos, militarizado la seguridad e incrementado la concentración de poder en el Ejecutivo Federal.

El próximo 1º de octubre asumirá la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, del mismo partido Morena, quien asegura dar continuidad a las políticas y estilo personal de gobernar del ejecutivo saliente, con la diferencia que la alianza de partidos que la llevó al triunfo electoral tiene mayorías calificadas en las cámaras de Diputados y Senadores, además del control de los poderes de la mayoría de los estados de la República.

El presidente de la República, dependencias del Ejecutivo Federal, legisladores y simpatizantes del partido oficialista atacan de diferentes formas a integrantes del Poder Judicial Federal que resuelven asuntos relativos a iniciativas y políticas prioritarias presidenciales, o que protegen los derechos de personas o comunidades del actuar gubernamental. Incluso se sabe que se han iniciado investigaciones administrativas (Unidad de Inteligencia Financiera), penales (Fiscalía General de la República) e incluso ilegales mediante la intervención de comunicaciones en contra de operadores de justicia. Desde el oficialismo se pronuncian expresiones estigmatizantes en medios de comunicación y redes sociales que buscan intimidar a personas juzgadoras o para forzarlas a adoptar decisiones que favorezcan la posición gubernamental.

Las presiones contra los órganos independientes se han visto acompañadas de una política legislativa que impone la voluntad del presidente. Desde inicios de septiembre los partidos afines a López Obrador, que gozan de una artificial mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores, han mostrado una total falta de voluntad para escuchar a la ciudadanía, y para dialogar y negociar con los partidos de la oposición, lo que ha hecho que el Congreso de la Unión deje de ser un órgano deliberativo. En los primeros días de la nueva legislatura se identifica una clara tendencia de aprobar sin mayor discusión iniciativas contrarias a la Constitución, la división de poderes y los derechos humanos. Por ejemplo se aprobó una cuestionada reforma constitucional para privar de independencia al Poder Judicial, mediante la destitución de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su reducción de 11 a 9 integrantes, someter a voto popular su designación, así como de magistrados y jueces locales. Entre otras cuestionadas medidas, crea un tribunal de disciplina judicial que no ofrece garantías de independencia de actores políticos. También recientemente se aprobó una reforma constitucional con la cual las fuerzas armadas podrán desempeñar todas las funciones civiles que la mayoría oficialista determine: se trasfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional con lo que se asegura la participación de militares en tareas de seguridad pública, incluida la investigación de delitos atroces, además de que se expande la jurisdicción militar para conocer de delitos cometidos por quienes integran la Guardia Nacional.

La participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas prácticamente ha desaparecido. Además, el gobierno del presidente López Obrador ha desfondado a los mecanismos dedicados al combate a la corrupción, al grado de convertirlos en irrelevantes.

El debilitamiento deliberado de las instituciones y procedimientos democráticos ha ocurrido en paralelo al fortalecimiento desmedido de las prerrogativas de las fuerzas armadas. Al asignarles cientos de funciones que le corresponden a autoridades civiles, se ha incrementado la concentración de poder en el Ejecutivo Federal, quien es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, mismas que actúan bajo un régimen de estricta disciplina militar. En los proyectos que encabezan las fuerzas armadas, o en los que participan, ha incrementado la opacidad en la gestión de los recursos públicos, se han instaurado formas autoritarias de gestión y por tanto ha disminuido la capacidad de la ciudadanía para acceder a la información gubernamental, así como a la rendición de cuentas del actuar irregular o criminal. Las violaciones de derechos humanos y atrocidades continúan cometiéndose a niveles insostenibles.

Esa política, bajo diferentes denominaciones y matices, ha sido continuada por los presidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Este último, a pesar de haber prometido en campaña la desmilitarización de la seguridad pública, ha reforzado el actuar de las fuerzas armadas en esa función y, como mencionamos anteriormente, en otras tareas que le corresponden a autoridades civiles. No sólo eso sino que impulsó reformas en el Congreso que aseguran esas atribuciones en la misma Constitución.

Ese despliegue militar a lo largo y ancho del territorio nacional ha producido y detonado un dramático incremento de violencias. Se han perpetrado cientos de miles de casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos internos forzados por parte de las fuerzas de seguridad, incluidas las armadas así como grupos criminales, los cuales, en ocasiones, actúan con autorización, apoyo o complicidad de funcionarios públicos. Algunas organizaciones de la sociedad civil consideran que por la forma sistemática y la cantidad de abusos de derechos humanos que se han cometido en contra de la población civil, estamos frente la existencia de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, los ilícitos más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.

En el país no se investiga, procesa y, por consiguiente, sanciona, por esa clase de crímenes, a prácticamente ningún funcionario público ni integrante de organizaciones criminales. La impunidad generalizada y selectiva ha permitido el crecimiento de las organizaciones criminales de manera que han extendido sus operaciones ilícitas y métodos violentos a otros países, afectando seriamente la paz y seguridad de la región.

En las muy contadas investigaciones y sentencias condenatorias que se han dictado en contra de servidores públicos que cometieron atrocidades, se fincaron responsabilidades solo a algunos autores materiales dejando impunes a los altos mandos, que son los que diseñan, implementan, dirigen o toleran políticas y estructuras violentas, así como la comisión de esos crímenes. Los escasos procesos legales que han prosperado se han construido bajo la lógica del caso aislado o de la “manzana podrida”, dejando los fenómenos y sistematicidad de la crímenes a un lado. Es notoria especialmente la impunidad de la que gozan los integrantes de las fuerzas armadas que cometen abusos de derechos humanos como parte de las diferentes políticas que ejecutan o en que participan.

Los responsables militares de las atrocidades no solo tienen garantizada la impunidad por la Fiscalía General de la República, sino que además son premiados con ascensos en el escalafón castrense o al ser designados para ocupar puestos claves en los gobiernos federal, estatales o municipales. Personas que debieran rendir cuentas por haber cometido los crímenes más serios para la comunidad internacional, ahora se encuentran en posiciones de liderazgo, en un contexto en el que la administración de Andrés Manuel López Obrador y gobiernos locales han asignado a las fuerzas armadas 291 funciones, actividades y facultades de carácter civil.

El país no ha instrumentado políticas para evitar la repetición de atrocidades y abusos de derechos humanos, a pesar de haberse identificado periodos en los que las fuerzas armadas los han cometido. Son miles de soldados y marinos que están involucrados en los crímenes de lesa humanidad y de guerra, desde los años sesenta, pero particularmente de 2006 a la fecha. Las instituciones de seguridad y procuración de justicia no han sido depuradas de quienes participaron en esos crímenes, lo que ha permitido que se vuelvan a cometer.

No pareciera que las instituciones de procuración e impartición de justicia, menos aún con la ilegítima reforma al Poder Judicial que está por instrumentarse, vayan a tener la voluntad, capacidad o pericia para hacer frente a la impunidad de las atrocidades. Para efectivamente garantizar el acceso a la justicia a las miles de víctimas y que se les repare integralmente se hacen necesarias al menos las siguientes medidas:

1. Para hacer frente a la impunidad de las atrocidades cometidas desde 2006, de manera efectiva, es crucial establecer en un mecanismo internacional, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, integrado por investigadores, fiscales y expertos legales tanto nacionales como internacionales, dotados de facultades para realizar investigaciones complejas sobre crímenes atroces y corrupción asociada, con el objeto de poder presentar acusaciones ante el Poder Judicial mexicano. La experiencia y neutralidad internacional asegurarían que las investigaciones sean imparciales, lo que podría romper el sistema de impunidad imperante. Además, un organismo de este tipo facilitaría el acceso de las víctimas a la justicia lo que contribuiría a reconstruir la confianza en las instituciones nacionales.

2. El papel de la Corte Penal Internacional (CPI) puede ser determinante para enfrentar la impunidad cuando los países no quieren o pueden llevar a juicio a los responsables de haber cometido crímenes atroces. El Estado mexicano, así como los otros 122 países que han ratificado el Estatuto de Roma, tienen el deber de referir la situación del país a la CPI para combatir la impunidad y con ello contribuir a la protección de la población civil de los perpetradores responsables de cometer esos crímenes. La activación de la jurisdicción complementaria de dicho tribunal permitiría que su Fiscalía inicie investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en México desde 2006. Esto sería un paso significativo hacia el enjuiciamiento de los responsables, tanto de funcionarios públicos -civiles y militares- como de integrantes de la delincuencia organizada. Además, la actuación complementaria de ese tribunal enviaría un fuerte mensaje a las autoridades locales de procuración de justicia, incluida la Fiscalía General de la República, sobre la importancia de combatir la impunidad y proteger los derechos humanos en el ámbito nacional.

3. Por otro lado, la creación de una comisión de la verdad sería vital para esclarecer las responsabilidades políticas y jurídicas de las instituciones del Estado mexicano. Una comisión podría también dilucidar el papel y participación de las fuerzas de seguridad a nivel federal (incluidas Ejército y Marina), estatal y municipal, las fiscalías y el Poder Judicial en las atrocidades cometidas en el país desde 2006. Esta comisión no solo serviría para establecer la verdad histórica de lo ocurrido, sino también para identificar patrones de abuso sistemático y colusión entre el Estado y actores criminales. Las víctimas merecen que los responsables rindan cuentas, y este mecanismo proporcionaría las bases para diseñar políticas públicas que eviten la repetición de tales crímenes, siempre y cuando en su conformación y operación se respeten escrupulosamente los estándares internacionales que aseguren su independencia, autonomía y profesionalismo.

4. Es fundamental dotar de plena autonomía a las fiscalías del país para que puedan investigar crímenes a gran escala sin la influencia del poder político. Para ello se requiere de un proceso transparente, participativo y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas para el nombramiento de fiscales generales que gocen de autoridad moral, independencia de actores políticos, económicos y criminales, así como probada competencia. Con una fiscalía independiente, los crímenes atroces podrían ser investigados de manera más profesional y exhaustiva.

5. El monopolio de facto del ministerio público para activar o accionar el funcionamiento de los jueces penales ha sido un obstáculo en la enorme mayoría de los casos, principalmente porque las fiscalías no quieren o no pueden investigar y llevar a juicio a funcionarios públicos o personas política o económicamente influyentes. Por eso se hace indispensable reformar la ley para permitir que los particulares puedan ejercer la acción penal en casos de abusos de derechos, particularmente cuando las fiscalías se nieguen, retrasen injustificadamente o sean incapaces de llevar a buen término investigaciones. Si los ciudadanos tienen la legitimidad de actuar para exigir y activar la justicia, se evitaría que crímenes graves contra los derechos humanos queden impunes.

6. Finalmente, es imperante depurar las instituciones públicas de aquellos funcionarios que han sido señalados de cometer tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, mediante la separación inmediata de sus cargos. Esta acción abonaría en restaurar la confianza en el gobierno, además que sentaría un precedente de que la impunidad no será tolerada, marcando un cambio estructural en la cultura de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país.

A pesar de las promesas de continuidad y cambio, la administración entrante de Claudia Sheinbaum parece destinada a continuar con la tendencia autoritaria del régimen de López Obrador, reforzando aún más las prerrogativas de las fuerzas armadas, diluyendo la división de poderes, concentrando poder y socavando los esfuerzos por la rendición de cuentas. Este panorama crítico exige una ruptura con las políticas actuales y la implementación de mecanismos internacionales y nacionales independientes que restauren la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas, antes de que la impunidad se termine de consolidar como norma en el país.

* José Antonio Guevara Bermúdez (@JoseAGuevaraB) es académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala e integrante del Centro de Investigación de Crímenes Atroces.