Los límites de la aprobación a la impunidad: Sheinbaum ante la crisis de desapariciones forzadas
Desde hace poco más de una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su primer gran reto que puede ser también su primera crisis política: el manejo de la crisis de desapariciones forzadas en el país. Es su primer gran reto ya que las tensiones con los Estados Unidos, debidas a las amenazas arancelarias de Trump, en realidad ponen a la presidente de forma natural en posición ventajosa de popularidad en el escenario político y del imaginario popular en nuestro país: como la imagen de una patriota que enfrenta al terrible líder extranjero, al invasor que viene a poner en cuestión nuestra identidad.
El sentimiento de mexicanidad y orgullo nacional en la sociedad mexicana resurge cuando parte de nuestra identidad es amenazada o ridiculizada de alguna forma, por lo que se apoyará a cualquier nacional (civil o político) que enfrente a la persona extranjera causante de la transgresión. Además, los resultados de esta crisis diplomática-comercial son evidentes: algunos medios han estimado que la presidenta ha alcanzado un histórico 85 % de aprobación (El Financiero), por lo que, a los ojos de la población, ha salido victoriosa.
Pero desde hace poco más de una semana, el más reciente acto de terror que ha puesto el foco de atención nacional sobre la crisis de desapariciones y el dominio de la delincuencia organizada en México es el hallazgo de un centro de operaciones de un grupo delictivo en el rancho Izaguirre, ubicado en el pueblo de Teuchitlán, Jalisco.
Los colectivos de madres buscadoras, testigos sobrevivientes y medios de comunicación han informado de los horrores que tuvieron lugar ahí, en lo que ahora es identificado como un centro de reclutamiento, donde a partir de un modus operandi ya común de grupos de la delincuencia organizada mediante el que engañan a la población juvenil con falsas promesas laborales para así atraerlos y forzarlos a formar parte de sus filas, para finalmente recibir entrenamiento como sicarios; sin embargo, lo más estremecedor es la posibilidad de que haya sido usado como un centro de exterminio, debido a los restos óseos y de ropa encontrados que así lo indican.
A la par de la denuncia de este horror, se señala la ineptitud (en el mejor de los casos) y la colusión (en el peor) de las autoridades, quienes ya se encontraban en posesión del inmueble desde hace meses y en cuya primera intervención no identificaron los restos óseos, de ropa o hasta juguetes que los colectivos posteriormente identificaron. Aunque la responsabilidad inmediata es de las autoridades locales de Jalisco, la extensión del hallazgo hace que alcance a las autoridades federales, por lo tanto, a la responsable última de la seguridad en el país, la presidenta.
Como respuesta por parte de la sociedad civil organizada, el día 15 de marzo se realizó una vigilia en distintas partes del país, principalmente Ciudad de México y Guadalajara, con el objetivo de presionar a las autoridades de todos los niveles a dejar la pasividad e indiferencias que les ha caracterizado frente al fenómeno que ha destruido a miles de familias mexicanas. En términos de comunicación política, para el gobierno será fundamental que este acto no sea el primero de acciones coordinadas en todo el país que culmine en una crisis de aprobación, que a su vez conduzca a la ruptura con la población y la pérdida del poder. Recordemos que parte de la debacle del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto se puede atribuir a la crisis que devino del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y la terrible respuesta gubernamental.
Es en este tipo de coyunturas políticas donde florecía su antecesor, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo basado en su carisma le hacía salir avante en toda crisis y mantenerse sólido frente a toda crítica, cualidad que le permitió mantener cierta estabilidad durante toda su gestión. AMLO tuvo tal nivel de respaldo popular que pudo confesar probables actos delictivos –como ordenar la liberación de Ovidio Guzmán López durante el primer intento fallido de captura conocido como el “Culiacanazo”– y permanecer impune, más allá de la cooptación de las instituciones de justicia que no ejercieron ningún tipo de acción. Otro aspecto clave de la estrategia de comunicación obradorista, que resultó sumamente efectiva, fue atribuir todos los problemas del país a los gobiernos anteriores -en particular a los panistas- incluidos aquellos originados durante su gestión. Este escudo se extendió a todos sus colaboradores, por lo cual personajes como Hugo López-Gatell jamás han sido llamados a rendir cuentas, en este caso por su gestión durante la crisis del coronavirus.
Los gobiernos morenistas de todos los niveles sostienen que “el pueblo está con ellos”, argumento que respaldan con los altos niveles de votación, aprobación y popularidad. Es innegable que esto último es cierto; sin embargo, también ha sido utilizado este gran respaldo popular y casi incondicional como escudo para eludir la rendición de cuentas y la acción de la justicia ante diversas acusaciones de ilícitos. Se ha señalado a autoridades de distintos niveles por su colusión con líderes criminales, mientras que auditorías han revelado desfalcos en las finanzas públicas. No obstante, las autoridades del partido en el poder y sus aliados continúan sin enfrentar consecuencias legales.
En la conferencia matutina del 17 de marzo la presidenta señaló acciones para atender la crisis de desapariciones, las cuales también, evidentemente, han sido pensadas como actos de contención de daños que las revelaciones hechas la semana pasada sobre el racho Izaguirre pudiera tener en su respaldo popular. Con acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de una base única forense, la actual administración busca mandar el mensaje que en efecto se buscará enfrentar la grave crisis y que no les caracterizará la pasividad de gobiernos anteriores, e incluso de que van en sentido inverso al del desmantelamiento de las capacidades de búsqueda de las autoridades realizadas durante el gobierno anterior. O tal vez simplemente miraron a un espejo y no les gustó lo que les reflejó de vuelta: la imagen del gobierno indolente que no atiende a las víctimas, culpa a la oposición por armar complots y fabricar desaparecidos, una imagen de un gobierno que eventualmente perderá el respaldo popular y la capacidad de gobernar. Saben que se acercan el momento en que culpar a los gobiernos anteriores deje de bastar para solventar una crisis.
Otro elemento, endógeno en la sociedad, que podría reducir el impacto de esta coyuntura en la imagen del gobierno federal es la preocupante normalización de la violencia extrema. Día con día nos enteramos de las atrocidades que suceden a lo largo y ancho del país: cuerpos mutilados en una carretera, cuerpos colgados en puentes, balaceras en contra de los asistentes de una fiesta y enfrentamientos sin fin entre autoridades y civiles armados; en este contexto, ¿qué son 200 personas muertas más? ¿300 o 1,000? Una casi nula capacidad de asombro e indignación ante el horror es tal vez una defensa natural desarrollada por la sociedad en este contexto de hiperexposición a la violencia y es lo que nos permite cada día despertarnos, salir de cama y que la realidad no nos abrume. El impacto negativo de esto es que nos vuelva pasivos y permisivos frente a los escenarios donde como sociedad podemos incidir, y en este caso particular, no exigirle a nuestras autoridades acciones reales con sus resultados observables y medibles.
Por último, la ya práctica común de culpar a las víctimas puede ayudar a la presidenta a reducir afectaciones a su imagen, ya que desde el gobierno de Felipe Calderón se cultivó en el imaginario mexicano que todas las víctimas de la delincuencia organizada lo fueron porque “andaban en malos pasos” o “metidos en el negocio”, narrativa que ha funcionado a todos los gobiernos que le precedieron, incluidos a los dos de la autonombrada “Cuarta Transformación”. En un país donde se piensa que las víctimas son culpables, las autoridades nunca serán responsables.
En próximos días observaremos si la crisis de desapariciones forzadas será finalmente la crisis que acabará con la impunidad de autoridades sostenida por el respaldo popular y que los obligará a finalmente responsabilizarse.
* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
Escaparon en un viaje tan sorprendente como aterrador rumbo a Australia. Eran 19 jóvenes que lo dieron todo por tener una vida mejor.
La exjugadora de cricket australiana Mel Jones fue una de las tres mujeres que organizaron y financiaron el plan para que el equipo femenino de cricket de Afganistán huyera de su país en 2021 tras el regreso al poder del Talibán.
Entre las 19 jugadoras que hicieron el aterrador viaje a Australia estaba Firooza Amiri, quien temblaba de miedo cada vez que su familia era detenida en el auto en el que viajaba.
Ocho eran los puestos de control por los que tuvieron que pasar para abandonar su país de origen.
Hasta el día de hoy, Amiri no puede comprender cómo se creyeron sus excusas de que iban a asistir a una “boda familiar” y a “llevar a su madre a recibir atención médica en Pakistán”.
“Fue el mayor milagro de mi vida”, le dijo a la BBC.
Tres años y medio después, ella y su equipo pisaron el campo de juego en el Junction Oval, en Melbourne, para representar al equipo femenino de Afganistán que jugaba su primer partido.
Otro capítulo en su notable historia acababa de comenzar.
Entre quienes observaban emocionados estaba Jones, quien se encargó de conseguir visas humanitarias de emergencia, dinero y un pasaje seguro para las jugadoras y sus familias.
Teniendo en cuenta los peligrosos viajes que habían hecho, este iba a ser un día de alegría abrumadora para las jugadoras que finalmente volvían a competir en el deporte que aman.
Pero la insignia especialmente diseñada en sus uniformes, en lugar de un escudo oficial, era un gran recordatorio de que su lucha por jugar está lejos de terminar, mientras el Consejo Internacional de Cricket (ICC, por sus siglas en inglés) no las reconozca como una selección nacional.
En un nuevo documental, “El equipo olvidado de cricket”, la BBC analiza la historia del equipo hablando con las jugadoras y aquellos que desempeñaron un papel crucial en su salida de Afganistán.
“No sabía si íbamos a vivir o morir”
Amiri estaba tomando té en casa con su abuela en agosto de 2021 cuando se enteró de que el Talibán había regresado.
“En ese momento me quedé en shock y sentí que lo perdería todo”, dijo con lágrimas en los ojos, agregando que supo de inmediato que el equipo tendría que abandonar el país.
“Mis padres vivieron la primera vez que el Talibán estuvo en Afganistán y sabían lo que les pasaría a las niñas”.
“No sabía si iba a sobrevivir. No sabía si habría una oportunidad para mí y mi familia de salir de Afganistán, no sabía si íbamos a vivir o morir”.
“Lo quemé todo, todos mis certificados, todas mis medallas. No queda nada”.
Según las leyes del Talibán, las mujeres tienen prohibido el acceso a las universidades, el deporte y los parques. También está prohibido que sus voces se escuchen fuera de sus hogares.
La compañera de equipo de Amiri, Nahida Sapan, recordó cómo llegaron a su casa buscándola.
“Mi hermano salió y uno de los miembros del Talibán le preguntó: ‘¿Sabes de una chica de cricket? Creemos que vive aquí’. Mi hermano estaba muy asustado. Yo tenía un libro de resultados de todas mis compañeras de equipo, así que me fui a casa, rompí todos los papeles y los tiré a la basura”.
Sapan, cuyo hermano trabajaba para el gobierno anterior, dijo que su familia comenzó a recibir llamadas y mensajes.
“Eran amenazas directas. Decían: ‘Las vamos a encontrar y, si las encontramos, no las dejaremos vivir. Si encontramos a alguna de ustedes, las encontraremos a todas'”.
“Estaba muy preocupada por todas las chicas del equipo. Todas necesitábamos un lugar seguro”.
Ese lugar seguro iba a venir de una fuente inesperada al otro lado del mundo.
La evacuación “parecía una película de Jason Bourne”
A miles de kilómetros de distancia, Mel Jones se encontraba en cuarentena en un hotel australiano durante la pandemia de covid-19, cuando recibió un mensaje de un periodista indio que le preguntaba si había oído hablar de la situación del equipo de cricket afgano.
Las jugadoras habían pedido ayuda a la Junta de Cricket de Afganistán (ACB, por sus siglas en inglés) después de que el Talibán tomara el poder, pero no recibieron ninguna.
Estaban aterrorizadas bajo el gobierno del grupo islamista.
El periodista puso a Jones en contacto con una de las jugadoras y ella le preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarlas. La jugadora respondió que todas sus compañeras de equipo y el personal de apoyo debían salir de Afganistán.
Jones, quien ganó dos Copas del Mundo con Australia, revisó sus contactos y trajo a varios voluntarios a bordo, incluida su amiga Emma Staples, quien solía trabajar para Cricket Victoria, y Catherine Ordway, quien había ayudado a evacuar a las futbolistas afganas.
Creando una red de personas que podían ayudar, incluso sobre el terreno en Afganistán, organizaron visas y transporte para finalmente sacar a 120 personas del país, principalmente a Pakistán, y luego en vuelos militares a Dubái. Desde allí volaron a Melbourne y Canberra en vuelos comerciales financiados por el gobierno australiano.
“No creo que comprendiera la enormidad de lo que estábamos haciendo en ese momento”, dijo Staples. “Nos dijeron que tal vez no podríamos salvar a todos”.
“Para mí, fue como coordinar un servicio de inmigración clandestino. Tuve que completar los documentos de las visas e intentar transferir dinero a Afganistán para que las chicas compraran pasaportes”.
“Fueron seis semanas de recopilación de información de los miembros de las familias de las jugadoras, tratando de obtener identificaciones, pero solo teníamos esta hoja de cálculo con los detalles de todos”.
La comunicación con las jugadoras fue “realmente desafiante”, pero “nada que Google Translate no pudiera solucionar”, según contó Staples.
“Todo pasó tan rápido para ellas que no creo que tuvieran tiempo de pensar en lo que tuvieron que dejar atrás. No tengo dudas de que algunas de ellas están pasando por la culpa del sobreviviente”.
Jones, de 52 años, quien ahora trabaja como locutora de cricket, dijo que hubo momentos en los que no estaba claro si la misión tendría éxito. Las cosas sucedían minuto a minuto”, dijo.
“Sin sonar frívola, hubo momentos en los que parecía que estabas en una película de Jason Bourne”, contó, recordando que intentaba comentar en televisión mientras enviaba mensajes a una jugadora afgana que trataba de encontrar el auto correcto que la llevara a un lugar seguro.
“Esa fue la parte que me dio miedo, el asegurarme de que tomaran las decisiones correctas”.
Escondidas y luego ignoradas
Durante meses después de aterrizar en Australia, las jugadoras mantuvieron en secreto su paradero, mientras vivían en un alojamiento temporal, ya que todavía temían por su seguridad.
Los clubes de cricket locales a los que se unieron también ayudaron a proteger sus identidades.
Esperaron hasta diciembre de 2022 y luego escribieron al ICC para decirles que vivían en Australia y para plantear dos grandes preguntas: ¿qué había pasado con sus contratos con la ACB y qué había pasado con el dinero destinado a la ACB y que debería usarse en su preparación?
También solicitaron que algunos de esos fondos se redirigieran a las jugadoras en Australia.
Después de un mes, el ICC respondió que los contratos eran un asunto de la ACB y que dependía de la junta decidir cómo gastar los fondos que recibe del organismo rector mundial.
Pero como la ACB se negó a tratar con las jugadoras, el equipo se quedó con la sensación de que los organismos rectores del deporte se habían desentendido de ellas.
En junio de 2024, tras la llegada del equipo masculino de Afganistán a las semifinales del Mundial T20, las mujeres aprovecharon el momento para escribir una segunda carta al ICC.
Esta vez pidieron que se les permitiera formar un equipo internacional de refugiadas.
Dicen que nunca han recibido respuesta a esa carta.
“Es tan doloroso y tan decepcionante”, dijo Shabnam Ahsan, quien tenía solo 14 años cuando huyó de su país. “No entiendo por qué ellos [el ICC] no están haciendo nada para ayudarnos. Hemos trabajado muy duro y merecemos ayuda como cualquier otro equipo”.
El ICC le dijo a BBC Sport en un comunicado que “sigue comprometido con la situación en Afganistán, con el bienestar y las oportunidades de los jugadores como nuestra máxima prioridad”.
Su presidente, Jay Shah, añadió: “Estamos comprometidos a apoyar el desarrollo del cricket a través de la Junta de Cricket de Afganistán, al tiempo que reconocemos los desafíos que enfrenta el cricket femenino afgano, incluidas las preocupaciones de las jugadoras que viven en el exilio”.
“El ICC también está revisando ciertas comunicaciones relacionadas con el cricket femenino de Afganistán y explorando cómo se las puede apoyar dentro del marco legal y constitucional del ICC. Nuestro enfoque está en el diálogo constructivo y en soluciones viables que salvaguarden los mejores intereses de todas las jugadoras de cricket afganas”.
¿Qué pasará ahora?
El día del partido en Melbourne estuvo lleno de emoción y alegría, pero aún queda una pregunta importante: ¿qué le espera al equipo?
No cuentan con financiación oficial, aunque al día siguiente del partido se puso en marcha un fondo en línea llamado “Pitch Our Future”, que pretende recaudar cerca de US$950.000 para ayudar a asegurar el futuro del equipo.
La Marylebone Cricket Club Foundation de Reino Unido también se ha comprometido a que las jugadoras de Afganistán sean las primeras beneficiarias de su nuevo Fondo Mundial de Cricket para Refugiados.
Las jugadoras aún tienen grandes sueños de jugar algún día en el escenario internacional, pero eso depende de que el ICC colabora con ellas.
Sin embargo, una cosa es segura: en un momento en el que las mujeres de Afganistán sienten que no tienen voz, este equipo no será silenciado.
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