Los límites de la aprobación a la impunidad: Sheinbaum ante la crisis de desapariciones forzadas
Desde hace poco más de una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su primer gran reto que puede ser también su primera crisis política: el manejo de la crisis de desapariciones forzadas en el país. Es su primer gran reto ya que las tensiones con los Estados Unidos, debidas a las amenazas arancelarias de Trump, en realidad ponen a la presidente de forma natural en posición ventajosa de popularidad en el escenario político y del imaginario popular en nuestro país: como la imagen de una patriota que enfrenta al terrible líder extranjero, al invasor que viene a poner en cuestión nuestra identidad.
El sentimiento de mexicanidad y orgullo nacional en la sociedad mexicana resurge cuando parte de nuestra identidad es amenazada o ridiculizada de alguna forma, por lo que se apoyará a cualquier nacional (civil o político) que enfrente a la persona extranjera causante de la transgresión. Además, los resultados de esta crisis diplomática-comercial son evidentes: algunos medios han estimado que la presidenta ha alcanzado un histórico 85 % de aprobación (El Financiero), por lo que, a los ojos de la población, ha salido victoriosa.
Pero desde hace poco más de una semana, el más reciente acto de terror que ha puesto el foco de atención nacional sobre la crisis de desapariciones y el dominio de la delincuencia organizada en México es el hallazgo de un centro de operaciones de un grupo delictivo en el rancho Izaguirre, ubicado en el pueblo de Teuchitlán, Jalisco.
Los colectivos de madres buscadoras, testigos sobrevivientes y medios de comunicación han informado de los horrores que tuvieron lugar ahí, en lo que ahora es identificado como un centro de reclutamiento, donde a partir de un modus operandi ya común de grupos de la delincuencia organizada mediante el que engañan a la población juvenil con falsas promesas laborales para así atraerlos y forzarlos a formar parte de sus filas, para finalmente recibir entrenamiento como sicarios; sin embargo, lo más estremecedor es la posibilidad de que haya sido usado como un centro de exterminio, debido a los restos óseos y de ropa encontrados que así lo indican.
A la par de la denuncia de este horror, se señala la ineptitud (en el mejor de los casos) y la colusión (en el peor) de las autoridades, quienes ya se encontraban en posesión del inmueble desde hace meses y en cuya primera intervención no identificaron los restos óseos, de ropa o hasta juguetes que los colectivos posteriormente identificaron. Aunque la responsabilidad inmediata es de las autoridades locales de Jalisco, la extensión del hallazgo hace que alcance a las autoridades federales, por lo tanto, a la responsable última de la seguridad en el país, la presidenta.
Como respuesta por parte de la sociedad civil organizada, el día 15 de marzo se realizó una vigilia en distintas partes del país, principalmente Ciudad de México y Guadalajara, con el objetivo de presionar a las autoridades de todos los niveles a dejar la pasividad e indiferencias que les ha caracterizado frente al fenómeno que ha destruido a miles de familias mexicanas. En términos de comunicación política, para el gobierno será fundamental que este acto no sea el primero de acciones coordinadas en todo el país que culmine en una crisis de aprobación, que a su vez conduzca a la ruptura con la población y la pérdida del poder. Recordemos que parte de la debacle del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto se puede atribuir a la crisis que devino del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y la terrible respuesta gubernamental.
Es en este tipo de coyunturas políticas donde florecía su antecesor, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo basado en su carisma le hacía salir avante en toda crisis y mantenerse sólido frente a toda crítica, cualidad que le permitió mantener cierta estabilidad durante toda su gestión. AMLO tuvo tal nivel de respaldo popular que pudo confesar probables actos delictivos –como ordenar la liberación de Ovidio Guzmán López durante el primer intento fallido de captura conocido como el “Culiacanazo”– y permanecer impune, más allá de la cooptación de las instituciones de justicia que no ejercieron ningún tipo de acción. Otro aspecto clave de la estrategia de comunicación obradorista, que resultó sumamente efectiva, fue atribuir todos los problemas del país a los gobiernos anteriores -en particular a los panistas- incluidos aquellos originados durante su gestión. Este escudo se extendió a todos sus colaboradores, por lo cual personajes como Hugo López-Gatell jamás han sido llamados a rendir cuentas, en este caso por su gestión durante la crisis del coronavirus.
Los gobiernos morenistas de todos los niveles sostienen que “el pueblo está con ellos”, argumento que respaldan con los altos niveles de votación, aprobación y popularidad. Es innegable que esto último es cierto; sin embargo, también ha sido utilizado este gran respaldo popular y casi incondicional como escudo para eludir la rendición de cuentas y la acción de la justicia ante diversas acusaciones de ilícitos. Se ha señalado a autoridades de distintos niveles por su colusión con líderes criminales, mientras que auditorías han revelado desfalcos en las finanzas públicas. No obstante, las autoridades del partido en el poder y sus aliados continúan sin enfrentar consecuencias legales.
En la conferencia matutina del 17 de marzo la presidenta señaló acciones para atender la crisis de desapariciones, las cuales también, evidentemente, han sido pensadas como actos de contención de daños que las revelaciones hechas la semana pasada sobre el racho Izaguirre pudiera tener en su respaldo popular. Con acciones como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación de una base única forense, la actual administración busca mandar el mensaje que en efecto se buscará enfrentar la grave crisis y que no les caracterizará la pasividad de gobiernos anteriores, e incluso de que van en sentido inverso al del desmantelamiento de las capacidades de búsqueda de las autoridades realizadas durante el gobierno anterior. O tal vez simplemente miraron a un espejo y no les gustó lo que les reflejó de vuelta: la imagen del gobierno indolente que no atiende a las víctimas, culpa a la oposición por armar complots y fabricar desaparecidos, una imagen de un gobierno que eventualmente perderá el respaldo popular y la capacidad de gobernar. Saben que se acercan el momento en que culpar a los gobiernos anteriores deje de bastar para solventar una crisis.
Otro elemento, endógeno en la sociedad, que podría reducir el impacto de esta coyuntura en la imagen del gobierno federal es la preocupante normalización de la violencia extrema. Día con día nos enteramos de las atrocidades que suceden a lo largo y ancho del país: cuerpos mutilados en una carretera, cuerpos colgados en puentes, balaceras en contra de los asistentes de una fiesta y enfrentamientos sin fin entre autoridades y civiles armados; en este contexto, ¿qué son 200 personas muertas más? ¿300 o 1,000? Una casi nula capacidad de asombro e indignación ante el horror es tal vez una defensa natural desarrollada por la sociedad en este contexto de hiperexposición a la violencia y es lo que nos permite cada día despertarnos, salir de cama y que la realidad no nos abrume. El impacto negativo de esto es que nos vuelva pasivos y permisivos frente a los escenarios donde como sociedad podemos incidir, y en este caso particular, no exigirle a nuestras autoridades acciones reales con sus resultados observables y medibles.
Por último, la ya práctica común de culpar a las víctimas puede ayudar a la presidenta a reducir afectaciones a su imagen, ya que desde el gobierno de Felipe Calderón se cultivó en el imaginario mexicano que todas las víctimas de la delincuencia organizada lo fueron porque “andaban en malos pasos” o “metidos en el negocio”, narrativa que ha funcionado a todos los gobiernos que le precedieron, incluidos a los dos de la autonombrada “Cuarta Transformación”. En un país donde se piensa que las víctimas son culpables, las autoridades nunca serán responsables.
En próximos días observaremos si la crisis de desapariciones forzadas será finalmente la crisis que acabará con la impunidad de autoridades sostenida por el respaldo popular y que los obligará a finalmente responsabilizarse.
* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).
El futuro primer ministro de Canadá no tiene experiencia en la política pero sí en gestionar crisis económicas internacionales, ya que ha sido la primera persona en liderar los bancos centrales dos países del G7.
Carece de experiencia en la política, pero su veteranía en la gestión de crisis económicas internacionales se ha convertido en su mayor baza ahora que su país se enfrenta al abismo de la guerra comercial con Estados Unidos.
Mark Carney, que será el nuevo primer ministro de Canadá tras ser elegido por su partido para sustituir a Justin Trudeau, ha dejado claro desde un primer momento que su estilo no son los paños calientes, y que plantará cara al presidente Donald Trump porque es necesario “enfrentarse a un matón”.
“Los estadounidenses quieren nuestros recursos, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro país… Canadá nunca formará parte de Estados Unidos de ninguna forma”, afirmó en su primer discurso como líder del Partido Liberal canadiense.
El futuro primer ministro tiene un currículum poco común para un político llamado a dirigir una de las mayores economías del mundo.
Será el primer jefe del ejecutivo en su país que no ha sido antes legislador ni ha ocupado ningún cargo gubernamental en Canadá.
Pero Carney, de 59 años, ha sido pionero en muchos de los hitos de su carrera.
El nuevo líder del Partido Liberal canadiense fue la primera persona no británica en convertirse en gobernador del Banco de Inglaterra en sus más de 300 años de historia cuando asumió el cargo en 2013.
Además, ha sido la primera persona en liderar dos bancos centrales de países distintos del G7, ya que, anteriormente, había guiado a su país de origen a través de la gran recesión como gobernador del Banco de Canadá.
A pesar de no haber ocupado un cargo político, ganó con holgura la contienda para sustituir al primer ministro saliente, Justin Trudeau. Ahora debe dirigir al país en uno de sus retos más difíciles: la escalada de la guerra comercial con su principal socio comercial, Estados Unidos.
Pero mantener el cargo de primer ministro será una lucha en sí misma. Las próximas elecciones federales de Canadá están previstas para octubre, pero muchos esperan que se convoquen este mismo mes.
Aunque Carney ha viajado por todo el mundo, al trabajar para Goldman Sachs durante 13 años en lugares como Nueva York, Londres y Tokio, nació en la remota ciudad canadiense de Fort Smith, en los Territorios del Noroeste.
Hijo de un director de instituto, estudió con una beca en la Universidad de Harvard, donde practicó el más canadiense de los deportes, el hockey sobre hielo. En 1995 se doctoró en Economía por la Universidad de Oxford.
En 2003 abandonó el sector privado para incorporarse al Banco de Canadá como vicegobernador, y después trabajó para el ministerio de Finanzas como viceministro adjunto principal.
Con 42 años fue nombrado gobernador del Banco de Canadá en 2007, poco antes de que los mercados mundiales se desplomaran, sumiendo al país en una profunda recesión. Su liderazgo en el banco central ha sido ampliamente elogiado por ayudar al país a evitar lo peor de la crisis.
Aunque los banqueros centrales son famosos por su discreción, se mostró abierto sobre su intención de mantener los tipos de interés bajos durante al menos un año, tras haberlos reducido drásticamente.
Aquella medida le permitió ayudar a las empresas a seguir invirtiendo incluso cuando los mercados se hundieron. Adoptó un enfoque similar cuando volvió a Londres, esta vez como gobernador del Banco de Inglaterra.
Durante su mandato en la histórica institución, supervisó cambios considerables en su funcionamiento. Al principio de su gestión, el organismo asumió la responsabilidad de la regulación financiera tras la abolición de la Autoridad de Servicios Financieros.
Se le atribuye el mérito de haber modernizado el Banco de Inglaterra, apareciendo con mucha más frecuencia en los medios de comunicación que su predecesor.
Pero la confusión en torno a ciertas políticas llevaron a un diputado a compararlo con un “novio poco fiable”, apodo que perduró mucho después de que se disipara la polémica original.
A diferencia de los gobernadores anteriores, que en general mantuvieron un perfil bajo, hizo declaraciones controvertidas antes de dos grandes referéndums constitucionales.
En 2014 advirtió de que una Escocia independiente podría tener que ceder competencias a Reino Unido si quería seguir utilizando la libra esterlina.
Antes del referéndum sobre el Brexit, advirtió de que un voto a favor de abandonar la UE podría desencadenar una recesión.
Tras el referéndum, después de que David Cameron dimitiera como primer ministro y la libra se desplomara, se dirigió a la nación para tranquilizar al país asegurando que el sistema financiero funcionaría con normalidad.
Lo describió como su “día más duro” en el cargo, pero afirmó que los planes de contingencia que el Banco había puesto en marcha habían funcionado eficazmente.
Posteriormente, el Banco recortó los tipos de interés del 0,5% al 0,25% y reanudó su programa de expansión cuantitativa para apoyar la economía.
En su última semana, en marzo de 2020, comenzó la fase más aguda de la pandemia de Covid: el Banco recortó los tipos un 0,5% para apoyar a la economía, y Carney dijo al país que el shock económico “debería ser temporal”.
La etapa de Carney al frente del banco le proporcionó una amplia experiencia en el trato con Donald Trump, que no solo ha impuesto fuertes aranceles a Canadá desde que volvió al cargo en enero, sino que también ha sugerido que Estados Unidos debería anexionarse a su vecino del norte.
De 2011 a 2018, Carney fue presidente del Consejo de Estabilidad Financiera, que coordinaba la labor de las autoridades reguladoras de todo el mundo, lo que le otorgó un papel clave en la respuesta global a las políticas de la primera presidencia de Trump.
Era un asiduo de las reuniones del G20, por lo que pudo ver de primera mano cómo se desenvuelve Trump en la escena mundial.
Según Faisal Islam, editor de Economía de la BBC, Carney cree que Trump sólo respeta el poder y que no es posible apaciguarlo, por lo que su respuesta arancelaria a la guerra comercial lanzada por el presidente de EE.UU. se centrará en que sea su vecino del sur quien sufra la subida de la inflación y las tasas de interés.
Carney también es conocido por su defensa de la sostenibilidad medioambiental.
En 2019 se convirtió en el enviado especial de la ONU para el cambio climático, y en 2021 lanzó la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, una agrupación de bancos e instituciones financieras que trabajan para combatir el cambio climático.
Sus ambiciones políticas se han rumoreado durante años, pero hasta hace poco este hombre de 59 años había descartado la idea.
“¿Por qué no me hago payaso de circo?”, llegó a responderle a un periodista en 2012 cuando le planteó la idea.
Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Trudeau dimitió en enero después de que su ministra de Economía, Chrystia Freeland, abandonara su gabinete, lo que desencadenó una disputa en el partido que, unida a la caída en picado de Trudeau en las encuestas, llevó al primer ministro a anunciar su dimisión.
Según algunas informaciones, Trudeau pretendía sustituir a Freeland por Carney en el puesto de ministro de Finanzas.
Freeland -amiga personal suya- incluso se presentó contra él en la carrera para sustituir a Trudeau. Pero Carney ganó por goleada, mostrándose como el mejor preparado para enfrentarse a Trump, que ha impuesto fuertes aranceles a los productos canadienses.
“Sé cómo gestionar las crisis”, dijo Carney durante un debate a finales del mes pasado. “En una situación como esta, necesitas experiencia en términos de gestión de crisis, necesitas habilidades de negociación”.
Aun así, su paso por el mundo de las finanzas le ha abierto las puertas a las críticas de sus rivales políticos en Canadá.
Los conservadores han acusado a Carney de mentir sobre su papel en el traslado de la sede de la empresa de inversiones Brookfield Asset Management de Toronto a Nueva York, aunque Carney afirma que la recién adoptada decisión oficial de trasladar la empresa se tomó después de que él abandonara el consejo.
También le han presionado para que revele sus activos financieros, algo que Carney no tiene que hacer por el momento, ya que no es un miembro electo del Parlamento.
Su equipo ha dicho que cumplirá todas las normas y directrices éticas aplicables una vez que sea primer ministro.
*Con reportería de Ben King de BBC News en Londres y Robin Levinson King, de BBC News en Toronto, Canadá, y de Faisal Islam, editor de Economía de la BBC.
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