¿Sancionar al Chicharito es la mejor respuesta?
El foco público está volcado sobre las manifestaciones de Javier el Chicharito Hernández, quien -entre otras cosas- dijo que las mujeres “están fracasando” y “están erradicando la masculinidad”, en lugar de “encarnar” su energía femenina “cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando (…) cuidando el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros, los hombres”, en un discurso que ha sido calificado, por decir lo menos, de desfavorable.
Y sí, las manifestaciones de Javier Hernández tienden a perpetuar roles de género que durante décadas se han buscado erradicar, porque nos llevan, no sólo a las mujeres sino también a los hombres, a contextos de violencia en el peor de los casos y, en el “mejor” de los casos, merman la libertad de decidir cómo se quiere vivir, independientemente del género.
Sobre el por qué es lamentable lo que dijo el Chicharito ya sobran voces. Lo que me lleva a escribir estas líneas es otra reflexión: preguntarnos como sociedad si sancionar a Javier Hernández es la mejor respuesta o no.
Al parecer ya le fue impuesta una multa y apercibimiento por parte de la Federación Mexicana de Futbol; la Comisión de Género y Diversidad anunció el inicio de una investigación formal; Chivas probablemente realice la aplicación de acciones internas, y ha habido llamados a sanciones internacionales por parte de la FIFA.
Y es aquí donde debemos pararnos en seco y repensar si sancionar al Chicharito por decir lo que piensa es la mejor respuesta o no. O si es mejor dejarlo al debate y juicio de la opinión pública. Porque cuando pasa la molestia e incredulidad de escucharlo, se vuelve ridículo y tierno en el peor de los sentidos.
El caso del Chicharito nos da la excusa perfecta para repensar qué discursos son admisibles y cuáles no, y cuál es la mejor estrategia social para dar respuesta. Se dice que la piedra angular del sistema democrático es la libertad de expresión. Dicen los que saben que el grado de democracia de un país podría medirse por el número de limitaciones que son aceptadas a la libertad de expresión. Esto, porque el ejercicio de dicha libertad es el medio para formar una opinión pública libre, lo que constituye a su vez el cimiento del pluralismo que se considera valioso en una sociedad, donde todas las ideas y expresiones son aceptadas, salvo contadas limitaciones -que mencionaré más adelante-. Es en ese mercado de las ideas[1] donde, a manera dialéctica, se expresan y forman unas buenas y otras malas y, con base en una discusión libre, se avanza y construye. Y el pluralismo de ideas, tutelado por la libertad de expresión, reconoce no sólo las ideas que nos agradan sino también aquellas que ofenden, chocan o molestan.
Limitar la libertad de expresión debe de ser excepcional y estar plenamente justificado, de lo contrario no sería libertad, sino privilegio.[2] El discurso que odiamos merece tanta protección como cualquier otro. Hasta el del Chicharito.
De una u otra manera las sanciones impuestas al Chicharito son una forma de censura. Tienen un efecto inhibitorio generalizado en el ejercicio de la libertad de expresión. Y como sociedad debemos tener cuidado cuando caminamos en esa dirección o corremos el riesgo de dejar de escuchar voces disidentes al discurso mayoritario. Con ello dejará de existir no sólo la libertad, también la dialéctica necesaria para avanzar.
Esto tiene más vigencia que nunca con el ridículo grado de polarización que hemos creado. Hemos llevado al extremo la corrección de nuestras ideas, donde quien piensa diferente es el underdog, tambaléandose esa piedra angular sobre la que descansa nuestra democracia. A grado tal que aquí me tienen, escribiendo en defensa de la libertad de expresión de uno de los discursos que más me molestan: aquél que perpetúa roles de género.
Es cierto que el ejercicio de la libertad de expresión tiene límites, en México los límites reconocidos son: i) el ataque a la moral, ii) la vida privada y derechos de terceros, iii) la provocación de algún delito y iv) se perturbe el orden público. ¿El discurso del Chicharito encuadra en alguno de estos límites? A mi juicio no, es un discurso con el que no estoy de acuerdo, pero no va mucho más allá.
Ahora, la cosa se pone más interesante si consideramos la doctrina del discurso de odio como límite a la libertad de expresión, y esto en palabras muy generales se refiere a aquellas expresiones que desacreditan o vilipendian a miembros de grupos tradicionalmente discriminados, estigmatizando al objetivo adjudicándole cualidades indeseables, como sería decir que todas las mujeres son tontas por el simple hecho de ser mujeres. ¿El discurso del Chicharito puede ser considerado un discurso de odio contra las mujeres? A mi juicio no. Es un discurso que perpetúa roles de género, pero el contexto no da para considerar que lo hace desde el otorgamiento de cualidades indeseables, por lo que no considero que se trate de un discurso de odio.[3]
Lo que hasta aquí he venido exponiendo no significa que no pueda existir un discurso en contra de las mujeres fuera de los márgenes de la libertad de expresión que sí deba de tener consecuencias legales. Pero hay que ser cautelosos con silenciar discursos e inhibir la expresión de ideas bajo la bandera de lo que la corriente mayoritaria consideramos correcto, porque cada vez es más popular usar conceptos como herramientas políticas y de censura, sin reflexión alguna del discurso y su contexto. Como la violencia política de género, por ejemplo.
En el caso concreto del Chicharito, su discurso -por más lamentable que sea- está protegido por la libertad de expresión y es el propio mercado de las ideas el que debería juzgarlo: voces más fuertes, más pensadas y entendidas, pero no sanciones que inhiban su libertad y la de tantos otros que nos puedan llegar a incomodar.
Proteger aquellos discursos, aunque nos desagraden, y someterlos a un escrutinio público nos llevará más lejos como sociedad, que imponer sanciones que tengan como efecto callar esas voces.
[1] El mercado de las ideas es una doctrina estadounidense que surge por primera vez en el voto disidente del juez Oliver Wendell Holmes al resolver el caso Abrams vs Estados Unidos resuelto por la Suprema Corte de Estados Unidos en 1919.
[2] Carrillo Donaire Juan Antonio, “Libertad de expresión y discurso del odio: la construcción de la tolerancia”, Lección inaugural del curso académico 2015-2016 de la Universidad Loyola Andalucía, septiembre de 2015, pp. 6.
[3] Generalmente el discurso de odio estigmatiza a su objetivo señalando un conjunto de cualidades que son vistas de forma extendida como indeseables, y como son fuertemente desaprobadas dichas cualidades, consideradas como no lo suficientemente normales, son tratados con desprecio. Por lo que las consecuencias del lenguaje del odio afectan a las relaciones de los miembros del grupo con el resto de la población.
Pérez de la Fuente Oscar, “Libertad de expresión y el caso del lenguaje del odio. Una aproximación desde la perspectiva norteamericana y la perspectiva alemana”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, número 21, 2010, ISSN: 1138-9877, pp. 92.
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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