El Reino Unido a las urnas: una nueva ley electoral a prueba
Este jueves, cincuenta millones de electores en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte acudirán a las urnas para renovar el Parlamento británico, de donde surgirá también un primer ministro. Si bien el “ratón loco” y el “embarazo de urnas” no representan una amenaza real para la democracia en el Reino Unido, sus leyes electorales se reformaron recientemente para garantizar un proceso más íntegro y transparente.
La nueva legislación —que se pondrá a prueba por primera vez en unas elecciones generales—, contempla una serie de medidas que han causado polémica por su rigor, pero que pueden resultar insólitas en países como México, donde estamos acostumbrados a estrictas normas y severos candados, fruto de una (bien fundada) sospecha histórica de fraude.
“Olvidé mi credencial”
Impulsada por el recién creado Instituto Federal Electoral, la credencial para votar se instituyó en México desde 1990 y a la postre se convertiría en el carnet nacional de identidad. Por eso quizá nos parezca increíble que, en pleno 2024, los británicos tendrán que mostrar por primera vez una identificación con fotografía para recibir una boleta y ejercer su derecho al voto en una elección parlamentaria.
Los críticos de la medida argumentan que restringe las libertades e inhibe la participación. De hecho, se estima que catorce mil personas que acudieron a las casillas en las recientes elecciones locales inglesas no pudieron votar por ese motivo. La realidad es que en Irlanda del Norte la norma existe desde 2002 y en la mayoría de los países son válidos hasta veintidós carnets como forma de identificación —incluyendo pasaporte, licencia de conducir y tarjeta de transporte público—. Además, la Comisión Electoral otorga certificados de votación gratuitos.
¿Suplantación de identidad?
Si mostrar una tarjeta de transporte público en lugar de una credencial de elector resulta extraño, votar en representación de otra persona es una medida que nadie se atrevería a proponer en México. En el Reino Unido es posible a través del proxy vote, que consiste en una autorización especial que otorga cualquier ciudadano para que, en su representación, otra persona acuda a las urnas a tachar y depositar la papeleta que le corresponde.
La justificación del proceso es sencilla, ya que es posible argumentar desde viajes de trabajo o motivos de salud hasta unas simples vacaciones. Bajo las nuevas leyes electorales, una persona puede votar en representación de hasta dos británicos registrados en el Reino Unido y dos más que residan en el extranjero, cuando antes no se establecía un límite.
Sufragio en el extranjero
Antes de la reforma, los ciudadanos británicos perdían el derecho al voto tras quince años de residencia en el extranjero. Al eliminar esta restricción, se estima que hasta tres millones de personas podrán participar en las elecciones, particularmente a través del voto por correo. El proceso es realmente simple, pues los interesados pueden enviar una solicitud, en línea o por carta, hasta dos semanas antes de los comicios, incluyendo datos básicos de identificación como el número de seguridad social.
Prácticamente todas las encuestas otorgan una amplia ventaja al Partido Laborista, que volvería al poder después de catorce años de gobiernos encabezados por los conservadores; incluso, es probable que los tories sufran una derrota histórica que los lleve al tercer lugar, por detrás del Partido Reformista. Independientemente del resultado, las miradas estarán puestas en una ley electoral que tendrá que demostrar, con hechos, un incremento en el nivel y la calidad de la participación en una de las democracias más antiguas del mundo.
* Enrique López Alonso (@lopezalonso88) es maestro en Comunicación Política por la London School of Economics and Political Science (LSE).
Mientras la isla está pasando por una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, el gobierno de Díaz-Canel anuncia un nuevo paquete de medidas para intentar salir a flote.
En medio de una de las mayores crisis económicas desde la revolución de 1959, que ha provocado un éxodo sin precedentes de ciudadanos hacia el exterior, el gobierno de Cuba anunció una serie de medidas para intentar revertir la situación.
Las medidas pretenden ajustar el presupuesto público “a las condiciones de economía de guerra”, dijo la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo, en una reunión del Consejo de Ministros, el máximo órgano ejecutivo del país, según informó este lunes el medio oficialista Granma.
Los testimonios de los cubanos que no tienen acceso a medicinas o a productos básicos para sobrevivir, evidencian las duras condiciones con las que deben lidiar diariamente, calificadas por analistas como peores que las vividas durante los años 90 durante el llamado “Período Especial”.
La situación se ha vuelto tan crítica, que a fines de febrero el gobierno solicitó oficialmente ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas para mantener la distribución de leche subsidiada a los niños menores de 7 años.
“Todos nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo”, argumentó el presidente Díaz-Canel en la reunión.
¿Cuáles son las medidas?
Además de un recorte presupuestario, que implicará suspender inversiones, el anuncio incluye medidas como establecer una política de precios únicos y reducir la evasión fiscal, con el objetivo de “corregir distorsiones”.
La idea, explicó Granadillo, es enfrentar los desequilibrios macroeconómicos, aumentar el flujo de divisas que entran al país y estimular la producción nacional de alimentos, entre otras cosas.
Una de las medidas que más ha llamado la atención, aunque se desconocen los detalles, es el control de precios, el cual teóricamente se aplicaría “en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto al sector estatal como al no estatal”.
Si se implementa, el anuncio afectaría a las empresas privadas que fueron autorizadas para operar en el país luego que en 2021 se levantara la prohibición que les impedía realizar actividades comerciales, la cual existía desde el inicio de la revolución
Fuentes extraoficiales señalan que el gobierno ha establecido contactos con el sector privado para comunicarles la aplicación de topes de precios en productos básicos como la leche en polvo, el detergente, el pollo o el aceite, aunque se desconoce la lista completa y la fecha en que el control de precios entraría en vigor.
Como el país se encuentra en una “economía de guerra”, el primer ministro de la isla, Manuel Marrero, sostuvo que en esa situación “es cuando más necesitamos planificar y es cuando más necesitamos ejercer un control”.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo un 2% en 2023, mientras que la inflación alcanzó el 30%.
El nuevo paquete de medidas se suma a un severo plan de ajuste anunciado por el gobierno en diciembre, que incluyó un aumento de 500% del precio de los combustibles, una subida en el precio de las tarifas de electricidad y un incremento en el costo del gas natural licuado.
El ajuste encareció aún más la vida para los cubanos, que en los últimos años han visto caer su poder adquisitivo por la inflación, la devaluación del peso cubano frente al dólar y la disminución del turismo, el principal motor económico de la isla.
En paralelo, el mercado negro y las remesas familiares siguen teniendo un peso vital para adquirir múltiples productos básicos en la isla.
La crisis económica, según las autoridades cubanas, se debe al endurecimiento del embargo estadounidense en los últimos años, el efecto de la pandemia de covid en el turismo y la ola inflacionaria que ha afectado al mundo.
Un indicio de urgencia
Pascal Fletcher
Analista de BBC Monitoring
Las medidas anunciadas por el gobierno esta semana fueron sólo el último indicio de alarma y urgencia oficial ante los problemas económicos crónicos que enfrentan el país y sus gobernantes.
Una vez más, el énfasis estuvo puesto en la idea de ejercer control. En ninguna parte hubo ninguna intención declarada de lanzar reformas liberalizadoras significativas en la economía estatal cubana para crear incentivos para la producción, por ejemplo, en el importante sector agrícola, que sigue estancado y es incapaz de abastecer a la población.
Los líderes de Cuba argumentan que la base de la “economía de guerra” es la respuesta necesaria a lo que llaman “un acto de guerra en tiempo de paz”, infligido en la isla por las prolongadas sanciones económicas de Estados Unidos, descritas durante mucho tiempo por La Habana como “el bloqueo”.
En los últimos meses, los líderes comunistas han estado utilizando cada vez más el término “economía de guerra” para describir lo que los expertos dicen que es la situación económica más catastrófica jamás experimentada por la isla sancionada por Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución de Fidel Castro en 1959.
Desde hace varios años, los cubanos comunes y corrientes han estado experimentando cortes de energía a diario que van de mal en peor -exacerbados en los calurosos meses de verano-, combinados con una escasez crónica de productos alimenticios, medicinas y una serie de artículos de consumo básico, en medio de un escenario de colapso generalizado de la agricultura y producción industrial, lo que hace que la isla, con problemas de liquidez, dependa en gran medida de importaciones que apenas puede permitirse, a menos que sean donadas o subsidiadas por los aliados políticos de La Habana.
La inflación real, que ha alcanzado niveles récord, ha dejado incluso los alimentos y artículos de primera necesidad más básicos fuera del alcance de muchos cubanos, a menos que tengan acceso a dólares de familiares en el extranjero, trabajen en el incipiente sector privado o tengan privilegios o acceso especiales en la jerarquía del Estado.
“Economía de guerra” o no, todo apunta a que los cubanos enfrentarán otro verano prolongado, caluroso y difícil, incluida la siempre presente posibilidad de que Cuba, a pesar de la persistente represión de las autoridades contra la disidencia y la oposición política, pueda ver una repetición de las protestas gubernamentales que se extendieron por toda la isla en julio de 2021.
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