¿Las reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales? Una mirada teórica
Parece juego de palabras, pero es una compleja pregunta de teoría política y jurídica. ¿Los tribunales constitucionales pueden declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional?
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación circuló al público un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el cual se estudia la constitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial. El proyecto propone declarar inconstitucionales ciertos artículos de la reforma.
Una discusión que usualmente ocupa los seminarios de teoría constitucional y las páginas de monografías académicas, hoy se debate en voz de periodistas y políticos. Dada la súbita relevancia de este debate académico para la vida política nacional, me gustaría aportar algunas perspectivas teóricas sobre la pregunta.
La pregunta: ¿hasta dónde llega la facultad de revisión judicial de los tribunales?
En casos ordinarios, los tribunales constitucionales están facultados para realizar “controles de constitucionalidad” respecto a las leyes. Es decir que, si una ley contraviene las disposiciones de la Constitución, los tribunales pueden invalidar esa ley o su aplicación. En México, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo son los mecanismos principales para llevar a cabo la revisión constitucional de las leyes.
La revisión constitucional supone una diferencia jerárquica entre la Constitución y las leyes. Los tribunales comparan el contenido de las leyes con el de la Constitución. Si una reforma legal prescribe algo contrario a lo que dice la Constitución, los tribunales pueden invalidar dicha reforma y dejarla sin efectos. La Constitución es superior a las leyes y por ello es el criterio de validez de aquellas.
¿Qué sucede cuando la legislatura aprueba una reforma a la Constitución que atenta en contra del contenido básico de dicha Constitución? ¿Los jueces pueden ejercer el control judicial sobre tales reformas? Es un caso distinto al de las leyes, ya que la reforma constitucional y la Constitución gozan en principio del mismo nivel jerárquico. Aun suponiendo que la reforma a la Constitución y la Constitución existente fueran totalmente contradictorias, no es obvio qué criterio de validez deberían preferir los jueces. ¿Privilegiar la reforma por ser más reciente, u optar por la Constitución existente por gozar con el peso del precedente y la tradición?
La teoría de las normas supraconstitucionales
Ciertas normas constitucionales se encuentran por encima de la Constitución misma y por ello son irreformables, según la tradición de las normas “supraconstitucionales”. Para esta tradición, existiría una segunda distinción jerárquica entre cláusulas constitucionales no esenciales y los principios fundacionales de la Constitución. Estos segundos serían el criterio de validez con el que se evaluarían las reformas constitucionales.
El concepto de las normas supraconstitucionales origina en la doctrina constitucional francesa de los años 1920. El jurista Maurice Hauriou fue uno de los proponentes principales de esta teoría. Escribió
“El derecho constitucional en sí mismo no está más allá del control judicial. […]. Por ejemplo si, en el fondo, una enmienda constitucional contradijera la legitimidad constitucional de la cual hablamos, la cual está por encima de la superlegalidad en sí misma porque se integra de principios que siempre están por encima del texto”. 1
Es decir que la legitimidad constitucional reside en una serie de principios no escritos, que derivan de la coherencia e integridad de la Constitución. Si una reforma a la Constitución contradice dicha legitimidad, los tribunales estarían autorizados para ejercer el control judicial.
Diversas constituciones a lo largo de la historia han contenido restricciones explícitas a las reformas constitucionales. Por ejemplo, la Constitución mexicana de 1824 establecía en su artículo 171 que:
“Jamás se podrán reformar los artículos de esta constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de poderes supremos de la federación”.
Para el constituyente de 1824, elementos básicos como los derechos individuales, la separación de poderes y la forma de gobierno estaban por encima de la facultad reformadora de la legislatura. La Constitución de 1824 fue el primer texto en la tradición federal, liberal y republicana mexicana. Gran parte de su impulso pervive en nuestra actual Constitución.
El derecho comparado contemporáneo también ofrece ejemplos del control judicial sobre las reformas constitucionales. La Corte Suprema de India ha desarrollado una línea jurisprudencial conocida como la “doctrina de la estructura básica”. En el caso Kesavananda Bharati contra el Estado de Kerala, el máximo tribunal indio estableció que:
“La facultad de enmendar la Constitución no incluye el poder de modificar la estructura básica o el marco de la Constitución”. 2
Si una reforma constitucional contraviene las disposiciones elementales de la Constitución, la Corte Suprema puede invalidarla. Crucialmente, la Corte Suprema de la India alcanzó esta decisión aun cuando la Constitución india no contiene restricciones explícitas a la facultad del Parlamento para reformar la Constitución. La doctrina de la estructura básica ha sido retomada en diversas medidas por otros tribunales constitucionales.
Desde la academia, destacados teóricos políticos y jurídicos han sostenido que ciertas partes de las Constituciones no pueden modificarse. John Rawls, por ejemplo, argumentó que partes esenciales de la Constitución estadounidense están tan arraigada en la historia de ese país que:
“Pueden enmendarse de las maneras que hemos mencionado más arriba, pero no simplemente ser derogadas y revocadas. De suceder eso, si se derogaran […], ello equivaldría a un derrumbe constitucional, o a una revolución en el sentido propio de la palabra, y no a una enmienda válida de la Constitución”. 3
Rawls menciona explícitamente el derecho de libertad de expresión como una de las disposiciones cuya revocación sería “una revolución y no una enmienda válida de la Constitución”. Para Rawls, las disposiciones de la Constitución no pueden ser legítimamente reformadas cuando han sido “validadas por una larga práctica histórica”. El precedente y la tradición consagran ciertos elementos de la Constitución como inamovibles.
Conclusión
En resumen, existen precedentes jurisprudenciales en otros países y argumentos filosóficos para apoyar una revisión judicial limitada de las reformas constitucionales. Este tipo de revisión debe restringirse exclusivamente al control de reformas que atenten contra de la estructura básica o la esencia de la Constitución. Puede haber discusión sobre qué abarca la “estructura básica” de la Constitución, pero se entiende que esta incluye los derechos humanos y aspectos fundamentales de la forma de gobierno como el republicanismo, la separación de poderes y la democracia.
La revisión judicial de reformas constitucionales se debe ejercer escasamente y con extremo cuidado. También la concentración excesiva de poder en manos de la judicatura conlleva riesgos autoritarios. No basta con que una reforma constitucional modifique aspectos superficiales de la Constitución para que un tribunal la invalide. Solo cuando una reforma modifica a tal grado la Constitución que cambia su esencia misma, podrían los tribunales activar sus poderes de revisión.
* Bruno Anaya (@brunoanaya) es investigador interdisciplinario en materia de política, derecho y filosofía. Es doctor en retórica por la Universidad de California, Berkeley. Especialista en filosofía política, su investigación aborda las matices teóricas de la evolución del sistema jurídico mexicano. Contacto: [email protected].
1 Maurice Hauriou, Precis du droit constitutionel, 2a edición, 1930, p 269.
2 Corte Suprema de India, “Kesavananda Bharati v. State de Kerala” AIR 1973 SC 1461, § 1599 (vii)
3 John Rawls, Liberalismo Político, Planeta, 1995, 5ª ed, p. 227.
El rápido descenso de los nacimientos en América Latina y el mundo ha sorprendido y desafiado las estimaciones realizadas hasta ahora.
Las mujeres están teniendo menos bebés. Y, si los tienen, optan por formar familias pequeñas.
Esa es la tendencia global hoy día, que contrasta con la realidad demográfica que había décadas atrás.
Según información del Banco Mundial, en los años 60, la tasa de fecundidad en el mundo -es decir, el número de hijos por mujer-, era de 5,3. Actualmente, esa tasa es del 2,2.
América Latina no es la excepción.
De hecho, esta región es la que ha registrado la mayor caída de la fecundidad a nivel mundial entre 1950 y 2024: un 68,4%.
Asia, el continente que le sigue, cayó un 66,2%. Mientras que el promedio mundial llegó al 52,6%, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“El descenso de las tasas de fecundidad en América Latina es muy interesante porque se ha dado a velocidades mucho más aceleradas que en otros lugares del mundo, considerando, además, que históricamente la región se ha caracterizado por tener una fertilidad numerosa y temprana”, explica Martina Yopo, doctora en sociología de la universidad de Cambridge e investigadora de la Universidad Católica de Chile.
Pero ¿qué países latinoamericanos tienen hoy la menor y la mayor natalidad? Y ¿qué consecuencias tiene esto? Te lo contamos a continuación.
Los latinoamericanos que tienen menos hijos
Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba son los países con las tasas de fecundidad más bajas de América Latina: 1,5 hijos por mujer, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
Brasil y Colombia le siguen, con 1,6 y 1,7, respectivamente.
La disminución de los nacimientos en estos países en las últimas décadas puede explicarse por varios factores.
Uno de ellos es la mayor capacidad de control de la fertilidad por parte de las mujeres, quienes hoy pueden decidir si quieren ser madre y cuándo.
“Hay una mayor prevalencia en el uso y legitimidad de los métodos anticonceptivos. Hoy es más fácil acceder a ellos y es un tema que socialmente se ha ido normalizando cada vez más”, explica Martina Yopo.
Otro factor que destaca en el contexto latinoamericano, afirma la investigadora, es que “hay transformaciones profundas en torno a los roles, aspiraciones y expectativas de género”.
“Hoy las mujeres tienen tasas de participación en el mercado laboral y en la educación superior mucho más altas. Este es un cambio cultural muy relevante, en donde ser mujer hoy día no significa ser madre y hacer familia no significa necesariamente tener hijos”, dice Yopo.
Sabrina Juran, especialista de la división de estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), coincide.
“En América Latina vemos mejoras en el acceso a la educación, a los derechos reproductivos, a la planificación familiar y cambios profundos en las normas sociales”, indica.
Todo lo anterior también ha llevado a que muchas mujeres posterguen la maternidad, algo que también ha traído consecuencias.
“En Chile, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que se convierten en madres después de los 30 años se ha cuadruplicado en la última década. Y una de las consecuencias directas de la postergación de la maternidad es efectivamente la infertilidad”, dice Martina Yopo.
“Eso se ve muy claro en el aumento de técnicas de reproducción asistida que ha habido en América Latina. A medida que se posterga la maternidad, lo que muestra la investigación es que la reproducción es menos eficiente”, añade.
Otro de los puntos a considerar es la precarización de las condiciones sociales para tener hijos, asevera la socióloga.
“El aumento de los costos de la vida y el hecho de que hoy sea cada vez más difícil acceder a buena salud, a una buena educación y vivienda, por supuesto que afecta. El kilo de bebé es muy caro”, indica.
Consecuencias de la baja natalidad
La tasa de fecundidad en varios países latinoamericanos se sitúa por debajo de la tasa de reemplazo de la población (es decir, los nacimientos mínimos necesarios para mantener a una población estable en el tiempo), que es de 2,1 hijos por mujer.
“En la región hay 29 países que tienen una tasa de fecundidad por debajo de la de reemplazo. Eso es más de la mitad del total de las naciones latinoamericanas, lo que implica desafíos importantes”, explica Sabrina Juran, de la Unfpa.
De acuerdo con diversos investigadores, la baja de los nacimientos se traducirá en que en un futuro (no muy lejano) habrá menos trabajadores y más personas jubiladas, lo que amenaza con transformar la forma en la que las sociedades se organizan.
“Los bajos índices preocupan porque se generará un envejecimiento de la población, se van a ir reduciendo las generaciones y eso es un cambio muy importante demográfico”, dice Juran.
Para Martina Yopo, “es un fenómeno complejo porque pone en cuestión el funcionamiento de los principales sistemas que tenemos en la sociedad: el mercado del trabajo, la educación superior, las pensiones o los cuidados, ámbitos en los que su organización se basa en que habrán generaciones que reemplazarán a las que ya existen”.
Todo esto ha encendido las alarmas, no sólo en Latinoamérica sino en el resto del mundo.
Según las Naciones Unidas, las tasas de fecundidad son más bajas que las de reemplazo en más de la mitad de los países a nivel global y casi una quinta parte de aquellos países -incluidos China, Italia, la República de Corea y España-, tienen ahora una fertilidad “ultrabaja”, con menos de 1,4 hijos por mujer.
Con el fin de estimular el índice de fecundidad, varios gobiernos han otorgado beneficios por bebés nacidos. También han aumentado los apoyos por hijo y los subsidios médicos para los tratamientos de fertilidad.
Pero, aunque en algunos lugares estas políticas han logrado ralentizar el descenso de los nacimientos, la tendencia a la baja sigue siendo la norma.
¿Y los países con la tasa de fecundidad más alta?
Al otro lado de la vereda -es decir, con altas tasas de fecundidad en América Latina- se encuentran países como Bolivia, que tiene 2,5 hijos por mujer; Paraguay, con 2,4; y Haití, con 2,7.
Aunque sus índices sobresalen en el contexto regional, a nivel mundial están lejos de las estadísticas demográficas de algunos lugares en África, donde hay números muchísimo más altos.
Níger, por ejemplo, tiene una tasa de 6,6 hijos por mujer, mientras Chad y Somalia, del 6.
Aún así, para la investigadora Martina Yopo es interesante mirar las brechas que se dan entre los países que pertenecen a la región latinoamericana.
“Aunque en todas las naciones de América Latina las tasas de fecundidad están disminuyendo, hay dos factores claves que determinan su descenso más o menos acelerado: uno, es el acceso a los anticonceptivos, donde existen muchas asimetrías en la región, y la otra es la participación de las mujeres en la educación superior y en el mercado laboral, donde también hay asimetrías”, explica.
En este contexto, es importante mencionar el contraste de las bajas tasas de fecundidad en Latinoamérica con los altos números de embarazos adolescentes que aún persisten en la región.
De acuerdo con la CEPAL, las estimaciones muestran que “en las adolescentes de 15 a 19 años, América Latina y el Caribe presenta tasas de las más altas en el mundo, quedando solamente por debajo de las estimadas y proyectadas para África”.
Aunque la organización aclara que en la última década la región ha logrado reducir el embarazo adolescente (pasando de 73,1 hijos por 1.000 mujeres adolescentes en 2010 a 52,1 en 2022) el valor “sigue siendo elevado comparado con otras regiones del mundo y es 48% mayor que el promedio mundial”.
Según Sabrina Juran, “América Latina es una de las regiones con más desigualdades dentro de las poblaciones. Y eso es lo que estamos viendo en el tema de la fecundidad adolescente. Las tasas más altas están en poblaciones indígenas, rurales, con alta pobreza”.
Martina Yopo, por su parte, afirma que “a nivel latinoamericano ha habido una incapacidad estructural para reducir las tasas de embarazo adolescente, salvo algunas excepciones”.
“La evidencia demuestra que hay una polarización, un patrón bimodal en Latinoamérica, entre las mujeres de niveles socioeconómicos medios o altos que empiezan a postergar o elegir la maternidad, y otros sectores de la población, por lo general más precarizado, que tienen patrones reproductivos distintos”, agrega la socióloga.
¿Hacia dónde vamos?
El rápido descenso de los nacimientos en América Latina y el mundo ha sorprendido y desafiado las estimaciones realizadas incluso por reputadas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU).
En su último informe sobre perspectivas de la población -publicado en julio de este año- la ONU aseguró que se espera que la población mundial (que actualmente asciende a 8.200 millones de personas) siga creciendo hasta 2080, alcanzando un máximo de 10.300 millones.
Pero ese número comenzará a disminuir “para ubicarse alrededor de 10.200 millones a fin de siglo, un 6% o 700 millones de personas menos de las que se proyectaban hace una década”.
No obstante, la organización dice que hay países -como China, Alemania, Japón y Rusia- que en 2024 alcanzarán su punto máximo y se calcula que “la población total de este grupo disminuirá un 14 % en los próximos treinta años”.
“Un cambio notable en la demografía será que las personas de más de 65 años superarán a los menores de 18 años para fines de la década de 2070, en tanto que habrá más gente mayor de 80 años que bebés menores de un año a mediados de la década de 2030”, dice la ONU.
Ante este escenario, que no es ajeno a América Latina, Martina Yopo considera “imperativo desarrollar políticas públicas que nos permitan adaptarnos a estas nuevas condiciones demográficas”.
Para Sabrina Juran, sin embargo, la respuesta no necesariamente debe concentrarse en provocar cambios demográficos, como incentivar a las familias a tener más hijos.
“Hay que aceptar la nueva natalidad como una realidad. Es una tendencia e incluso es una tendencia buena porque te habla de mejoras en acceso a los anticonceptivos, a derechos reproductivos, a la educación”, afirma.
“Pero a nivel de la economía de los países, obviamente preocupa. Por eso, nosotros llamamos a que nos preparemos y anticipemos de manera adecuada, que invirtamos para que la gente mayor sea productiva o que aprovechemos al 100% de la población y no apartemos a las mujeres de la fuerza laboral, por ejemplo”, concluye.
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