En un cuento que es ampliamente conocido, Hans Christian Andersen relata la historia de un emperador que fue víctima del engaño de unos estafadores quienes le hablaron de las grandiosas propiedades de una delicada y suave tela, pero que resultaba invisible para aquellas personas faltas de inteligencia o que no eran competentes para desempeñar un cargo. El emperador, afecto a vestir trajes nuevos, pidió a aquellos estafadores que de inmediato confeccionaran un traje con aquella tela prodigiosa, temiendo en todo momento no poder observarla y en consecuencia recibir las burlas de todo su reino. El desenlace no es difícil de prever- un resultado trágico por lo penoso de la exhibición-: el emperador desfilando sin ropa frente a su pueblo.
El cuento presenta varias aristas importantes que vale la pena analizar. Un emperador que dudaba sobre la existencia de la tela invisible, pero que no quería ser tildado como poco inteligente o no apto para dirigir su reino. Un grupo de asesores que sabían que todo era una farsa, pero que no se atrevían a denunciar que las telas invisibles no existen para no perder la cercanía o el favor del emperador; ser tildados de no poseer inteligencia, o peor aún, ser considerados como traidores frente a las ideas del monarca.
Este cuento resulta particularmente interesante para ilustrar lo que actualmente ocurre en México a propósito de la reforma judicial. Durante los últimos meses, defensoras y defensores del oficialismo han ofrecido a la sociedad una tela invisible como la solución para resolver los graves problemas de la justicia en México: el voto popular de juezas y jueces. Una tela invisible que mágicamente transformará la función judicial.
La consigna resulta profundamente cautivadora (en términos narrativos) como amenazante. Cautivadora: el voto del pueblo purificará y mágicamente cambiará la manera en que se dicta la justicia en México eliminando la corrupción, el nepotismo y la lejanía de la justicia del pueblo. Amenazante: todo aquel que se atreva a afirmar que esa idea es un disparate será tachado de conservador o corrupto, y si es partidario del oficialismo, como un traidor al movimiento.
Al igual que en el cuento de Andersen, en la realidad mexicana aparecen muchos elementos que vale la pena analizar y, si se me permite, extender a nuevos confines que incluso para un escritor de cuentos podrían considerarse como un exceso. Pero la realidad es así.
En primer lugar, quisiera aclarar una cuestión. Los graves problemas en el acceso a la justicia en México no constituyen un problema novedoso. Durante décadas, muchas personas que hemos trabajado en la defensa de casos, así como desde el activismo y la academia u otros espacios, de manera constante (frente a este y otros gobiernos) hemos denunciado la ceguera de una justicia que no escucha ni ve a los más desfavorecidos, pero que tampoco es eficiente para resolver la conflictividad social que es parte de la vida de cualquier sociedad, lo que nos tiene el día de hoy como un país que vive en una impunidad crónica y lacerante. Eso desde luego, el problema estructural de la justicia, no se limita sólo al papel de juezas y jueces sino que involucra fiscalías, defensorías, institutos de servicios periciales, etc.
Dicho lo anterior, también es cierto que, quienes trabajamos o tenemos contacto de manera cotidiana con el entorno jurídico sabemos que los problemas del sistema de justicia son ocasionados por diferentes factores, algunos de ellos muy complejos y que, por tanto, no pueden resolverse con una alguna “tela invisible y prodigiosa”, ni con cualquier otro artefacto mágico. De hecho, cuando miramos a quienes desde una posición política abiertamente militante defienden la tesis de la tela invisible (el voto popular de juezas, jueces, magistradas, magistrados), no podemos entender qué lleva a muchas de esas personas a solapar y defender una solución que a todas luces saben que es una farsa. Esto no quiere decir que se deba defender la situación actual de la judicatura, sino que la reforma de la justicia requiere una estrategia integral y planificada, construida desde el diálogo abierto, con la calma necesaria y la meditación para su mejora y transformación, y no una apuesta a fórmulas milagrosas como la antes referida construidas desde la lógica de la imposición.
Pero las cosas en México se han llevado más allá de lo que pudo haber imaginado Hans Christian Andersen en el conocido cuento antes señalado. Imaginemos que, frente a las voces que denuncian activamente que la tela invisible es abiertamente una tomada de pelo, las y los legisladores de nuestro país, en vez de cuestionarse si la tela invisible existe, en realidad, deciden elevarla a rango constitucional. Un breve paréntesis: mientras que en el siglo XVIII se crearon Constituciones para reconocer derechos, en el siglo XXI, en México y otros países, se elevan a la Constitución decisiones autoritarias y restricciones a derechos que se quieren dotar de absoluta inmunidad-impunidad.
El problema es que la tela invisible no solo no resuelve los problemas de la justicia, sino que desmantela elementos clave de la independencia judicial: la carrera judicial, los criterios de inamovilidad y, en consecuencia, las reglas que de manera estricta regulan las razones por las que es válido nombrar o separar a una jueza o juez de su encargo.
Regresemos a nuestra historia. El mecanismo es poderoso: el pueblo ha decretado que la tela invisible existe y nos ha conferido el mandato de defenderla hasta la ignominia, aseguran con orgullo sus defensoras y defensores. Entonces, por qué no callar a todas aquellas personas que afirmen que la tela invisible es un engaño. Por ello, deciden avanzar una jugada (a su juicio) maestra: ¿qué tal si impedimos que los tribunales del país se pronuncien sobre esta y cualquier otra tela invisible, varita mágica o cualquier artefacto mágico que las mayorías ofrezcan como solución para el país?
Como la realidad puede superar el imaginario descrito en cualquier cuento, las y los legisladores en vez de preguntarse por qué tantas personas que conocen sobre temas de acceso a la justicia (no solo en México, sino en diversas partes del mundo) han cuestionado que medidas, como la implementación de telas invisibles, no solucionan los problemas y pueden ocasionar daños estructurales a los sistemas de justicia, deciden impulsar una reforma a la Constitución para blindar cualquier decisión de la mayoría política y callar a quienes denuncien sus efectos devastadores (desde luego, incluidos los tribunales o la Suprema Corte). Así, y de forma paradójica: en México decidimos dotar de poderes ilimitados a las y los vendedores de telas invisibles y blindar su poder desde la misma Constitución.
Más allá de lo absurdo que parezca esta versión extendida y adaptada de un cuento, lo que resulta realmente increíble es que el debate público de toda una nación, que los recursos económicos que hacen tanta falta para mejorar el sistema de justicia y que el tiempo tan valioso de un pueblo se dilapide en la defensa de una tela invisible que nuevamente se construye por el capricho del emperador.
Y exactamente como en aquel cuento -en donde un niño gritó en medio del desfile- la honestidad y congruencia intelectual nos llevan a recordar y gritar que: ¡el emperador está desnudo!
* Ricardo A. Ortega Soriano (@ricardo__ortega) es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
La gestión del desastre suscita críticas y abre el debate sobre cuán preparado está España ante las emergencias y el cambio climático.
La magnitud de la tragedia por las inundaciones y riadas que dejaron decenas de muertos en el sureste de España ha generado dudas sobre la preparación y la respuesta de las autoridades ante la emergencia.
La provincia de Valencia, la más afectada, y las de Albacete y Cuenca sufrieron lluvias torrenciales que desbordaron los cauces de los ríos, inundaron calles y campos, arrastraron autos, derribaron puentes y dejaron la mayor cifra de muertos y desaparecidos por un desastre natural en la historia reciente de España.
Mientras los servicios de emergencia aún buscan a los desaparecidos entre el lodo y el agua que anega las localidades afectadas, en España crecen las preguntas sobre la gestión del desastre.
Residentes de las zonas impactadas denunciaron en los medios de comunicación locales y en las redes sociales que las autoridades no les avisaron para que se prepararan adecuadamente.
Exponen que recibieron en sus teléfonos la alerta de Protección Civil llamando a evitar los desplazamientos cuando ya llevaba varias horas lloviendo y muchos habían quedado atrapados en edificios y en vehículos arrastrados por la fuerza incontenible del agua.
Bárbara Jiménez, camarera de un restaurante en Valencia, le dijo a Televisión Española que su jefe no le dejó irse a casa porque no veía la situación “lo bastante grave” hasta que llegó la alerta telefónica a las 20:00 hora local del martes, pero entonces “ya era demasiado tarde”.
A esas alturas, el agua ya había bloqueado muchas carreteras y cientos de conductores estaban atrapados en ellas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) venía desde el jueves 24 alertando de la llegada a la Península Ibérica de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), el fenómeno atmosférico que ha ocasionado el desastre.
El martes 29 a las 07:30 de la mañana, la Aemet elevó una alerta roja por lluvias, lo que implica la previsión de “fenómenos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto”.
A las 11:50, la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del gobierno español encargado de gestionar las aguas del río Júcar, que recorre la zona afectada, informaba a través de la red social X que uno de sus afluentes mostraba una “crecida considerable” y otro veía crecer su caudal “de forma importante”.
Alrededor de las 13:00 h, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, el gobierno regional de la Comunidad Valenciana, pedía en las redes sociales “prudencia en las carreteras y mucha atención a las indicaciones de las autoridades”.
Pero Mazón dijo también: “según la previsión, el temporal se desplaza hacia la Serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que hacia las 18.00 disminuya su intensidad” en la Comunidad Valenciana.
En lugar de eso, se desplazó por la región sembrando el caos.
Según el recuento de la agencia Efe, a las 19:17, la Generalitat elevaba la alerta a Nivel 2 en las comarcas de Utiel, Requena y la Plana.
Y finalmente, a las 20:00, enviaba el mensaje de alerta a los teléfonos móviles de toda la población.
Para entonces, la mayoría de los valencianos ya sabían que la situación era excepcional y peligrosa porque lo estaban viendo con sus propios ojos.
A las 20:36, el gobierno español ordenaba el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a petición del gobierno autonómico valenciano para colaborar con los servicios de emergencia locales.
Finalmente, pasado el mediodía de este miércoles, cuando ya se sabía que había decenas de muertos y desaparecidos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dirigía un mensaje televisado a la población ofreciendo el apoyo y la solidaridad del país a las zonas afectadas.
El gobierno español anunció también la declaración de Zona Catastrófica en las áreas afectadas.
La gestión de la emergencia ha suscitado críticas de ciudadanos y autoridades locales.
Andreu Salom, alcalde de L’Alcúdia, una de las poblaciones afectadas, dijo sentirse en el “abandono y una absoluta impotencia”. Señaló: “como alcalde, nadie me informó de que el río Magro podía desbordarse”. Contó que la población “se ha llenado de agua, barro y escombros”.
El gobierno regional de Carlos Mazón ha sido criticado porque una de las primeras decisiones que tomó al llegar al poder fue eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, a lo que ha respondido que no era más que “otra organización ficticia, con cero bomberos, cero materiales y cero eficiencia”.
Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante, le dijo a BBC Mundo que “aunque la cantidad exacta de agua que terminó por caer era imposible de prever, hubo un aviso meteorológico con tiempo suficiente, y lo que falló fue la transmisión de ese aviso a la población”.
Por eso, según dice, “la gente siguió haciendo vida normal pese a la alerta”.
Para Olcina, “la información a la sociedad no se dio con la celeridad necesaria”.
Olcina recuerda que “España lleva tiempo tratando de implantar el sistema europeo de avisos de emergencia por teléfono, pero el proceso se delegó a las comunidades autónomas y se está tardando mucho”.
Pero el experto detecta otros problemas.
“En España no hay una educación de la población para la prevención de riesgos en desastres como la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos con los huracanes y deberíamos empezar a trabajar en eso”, señala.
“En una situación así, deberían haberse suspendido las clases y la gente no debería haber ido a trabajar si no era indispensable. Obviamente, eso tiene un costo, pero el precio que vamos a pagar va a ser ahora más alto”, añade.
Para Olcina, episodios como el de Filomena, la borrasca que sembró el caos en Madrid y otros puntos de España en 2021, deberían llevar a una reflexión en su país sobre cómo se afrontan estas emergencias.
Olcina apunta también al “problema estructural provocado porque en muchas zonas del Mediterráneo español ha habido un crecimiento urbano descontrolado desde mediados del siglo XX y se ha construido en zonas inundables, que, como hemos visto ahora, son las primeras afectadas”.
Los científicos alertan de que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos potencialmente catastróficos como la Depresión Aislada en Niveles Altos, una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y desciende sobre otra de aire caliente produciendo grandes perturbaciones atmosféricas y precipitaciones muy intensas.
Es una situación típica de las regiones del litoral mediterráneo español en los meses de septiembre y octubre, y los lugareños están habituados a ella.
Pero, “con las aguas del Mediterráneo cada vez más calientes, se están formando nubes cada vez más potentes y que producen más precipitaciones”, explica Olcina, que recuerda que “España está recibiendo ahora los fondos Next Generation de la Unión Europea y uno de sus objetivos es financiar proyectos de adaptación al cambio climático”.
“Estamos ante una oportunidad de utilizarlos bien en las zonas más vulnerables, como la Comunidad Valenciana”, afirma.
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