Agudización de la Prisión Preventiva Oficiosa en el marco de la reciente reforma judicial
En el contexto de la reciente reforma al Poder Judicial, la iniciativa de reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa —dirigida a aumentar el catálogo de delitos inexcarcelables—, agudizará la aplicación de una figura, que es ya, violatoria de derechos. Si una conducta se encuentra en esta lista, significa que basta la mera acusación —hecha, incluso, sin prueba contundente— de haber cometido tal delito para que una persona sea encarcelada por meses y hasta años sin proceso justo y sin que haya sido establecida su responsabilidad. Dar ese poder a las autoridades del Estado aumenta su poder lícito e ilícito y, así, la posibilidad de que sea usado de una manera arbitraria.
No es por nada que las sociedades modernas han desarrollado medidas y prácticas estrictas para garantizar la legalidad y los derechos de las personas frente al poder devastador del Estado de privar de la libertad con una mera acusación y sin fines legítimos que justifican la restricción de este derecho. En la esfera internacional, esas garantías están consagradas en la normativa de derechos humanos, y cobran plena vigencia en México a través de la aplicación del control de convencionalidad. Con base en esta figura, toda autoridad debe adoptar prácticas o decisiones a la luz de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
Además de que no se cumplirá el fin con que la iniciativa fue propuesta —consistente en “garantizar la paz, seguridad, salud y continuar con acciones en beneficio de la población”—, la comprometida independencia judicial derivaría en el evidente riesgo de incumplimiento de la obligación de aplicar el control de convencionalidad, y con ello, la imposición de la prisión preventiva se convertiría en una pena anticipada. En el actual escenario, la restricción de libertad está lejos de sujetarse a los fines legítimos de la aplicación de la figura más severa que puede imponerse a una persona acusada sin condena, para así responder únicamente a un falaz clamor popular de paz y seguridad.
Uso de la prisión preventiva oficiosa en México
La prisión preventiva oficiosa o automática consiste en la detención provisional de una persona mientras dura su investigación para la determinación de su responsabilidad criminal, y es considerada como la “medida cautelar más grave que se puede imponer a un acusado” debido a que resulta en el encarcelamiento sin condena.
Mediante diversos pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos —emitidos, por ejemplo, por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, la ACNUDH-México, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— se ha condenado el uso de la prisión preventiva en México, y en particular, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. De hecho, en dos recientes casos contra México –Tzompaxtle Tecpile y otros y García Rodríguez y otro Vs. MX–, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó reformar la normativa constitucional a fin de derogar esta figura.
A pesar de lo anterior, el expresidente López Obrador ha defendido la prisión preventiva oficiosa. De hecho, durante su mandato tuvo lugar la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa que promovió un mayor uso de esta figura. Además, en el marco de las sentencias de la Corte IDH en contra del país, la presión de López Obrador y de altas autoridades de su administración se ha ejercido en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que —por mencionar un ejemplo— con la decisión del expediente 3/2023 (denominado de “Recepción de Sentencia Internacional”) ha buscado atender los requerimientos dadas por el tribunal interamericano.
El 5 de febrero de 2024, como parte de las reformas del llamado “Plan C”, el entonces mandatario presentó la iniciativa del Ejecutivo federal No. 6457.5. Esta propuesta tuvo el objeto de reformar el artículo 19 constitucional para incrementar la lista de delitos sujetos a la aplicación de la medida en estudio. De esta forma, la citada propuesta tipifica como inexcarcelables los delitos de narcomenudeo, contrabando, enajenación ilícita de drogas sintéticas como el fentanilo, extorsión, defraudación fiscal y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. El 13 de agosto, esta iniciativa de reforma fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Casi tres meses después, la Cámara de Diputados emite la declaratoria de publicidad del dictamen el 6 de noviembre, y el 12 de noviembre, discute la iniciativa en comento.
Incremento del uso de la prisión preventiva en el marco de la actual reforma judicial
El uso de una figura arbitraria en el marco de la reciente reforma al Poder Judicial se incrementará, en atención principalmente a la limitación de la independencia judicial que la caracteriza, así como al evidente riesgo del incumplimiento del control de convencionalidad.
De acuerdo con la Corte IDH, entre las principales afectaciones que la prisión preventiva oficiosa ocasiona es la de limitar el rol de la autoridad judicial, y con ello, resultar en un acto que deviene exento de todo control real. Al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, las y los jueces carecen de decisión para determinar su aplicación. Si esta problemática se inserta en el contexto de la reforma del Poder Judicial, que —tal como ha referido la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la CIDH— compromete la independencia de las y los juzgadores, estamos frente a un escenario en donde no será posible proteger una de las garantías más básicas del debido proceso legal.
Asimismo, se prevé un incumplimiento de lo que se conoce como control de convencionalidad, incorporado al texto constitucional desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Se conoce como control de convencionalidad a la herramienta que permite a las autoridades que, con base en el principio pro persona, otorguen la mayor protección en materia de derechos humanos. Ello, mediante la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte IDH y demás tratados interamericanos de los que el Estado sea parte.
En atención a la reciente reforma judicial, se presenta un evidente riesgo (si es que aún puede hablarse de riesgo): el de ignorar o incumplir con la obligación de aplicar el control de convencionalidad por parte de las autoridades judiciales. Lo anterior, debido a que la superposición de criterios objetivos en la selección de personas juzgadoras resultaría en la falta de méritos y aptitudes idóneas para entender y aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, cuando sea este el que otorgue la mayor protección en la materia. En este contexto, las y los jueces no podrían evitar la superposición de una normativa que —aunque constitucional— resulta inconvencional y contraria al principio pro persona.
No hay duda de que esta iniciativa legislativa, especialmente en la coyuntura actual, presenta serias preocupaciones en el marco de la justicia penal y de derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de su (muy) evidente aprobación, no podemos perder de vista la relevancia de lo que involucra el control de convencionalidad —que aplica respecto de todas las autoridades, y no solo de las judiciales— como última posibilidad para garantizar los elementos básicos del debido proceso, así como para evitar la aplicación arbitraria de una pena anticipada para quienes aún no han recibido condena.
*Sofía Galván Puente (@SofiGalvanP) es asesora y supervisora clínica senior de University Network for Human Rights (@unitedforrights). Durante una década, trabajó como especialista de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Uno de sus cargos fue el de abogada a cargo de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. James Cavallaro (@JimCavallaro) es director ejecutivo de University Network for Human Rights (@unitedforrights), y profesor de práctica de Wesleyan University y profesor visitante de Yale University (Jackson School of Global Affairs). Fungió como Comisionado, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Relator para México y Presidente de la CIDH.
Descrita por algunos como un “enigma”, se espera que Trump regrese a sus funciones en la Casa Blanca “en sus propios términos”.
Un día después de la gran victoria en EE.UU. de su esposo Donald Trump, Melania Trump utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a la nación.
“La mayoría de los estadounidenses nos han confiado esta importante responsabilidad”, afirmó la señora Trump.
“Salvaguardaremos el corazón de la República: la libertad”, prometió, e instó a los estadounidenses a superar las diferencias ideológicas por el bien del país.
Fue un mensaje breve, pero sugirió un cambio en cómo la ex primera dama abordará el papel esta segunda vez.
Cuando Donald Trump ganó su primera presidencia en 2016, su esposa inicialmente no se mudó a la Casa Blanca y se quedó en Nueva York con su hijo pequeño.
A veces se mostró reticente a seguir las tradiciones establecidas por las primeras damas que la precedieron.
Pero los expertos dicen que esta vez, Trump probablemente será más prudente en su enfoque del papel en gran parte indefinido de ser la Primera Dama de Estados Unidos.
Nacida como Melanija Knavs, la ex modelo esloveno-estadounidense de 54 años cambió su vida glamorosa rodeada de las paredes doradas de la Trump Tower de Manhattan por los confines de la vida política que conlleva la Oficina Oval, durante una presidencia que a menudo estuvo plagada de controversias.
Enigmática y única
Descrita por algunos como un “enigma”, Trump ha preferido ser menos pública que sus predecesoras y ha pronunciado menos discursos tanto en la Casa Blanca como durante la campaña electoral.
“Ella ha sido única en comparación con otras primeras damas modernas”, dijo Tammy Vigil, profesora asociada de comunicaciones en la Universidad de Boston y autora de un libro sobre Michelle Obama y Melania Trump.
“Hace las cosas como quiere, no como tiene que hacerlas, pero cumple con las expectativas básicas”.
En los últimos años, se alejó del centro de atención mientras su marido impugnaba varios casos legales en su contra mientras hacía campaña para un segundo mandato.
Su ausencia inspiró varios artículos periodísticos este verano que preguntaban: “¿Dónde está Melania?”.
Trump ha hecho apariciones en ocasiones clave, como cuando su esposo anunció a finales de 2022 que volvería a presentarse como candidato.
También asistió a la Convención Nacional Republicana en julio vistiendo un traje rojo brillante de Christian Dior, pero no pronunció ningún discurso, otra ruptura con la tradición.
Cuando habla, sus palabras parecen cuidadosamente elegidas y ofrecen pistas sobre sus opiniones.
En el mitin de su esposo en el Madison Square Garden, pocas semanas antes de las elecciones, hizo comentarios breves pero concisos, en línea con el mensaje de ley y orden de la campaña de Trump, describiendo a la ciudad de Nueva York como una “gran metrópolis” en decadencia debido a la delincuencia desenfrenada.
También habló después del primer intento de asesinato contra su marido, pidiendo unidad y calificando al agresor de “monstruo”.
En una rara entrevista en Fox, más tarde acusó a sus oponentes políticos y a los medios de comunicación de “alimentar una atmósfera tóxica” que condujo al ataque.
Controversias
La señora Trump declaró su postura a favor del aborto en sus recientes memorias, lo que la puso en desacuerdo con los activistas provida dentro del Partido Republicano.
Los comentarios provocaron especulaciones sobre la relación de los Trump, pues en aquel momento su esposo estaba haciendo campaña por la revocación de Roe v Wade.
Trump ha escrito sobre su carrera como modelo, su admiración por su esposo y sus desacuerdos políticos pasados, pero ha decidido mantener privados los detalles de esas disputas.
Pero ha apoyado públicamente a su esposo en asuntos controvertidos como su falsa afirmación de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas.
“No soy la única persona que cuestiona los resultados”, escribió en su libro.
Sobre los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021, escribió que “no estaba al tanto” de lo que estaba sucediendo porque estaba preocupada por sus obligaciones.
Su exsecretaria de prensa, Stephanie Grisham, escribió en sus propias memorias que Trump se negó a emitir una declaración condenando la violencia, lo que llevó a la señora Grisham a dimitir.
Algunos comentaristas han cuestionado si ella disfrutó del papel de primera dama.
Una de sus biógrafas, la ex reportera de CNN Kate Bennett, sostiene que lo hizo a pesar de su renuencia inicial.
“Le gustaban todos los accesorios que conlleva ser primera dama y vivir en la Casa Blanca”, dijo Bennett a la revista People en 2021. “Creo que realmente lo disfrutó mucho”.
Quiere usar la plataforma para el bien
En sus memorias, la señora Trump escribió que tiene un “fuerte sentido del deber de usar la plataforma como Primera Dama para el bien”.
Y dijo en una entrevista de 1999 que si Trump alguna vez se postulara a la presidencia, usaría a las ex primeras damas Jacqueline Kennedy y Betty Ford como modelos a seguir, calificándolas de “muy tradicionales”.
Kennedy fue un ícono de la moda que se dedicó a la preservación de la Casa Blanca, mientras que Ford fue conocida como una pionera que abogó por el derecho al aborto y los derechos de las mujeres.
Después de mudarse a Washington, Trump comenzó a asumir funciones de primera dama, como organizar almuerzos y cenas de Estado para los líderes mundiales que estaban de visita.
También se centró en la estética de la Casa Blanca, ordenando amplias renovaciones y supervisando ambiciosas decoraciones navideñas (y una vez la grabaron en secreto quejándose de esta última tarea).
Su vestimenta era objeto de fascinación y controversia en los medios, particularmente después de que la vieran usando una chaqueta con la frase “Realmente no me importa, ¿a ti sí?” durante un viaje a un centro de detención de niños migrantes en 2018.
Dijo que la chaqueta era un mensaje para “la gente y los medios de izquierda” que la criticaban.
Trump volvió a ser objeto de críticas después de que su antigua amiga y asesora principal la grabara en secreto.
En la grabación, Trump expresaba su frustración por las críticas que recibió por la política de su esposo de separar a los niños inmigrantes de sus familias.
Más tarde reveló que la política la había tomado por sorpresa y le había dicho a Trump en privado que no la apoyaba.
El presidente abandonó la política en junio de 2018 después de una tormenta de controversias.
El profesor Vigil dice que uno de los mayores desafíos que enfrentó Trump en el primer mandato de su esposo fue su inexperiencia política, así como la de su personal, igualmente inexperto y a veces desleal.
Pero Trump se mantuvo ocupada en silencio, agrega Vigil, abogando por cuestiones como el bienestar de los niños a través de su campaña Be Best contra el acoso en línea.
También abogó por los niños afectados por la crisis de los opioides y desde entonces ha creado una fundación que recauda fondos para la educación de los niños en hogares de acogida.
Muchos esperan que ese trabajo continúe una vez que regrese a Washington, aunque no está claro si vivirá allí a tiempo completo.
Vigil dice que el papel de la primera dama ha evolucionado a lo largo de los años y que la señora Trump “tomará decisiones sobre cuán activa quiere ser en público”.
“Y creo que lo hará de forma mucho más intencional”.
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