La noche del sábado 9 de noviembre en el bar “Los Cantaritos”, ubicado en el centro de la ciudad de Querétaro, sufrió un ataque armado que dejó un saldo de 10 personas asesinadas y 13 heridas. El secretario de Seguridad Pública, Juan Luis Ferrusca Ortiza, informó que al menos 4 personas arribaron al lugar con rifles de asalto y en una camioneta que fue identificada con número de placa en el municipio de El Marqués; sin embargo, el vehículo se encontró calcinado. Hasta ahora se sabe que los atacantes iban en busca de Fernando González Núñez, ‘‘La Flaca’’, un hombre de 31 años al que fuentes del Gobierno Federal identificaron como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro.
Aunque es un panorama muy doloroso para la sociedad, ya que no se habían visto ataques con ese nivel de violencia e impacto en la población queretana, las cifras de incidencia delictiva en el estado han ido a la alza desde el 2020. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en Querétaro es de 40.8, ubicándolo como el cuarto estado de mayor incidencia.
“Había una especie de ‘pax narca’ en Querétaro, donde los grupos criminales operaban sin conflictos relevantes entre ellos”, explicó David Saucedo, especialista en seguridad, para el medio Infobae. Sin embargo, esta relativa calma se ha roto con el debilitamiento del Cartel de Santa Rosa de Lima y la expansión del CJNG hacia la región.
De acuerdo con datos actualizados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y Los Hades han estado presentes en Querétaro desde hace varios años y, según Saucedo, el modus operandi de algunos de ellos coincide con los ataques a bares y centros nocturnos en el vecino estado de Guanajuato.
Frente a la creciente preocupación por la seguridad en Querétaro, distintos establecimientos han anunciado el cierre temporal de sus instalaciones, entre ellos Fauno, Despecho, Coyote House, Noble Bunny, Margarita Blue, The Normal y recientemente La Selva Taurina. Estos últimos han emitido comunicados en sus redes sociales informando sobre su decisión de suspender actividades para salvaguardar la seguridad de sus empleados y clientes, y señalando su compromiso de colaborar con las autoridades.
El subsecretario de gobierno, Carlos Hale Palacios, aseguró que se han clausurado e impuesto sanciones a 17 establecimientos a través de los operativos que realiza la Secretaría de Gobierno y municipios. Recalcó que la mayoría de los cierres se deben a que las licencias presentadas corresponden a otra razón social y otro giro comercial.
Además, se implementaron una serie de medidas para bares y centros nocturnos en la zona metropolitana y San Juan del Río, entre ellas un horario fijo para operación y venta de bebidas alcohólicas con límite hasta la 1:30 am; salidas de emergencia y puntos de reunión sin obstrucciones; personal de seguridad en los establecimientos; alarmas de seguridad funcionales y bien ubicadas; contar con equipos contra incendio en buen estado, y disponer de un directorio telefónico actualizado de los cuerpos de emergencia, entre otras.
Pese a las acciones tomadas por las autoridades y el gobernador de la entidad, se han registrado otros hechos criminales en diferentes lugares y municipios de Querétaro, como el hallazgo de los nueve cuerpos cerca de un ducto de Pemex en el municipio de San Juan del Río, ocurrido en enero del presente año.
El sábado 16 de septiembre familiares de las víctimas, activistas, académicas/os y población en general realizaron una ‘‘marcha por la paz’’ en las calles de la capital queretana exigiendo respuestas y un plan de acción frente al aumento de la violencia. Las familias de las víctimas del bar ‘‘Los Cantaritos’’ manifestaron que no han recibido ningún tipo de ayuda ni comunicación por parte del gobernador, Mauricio Kuri.
La masacre ocurrida en el estado de Querétaro encendió las alarmas no solo de las autoridades estatales y federales, sino también de la población en general. Aunque los niveles de violencia no son los mismos que se pueden observar en estados como Sinaloa, Jalisco, Michoacán o Guanajuato, la violencia ha estado ahí, al menos en los últimos años, arropada con un discurso de seguridad que no puede sostenerse más
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), existe una correlación en el aumento de violencia entre Querétaro y Guanajuato, es decir, que cuando la violencia va a la alza en Guanajuato, también se percibe en el estado vecino aunque no en las mismas proporciones. Esto se debe, según Saucedo, a que Querétaro funciona como una vía de enlace con Celaya, Salamanca y León.
La ruta carretera que conecta estos municipios (45-D) ha sido usada para el envío de droga desde el sur con destino a los Estados Unidos, además es habitual encontrar ventas informales de gasolina obtenida del ‘‘huachicoleo’’. Datos de la organización Cartocrítica, muestran que existen en el país 9,098.53 km de poliductos, de los cuales una parte importante atraviesa la frontera Querétaro – Guanajuato. Los poliductos transportan todo tipo de combustibles ya procesados, principalmente gasolinas y diésel; en estos ductos ocurren con mayor frecuencia las tomas clandestinas para el robo de combustibles. El ‘‘huachicoleo’’ es una de las muchas fuentes de ingreso de los cárteles en el país, por lo que no se puede ignorar lo que representa ese tramo carretero entre Querétaro y Guanajuato, ni pensar que la violencia solo ocurre en el estado vecino.
La información recabada por CartoCrítica muestra que por Querétaro atraviesan ductos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y algunos ductos promovidos por empresas privadas, en los cuales se transporta gas natural y gas LP (gasoductos), petróleo crudo (poliductos y oleoductos), diésel, gasolina e hidrocarburo. Toda esta infraestructura atraviesa los municipios de San Juan del Río, Huimilpan, El Marqués, Pedro Escobedo, y Querétaro capital.
Un reporte publicado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), muestra que, con registros indicados por PEMEX, de enero a septiembre de 2024 a nivel nacional se identificaron 8,038 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos y/o hidrocarburo. Querétaro y Guanajuato están entre los 10 estados en los que más tomas clandestinas fueron localizadas, 448 y 615 respectivamente. Si comparamos los datos con el año anterior en el mismo periodo de tiempo, es decir, de enero a septiembre de 2023, en ambos estados hay un notable aumento: en Querétaro es del 61.15%, mientras que en Guanajuato el aumento es del 57.69%.
Según el mismo reporte, a nivel nacional a partir de julio de 2023 disminuyeron los registros manteniendo una tendencia a la baja hasta septiembre de 2024; sin embargo, entidades como Querétaro, Nuevo León y Baja California tienen una tendencia al alza en el tercer trimestre de 2024, siendo Querétaro la única entidad federativa que registró un incremento de manera preocupante en este periodo.
Aunque no es la primera vez que el gobernador del estado de Querétaro responsabiliza a personas de ‘‘fuera’’ cuando ocurren actos de violencia en la entidad. En esta ocasión lo hizo de forma más tajante al poner entre las medidas de prevención una revisión dirigida especialmente a negocios relacionados con operadores foráneos, así como operativos de seguridad instalados en los accesos a la capital, sin hacer mención de acciones específicas para el robo de combustible, aunque sea una de las posibles causas del aumento de la violencia en la entidad.
Sin embargo, el problema de Querétaro es que ‘‘ya no hay nada qué blindar”, en palabras de Saucedo. “No se trata de una amenaza que venga de fuera, sino de grupos que ya están dentro, que han echado raíces, que tienen bodegas, centros de distribución de drogas, bases de reclutamiento e incluso alianzas con autoridades”.
Once fallecidos y 13 personas desaparecidas, 10 mil casas destruidas y otras 60 mil en riesgo. Este es el balance que han dejado las llamas que vienen azotando a la ciudad estadounidense.
Las autoridades locales han declarado una “emergencia sanitaria” en el condado debido a la mala calidad del aire, producto de las cenizas y el humo que cubren la metrópolis.
Por ello, han pedido a los residentes que se mantengan en sus casas y utilicen los aparatos de aire acondicionado para filtrar el aire y hacer que recircule. También les han pedido que utilicen mascarillas faciales si salen al exterior.
La peligrosa combinación de incendios y fuertes vientos ha “degradado gravemente la calidad del aire… lo que plantea riesgos inmediatos y a largo plazo para la salud pública”, anunció el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.
La medida no es la única que han adoptado las autoridades en las últimas horas, pues también han emitido nuevas órdenes de evacuación en zonas cercanas a los seis focos activos de fuego activos.
Funcionarios de la ciudad han anunciado que más de 144.000 personas han recibido órdenes de dejar sus hogares, mientras que han reportado que el número de fallecidos ya ha ascendido a once y otras 13 personas permanecen desaparecidas.
Asimismo, informaron que las llamas han destruido miles de viviendas y dejado a más de 60.000 personas sin servicio eléctrico.
Los vecinos de suburbios como Brentwood, Encino, Eaton y Calabasas fueron algunos de los que este sábado recibieron mensajes de las autoridades instándoles a prepararse para desalojar sus hogares y dirigirse a los refugios instalados.
Los estudiantes de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA) también fueron advertido por los directivos de la institución que deben “permanecer alerta y estar listos para evacuar, en caso de que la alerta se extienda a nuestro campus”.
Hasta el momento, los incendios forestales han destruido unas 10.000 casas, edificios y locales comerciales, lo cual los ha convertido en los más destructivos en la historia de la ciudad californiana.
Lindsey P. Horvath, supervisora del condado de Los Ángeles, anunció que se han abierto nuevos refugios para albergar a las personas que han tenido que abandonar sus hogares.
Asimismo, se ha conocido que debido a la emergencia sanitaria actividades deportivas como la natación en la costa está prohibida, debido a la cantidad de ceniza que hay en la atmosfera.
La prensa ha reportado que estrellas del cine y la televisión como Mel Gibson, Billy Crystal, Jeff Bridges, Adam Brody y Anthony Hopkins o Paris Hilton han perdido sus hogares por culpa de las llamas.
Y aunque los bomberos aseguran que varios de los focos están siendo contenidos, las autoridades han advertido que el peligro está lejos de haber pasado y que otras 60.000 edificaciones están en riesgo.
Se calcula que las pérdidas por esta crisis ascienden, hasta el momento, los US$8.000 millones de dólares.
Unos 157 kilómetros cuadrados han sido arrasados por las llamas, de acuerdo con datos del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios del estado de California.
Las causas de los destructivos incendios siguen sin estar del todo claras.
Un hombre fue arrestado el jueves por la tarde después de que vecinos sospecharan que estaba tratando de iniciar un nuevo fuego.
La policía dijo que fue acusado de violación de libertad condicional, pero que no había suficiente causa probable para acusarlo de provocar un incendio, y una investigación continúa.
El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, aseguró que en la actualidad la prioridad de las fuerzas del orden era salvar vidas y hogares y ayudar a los bomberos, pero que eventualmente se centrarían en investigar las causas de los incendios.
“Si se determina que hubo un incendio provocado intencionalmente por el hombre, las personas que cometieron este incendio serán arrestadas, procesadas y castigadas con todo el peso de la ley”, prometió.
Una combinación de un período excepcionalmente seco (el centro de Los Ángeles solo ha recibido 0,4 centímetros de lluvia desde octubre) y potentes ráfagas marinas conocidas como vientos de Santa Ana han creado condiciones propicias para los propagar los incendios forestales.
Los pronósticos meteorológicos que anuncian nuevas ráfagas de viento están generando temores de que las llamas puedan extenderse más.
Informes oficiales reconocen que el cambio climático también ha jugado un rol en la actual crisis.
“El cambio climático, incluido el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y una atmósfera seca, ha sido un factor clave en el aumento del riesgo y la extensión de los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos”, admitió la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
Pero las autoridades no solo están buscando aclarar cómo se originaron los incendios, sino por qué ha sido tan difícil contenerlos y sofocarlos. Así, el gobernador Gavin Newsom respaldó el inicio de una investigación sobre las denuncias de fallas en los hidrantes y en el sistema de suministro de agua.
Para evitar nuevos actos de saqueo y robo, el toque de queda fue impuesto y se desplegaron tropas de la Guardia Nacional en algunas partes de la ciudad.
22 personas han sido arrestadas por violar la prohibición de salir a las calles en las noche, informó el jefe la Policía de Los Ángeles, Robert Luna, durante una rueda de prensa el sábado.
Los bomberos de Los Ángeles, que se encuentran exhaustos, recibirán ayuda desde México.
“Una misión solidaria (viajará) para apoyar en el combate de los graves incendios forestales que afectan la región sur de California”, anunció la Secretaría mexicana de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado difundido el viernes.
En el escrito, las autoridades mexicanas informaron que el grupo estará conformado por “74 elementos técnicos especializados en el combate al fuego y de protección civil”.
La misión estaba prevista que arribara este sábado en la mañana.
En un intento por ponerle freno a los incendios, las autoridades californianas han recurrido incluso a presos.
Unos 939 reclusos se han incorporado a los equipos de extinción que vienen batallando contra las llamas, según datos del Departamento estadal de Prisiones y Rehabilitación (CDCR, por sus siglas en inglés).
Los bomberos encarcelados han estado trabajando “las veinticuatro horas del día cortando líneas de fuego y retirando combustible de detrás de las estructuras para frenar la propagación del fuego”, aseguró el CDCR a la BBC en un comunicado enviado por correo electrónico.
La iniciativa no es nueva y data de 1946. Sin embargo, en este momento ha provocado opiniones encontradas, pues unos sectores la ven como una explotación y otros que es una forma de rehabilitación.
El estado paga a los reclusos un salario diario de entre US$6 y US$10, y un dólar adicional por día cuando se les asigna a emergencias activas.
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