Predicciones sobre la reforma electoral
En “Plan D” de la reforma electoral se encuentra en un punto de inflexión, ya que el PT y el PVEM no están, momentáneamente, de acuerdo con las propuestas del gobierno federal. Es inverosímil que la principal resistencia de los designios presidenciales no provenga de los partidos políticos opositores, las instituciones electorales, los medios de comunicación y la ciudadanía, sino que radique en los partidos políticos aliados del oficialismo.
Hasta el momento todo indica que habrá reforma electoral, pero tal vez -solo tal vez- no contenga las pretensiones de concentración del poder político que quiere y que necesita instaurar el gobierno federal y Morena para acabar con los resquicios que aún quedan de pie en la maltrecha democracia mexicana, tales como el pluralismo político, la representación popular, el voto libre y los partidos políticos.
En las próximas semanas, probablemente meses, el debate político nacional girará en torno a los contenidos, los pactos, los silencios, las disputas y las apologías de la reforma electoral. Pero, dado los fallidos planes A y B, así como por el actual contexto político, es probable pronosticar que se presentarán siete escenarios que definirán los procesos de elaboración de contenidos, deliberación nacional y aprobación legislativa del Plan D de la reforma electoral. Veamos.
Intercambios y chantajes
En las últimas semanas el PT y el PVEM se pronunciaron en contra de la eliminación de las diputaciones y las senadurías de representación proporcional, así como de la disminución del financiamiento público de los partidos políticos. Esto ha implicado una interrupción abrupta de los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y ha provocado que el gobierno federal tenga que negociar con sus aliados partidistas.
En consecuencia, la reforma electoral se podría convertir en una moneda de cambio para que el PT y el PVEM obtengan candidaturas y/o espacios en el gabinete presidencial y en los gobiernos estatales y municipales. Pero tal vez estas negociaciones podrían revelar la naturaleza autoritaria del gobierno federal, ya que el PT y el PVEM podrían ser forzados a apoyar la reforma electoral a cambio de no revelar ni perseguir actos de corrupción, vínculos con grupos criminales, hechos delictivos, entre otros.
Exclusión de propuestas
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral recibió 382 propuestas de modificaciones constitucionales y legales que fueron presentadas en 65 audiencias públicas. No obstante, aquellas proposiciones contrarias a los designios del gobierno federal y Morena podrían ser eliminadas sin ni siquiera ser leídas y/o estudiadas.
Así lo advirtió Pablo Gómez 1 sobre las propuestas presentadas por el Instituto Nacional Electoral y así lo sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las iniciativas de Somos México y Salvemos a la Democracia. Este mismo camino podrían seguir decenas de propuestas provenientes de servidores públicos, especialistas, académicos y de la ciudadanía.
Debilidad opositora
Es inaudito que el PAN, PRI y MC tuvieron más de seis meses para presentar una iniciativa de reforma electoral y no lo hicieron. Tampoco participaron en las audiencias de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Ni existen indicios sobre que estén preparando una contrapropuesta de reforma electoral que confronten las iniciativas del gobierno federal.
En las próximas semanas los partidos políticos opositores podrían utilizar el contrataque para debilitar y reprobar las propuestas reformistas del oficialismo. Sin embargo, nuestra frágil democracia requiere de un debate de ideas y propuestas que se lleve a cabo a partir de un análisis basado en contextos, datos, estudios y verificaciones.
A pesar de que durante la ejecución de los Planes A, B y C el oficialismo evidenció la debilidad y la desarticulación de los partidos políticos opositores, estos no han querido reconocer que sus tácticas mediáticas, políticas, sociales y legislativas han fallado. Por lo tanto, están condenados a revivir, una y otra vez, las sendas derrotas parlamentarias y en esta ocasión no habría sociedad organizada ni Poder Judicial que detenga el Plan D de la reforma electoral.
Voces disidentes
Aquellas personas que decidieran levantar la voz para denunciar que los contenidos de la reforma comicial debilitan a las autoridades electorales, restringen derechos, limitan libertades, erradican la pluralidad política, erosionan los principios democráticos y concentran el poder político, serían señalados, desprestigiados, exhibidos y repudiados por las persona legisladoras de Morena, el gobierno federal, los medios de comunicación oficialistas y los influencers de redes sociales allegados al morenismo.
Proceso legislativo
El gobierno federal y Morena aprendieron las lecciones que les dejó el proceso legislativo del Plan B y no volverían a aprobar una reforma electoral con celeridad, sin dictamines de comisiones, con fraudes normativos, sin deliberaciones en comisiones ni con errores procedimentales. Este conjunto de desaciertos ocasionó que las modificaciones a las leyes electorales fueran impugnadas y declaradas invalidas por la SCJN. 2
No obstante, habrá prácticas no democráticas que serían retomadas por Morena, tal vez por PVEM y el PT, en el Congreso de la Unión y que consistirían en: i) desconocer las recomendaciones y las reconvenciones de la autoridades electorales, académicos, organismos internacionales y especialista; ii) no leer, analizar ni debatir los pros y los contras de sus propuestas; iii) ignorar y rechazar sin leer ni analizar las proposiciones los grupos opositores; iv) no generar consensos con los partidos políticos opositores; v) no explicar públicamente la importancia de los cambios contenidos en la reforma electoral, y vi) descalificar a las voces disidentes.
Aprobación sin consenso
El gobierno federal y Morena conseguirían, cueste lo cueste, que el PT y el PVEM apoyen las propuestas de cambios normativos y, con ello, obtendrían los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional y las reformas legales. Este es el consenso que les importa y que tanto necesitan para llevar a buen puerto el Plan D de la reforma electoral.
La reforma electoral del oficialismo rompería con la historia legislativa sobre el involucramiento, respaldo y consenso de los partidos políticos, ya que las modificaciones comiciales serían aprobadas solo por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT. Lo que contrasta con las reformas electorales de 1977, 1986, 1990, 1994, 1996, 2007 y 2014, ya que fueron producto del acuerdo y del compromiso, lo que ocasionó que fueran apoyadas y aprobadas por todos los partidos políticos.
Sin defensa jurídica
En esta ocasión el gobierno federal y Morena no tendrían ninguna preocupación sobre una eventual impugnación de la reforma electoral, ya que le TEPJF, en los últimos años, se ha caracterizado por avalar y salvaguardar los intereses de morenismo. Mientras que la SCJN no ofrecería ninguna garantía de imparcialidad para detener el menoscabo del pluralismo político, el sometimiento de las autoridades electorales, el deterioro de las condiciones equitativas de la competencia comicial y la merma de los partidos políticos.
Tan, tan…
Nos encontramos a unos días, tal vez semanas, de conocer las propuestas que integrarán el Plan D de la reforma electoral del gobierno federal y Morena. Dada la cercanía de las elecciones federales y locales de 2027, no sería idóneo trastocar el sistema electoral ni el sistema de partidos políticos, ya que los cambios podrían generar una crisis política, social y económica que mermarían la débil estabilidad del Estado.
* César Hernández González (@ZezarHG) es especialista en Derechos Humanos, Democracia y Elecciones.
1 Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
2 Acción de Inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas y Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas.
Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
Capacidad reducida
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
“Una gota en el océano”
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Los escándalos
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Miedo y desconfianza
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
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