Del contexto político y la politización a la ley de Participación Ciudadana de Querétaro
En un momento en el que es muy común escuchar discusiones llenas de prejuicios, filias y fobias sobre lo que significa la izquierda y la derecha, hablar de participación ciudadana y cultura política cobra relevancia.
México vive un momento particular. El partido que gobierna, con algunos rasgos de radicalismo democrático, apostó por el conflicto constante y definió con precisión el perfil de su enemigo: el neoliberalismo, los conservadores, la élite no alineada a su proyecto político y, últimamente, muy a modo, Donald Trump. También, con el manual del populismo en la mano, llenó de significado el concepto de pueblo con gran audacia, aunque con contradicciones para algunas y algunos. Ahora el pueblo incluye al ejército, denominado pueblo uniformado.
Por su parte, la oposición apostó por los atajos cognitivos, se aferró a los estereotipos y, sin nada nuevo ni sustancial, parece haber quedado en la mayor de las irrelevancias políticas.
El partido mayoritario optó por la politización de sus bases y la construcción de un enemigo que le aseguró una mayoría incuestionable, así como es incuestionable el talento con el que lo logró. La oposición apostó por años a la banalización: la política de la foto, de las revistas y los mensajes sin espíritu. Claramente, la corrupción y las promesas incumplidas le pasaron una factura que quizá siga pagando varios años más.
La fórmula para la ciudadanía parece estar en lo que hizo el partido en el poder: en la politización. No desde un proyecto político partidista, sino desde la construcción de una sociedad civil participativa y con sentido crítico. La mayoría del país nunca estará afiliada a las listas de una fuerza política, por eso las personas fuera de los partidos debemos convertirnos en militantes de la politización con sentido crítico. Ahí está la clave para adquirir relevancia política, no solo a través del voto, sino con acciones que tiendan a la construcción de espacios de deliberación, y con críticas determinantes a lo que debe mejorarse lo antes posible.
Pasar de una cultura política apática o clientelar a una cultura política participativa implica politizar y empoderar. Esa fue la apuesta del grupo de personas que propusimos la Ley de Participación Ciudadana en Querétaro. La meta no era solo la ley en sí, sino construir una cultura política verdaderamente participativa dentro del grupo impulsor, y en la medida de lo posible, en el resto del estado.
Con esa visión, desde 2021 e inspiradas en ejercicios de democracia participativa de otros estados, buscamos modificar una ley que, desde 2012, no había podido ser activada por la ciudadanía. Tan solo una iniciativa ciudadana requería más de 18 mil firmas para ser ingresada al Congreso estatal.
Por eso se comenzó con la construcción de una propuesta ambiciosa que ampliara de cinco a dieciséis el número de mecanismos de participación. Después de muchos meses de pláticas presenciales y virtuales con decenas de organizaciones y colectivas para nutrir esta propuesta, logramos abrir un espacio de diálogo con el Congreso, el Gobierno del Estado y el Instituto Electoral. Se necesitaron muchas reuniones con personas funcionarias, ruedas de prensa y comunicados para que las autoridades construyeran una iniciativa que integrara nuestras peticiones.
Finalmente, el pasado 20 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó una nueva ley de participación, y el 14 de febrero fue firmada por el gobernador y publicada en el boletín oficial. Esta ley ahora cuenta con once instrumentos para la participación. De alguna u otra manera, siete de los mecanismos que propusimos fueron considerados, y tres de ellos son completamente nuevos: audiencias públicas, cabildos abiertos y presupuestos participativos. Además, logramos que las solicitudes de plebiscitos y referéndums pasaran de requerir cerca de 57 mil firmas a solo 3 mil 700 a nivel estatal. Esto convierte a Querétaro en el segundo estado donde es más accesible para la ciudadanía solicitar estos mecanismos, solo después de Jalisco.
Muchos compañeros y compañeras con quienes impulsamos esta iniciativa creen que la mayor victoria fue la reducción de firmas para activar mecanismos. Para mí, el mayor logro que tuvimos fue haber contribuido a politizar y consolidar un grupo de personas que hoy saben que hay formas directas de participar y de generar un diálogo con las autoridades y representantes. Personas que diariamente discuten en un grupo sobre obras viales centradas en la movilidad activa, vecinas que buscan mejorar los servicios públicos de sus fraccionamientos, activistas que trabajan por mejores legislaciones en materia de agua, ciudadanía preocupada por la manera en que se desarrollan las consultas sobre temas públicos.
La nueva ley es una victoria para todas las personas y colectivas que participamos de ella, a veces con incertidumbre, pero siempre con esperanza. También es un pequeño reconocimiento a aquellas autoridades que, en cumplimiento de su deber, tuvieron la voluntad de escuchar, proponer y hacer avanzar la iniciativa.
A partir del 15 de febrero comenzó una nueva etapa en Querétaro: la etapa de usar los mecanismos que logramos aprobar.
Esta reflexión es un profundo agradecimiento y un recordatorio para quienes han sido parte de esta lucha: los mecanismos de participación son solo un medio, pero el verdadero propósito es seguir politizándonos críticamente para impulsar los cambios que anhelamos.
Estas palabras también son una declaración sobre la urgencia que tiene la sociedad civil de seguir disputando espacios de relevancia política en tiempos donde las izquierdas deshonestas y autoritarias, y aún peor, las fuerzas de derecha ultranacionalistas, ultraliberales y de corte fascista, degradan las bases de una democracia representativa cada vez menos popular, con intereses meramente individualistas.
En medio de esa disputa, es imprescindible que las personas trabajemos para mejorar la representación a través de la participación. Pues como dijo C.B Macpherson: “El principal problema de la democracia participativa no es cómo funciona, sino cómo llegar a ella. Pues parece probable que si logramos llegar a ella, o a que exista una parte considerable de ella, el camino recorrido hasta llegar allí nos habrá dado la capacidad para hacer que funcione, o por lo menos nos habrá hecho menos incapaces de lo que somos hoy día”.
Todo mi cariño y gratitud a quienes acompañaron esta iniciativa durante estos años.
* Luis Javier Moreno (@luisjamb) es politólogo y máster en análisis político. Director de Política Colectiva.
El reino árabe ha ganado peso en la escena global y mantiene cierto equilibrio entre Moscú y Kyiv.
Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia escogieron a Arabia Saudita como sede para las cruciales conversaciones con Rusia sobre la guerra en Ucrania.
Representantes de Washington y Moscú se reúnen este martes en Riad para tratar de sentar las bases de las conversaciones de paz, confirmaron el Departamento de Estado estadounidense y el Kremlin este lunes.
Por parte de Estados Unidos participan el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff.
Rusia envió a la capital saudí al ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y a Yuri Ushakov, asesor de política exterior del presidente Vladimir Putin.
El encuentro ha generado preocupación en Ucrania y entre sus aliados europeos, que no participarán.
El gobierno de Arabia Saudita ha expresado su intención de implicarse activamente en las conversaciones de paz, no solo como país anfitrión sino con un rol más activo de mediador.
Un país mejor posicionado
La elección de Arabia Saudita como sede del encuentro subraya hasta qué punto ha avanzado el reino en el plano diplomático en los últimos años desde que estuvo punto de convertirse en un estado paria tras el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en 2018.
Las sombras que se proyectaban sobre el país y su líder de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, parecen haberse disipado, aunque ocasionalmente se siguen planteando preocupaciones en foros internacionales sobre el historial de derechos humanos de Arabia Saudita.
En muchos frentes -y en particular en las industrias del entretenimiento y el deporte- el reino wahabita ha dedicado enormes cantidades de dinero a tratar de convertirse en un actor importante en el escenario global.
En el plano diplomático, el liderazgo saudita también ha logrado avances: durante los años de Biden, el reino redujo su dependencia de Estados Unidos como principal aliado internacional.
Los sauditas dejaron claro que perseguirían en primer lugar lo que perciben como sus intereses: entablar relaciones más estrechas con países considerados los mayores rivales de Estados Unidos, como Rusia y China.
Mediador neutral
Por otro lado, hay que destacar la posición que hasta el momento ha mantenido Arabia Saudita en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Riad ha preservado históricamente sus relaciones tanto con Moscú como con Kyiv, en un intento de equilibrar sus intereses geopolíticos y económicos.
En el ámbito energético, Arabia Saudita ha colaborado estrechamente con Rusia en el marco de la OPEP+, coordinando políticas de producción de petróleo para estabilizar los mercados globales.
Sin embargo, también ha mostrado apoyo a la integridad territorial de Ucrania en foros internacionales y ha participado en iniciativas humanitarias para mitigar el impacto del conflicto en la población ucraniana.
Esta dualidad en su política exterior refleja, según expertos, la estrategia saudita de posicionarse como un mediador neutral, capaz de facilitar el diálogo entre las partes en conflicto.
Su papel en el conflicto palestino-israelí
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido bien recibido por los sauditas.
Su primera visita al extranjero en su primer mandato fue a Arabia Saudita, y la naturaleza transaccional de su política exterior se ve como más propicia para el actual liderazgo saudita.
Arabia Saudita es clave en el conflicto palestino-israelí por su influencia en el mundo árabe y musulmán, y su posible normalización de relaciones con Israel, lo que podría redefinir el equilibrio geopolítico en la región.
Uno de los posibles logros que Trump querría anotar en su historial sería un acuerdo de paz entre los sauditas e Israel, que sería la culminación de los Acuerdos de Abraham que inició en su primer mandato.
La guerra en Gaza, sin embargo, se ha interpuesto en el camino y puede aumentar el precio que Arabia Saudita exija por un acuerdo de paz.
Los sauditas expresaron su contundente rechazo al plan de Trump para Gaza: expulsar a todos los palestinos y reconstruirla como un complejo turístico.
Esto ha impulsado al reino a tratar de elaborar un plan alternativo viable con otros estados árabes, que permitiría que los habitantes de Gaza permanecieran en su territorio mientras se reconstruye el enclave.
Arabia Saudita ha reiterado que no establecerá relaciones diplomáticas formales con Israel sin una solución que considere justa al conflicto palestino, insistiendo en la necesidad de un Estado palestino independiente.
El actual planteamiento de la administración Trump parece entrar en contradicción con esto, tanto en su política hacia Gaza como hacia la Cisjordania ocupada.
La forma en que se resuelva este asunto será clave para la dinámica de la evolución de la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos.
En todo caso, está claro que los sauditas no tienen intención de renunciar a su ambición de convertirse en un actor esencial de la diplomacia global.
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