Plaguicidas de alta peligrosidad consumen los campos mexicanos y dañan nuestra salud
Los plaguicidas se han empleado desde hace miles de años como una herramienta importante para el desarrollo de la agricultura y su uso ha contribuido a que cada vez más personas puedan alcanzar la seguridad alimentaria. Sin embargo, hay de plaguicidas a plaguicidas.
Desde 1978, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una clasificación basada en la peligrosidad o grado de toxicidad aguda de estos compuestos. En nuestro país está autorizado el uso de 183 plaguicidas considerados como altamente peligrosos. Estos se aplican en los cultivos y tienen impactos negativos en el corto, mediano y largo plazo, sobre el aire, suelo y agua, e inevitablemente, para el ser humano.
México ocupa el tercer lugar en América Latina en porcentaje de tierras cultivables, y se caracteriza por vacíos de regulación y legislación que han permitido -según la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019– que se utilicen fertilizantes, herbicidas e insecticidas químicos en el 57% de las unidades de producción agrícola entre 2014 y 2019. Con ese contexto podemos dimensionar que el impacto de estos productos en nuestro país es mucho mayor de lo que comúnmente se asume.
Los productores más vulnerables terminan siendo también los más afectados, pues se han detectado altos niveles de intoxicación y carga de plaguicidas en la sangre de comunidades agrícolas, jornaleros y pequeños campesinos indígenas. Ellos quedan a expensas de lo que ofrece el mercado, los programas federales y estatales, recibiendo poco apoyo y capacitación técnica para aplicación de estos productos. También cabe recordar que los productores pequeños de nuestro país complementan sus magros ingresos empleándose como jornaleros, por lo que son quienes realizan las labores de cultivo en las explotaciones más grandes, altamente consumidoras de productos químicos.
México es un paraíso para las empresas fabricantes y comercializadoras de este tipo de productos, como Bayer y Syngenta, pues los vacíos en la legislación y las concesiones políticas han abierto la posibilidad a que hagan negocios en nuestro país con agroquímicos cuyo uso está prohibido en los países de origen de dichas empresas -en este caso, Alemania y Suiza. Para los países receptores, como México (que suelen ser de ingresos bajos y medios, con una logística, reglamentación y un sistema de control más débiles), las deficiencias legales dejan la puerta abierta para que todos estos productos se comercialicen y apliquen de forma muy poco controlada.
Sin embargo, existen esfuerzos para cambiar esta dinámica. El 31 de diciembre del año pasado se marcó un hito hacia el control y la regulación de estos productos, pues se emitió un decreto presidencial que prohíbe la siembra del maíz transgénico y establece el retiro gradual del uso de glifosato -herbicida más utilizado a nivel mundial y clasificado como posible cancerígeno por la OMS- para 2024.
Esto, por supuesto, ha generado el descontento de las empresas productoras y distribuidoras de plaguicidas, mismas que han estado muy al pendiente y a la defensiva; una de ellas es Bayer-Monsanto, que en los últimos meses ha presentado varios amparos con el objetivo de alcanzar una suspensión provisional de este decreto presidencial. Estas presiones, desafortunadamente, han recibido el respaldo de varios funcionarios públicos cuyos intereses se han visto más alineados hacia los de la agroindustria.
Ante estas presiones y ataques, la sociedad civil, las organizaciones ambientales y la academia se han expresado con posicionamientos fuertes. Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País se insta claramente al gobierno de México a no ceder y seguir avanzando en la construcción de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional; y en particular, a no privilegiar intereses corporativos en detrimentos de los derechos a la salud de todas las personas y a un ambiente sano.
En Ethos nos hemos comprometido a promover sistemas alimentarios saludables, sostenibles, asequibles y justos para todas las personas; en ese sentido, creemos que la regulación de la producción, distribución y consumo de plaguicidas es indispensable para acercarnos a esta meta. Desde nuestra organización nos parece importante destacar que aunque hay avances esperanzadores para la erradicación del uso del glifosato en México, este producto es sólo uno de casi 200 plaguicidas nocivos utilizados en el país.
El reto no solo consiste en sustituir el uso del glifosato para 2024, sino en buscar modelos de producción agroecológica que sean mucho más amigables con la salud, el medio ambiente y todas las personas involucradas en las cadenas alimenticias.
* Ana Paula Sandoval (@apsandovalm) es investigadora de Innovación y Desarrollo Sostenible de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
