Paridad en gubernaturas: ¿qué aprobó el INE para 2024?
En las próximas elecciones de 2024, se elegirán más de 20 mil cargos, incluidas ocho gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Estos puestos son significativos por al menos dos razones fundamentales: en primer lugar, representan una manifestación del poder político, lo que implica acceso a redes, permite la consolidación de liderazgos, facilita la construcción de una estructura y equipos de trabajo, y sirven como “trampolín” para aspirar a otros cargos relevantes. En segundo lugar, desempeñan roles esenciales para la sociedad en temas como seguridad, salud, educación, etc., además de ser las representaciones de las entidades, el poder ejecutivo local presenta el presupuesto a los congresos y, en pocas palabras, son las y los encargados de la gobernabilidad en los estados.
Las candidaturas a las gubernaturas históricamente habían sido reservadas para los hombres, como resultado del sistema patriarcal; no obstante, en México estamos viviendo un cambio importante desde la aprobación constitucional de la paridad en 2014 y su consolidación con la reforma conocida como “paridad en todo” aprobada en 2019. La postulación paritaria a las gubernaturas se puso en la agenda pública desde las elecciones de 2021 cuando por primera vez se exigió a los partidos políticos nacionales que la mitad de las candidaturas fueran para las mujeres. Este año, el INE determinó nuevamente que de las nueve gubernaturas en juego, al menos en cinco se postularan mujeres. En este sentido el presente artículo busca resumir los antecedentes que llevaron a esta determinación, así como clarificar los efectos que tendrá el acuerdo INE/CG569/2023, que fue recientemente aprobado por el INE, ello a fin de evitar información falsa sobre qué implica la paridad en las gubernaturas en 2024.
Recientemente, en las redes sociales han circulado varios videos que afirman que el INE determinará en qué entidades los partidos políticos nacionales deben postular mujeres en las elecciones de 2024, se habla incluso de que el Instituto exige alternancia (es decir, si gobernó una mujer, ahora la candidatura debe ser para un hombre). Se argumenta que se busca afectar las aspiraciones políticas de varios hombres que han expresado su deseo de participar en estos puestos y, en última instancia, que tiene el propósito de afectar los resultados electorales. Sin embargo, es crucial aclarar que esta afirmación es incorrecta. La decisión de en qué entidades se postularán hombres y en cuales mujeres, recae únicamente en los propios partidos políticos. El Acuerdo aprobado el pasado 24 de octubre por el INE establece como única regla garantizar una proporción de al menos 5 mujeres y 4 hombres en dichas postulaciones, independientemente de las coaliciones o candidaturas comunes en las que participen los partidos nacionales.
¿Por qué el INE ha emitido este acuerdo? La razón se remonta al proceso electoral de 2021, cuando se disputaron 15 gubernaturas. En ese momento, el INE aprobó un acuerdo que obligó a los partidos políticos a postular candidatos y candidatas de manera paritaria, esto como respuesta a la solicitud hecha por Selene Lucía Vázquez Alatorre, quien buscaba la candidatura a la gubernatura de Michoacán por el partido morena. Además, organizaciones como “Equilibra, Centro para la Justicia Constitucional” y “Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos” también desempeñaron un papel fundamental en este proceso. Esto demuestra que la demanda de la paridad en las gubernaturas surgió por una exigencias de las propias mujeres militantes, es decir, desde dentro de los partidos políticos, y se ha impulsado a través de litigios estratégicos en las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales, promoviendo así el avance hacia la igualdad.
En el año 2021 es cierto que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el primer acuerdo del INE sobre paridad en gubernaturas, aunque mandató que se mantuvieran sus efectos; es decir, obligó a los partidos a postular siete mujeres como candidatas. Adicionalmente vinculó al Congreso Federal y a los Congresos Locales para que establecieran la regulación necesaria para garantizar la postulación paritaria en los estados, esto antes del inicio de los próximos procesos electorales.
En la elección de 2022, se eligieron seis gubernaturas adicionales, y dado que no se había promulgado legislación adecuada en algunos estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas), el INE nuevamente exigió a los partidos políticos postular al menos tres mujeres en las gubernaturas, en ese proceso. Este acuerdo no fue objeto de impugnación y quedó en vigor. Sin embargo, surgieron controversias ese año a raíz de las demandas presentadas por dos mujeres militantes: Susana Harp Iturribarría y Maki Esther Ortiz Domínguez, ambas de morena, quienes solicitaron que se considerara el tema de la alternancia y la paridad sustantiva en dichos cargos. En respuesta, el TEPJF ordenó a los partidos establecer reglas claras que detallaran cómo aplicarían la competitividad en la postulación de mujeres a candidaturas a gubernaturas y mandató al INE a revisar el cumplimiento de esas reglas.
En el proceso electoral actual, el INE se centrará en garantizar que los partidos políticos cumplan con los criterios que ellos mismos han establecido en sus documentos básicos para asegurar que las mujeres candidatas a las gubernaturas no sean relegadas a espacios donde tengan menos posibilidades de ganar. Hasta la fecha, seis partidos políticos han definido en sus estatutos cómo garantizarán la paridad en las gubernaturas, y serán responsables de informar al INE sobre su cumplimiento. El único partido que está pendiente de definir su estrategia es Movimiento Ciudadano.
Respecto de los partidos locales, el acuerdo referido los mandata para que respeten el principio de alternancia de género que hubieran postulado en la última elección para la gubernatura y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Llama la atención que en las dos sesiones del Consejo General donde se discutió el tema, la mayoría de los representantes de los partidos expresaron su desacuerdo con el acuerdo, argumentando la falta de competencia del INE en la materia, la regulación que algunas entidades ya tenían y la violación a la autodeterminación de los partidos, argumentos repetitivos con lo que mencionaron desde 2021. Lo cierto es que como instituciones del Estado mexicano los partidos deben cumplir con el principio constitucional. La paridad no es una acción afirmativa, una medida temporal o una dádiva, es un derecho fundamental.
Es probable que el acuerdo aprobado por el INE respecto de las gubernaturas en 2024 sea impugnado ante el TEPJF, y se espera que esta institución sea garante de los derechos de las mujeres, quienes siguen luchando por romper los techos de cristal en estos espacios políticamente relevantes.
* Marisol Vázquez Piñón (@solivazquez) es Politóloga por la UNAM, estudiante de la maestría en Políticas Públicas y Género en FLACSO, feminista, Subdirectora en la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Instituto Nacional Electoral.
Kilmar Ábrego está encarcelado en El Salvador pese a que no tiene antecedentes penales.
La justicia de Maryland le exigió al gobierno de Donald Trump que devuelva a EE.UU. a un hombre que reconoció haber deportado por error a una megaprisión de El Salvador.
La administración Trump envió el mes pasado a Kilmar Ábrego García al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), junto a más de 200 venezolanos y salvadoreños, muchos de los cuales son miembros de las pandillas, según informaron las autoridades sin aportar pruebas.
La Corte Suprema de EE.UU. respaldó parcialmente la semana pasada la orden de la jueza Paula Xinis, que le exigía al gobierno que “facilitara” el regreso del salvadoreño, después de admitir que su deportación fue un “error administrativo”.
Los funcionarios de Trump siguen mostrándose contrarios a la orden, mientras que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo esta semana que no dejará que Ábrego regrese a Estados Unidos.
La jueza Xinis dio este martes al gobierno de Trump dos semanas para brindar más información sobre lo que ha hecho para liberar a Ábrego.
1. Quién es Kilmar Ábrego
Kilmar Ábrego llegó a Estados Unidos desde El Salvador ilegalmente en 2011.
Fue arrestado en 2019 junto a otros tres hombres en Maryland y detenido por las autoridades federales de inmigración.
Ese mismo año, un juez de inmigración le otorgó protección legal contra la deportación sobre la base de que podría estar en riesgo de persecución por parte de las pandillas de El Salvador.
Ábrego, de 29 años, había estado viviendo con su esposa y sus hijos bajo este estatus legal protegido en Maryland hasta el momento en que fue deportado a mediados de marzo.
La esposa del detenido, Jennifer Vásquez Sura, una ciudadana estadounidense, ha dicho que las administraciones de Trump y Bukele “continúan jugando juegos políticos con su vida”.
2. Qué dice la Casa Blanca
La administración Trump informó que la deportación de Ábrego fue un error administrativo. También dijeron que tiene vínculos con la pandilla MS-13, un grupo criminal que figura dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
Desde el gobierno de Trump dijeron que un informante confidencial demostró los vínculos de Ábrego con esta banda, algo que los familiares y abogados del salvadoreño desmienten.
La jueza federal que preside su caso dijo que Ábrego no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en El Salvador, y que los vínculos con las pandillas que se le atribuyen son “una acusación singular y sin fundamento”.
Ábrego García no ha sido acusado de tener vínculos con las pandillas.
Bukele dijo este lunes en un encuentro que mantuvo con Trump en la Casa Blanca que no enviaría de vuelta a Ábrego García porque “no nos gusta mucho liberar a los terroristas en nuestro país”, a pesar de que no se han visto pruebas que vinculen al joven con el terrorismo.
“La pregunta es absurda”, dijo Bukele, aliado de Trump desde que este regresó a la Casa Blanca en enero. “No tengo el poder de regresarlo a Estados Unidos”.
La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en la reunión que “depende de El Salvador si quieren regresarlo”.
Bondi dijo que la Corte Suprema dictaminó “que si El Salvador quiere enviarlo de vuelta, facilitará la acción, proporcionando un avión”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que los demócratas y los medios de comunicación dijeron que habían “deportado a un candidato al padre del año”, alegando una vez más que era un miembro de la pandilla MS-13.
3. Su estatus legal
Poco después de su deportación al Cecot, los familiares de Ábrego le exigieron a la administración Trump que lo trajera de vuelta a Estados Unidos.
La jueza Xinis ordenó al gobierno que “facilitara y efectuara” su regreso antes del 7 de abril.
Después de que la administración Trump apelara el fallo ante la Corte Suprema, los jueces dictaminaron unánimemente que la administración Trump debe tratar de “facilitar” su regreso, al tiempo que solicitaron a la jueza del caso que aclare su directiva de “efectuar”.
Los jueces no le dieron al gobierno un plazo para que Ábrego sea liberado.
El martes, la jueza Xinis volvió a ordenar a la administración Trump que proporcionara más información sobre lo que ha hecho para liberar a Ábrego García y agregó que decidiría en dos semanas si el gobierno está actuando de buena fe o en desacato al tribunal.
Un funcionario estadounidense dijo durante el fin de semana que Ábrego García estaba “vivo y seguro” en la megaprisión de El Salvador.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
