
El robo de combustible y el huachicol fiscal generan pérdidas económicas anuales superiores a los 20 mil millones de pesos y se trata de una de las fuentes de ingreso más relevantes para las organizaciones criminales de nuestro país. A pesar de los esfuerzos en su combate, no se han logrado reducir de forma significativa la venta de combustible ilegal en México.
El problema reside en que los esfuerzos se han concentrado en la parte inicial de la cadena, que es el robo de combustible, o su ingreso ilegal en puertos y puntos fronterizos. En cambio, se podrían tener mejores resultados si la estrategia se centrara en la parte final de la cadena, es decir, en la venta al consumidor final y en concreto en el papel de las gasolineras en su comercialización.
De hecho, el robo de combustible es un mercado altamente rentable, porque gran parte de la población consume directa o indirectamente gasolina, es decir, todos los que usamos automóvil, salvo quienes tienen un vehículo eléctrico, debemos que recargar de forma regular el combustible y quienes no usan auto necesitan transporte público o consumen productos que se mueven con vehículos que utilizan gasolina.
Por ende, a diferencia de las drogas, es un producto que casi todos usan y además tiene tantos impuestos aparejados, que entre el precio de producción real y el de venta final, hay un margen amplio para obtener ganancias cuando el combustible es robado o introducido al país de forma ilegal.
Pero regresando al argumento central, la estrategia del Gobierno Federal para combatir al huachicol en todas sus formas se ha concentrado en las fuentes de origen del combustible robado y no en los puntos de venta final. De forma que se han desplegado operativos para atacar a las bandas que roban los ductos de PEMEX que cruzan todo el país. También se han realizado operativos para desarticular las redes de corrupción que permiten la entrada ilegal de millones de litros de combustible ilegal en los principales puertos del país a través de buques tanque, y de camiones o trenes cisterna que ingresan por las aduanas terrestres. Y a pesar de los resultados que se han tenido, el flujo del combustible robado no se detiene.
Pero hasta el momento se ha prestado poca atención a las gasolineras, que es el eslabón central para reducir el problema, ya que si bien el combustible robado se puede vender directamente en lugares clandestinos, la cantidad de gasolina que puede moverse en los mismos sin llamar la atención es poca, es decir, que con el caudal de combustible que se extrae de los ductos, de instalaciones de PEMEX, que se roba de camiones cisterna o que ingresa por huachicol fiscal, solo es posible moverlo a través de gasolineras legales.
A las gasolineras les conviene comprar combustible robado, porque pueden comprar un insumo que ya venden mucho más barato y obtener una ganancia mayor, al tiempo que en muchos casos el producto es fácil de esconder, ya que se combina en una misma estación, combustible legal e ilegal.
En el país se tienen más de 14 mil gasolineras, todas ellas operan bajo una concesión de PEMEX y por tanto se tiene la facultad de retirar la misma cuando incumplan el marco legal, por ejemplo, cuando comercializan combustible robado o cuando no pueden demostrar la compra legal de parte de su gasolina.
Y a pesar de que las revisiones se incrementaron, en 2025 solo 56 gasolineras fueron sancionadas y a 35 de ellas se les revocó el permiso de operación. Lo cual podrá parecer positivo, sin embargo, se estima que 1 de cada 3 litros gasolina que se venden en el país es ilegal, de forma que un esquema de revisión eficiente tendría que haber sancionado al menos al 25 % de las estaciones de servicio del país, es decir, unas 3,500.
La estrategia por tanto debe de pasar por incrementar el riesgo para las gasolineras que venden combustible ilegal, para que ya no les resulte rentable participar en el esquema y, al contrario, vean que la posibilidad de perder su permiso de operación y por tanto su inversión, es real.
De manera que, si las gasolineras por miedo a perder sus concesiones se niegan a comercializar el combustible ilegal, difícilmente las bandas de huachicol van a encontrar canales de venta adecuados y el negocio comenzará a decaer por no contar con vías seguras para llegar a los clientes finales.
Centrarse en las gasolineras tiene una ventaja enorme, ya que si las autoridades desarrollan un esquema efectivo para identificar a las gasolineras cómplices, dado que estas tienen mucho que perder, provocaría que la demanda de combustible robado o ingresado al país se reduzca de forma sustancial, provocando un efecto positivo triple: por un lado disminuirían las pérdidas de PEMEX, por otro se incrementarían las ventas legales y tercero se reducirían los ingresos de muchas organizaciones criminales, teniendo un efecto secundario favorable reducción de la violencia.
* Víctor Manuel Sánchez Valdés (@victorsanval) es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública y doctor en políticas públicas por el CIDE. Correo de contacto: [email protected].

El ataque de hombres armados a una escuela católica en Nigeria se produjo en medio de un aumento de los secuestros por parte de grupos armados.
El secuestro de decenas de niños en un internado católico en Nigeria causó desolación entre los padres de los menores, que vieron con impotencia cómo un grupo de hombres armados se llevaba a sus hijos.
Theo contó a la BBC que el pasado viernes se despertó por el ruido que hicieron los hombres armados al pasar por delante de su casa con los niños que habían secuestrado en la escuela St Mary’s, en la aldea de Papiri, en el estado de Níger.
“Los llevaban a pie, como los pastores controlan a sus rebaños. Algunos niños se caían y los hombres les daban patadas y les ordenaban que se levantaran”, aseguró.
“Los hombres armados iban en unas 50 motocicletas mientras los controlaban”, dijo el padre, cuyo nombre real hemos reservado por su seguridad.
En declaraciones a la BBC desde el dormitorio donde estaba su hijo, Theo dijo que no pudo impedir el secuestro.
“Tenía ganas de ir [a ayudar], pero lo pensé mejor. Aunque hubiera ido, ¿qué podía hacer? No podía hacer nada”, declaró a la BBC, y añadió que llamó a la policía, pero que cuando los agentes llegaron ya era demasiado tarde.
La Asociación Cristiana de Nigeria (ACN) informó que 303 estudiantes y 12 trabajadores fueron secuestrados en la escuela, mientras que 50 menores lograron evitar ser llevados y ya pudieron reunirse con sus familias.
La escuela está dirigida por el presidente de la sección de Níger de la ACN, el obispo Bulus Bawa Yohanna, quien ha compartido con la BBC una lista de los secuestrados.
Sin embargo, la policía afirmó que solo tenía constancia de que unos pocos niños hubieran desaparecido la noche del secuestro.
El gobernador del estado, Umar Bago, declaró a los medios locales que el número de estudiantes secuestrados había sido exagerado y que era “muy, muy inferior” a 303.
Culpó a las autoridades escolares por abrir el centro a pesar de las amenazas de hombres armados desconocidos hace cuatro años y, de nuevo, hace dos meses.
“Las escuelas de esa zona llevan cuatro años cerradas. Me sorprendió saber que la escuela seguía abierta”, afirmó Bago.
También insistió en que el ataque era solo un “susto” y que todos los estudiantes serían rescatados tarde o temprano.
El obispo Yohanna dijo que no se han desplegado fuerzas de seguridad en la comunidad desde los secuestros.
Junto con otros padres, Theo ha estado acampando frente a la escuela, molesto por la poca respuesta del gobierno.
“Nuestros hijos han sido secuestrados, pero el gobierno no parece prestarle atención!, dijo Theo.
Se sentía frustrado porque el gobernador del estado no había visitado la escuela y solo había ido a una comunidad cercana para hablar con las fuerzas de seguridad y los líderes locales.
“Hemos llegado a la conclusión de que al gobierno no le preocupamos, sentimos que no formamos parte del país, que nos han abandonado”.
El dolor que sienten los padres de los niños que siguen desaparecidos es más que evidente. “Estoy triste, toda mi vida está llena de tristeza”, dijo una madre cuyo hijo se encontraba entre los niños secuestrados.
“Es mi único hijo, es mi primogénito, ¡por favor, ayúdennos!”, pidió.
Otro padre llamado Lucas le contó a la BBC que dos de sus hijos habían sido secuestrados, pero que el más pequeño, un niño de 6 años, tuvo suerte y logró evitar caer en manos de los secuestradores.
“Cuando lo vi, me emocioné mucho. Lo llamé por su nombre, se dio la vuelta y corrió hacia mí. Lo abracé y lo estreché contra mí”, recuerda.
La parte norte de Níger, donde se encuentra Papiri, se ha convertido recientemente en un punto problemático de secuestros en los que se piden rescates.
El pago de esos rescates ha sido prohibido en un intento de cortar el suministro de dinero a las bandas criminales, pero con pocos resultados.
El equipo de la BBC recorrió unos 500 km hasta Papiri desde Minna, la capital del estado de Níger, en medio de varias alertas de peligro en determinadas rutas. Durante algunos tramos, la policía escoltó al equipo.
Muchos achacan la actual crisis al tamaño del estado. En términos de superficie, Níger es el estado más grande de Nigeria, y es más grande que países europeos como Dinamarca y Países Bajos.
También tiene muchos bosques, que las bandas criminales utilizan como campamentos y rutas para conectar con otros estados de Nigeria, así como con países vecinos.
El secuestro en la escuela de Papiri es el tercero que se produce en Nigeria en una semana.
El lunes pasado, más de 20 alumnas, que según la BBC son musulmanas, fueron secuestradas en un internado del estado de Kebbi, fronterizo con Níger.
También se produjo un ataque a una iglesia más al sur, en el estado de Kwara, en el que murieron dos personas y decenas de fieles fueron secuestrados.
El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, canceló su viaje a la cumbre del G20, celebrada en Sudáfrica el pasado fin de semana, para hacer frente a la crisis.
El domingo publicó en las redes sociales que los 38 fieles secuestrados en el estado de Kwara habían sido rescatados, según fuentes externas.
“Quiero dejar claro que no voy a ceder. Todos los nigerianos, en todos los estados, tienen derecho a la seguridad, y bajo mi mandato, vamos a garantizar la seguridad de esta nación y proteger a nuestro pueblo”, afirmó Tinubu.
La oleada de secuestros ha obligado al cierre de muchos internados en toda Nigeria, y los padres se han apresurado a recoger a sus hijos.
El gobierno está bajo la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a principios de este mes que enviaría tropas a Nigeria “con las armas en alto” si “se sigue permitiendo el asesinato de cristianos” por parte de militantes islamistas.
El gobierno nigeriano ha afirmado que las acusaciones de persecución de los cristianos son “una grave tergiversación de la realidad”, ya que “los terroristas atacan a todos los que rechazan su ideología asesina, tanto musulmanes como cristianos y personas sin religión”.
Si bien algunos secuestros son perpetrados por grupos militantes islamistas, muchos otros son llevados a cabo por bandas criminales con el fin de obtener un rescate, lo que pone de relieve la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país.
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