Pakales, como fuerzas de control social en Chiapas
El estado de Chiapas vive desde hace años una violencia generalizada y sistemática, caracterizada por el control territorial de grupos de la delincuencia organizada, con disputas entre cárteles y grupos locales armados, paramilitarismo residual y conflictos intercomunitarios por tierra y recursos. Esta situación ha generado un entorno de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, extorsiones y desplazamientos forzados masivos, con altos niveles de impunidad. En este escenario, las políticas estatales de supuesta “seguridad y pacificación”, que incluyen la militarización y operativos conjuntos, a menudo resultan insuficientes o contraproducentes, priorizando el control aparente sin abordar las causas estructurales como la corrupción y la colusión entre autoridades y grupos criminales.
La tortura en Chiapas, existe y persiste como una práctica histórica, generalizada entre sus cuerpos de seguridad en contra de la población, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL[1]) señala que las detenciones de personas ocurren sin una orden de detención, sacándolas de su domicilio o en la calle; las personas entrevistadas en esta encuesta fueron esposadas en el momento de la detención, se usó la fuerza física; en lo que refiere a actos de violencia después de la detención las personas fueron incomunicada y aisladas, amenazada con levantar cargos falsos o con hacerle daño; otras fueron vendados de ojos o les cubrieron la cabeza, recibieron golpes, fueron atadas con sogas, vendas, cintas o cobijas, otros fueron atados a algún objeto, el uso de la asfixia también se señaló como un método común.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas[2], señalan que durante el 2018 y el 2019, las personas que denunciaron ser víctimas de tortura describen métodos de tortura físicos como la asfixia, electrochoques, golpes en general, golpes en los oídos, golpes en las plantas de los pies y violencia sexual; y psicológicos como, humillaciones, aislamiento, agresiones verbales, amenazas de muerte, amenazas a familiares, privación sensorial, de sueño, de servicios sanitarios o de alimentos. El uso de la tortura tenía como intención obtener una declaración autoinculpatoria en la comisión de algún delito, inculpar a otras personas o identificarlas, por lo que afirman que, en el estado de Chiapas, se usa como una forma de investigación criminal.
En este contexto de violaciones a derechos humanos en el estado de Chiapas, y bajo la justificación de “pacificar” el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar creo en diciembre del 2024 la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad de élite de la policía. Esta unidad especial forma parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y realiza acciones de combate a la delincuencia, comenzó a operar con 500 elementos y paso a 800, conformada por la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Policía Federal; cuentan con equipo táctico y tecnológico, además de recibir un salario que impediría su corrupción. Su objetivo era combatir al crimen organizado en la frontera con Guatemala, misiones de alto riesgo, el trafico de combustible, narcomenudeo, secuestro y extorsión[3]. El mando de los Pakales lo ostenta Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, exmando de la Policía Federal, relacionado directamente con la masacre ocurrida en 2015 en Tanhuato, Michoacán, donde se ejecutaron a 22 civiles.
Pakales, el grupo de élite encargado de la ‘pacificación’ en Chiapas, enfrenta acusaciones por abusos policiales[4], como las denuncias de la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, Chiapas, de la detención de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un fuerte operativo fueron detenidos, acusados de secuestro. Se les señala de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública y tortura. Se ha reportado el allanamiento de domicilios, como el de la señora Enedina en Cintalapa, ella fue encapuchada y golpeada, además de que robaron sus pertenencias. En Tila se les denunció de hacer operativos con un grupo del crimen organizado llamado Karma, cateando casas y realizando la detención de 20 personas, entre ellos 5 niños.
Detención de Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez
Orbey y José Julián, sirven a la Iglesia de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez, ambos son reconocidos por su labor es pastoral y comunitaria, orientada al servicio espiritual y al acompañamiento social. Orbey, tiene 39 años, de religión católica, y se desempeña como subcoordinador desde el 2025 en la capilla de su comunidad, perteneciente a la parroquia de San Dionisio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, bajo la supervisión de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez. Su ocupación principal es la agricultura y la electricidad.
José Julían tiene 21 años, originario del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán,
Católico y ocupa el cargo de Ministro Extraordinario de la Comunión, en la capilla de su comunidad, compartiendo su labor de servicio religioso con Orbey. Se dedica al comercio.
El 22 de enero de 2026, aproximadamente a las dos de la tarde, en la Colonia “El Estoraque” del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Orbey se dirigía a realizar un trabajo de instalación eléctrica en un domicilio particular, portando su mochila con herramientas. En ese trayecto, fue interceptado de manera violenta por una camioneta con logotipos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (en adelante FRIP). A bordo viajaban al menos tres elementos encapuchados, uniformados y fuertemente armados, quienes le apuntaron directamente con sus armas. Durante la intervención, los agentes se comunicaban por radio con frases incriminatorias como “tenemos todo controlado” y “tenemos a los asesinos”, prejuzgando su culpabilidad sin mediar investigación alguna.
Después arribó otra camioneta de la FRIP, los pakales golpearon a Orbey en la cara, derribándolo y propinándole patadas mientras se encontraba en el suelo. Posteriormente, llegó un vehículo particular color negro con personas civiles y una mujer que, por las placas de identificación que portaban, se presume eran agentes ministeriales. En el mismo operativo, también fueron detenidos José Julián López Juárez y Orlando de Jesús López Gómez, quienes se encontraban en las inmediaciones realizando sus actividades cotidianas. A todos ellos se les obligó a permanecer aproximadamente una hora tirados boca abajo en el suelo, bajo el sol, en una clara muestra de trato degradante y uso desproporcionado de la fuerza.
Ellos tres junto con otras cuatro personas, fueron trasladados esposados de dos en dos a la base de la Guardia Estatal Preventiva, ubicada en el Barrio Pocito de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Fueron recluidos en un cuarto de aproximadamente 2.5 metros cuadrados, donde pudieron ser testigos de actos que evidencian la fabricación de pruebas, como la manipulación de teléfonos celulares de otros detenidos y la siembra de armas, para ser fotografiado. Ese mismo día, aproximadamente a las cuatro de la tarde, fueron trasladados al municipio de Reforma, Chiapas, e ingresados a la cárcel de la Policía Municipal, iniciándose así un periodo de incomunicación total que se prolongaría por varios días.
En su denuncia se narra su detención arbitraria y desaparición forzada que vivieron, ya que se les mantuvo incomunicados durante cinco días, negando información a sus familiares sobre su paradero hasta que aparecieron el 27 de enero en el Centro penitenciario de San Cristóbal de las Casas. Sufrieron actos de tortura, Orbey sufrió agresiones físicas directas, incluyendo golpes en la cara y patadas, agravando una lesión vertebral preexistente; permanecieron una hora boca abajo bajo el sol. Les fabricación de pruebas, la Fiscalía los acusa de homicidio calificado en la causa penal 27/2026 ubicado en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, mediante un proceso lleno de contradicciones de modo, tiempo y lugar, carente de sustento real y con indicios de siembra de evidencias.
A Orbey y Julián se les impuso prisión preventiva oficiosa no justificada, una medida injusta que agrava la situación de violaciones a derechos humanos y reafirma la forma de operar de los Pakales y de la Fiscalía en Chipas.
Orbey en una denuncia publica que hace de estos hechos[5], con fecha del 9 de febrero, describe lo siguiente:
“…al momento de detenerme me dieron un golpe en la cara y patada en la costilla, sin importar que les dije que tenía una fractura en la columna vertebral, posteriormente me trasladaron a Pueblo Nuevo Solistahuacán junto con las otras personas, nos trasladaron Pakales y Judiciales creo solo vi que tenían placa colgante en el pecho, no nos llevaron a la cárcel municipal, sino que nos encerraron en un cuartito en la base donde se ubicaba la policía…nos tuvieron en ese lugar hasta las 7:00 de la noche aproximadamente donde fueron mis familiares a preguntar pero no les permitieron verme luego me trasladaron a Reforma Chiapas junto con otras 6 personas llevándonos a la cárcel municipal de Reforma donde nos encerraron sin zapatos y sin cobijas nos tuvieron los días viernes, sábado, domingo y lunes…El día lunes 26 de enero me trasladaron a la Fiscalía de Reforma con las otras personas, donde nos tomaron fotos y luego nos hicieron firmar unos documentos…Antes de ser trasladados a San Cristóbal de las Casas, Chiapas me tomaron fotos ya con la policía, Fiscal y Pakales y luego hicieron un video como si fuera el día de la detención, pero no publicaron que nos privaron de la libertad, desde el día Jueves 22 de enero como secuestrados.”
Tanto Orbey como José Julián se encuentran recluidos y privados arbitrariamente de la libertad con medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 del municipio de San Cristóbal de las Casas (CERSS 05).
Su detención además debe contextualizarse en la importancia que tiene la Iglesia católica en Chiapas, con su arraigada tradición de opción por los pobres y vulnerables inspirada en el obispo SAMUEL RUIZ GARCÍA, ha desempeñado históricamente un rol clave en el acompañamiento pastoral y la defensa de los derechos humanos en comunidades mestizas e indígenas. Sacerdotes, catequistas, agentes de pastoral y comités parroquiales actúan como mediadores en conflictos, denuncian violaciones y contextos regionales, apoyan a los vulnerables y promueven la paz y la justicia. Sin embargo, esta labor legítima los ha convertido en voces incómodas, generando un patrón recurrente de criminalización, estigmatización y señalamiento contra estos servidores.
La detención de Orbey y José Julían se inscribe en el patrón de criminalización a grupos religiosos, con acusaciones falsas de incitar a la violencia o de tener vínculos con grupos delincuenciales o participar en delitos. Este patrón, que incluye la fabricación de culpables en investigaciones penales, donde elementos de los Pakales realizan la labor de detener y torturar.
Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez, sobrevivientes de tortura
Fb Grupo de Litigantes Prodedh, es un grupo de abogados que trabajan en la protección y defensa de los derechos humanos de personas vulnerables y organizadas, en el estado de Chiapas. Contacto [email protected]
FbTejiendo Redes Contra la Tortura, un colectivo de personas sobrevivientes de tortura en diferentes contexto y regiones de México, así como de familiares y acompañantes de organizaciones de derechos humanos.
[1] En https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_chis.pdf
[2] CDHFrayba (2020). Romper el miedo. Análisis sobre impactos y consecuencias de la tortura a víctimas y sobrevivientes indígenas en Chiapas.
[3] El Universal en línea https://www.eluniversal.com.mx/el-uni-explica/policia-de-elite-de-chiapas-con-historial-de-denuncias-y-detenciones-esta-es-la-fuerza-especial-que-aparece-en-la-narconomina-del-cjng/
[4] https://animalpolitico.com/estados/pakales-chiapas-abusos-policiales-seguridad
[5][5] En https://www.facebook.com/share/p/1GmrNacSUE/
La gente en Teherán vive no solo con el miedo a los bombardeos, sino a los organismos estatales de seguridad que han hecho un llamado a no salir a las calles a protestar.
“El número de explosiones, la destrucción, lo que está pasando es increíble”, dice Salar, cuyo nombre hemos cambiado.
La capital de Irán, Teherán, está bajo ataque desde que comenzó la incursión coordinada entre Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero, en una ofensiva contra objetivos militares y políticos en el país con el fin de debilitar el régimen islámico.
Sin embargo, otras áreas de la ciudad han resultado afectadas por los ataques.
Los funcionarios iraníes señalaron que 160 personas, la mayoría de ellas niñas, murieron por un bombardeo a una escuela primaria ubicada en la ciudad Minab, el pasado sábado.
La Casa Blanca informó que está investigando el incidente, pero aclaró que no tiene como objetivo atacar a los civiles en Irán.
Sin embargo, más de 1.100 civiles han muerto desde que comenzaron las hostilidades, de acuerdo a la Agencia de Protección de Derechos Humanos (HRNA, por sus siglas en inglés)
“Lo que estamos experimentando ahora va mucho más allá de lo que experimentamos durante la guerra de los 12 días en junio pasado”, le cuenta a BBC News una persona que vive en Teherán.
Mientras que algunos iraníes dicen que los ataques actuales les hacen temer por sus familias, algunos también recuerdan la ferocidad de la represión del régimen y hablan con esperanza sobre el futuro del país.
Ataques desde el cielo
La primera fase de los ataques terminó con la vida del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei y las siguientes fases de los bombardeos aéreos han mostrado pocas señales de tener fin a corto plazo.
“Cada día es como un mes. El volumen de los ataques es muy alto”, sostiene Salar.
Él dice que un ataque reciente hizo temblar su casa y le ha tocado dejar las ventanas abiertas para que el vidrio no se rompa.
Los medios internacionales no reciben visas para trabajar en Irán, lo que limita el trabajo de cubrir estos ataques y lo que pasa en el interior del país. Además, el bloqueo a internet conspira más contra esta situación.
La mayoría de las personas permanece dentro de sus hogares. Solo salen por alimentos y productos básicos.
El régimen ha incrementado la seguridad en las calles, lo que los iraníes ven como una respuesta a las voces disidentes que celebraron la muerte del ayatolá.
“Hay puestos de control en todas partes. Ellos están asustados de sus propias sombras”, dice un estudiante de 25 años en Teherán.
“Estamos esperando por el gran momento, el momento final, en el que saldremos a la calle victoriosos”, añade.
El precio de alimentos básicos como los huevos y las papas se han incrementado notablemente y él joven señala que las filas por la gasolina y el pan “son de no creer”.
Otro residente en la capital le dijo a la BBC que la mayoría de las tiendas están cerradas y algunos cajeros electrónicos están fuera de servicio, aunque los supermercados y las panaderías siguen abiertas.
Teherán se siente “vacío” y cualquiera que salga de su casa debe tener una “urgente razón”, señala el estudiante y añade:
“Durante el primer día, la gente estaba cantando y todos estaban felices, pero ahora hay policías rondando cada esquina”.
Por su parte, Salar describe que hay amenazas de los miembros de la fuerzas de seguridad sobre hablar en contra del régimen.
Mientras acceder a información independiente ha sido complicado, Salar explica que las fuerzas de seguridad dejan muy claras sus demandas:
“Nos envían mensajes por el teléfono en que nos dicen que si vamos a la calle, nos van a reprimir con violencia. Llegó un mensaje diciendo que si alguno de ustedes sale a protestar, ‘los consideramos colaboradores de Israel'”.
Él piensa que el tono del mensaje sugería que cualquiera que no siguiera las instrucciones sería castigado con la fuerza, o incluso sería asesinado.
La BBC también habló con Kaveh, cuyo nombre también ha sido cambiado, quien vive en Zanjan, una ciudad a unos 275 km al noreste de Teherán, que también ha sido atacada.
“En los primeros tres días, nuestra ciudad fue bombardeada intensamente. Vivimos en una zona donde los aviones de combate sobrevuelan constantemente”, dice Kaveh.
Añade que, tras el estallido de la guerra, el cielo había estado constantemente cubierto por las columnas de humo que se elevaban desde los lugares de los ataques aéreos, una imagen que describe como “hermosa y aterradora a la vez”.
Salar cuenta que envió a sus padres al norte, aunque no estaba seguro de qué ciudades serían seguras. Su casa está en el barrio Shariati de Teherán, donde hay instalaciones militares que han sido atacadas.
“Mi madre estaba muy mal; estaba muy asustada”, dice, y añade que los ataques actuales son peores que cualquiera de los que experimentó durante la guerra de ocho años entre Irán e Irak en la década de 1980.
Cada día que pasa, más gente abandona Teherán, añade, pero no es una opción para todos.
“Tengo una amiga cuya abuela está enferma y no pueden trasladarla”, informa.
Poca comunicación
El bloqueo de internet también ha dificultado enormemente que los iraníes contacten a sus familiares.
Kaveh dice que, además de sobrevivir, sus mayores preocupaciones han sido intentar mantener algún contacto con seres queridos, y acceder a noticias confiables.
Recuerda que su conexión a internet se cortó alrededor del mediodía del primer día de los ataques y no pudo volver a conectarse durante dos días.
Tanto Kaveh como Salar utilizan redes privadas virtuales (VPN), que les permiten acceder a sitios web que están bloqueados por el gobierno iraní, pero no es tarea fácil. Cuando logra conectarse, Kaveh intenta ayudar a sus amigos fuera de Irán que no tienen noticias de sus allegados, para que se pongan al día o les transmitan mensajes.
Debido a la estricta situación de seguridad en Irán, no es posible evaluar la reacción general ante la muerte del líder supremo.
Mientras algunos salieron a las calles a celebrar, otros participaron en manifestaciones públicas de duelo encabezadas por las autoridades gubernamentales.
Al principio, a Kaveh le costó creer la noticia del asesinato de Jamenei.
“Siempre imaginé que ese momento sería de felicidad, pero no fue así”, dice.
“Casi todos los años de mi vida y las vidas de millones de personas como yo fueron destruidas y miles perdieron la vida. Sin embargo, él mismo fue retirado del lugar en un instante, lo que me enfureció profundamente”, añade.
Saleh dice que no esperaba las celebraciones en la calle ante la noticia de la muerte del líder supremo.
“El ambiente en la ciudad después del ataque era de mucha tensión y de estar pendientes de la seguridad de cada uno. Y todavía lo es”, anota.
Ninguno de los dos sabe qué significa la guerra para ellos, sus familias o su país.
“Dudo que ninguno de nosotros vuelva a ser el mismo de antes”, explica Salar y añade que mucha gente está muy afectada.
“Quienes están en el extranjero, especialmente los monárquicos, realmente no saben lo que estamos viviendo”, señala refiriéndose a los partidarios del hijo de la antigua familia real iraní que han apoyado la acción militar estadounidense e israelí.
Y añade: “Espero que nunca tengan que saberlo”.
Kaveh dice que siente que la guerra “no terminará tan rápido como pensábamos”.
“Pero aun así, mi esperanza no ha disminuido. De hecho, se fortalece cada día”, aclara.
“No sé qué pasará después de esta ‘operación’, pero algo peor habría sucedido definitivamente”, indica.
“De esta manera, al menos aún hay una oportunidad para la vida y para el mañana”, concluye.
*Este artículo fue producido por el Servicio Persa de la BBC, que es utilizado por 24 millones de personas en todo el mundo (la mayoría en Irán) a pesar de estar bloqueado y ser interferido rutinariamente por las autoridades iraníes.
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