La ofensiva imperial en Venezuela, el episodio más reciente de la guerra del capitalismo contra la vida

Lo ocurrido en Venezuela en estos primeros días de enero no es una anomalía: es un cambio de fase en la guerra del capitalismo contra la vida. El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abrió una grieta que atraviesa a toda la región. No sólo por el golpe directo a la ya vulnerada soberanía venezolana, sino porque revela con crudeza un reordenamiento geopolítico que se organiza, cada vez más, en torno a esferas de influencia. El lenguaje que ha venido disfrazando estas intenciones desde hace algunos años (como nearshoring) se convierte en una realidad imperial que busca garantizar acceso a cadenas de valor, corredores logísticos, territorios y recursos para asegurar el flujo del capital, normalizando la guerra como la principal forma de gobierno del capitalismo.

La Estrategia de Seguridad Nacional publicada por la Casa Blanca en noviembre  de 2025 empuja esa orientación. Introduce un “corolario Trump” a la Doctrina Monroe y declara un giro de prioridades hacia el hemisferio occidental. En continuidad con lo que el US Southern Command venía anunciando —la necesidad de asegurar recursos y control regional para intereses militares, económicos y de “subsistencia” de Estados Unidos—, el documento resume sus objetivos en una fórmula operativa: “enlistar” aliados para controlar migración, frenar flujos de drogas, asegurar “estabilidad” y fortalecer control en tierra y mar, y “expandir” cooperación económica y de seguridad. Leído sin eufemismos, esto actualiza el viejo lenguaje de la esfera de influencia con la gramática contemporánea de cadenas de suministro y control territorial.

Trump no se limitó a justificar el operativo como parte de la “narcoguerra”. Declaró que Estados Unidos ahora “dirigirá” o “administrará” Venezuela, reiteró su interés en acceder a las reservas petroleras del país y amenazó con nuevos ataques si el aparato estatal venezolano no “coopera”. Esa explicitación vuelve innecesaria la especulación, cuando el objetivo se anuncia como “orden” y “estabilidad” y se acompaña de la promesa de reconfigurar una industria estratégica. En esto resuenan los discursos oficialistas que justificaron invasiones en Irak (armas de destrucción masiva) o Afganistán (terrorismo) (tan sólo los más recientes): un marco moral-mediático que prepara el terreno para que la fuerza parezca inevitable. La parte silenciosa, la que no se decía, ahora se anuncia en la rueda de prensa. Ya no se especula el interés por el petróleo y el control de los recursos, se presume. La narcoguerra reconfigura el problema de seguridad como un continuo que va del Caribe a la frontera con México, y facilita la traducción de soberanía y conflicto político en expediente penal y amenaza “regional”. Es decir, Venezuela es apenas el primer síntoma de este contexto en el hemisferio.

Ucrania y Taiwán, por su parte, confirman la misma mutación desde el horizonte de influencia ruso y chino —dos potencias que también habían jugado con el futuro de Venezuela y que ahora se establecen como puntos de presión y disputa— sugiriendo que el nuevo tablero se ordena por nodos estratégicos, flujos de capital, acceso a recursos y eliminación de todo excedente (humano y no humano). No hace falta leer esto como conspiración para verlo inquietante: basta reconocer que la política y el derecho internacional están desplazándose hacia una lógica donde los hechos consumados, la fuerza y la administración de zonas de sacrificio pesan más que cualquier orden liberal de “legalidad”  o “justicia”.

En este contexto, Venezuela se entiende como un nodo energético en un momento de reordenamiento industrial y militar. El mensaje es claro: el control de los recursos —y de las rutas que los movilizan— vuelve a operar como instrumento de gobierno hemisférico. Y cuando ese control se enuncia como “administración” posterior a un operativo militar, se revela el corazón del proyecto: intereses imperiales y una dosificación de la guerra como horizonte plausible del capitalismo en crisis.

Venezuela, Gaza y Ucrania exponen así una misma tendencia: conforme el capitalismo agota fronteras extractivas y enfrenta una convergencia de crisis, va abandonando sus máscaras de democracia, desarrollo y derechos humanos para apoyarse cada vez más en la excepción, la crueldad y la administración tecnificada de poblaciones. La inteligencia artificial, la vigilancia y la propaganda no son accesorios: aceleran la disolución de la distinción entre realidad y ficción que Hannah Arendt identificó como una condición para el surgimiento del totalitarismo, y convierten la obediencia y el “sentido común” securitario en hábito social y un sentido común. En esa deriva, lo que está en disputa no es sólo el control de territorios o recursos, sino la posibilidad misma de sostener —contra el miedo y la normalización de la violencia— un horizonte de vida común.

Por eso, esto no se resuelve con el péndulo de la democracia representativa ni con la alternancia entre “izquierdas” y “derechas”. En Venezuela, el chavismo derivó en autoritarismo y en una dictadura. Los progresismos latinoamericanos —con matices relevantes, pero con una tendencia estructural compartida— no desmantelaron la arquitectura de la extracción ni la subordinación externa, sino que administraron el capitalismo con nuevos pactos de élite y nuevas retóricas. Ese vacío alimenta el giro punitivo, el culto al orden y la figura del “hombre fuerte” como respuesta, y es también lo que permite que el imperialismo se presente hoy como “corrección” de un fracaso regional, desplazando responsabilidades internas y reduciendo a la población a un problema de seguridad o de administración.

Incluso gobiernos como el de Sheinbaum o el de Lula, que en el plano discursivo rechazan la intervención en Venezuela, han sido ampliamente complacientes con las exigencias económicas del capital y con su necesidad de circulación. En el caso de México, la reorganización productiva y la subordinación energética e industrial a los intereses de Estados Unidos evidencian esta tendencia: el país se reordena como corredor logístico, plataforma manufacturera y perímetro de seguridad. En ese marco, la militarización social no puede leerse como simple “retorno de los militares”. Es un proceso regional que se vuelve una forma de gobierno del presente en contextos de convergencia catastrófica: superposición de crisis económicas, políticas, ecológicas y de seguridad que intensifica la conflictividad. La militarización desborda lo estrictamente institucional, opera como securitización que redefine “amenazas” —protesta, migración, disidencia—, reconfigura la guerra y se incrusta en la vida cotidiana mediante control territorial, disciplinamiento y normalización de la excepción. Leído desde hoy, este enfoque permite situar Venezuela y Gaza como escenarios distintos de una misma racionalidad: la administración violenta de crisis acumuladas, donde la guerra se convierte en infraestructura para contener el malestar social, gestionar poblaciones y clausurar —por vías cada vez más tecnificadas— la posibilidad de formas de vida autónomas.

La pregunta decisiva, entonces, no es cómo “volver” al mundo de la posguerra y al consenso internacional, sino cómo reconocer que ese liberalismo siempre llevó una dimensión autoritaria en su interior. Adorno y Horkheimer lo plantearon con claridad al advertir el fascismo latente en el ADN del liberalismo. Aimé Césaire lo dijo de forma aún más incómoda: el escándalo del Holocausto, para Occidente, no fue el genocidio en sí, sino que la violencia colonial aplicada durante siglos en el mundo retornara al centro europeo y afectara a poblaciones blancas. Ese es el espejo que hoy se vuelve imposible de esquivar.

La reciente ola de derechas que ocupa cargos —de El Salvador a Argentina, pasando por diversos países de Centro y Sudamérica— no es sólo “reacción”; es también el síntoma de las fallas del progresismo y del vacío político que dejó. En muchos casos, la derecha convierte a los países en patio trasero de Estados Unidos sin necesidad de intervención directa: lo prueban los experimentos de Milei y Bukele, donde el alineamiento funciona como automatismo. Mientras tanto, Colombia, México y Cuba aparecen en el horizonte de nuevas presiones e incluso intervenciones, ahora formuladas en clave de seguridad, crimen organizado y “estabilización” regional.

La lucha del capitalismo contra la vida es permanente y se intensifica. El horizonte no puede ser el simple restablecimiento de la normalidad liberal —democracia procedimental, derechos humanos como retórica, retorno a la lógica del Estado-nación (o plurinacional) como si bastara con corregir sus administradores—. Pensar una autonomía del día después implica, al mismo tiempo, rechazo y construcción: rechazo de la ofensiva imperial, colonial y extractivista —incluida su gestión “progresista”— y la construcción de capacidades desde abajo para sostener cuidados, subsistencia y decisión colectiva. La defensa de la vida no puede depender del Estado cuando el Estado está cada vez más integrado a la administración del colapso. Se construye en común, con la fuerza lenta y concreta de los pueblos.

Agradecemos la revisión y la contribución de Claudia Lizardo para la elaboración de este texto, aportando sus conocimientos y lecturas desde su resistencia a las muchas formas de violencia que han atravesado a su país durante muchos años.