
Chile vuelve a estar en el centro del debate regional sobre pensiones. Cuarenta años después de haber inspirado a América Latina con su modelo de cuentas individuales, el país da un giro importante: mantiene el ahorro personal, pero suma un componente solidario que busca corregir desigualdades históricas. En un continente donde la informalidad y las brechas laborales siguen marcando la vejez, la nueva reforma previsional chilena abre una pregunta relevante para México y la región: ¿cómo construir un sistema de pensiones que combine viabilidad financiera con justicia social?
En toda América Latina, los sistemas de pensiones se encuentran en transformación. Panamá ha reordenado su esquema previsional; Uruguay elevó la edad de retiro y ajustó reglas para garantizar sostenibilidad, mientras que Perú mantiene retiros de AFP que alivian hoy, pero comprometen el ahorro futuro. En este panorama, Chile, referente por su temprano uso de cuentas individuales, da un paso distinto: mantiene el ahorro personal e incorpora un componente solidario con gradualidad y disciplina fiscal.
Desde agosto de 2025 comenzó a aplicarse un aumento gradual del 1 % de cotización a cargo del empleador, que llegará a 8.5 % en los próximos años. La reforma no elimina las cuentas individuales ni a las administradoras de fondos, pero introduce un seguro social solidario financiado por el empleador y refuerza la Pensión Garantizada Universal (PGU), su pilar no contributivo.
El objetivo es claro: mejorar los montos de pensión, reducir desigualdades y dar estabilidad a quienes tuvieron trayectorias laborales intermitentes o con bajos ingresos.
El nuevo aporte se divide entre:
En su etapa final, la distribución quedará en 4.5 % a capitalización individual y 4 % al seguro social, equilibrando ahorro y solidaridad. El efecto esperado es elevar el monto mínimo de las pensiones y acotar la distancia entre quienes lograron cotizar de manera continua y quienes no.
La Pensión Garantizada Universal, por su parte, se incrementará de manera escalonada hasta 250 mil pesos chilenos, priorizando a las personas de mayor edad y luego ampliarse por grupos etarios. Con esto, se reduce el riesgo de pobreza en la vejez y se complementa el esfuerzo contributivo, especialmente en los hogares con menor densidad de cotización.
La reforma también incorpora una mirada de género y de cuidados: reconoce las trayectorias fragmentadas de las mujeres, los periodos dedicados al cuidado y la mayor longevidad, compensando sus desventajas sin romper la lógica contributiva del sistema. El objetivo es no dejar fuera a quienes hicieron trabajo de cuidado o tuvieron carreras intermitentes.
La experiencia de las últimas décadas mostró que un sistema basado solo en ahorro individual resulta insuficiente frente a la informalidad, desigualdad salarial y esperanza de vida creciente. Chile no se mueve a un sistema de capitalización colectiva o reparto, pero sí complementa: mantiene el ahorro individual, añade solidaridad dentro del propio sistema y refuerza la PGU. Con ello mejora el monto, reduce la dispersión entre casos similares y evita presiones fiscales desordenadas.
El desafío no es únicamente aportar más, sino diseñar mejor: articular capitalización y seguro social, consolidar un piso universal (PGU) y gobernar con reglas previsibles, datos y evaluación continua. Con este giro, Chile transita de un modelo centrado en el individuo hacia un contrato social previsional que redistribuye riesgos sin renunciar a la acumulación financiera, orientando la suficiencia con disciplina y horizonte de largo plazo.
Para América Latina, la lección chilena es clara: no se trata de elegir entre el Estado o el mercado, sino de hacerlos coexistir. La sostenibilidad requiere equilibrio entre ahorro, solidaridad y corresponsabilidad.
Los sistemas previsionales del futuro deberán:
Chile 2025 marca el tránsito hacia un nuevo contrato social previsional: uno que redistribuye riesgos, fortalece la confianza y reconoce que el bienestar de las personas mayores no puede depender únicamente de su historia laboral, sino del compromiso compartido de toda la sociedad.
* David Palán Buenaño (@davidpalanb) es actuario de la Universidad de Alcalá; actualmente se desempeña como especialista de la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento en la CISS.

El ministro qatarí de Energía, Saad al Kaabi, advirtió que los precios de gas y petróleo subirán para todos si la guerra continúa.
Los precios del petróleo volvieron a subir después de que el ministro de Energía de Qatar advirtiera que prevé que todos los exportadores de petróleo y gas en el golfo Pérsico detengan la producción en cuestión de días.
El ministro Saad al Kaabi le dijo a The Financial Times que el conflicto en Medio Oriente, una región que desempeña un papel clave en los suministros de energía globales y las rutas de transporte marítimo, puede “derribar las economías del mundo”.
El petróleo crudo Brent subió a US$89,17 por barril el viernes, un aumento del 4.4% desde el cierre de operaciones del jueves, y Kaabi advirtió que podría superar los US$200 por barril si la interrupción continúa durante las próximas semanas.
El aumento de los precios del petróleo puede tener un gran impacto, no solo en el costo de llenar el tanque de tu auto sino también en el precio de los alimentos y otros bienes importados.
También se teme que si los precios del petróleo y el gas permanecen altos, esto podría alimentar la inflación en las principales economías mundiales como Estados Unidos y Reino Unido, donde ha estado en una tendencia en general descendente.
Kaabi le dijo al FT: “Si esta guerra continúa durante unas semanas, el crecimiento del PIB en todo el mundo se verá impactado”.
Y añadió: “El precio de la energía de todos va a subir. Habrá escasez de algunos productos y habrá una reacción en cadena de fábricas que no puedan suministrar”.
Los consumidores en lugares de Estados Unidos y Europa ya están viendo precios de combustible más altos.
Los precios del gas también han subido, aunque en Reino Unido los hogares están protegidos de esto por el tope de precios de energía vigente en su nivel actual hasta julio.
Ha habido temores de que la crisis actual podría tener un impacto similar a la invasión rusa de Ucrania, pero hasta ahora el aumento en los precios del petróleo y el gas es inferior a las subidas experimentadas en 2022.
Consultado sobre las advertencias del ministro qatarí de Energía, el analista de Rystad Energy Jorge León le dijo a la BBC que la situación representa un “riesgo real para la economía global”.
“Creo que estamos al borde de intentar entender si esta es una crisis energética muy corta con implicaciones limitadas, o si estamos al comienzo de una crisis económica y energética masiva”, dijo.
“Si esto dura más de dos semanas, entonces la probabilidad de ver implicaciones muy significativas para el sistema energético y las perspectivas macroeconómicas globales son mucho más altas”.
Qatar es un importante productor y exportador de petróleo y gas natural licuado (GNL).
Esta semana la compañía Qatar Energy dijo que detuvo la producción de GNL tras “ataques militares” a sus instalaciones.
Declaró “fuerza mayor”, una cláusula que la libera de responsabilidad si incumple sus compromisos de suministro debido a eventos fuera de su control, y el ministro Kaabi señaló que cree que todos los demás exportadores de energía tendrán que hacer lo mismo en los próximos días si la guerra continúa.
Kaabi, que también es director ejecutivo de Qatar Energy, dijo que incluso si la guerra se detuviera ahora, tomaría “de semanas a meses” reanudar la producción normal.
El tráfico a través del estrecho de Ormuz prácticamente se ha detenido desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado fin de semana.
Alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo generalmente se transporta a través del estrecho de Ormuz cada día.
Bloquear el estrecho puede hacer que los bienes y servicios sean más caros a nivel global y golpear algunas de las economías más grandes del mundo, incluidas China, India y Japón, que están entre los principales importadores de petróleo crudo que pasa por la vía fluvial.
Tanto Emiratos Árabes Unidos (EAU) como Arabia Saudita tienen oleoductos que les permiten transportar petróleo sin usar el estrecho.
Pero los analistas advierten que cuanto más se prolongue la amenaza a los barcos que pasan por el estrecho, más alto será el precio del petróleo, y de su transporte.
León, de Rystad Energy, dijo que si los países no pueden exportar petróleo necesitarán almacenarlo, y cuando la capacidad de almacenamiento se agote detendrán la producción.
Los países tienen entre días y unas pocas semanas para llegar a ese punto, dependiendo de cuánta capacidad de almacenamiento tengan.
Que los precios del petróleo superen los US$100 por barril es un “escenario realista”, pero lo importante es la cantidad de tiempo que permanecen a ese nivel, dijo.
Los países en ese punto probablemente liberarían sus reservas de petróleo, como ocurrió después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022.
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