La nueva legislatura, ¿cómo empezamos y hacia dónde vamos?
La mañana del 16 de octubre, un chorro de agua empezó a filtrarse por una de las tuberías en el Senado de la República mojando las baldosas negras del Patio del Federalismo. La presión acumulada en aquel borbotón era muy parecida a la fuerza con la que el “plan C” de AMLO venía empujando desde que se supo que Morena tendría mayoría calificada en la LXVI Legislatura.
En menos de cinco meses, Morena y sus aliados lograron aprobar cambios normativos de gran calado que ahora forman parte de un nuevo proyecto de nación y que sentiremos en los años por venir.
Sin embargo, el apresurado proceder parlamentario, combinado con la falta de liderazgo y la fragmentación de la oposición, ha expuesto un desaseo procedimental que resulta difícil de borrar bajo el cómodo argumento de “es lo que el pueblo quería”.
Este primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura marcará el rumbo del sexenio tanto por la relevancia de las reformas aprobadas como por el modo en que se han implementado. Lo que está en juego trasciende una ambiciosa agenda legislativa de transformación institucional; se trata de la capacidad del oficialismo para legitimar un proyecto político bajo un discurso que ha tardado más de dos décadas en consolidarse.
En este texto presento un recuento de los episodios más representativos de este periodo legislativo, que no solo ilustran la magnitud de los cambios impulsados, sino también las grietas procesales en una transformación que, aunque ambiciosa, ha estado marcada por descuidos, improvisación y desorden. Estos eventos refuerzan la percepción de que, en la prisa por consolidar las bases jurídicas de la autodenominada 4T, el Congreso ha quedado superado por el desafío de equilibrar eficacia legislativa con la legitimidad institucional que todo nuevo régimen político requiere. Sí, incluso aquellos en los que el pueblo le da la mayoría a alguna opción política.
Una legislatura polémica desde el origen
Con el 46.49 % de los votos, Morena y sus aliados obtuvieron el 73 % de los escaños en la Cámara de Diputados, asegurando una mayoría calificada sin necesidad de acuerdos con la oposición. Aunque conforme a las reglas electorales vigentes, esta desproporción (por cierto la más abultada en el México contemporáneo) desató críticas por distorsionar la voluntad ciudadana y poner en entredicho al sistema electoral, el INE y el Tribunal Electoral. Mientras la oposición lo calificó como un “asalto al voto”, diputados oficialistas como Reginaldo Sandoval (PT) argumentaron que esta mayoría se alcanzó legítimamente bajo las reglas creadas por el sistema anterior, un punto que subraya la tensión entre legalidad formal y percepción democrática en un Congreso que inicia con controversias profundas de legitimidad originaria.
Caos en la Sala de Armas: la Reforma Judicial bajo la lupa
Apenas tres días después de su instalación, la Cámara de Diputados sesionó en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca tras un acuerdo apresurado para trasladarse debido a los bloqueos de manifestantes en San Lázaro. Aunque justificado legalmente por las autoridades legislativas, el cambio de sede con poca antelación en su aviso generó tensiones y dudas sobre la legitimidad del proceso. La sesión destinada a aprobar (no a debatir) la reforma al Poder Judicial, enfrentó acusaciones de ilegalidad, ausencia de quórum formal y procedimientos irregulares, como el registro manual de asistencia y votaciones de viva voz, sin mencionar que diputados como Sergio Mayer creían estar votando una reforma al Poder Legislativo.
Mayoría en la cuerda floja
El 10 de septiembre, un episodio inusual puso en duda uno de los principios más básicos del proceso legislativo: cuántos votos son necesarios para alcanzar la mayoría calificada en el Senado. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado declaró que 85 votos eran suficientes, redondeando los 85.33 que representan dos tercios de los 128 senadores. Sin embargo, esta interpretación chocaría con interpretaciones, casos de congreso locales y jurisprudencia que establece que los decimales deben redondearse hacia arriba, fijando el umbral en 86 votos. Aunque se intentó proceder con 85, las críticas de la oposición y de expertos obligaron a rectificar. Este episodio, sorprendente en un órgano con más de 160 años de experiencia, reflejó no solo una confusión técnica, sino también la influencia del cálculo político en un Congreso fracturado, subrayando los desafíos para garantizar la legitimidad de las decisiones parlamentarias.
Reforma Judicial: entre asaltos, alianzas y cuestionamientos
La aprobación de la reforma judicial en el Senado no fue menos dramática que en su colegisladora. El 11 de septiembre, trabajadores del Poder Judicial irrumpieron en el recinto, ocupando curules y tribunas en un episodio sin precedentes (al menos en esa sede). La reaparición de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, para votar a favor tras la licencia solicitada por su hijo, junto con la ausencia del senador Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano, resultaron cruciales para que Morena y sus aliados lograran la mayoría calificada. La figura de Yunes, quien posteriormente asumiría un papel protagónico en Morena, intensificó las críticas por posibles pactos políticos, debilitando aún más al liderazgo opositor. Este proceso abrió un importante debate sobre la legitimidad legislativa (a la venta) y el respeto al Estado de derecho en México.
¿Congreso abierto?
El Senado de la LXVI Legislatura ha desatado críticas por decisiones que parecen contradecir los principios de un Congreso abierto. Restricciones de acceso a la prensa, quitar espacios físicos a periodistas de la fuente por festejos, o casos como el intento de declarar privada la comparecencia de Juan Ramón de la Fuente—detenidos solo por presión pública—y así como limitaciones para entrevistas a funcionarios en comparecencia (como Rosa Icela Rodríguez), han generado preocupación al proyectar una imagen de opacidad en la cámara, cuestionando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
La piedra que no quiso rodar
La reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH en noviembre de 2024 expuso tensiones políticas y cuestionamientos sobre la independencia de la institución parlamentaria. Pese a los rumores de que Claudia Sheinbaum prefería otra candidata, la operación liderada por Adán Augusto López consolidó la influencia de Andrés Manuel López Obrador en el proceso. Denuncias de boletas premarcadas, una votación pública que rompió con la tradición de voto secreto y críticas de organizaciones civiles, como el Centro Prodh, señalaron un proceso más político que técnico. Recordando su polémica elección en 2019, este episodio reavivó dudas sobre la autonomía de la CNDH y dejó en evidencia la politización de las instituciones clave del país.
Supremacía cuestionada
La reforma de supremacía constitucional, aprobada el 30 de octubre de 2024, ha enfrentado intensos cuestionamientos por presuntas irregularidades en su proceso legislativo. Uno de los casos más polémicos fue el del diputado Pedro Haces, cuyo voto apareció registrado a favor de la reforma a pesar de su ausencia en la sesión, algo que él mismo admitió. El presidente de la Mesa Directiva atribuyó el incidente a un error técnico en el sistema de votación (similar lo que ocurriría en diciembre de 2024 con las listas de aspirantes al poder judicial, que incluían nombres repetidos o sin registro). Aunque el voto de Haces fue eliminado al día siguiente, inicialmente contribuyó a alcanzar la mayoría calificada. La controversia creció con rumores de que el diputado habría estado en Nueva York durante la final de la Serie Mundial, lo que él negó diciendo que “solo rinde cuentas a sí mismo”.
El “exprés legislativo”
La velocidad en el procesamiento de las iniciativas por parte de los congresos locales en México alcanzó nuevas alturas en este primer periodo de la LXVI Legislatura. La Reforma Energética de 2013 había sido el antecedente de procesamiento más ágil para una reforma, pues fue aprobada en un promedio de 4 horas y 30 minutos por Congreso local. Sin embargo, la reciente Reforma de Supremacía Constitucional fue aprobada en tan solo 33 minutos en promedio, alcanzando las 17 entidades necesarias en apenas 16 horas. Casos como el de Veracruz, con un debate de apenas 11 minutos, o Zacatecas, el primero en avalarla 57 minutos después de recibirla, evidencian una velocidad inédita en esta tarea. Si bien estas cifras destacan la coordinación política de Morena y sus aliados, también plantean serias dudas sobre la calidad de las reformas y el costo democrático de un modelo legislativo que prioriza la rapidez sobre la deliberación.
Descuido de las formas y el proceso
La desaparición de siete organismos autónomos, incluido el INAI, estuvo marcada por errores legislativos y cuestionamientos de especialistas. Durante la discusión, Morena utilizó un dictamen desactualizado que omitió reformas recientes, como las disposiciones sobre la “supremacía constitucional” y la Guardia Nacional, errores que intentó subsanar mediante una “fe de erratas”, lo cual constituye un error procesal fundamental. En el Senado, la falta de quórum verificado y un análisis técnico insuficiente intensificaron las críticas a un proceso que evidencia la centralización del poder y el debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Un desliz legislativo: la prohibición constitucional de vapeadores y sus implicaciones
El 4 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que prohíbe los vapeadores, lo cual desvía la Constitución de su propósito esencial como norma suprema destinada a establecer principios fundamentales y derechos generales, no a regular productos específicos sujetos a cambios científicos y tecnológicos. Asimismo, esta medida, al carecer de flexibilidad para ajustarse a nueva evidencia, contradice resoluciones judiciales previas que declararon inconstitucionales prohibiciones similares y genera riesgos como el aumento del mercado negro, la pérdida de ingresos fiscales y el deterioro del control de calidad. Además, equiparar en el texto constitucional productos de impacto sanitario tan distinto, como los vapeadores y el fentanilo, refleja una deficiencia en la técnica legislativa, ignorando la necesidad de regulación específica y adaptable en lugar de prohibiciones rígidas.
Y lo peor. La oposición no mete ni las manos
El 5 de diciembre el Senado aprobó, con el respaldo mayoritario de la oposición, medidas que limitan significativamente el tiempo y las condiciones para la deliberación legislativa, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias. La anticipación para convocar a comisiones se redujo de 72 a 36 horas en sesiones ordinarias y de 24 a 12 horas en extraordinarias. Además, el tiempo de intervención de las minorías al presentar votos particulares en contra de un dictamen se disminuyó de 10 a 6 minutos. Este acuerdo, aprobado con 97 votos a favor y solo uno en contra, evidencia una dinámica política que prioriza la rapidez sobre la calidad del debate.
Conclusión
Hoy tenemos un Congreso que legisla sin contrapesos efectivos, sin respeto a las normas y procedimientos, sin apertura al escrutinio de los medios, sin disposición al diálogo y con una oposición debilitada, fragmentada y que ha sido un mero testigo de los atropellos legislativos. Esto no augura un rumbo favorable para la democracia ni para el fortalecimiento institucional del país.
Durante este primer periodo ordinario de la LXVI Legislatura, la autodenominada 4T ha demostrado una notable capacidad para impulsar reformas de gran calado, superando obstáculos con un dramatismo digno de telenovela. Sin embargo, el verdadero desafío no radica en reformar a cualquier costo, sino en garantizar la legitimidad de estas transformaciones a largo plazo. De no hacerlo, lo que hoy parece un triunfo legislativo celebrado por algunos defensores de la llamada 4T podría convertirse en un arma de doble filo, comprometiendo no solo la estabilidad política, sino también la credibilidad de un proyecto que prometió transformar las reglas del juego sin romperlas.
A quienes encabezan la autodenominada 4T les diría que la historia no se ha cansado de recordarnos que la legitimidad no se limita al respaldo electoral o al apoyo popular; también requiere un estricto apego a los procedimientos, pues son estos los que refuerzan la confianza en las instituciones democráticas. Sin ese equilibrio, los avances legislativos pueden debilitar el sistema en lugar de fortalecerlo. En cualquier régimen con aspiraciones mínimamente democráticas, los procedimientos parlamentarios no son simples rituales, sino pilares que garantizan que el ejercicio del poder respete la voluntad del pueblo hecha ley.
Para nuestra nueva presidenta, este inicio de administración presenta un doble desafío: por un lado, mantener el impulso reformista que define su proyecto político; por otro, asegurar que estos avances se construyan sobre bases procesales sólidas que refuercen la legitimidad democrática. Aunque la llamada 4T cuenta con una mayoría dominante en el Congreso, ese poder no garantiza estabilidad perpetua, mucho menos en el interior del movimiento. El verdadero reto será evitar que la velocidad de las decisiones desgaste al proyecto con más capital político en el México de hoy o, peor, que erosione la confianza pública en la transformación que su partido busca consolidar.
* Sergio A. Bárcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Actualmente profesor investigador de la escuela de humanidades del Tecnológico de Monterrey y director de la asociación civil Buró Parlamentario.
Bajo aparentes engaños, un grupo de exsoldados colombianos acabaron peleando una guerra ajena en Sudán de la que tienen una difícil salida.
Las imágenes intrigan y estremecen.
Unos hombres armados en Sudán trastocan objetos sobre una mesa.
Al comienzo son confusos, pero luego los objetos se hacen legibles: un pasaporte colombiano a nombre de Christian Lombana Moncayo, su tarjeta de transporte y cédula de ciudadanía, una carta en español con caligrafía infantil que dice amar a su padre y “le pide a Dios” que le pueda dar “la dicha de seguir compartiendo”.
El video dura poco más de dos minutos y fue subido junto a otros dos por una cuenta a X que asegura que “mercenarios extranjeros” fueron “eliminados” en lo que pareció ser, según dice el servicio africano de la BBC, un supuesto tráfico de armas en Sudán desde Libia.
Lombana Moncayo es parte de un amplio grupo de colombianos involucrados en la pugna de poder que protagonizan las regulares Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde abril de 2023, que han dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados en una de las peores crisis humanitarias de nuestro tiempo.
Un reportaje del medio colombiano La Silla Vacía, basado en testimonios de colombianos allí, cifra en alrededor de 300 el número de exmilitares involucrados en el conflicto.
Es un dato que BBC Mundo no pudo comprobar de forma independiente pero que no le resulta “improbable” a Mario Urueña Sánchez, experto en seguridad de la Universidad del Rosario en Colombia y estudioso de las misiones de colombianos en el exterior.
Otras fuentes consultadas por este medio también respaldan tal aproximado.
Si Lombana Moncayo murió en ese operativo de las FAS no quedó inmediatamente confirmado, pero el viernes 29 de noviembre, las FAS afirmaron haber matado a “22 mercenarios de nacionalidad colombiana” entre las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en un ataque con drones en Darfur, en el occidente de Sudán, una de las regiones más calientes del conflicto.
Engañados
Que soldados colombianos retirados o en activo participen en conflictos extranjeros es una tendencia que data de décadas.
Producto del conflicto interno armado y la guerra contra el narcotráfico, Colombia cuenta con un amplio ejército y un alto número de militares pensionados jóvenes con bajos ingresos y poca formación alternativa.
Muchos encuentran en misiones y guerras internacionales como la de Ucrania contra Rusia recientemente, o la de Estados Unidos en Afganistán e Irak a comienzos de siglo, un sustento de miles de dólares.
El militar retirado Alfonso Manzur, hoy estudioso de políticas públicas para soldados pensionados en Colombia, le dice a BBC Mundo que en los últimos años “vemos más exsoldados colombianos en misiones en el exterior por cumplirse algo más de dos décadas del Plan Colombia“.
Este fue un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que inyectó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar para combatir el narcotráfico y los grupos armados en el país sudamericano.
“Esto creó un número mayor si cabe de soldados colombianos que, dos décadas después, empiezan a retirarse sin una fuente de ingreso suficiente”, dice Manzur.
Es frecuente que estos soldados retirados sean reclutados bajo promesas de realizar trabajos de poco riesgo y que acaben en primera línea de combate arriesgando la vida.
Le sucede a muchos en Ucrania, como reportó BBC Mundo hace unos meses, y parece ser el caso también en Sudán.
Ante los casos de engaño que expuso la prensa colombiana, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente a la cancillería en X “buscar caminos en África de retorno de nuestros jóvenes engañados”.
La cancillería, por su parte, afirmó conocer el fenómeno de migración irregular “por el que algunos de nuestros connacionales viajan engañados por sofisticadas redes de trata de personas y terminan participando en conflictos internacionales como mercenarios”.
El vínculo de colombianos en Sudán cobra también otra dimensión porque muchos, según fuentes consultadas por BBC Mundo, parecen haber sido reclutados a través de compañías que han contratado, en el pasado y en el presente, a efectivos de seguridad colombianos para trabajar en Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Este país, con una relación cada vez más estrecha con Colombia que se cimentó desde la cooperación en seguridad, ha sido acusado por las Fuerzas Armadas de Sudán de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido en el sangriento conflicto.
EAU ha negado las acusaciones de las FAS, aunque un reporte de las Naciones Unidas considera “creíble” que esta monarquía árabe esté apoyando militarmente a las FAR con armas, logística y vehículos a través de Libia, Chad y Sudán del Sur.
Los colombianos detectados por las FAS en Sudán, según este ejército, se encontraban entre miembros de las FAR.
Por lo que las FAS también acusan a EAU de “pagar mercenarios para que luchen junto a los paramilitares (FAR)”.
El gobierno de EAU “niega contundentemente cualquier alegación sobre el vínculo del país con la guerra en Sudán”, según un comunicado compartido con BBC Mundo.
El texto también rechazó que EAU provea “ningún apoyo o suministro a ninguna de las dos partes” del conflicto y agregó que convocan a un “cese al fuego inmediato y una resolución pacífica”.
Cómo llegan los colombianos a Sudán
Las fuentes de BBC Mundo coinciden en que muchos colombianos recibieron ofertas a través de grupos de WhatsApp de veteranos, se desplazaron a Abu Dabi o Dubai en Emiratos Árabes Unidos y acabaron peleando en Sudán.
“Es una de las caras más oscuras del mercado de soldados colombianos en activo o en retiro”, le dice a BBC Mundo el académico Urueña Sánchez.
De acuerdo al experto, el reclutamiento se produce a través de empresas que frecuentemente son “unipersonales, ‘de papel’, montadas muchas veces por altos rangos militares colombianos que crean grupos de WhatsApp y por ahí lanzan las ofertas”.
Omar Antonio Rodríguez es el expropietario de una de estas empresas reclutadoras que envía exsoldados colombianos a EAU para distintas labores de seguridad y que ahora vincula al despliegue de efectivos a Sudán.
Aunque vendió su compañía, conoce el proceso en que muchos terminan involucrados en uno de los conflictos más sangrientos de la actualidad.
“Hubo un primer grupo de 28 colombianos que enviaron a Libia con un contrato de US$1.400 para trabajar en seguridad estática, pero terminaron en Sudán y, dicho por ellos, se encontraron con condiciones adversas a las prometidas: sin instalaciones adecuadas, sin material, sin botiquines de primeros auxilios”, le cuenta Rodríguez a BBC Mundo.
“Luego es que se enteran que combatirán, junto a los paramilitares (FAR), al ejército de Sudán (FAS)”, añade.
Según Rodríguez, aquellos 28 no fueron más que el comienzo de un flujo continuo de exmilitares que viajaron desde Colombia para trabajar en seguridad en África, pasando muchos primero por EAU, y se desplazaron a su supuesto destino para luego terminar peleando en Sudán.
“Algunos ya se regresaron y otros piden volver (a Colombia) al verse involucrados en bombardeos y enfrentamientos directos, pero no es sencillo”, comenta Rodríguez.
“Por idioma, extensión de territorio y la poca representación diplomática de Colombia en África, al colombiano le cuesta desertar de allí”, complementa Urueña.
¿Qué papel juega EAU?
Que los soldados colombianos pasen primero por EAU, o que en el engaño estén vinculadas empresas reclutadoras que han destinado efectivos a labores de seguridad privada en este país llama la atención.
Primero, porque por muchos años EAU ha sido uno de los destinos más apetecidos por militares colombianos en activo o retirados, entre otras cosas por su transparencia y altos pagos.
Y segundo, por las frecuentes acusaciones de apoyar a las rebeldes FAR que el ejército de Sudán hace contra este país.
Aunque EAU niegue las alegaciones y su vínculo a las FAR no haya sido comprobado, el experto Ureña recuerda que “EAU tiene intereses geopolíticos en Sudán, donde es políticamente afín a las FAR”.
Hasta ahora, mientras no se confirme lo contrario, lo que se sabe es que EAU no es más que uno de los múltiples escenarios donde se da “una situación compleja, gris, donde conviven la regularidad del proceso emiratí al que se han unido muchos colombianos desde 2010-11 con estas otras operaciones menos transparentes y clandestinas”, dice Urueña.
Elizabeth Dickinson, analista de seguridad y conflicto del think tank International Crisis Group con experiencia en Colombia y en la península arábica, recuerda que ya hubo militares retirados colombianos reclutados en EAU que “estuvieron involucrados en operaciones en el conflicto de Yemen hace años”.
“Hablé en el pasado con soldados retirados que creyeron que solo estarían en EAU, entrenarían en EAU, vivirían en EAU y que nunca serían enviados a la batalla, y que terminaron en situaciones muy distintas a las que creyeron que eran los términos del contrato”, le dice Dickinson a BBC Mundo.
“Te hace creer que hay contrataciones sospechosas ocurriendo”, añade la experta, a pesar de que EAU insiste en no tener nada que ver con los hechos y testimonios que este reportaje expone.
Al comienzo de la década de 2010, muchos militares pensionados o en activo que pidieron la baja del ejército colombiano integraron las filas armadas emiratíes.
“Esto formó parte de un proyecto de EAU para formar unidades y batallones del ejército que contó con latinoamericanos: colombianos, panameños, chilenos y salvadoreños“, cuenta Rodríguez, aclarando que esto operó bajo la legalidad y formalidad y que nada tiene que ver con la situación de ahora en Sudán.
“Otros, también de forma regular, fueron a realizar labores de vigilancia en empresas de seguridad privada”, añade.
El salario de un soldado colombiano varía entre 500 y 700 dólares. Uno retirado gana incluso menos vigilando un edificio. En EAU pueden ganar cuatro o cinco veces más que en Colombia.
“Es una opción seductora que en su momento provocó que, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa tuviera que viajar a EAU pidiendo regular el fenómeno para no perjudicar a Colombia”, recuerda Urueña.
“La cooperación en seguridad fue la base de una relación bilateral entre Colombia y EAU que ha seguido creciendo también en comercio e inversión”, dice el experto.
Un mercado vasto y oscuro
Empresas poco transparentes, soldados engañados, familias rotas.
Los últimos hechos en Sudán recuerdan a Colombia el mercado vasto y oscuro al que se exponen sus militares retirados, altamente cotizados por su larga experiencia combatiendo poderosos grupos armados y carteles de la droga y su manejo de armas estadounidenses y de la OTAN de alta tecnología.
“Es un mercado de múltiples caras, con situaciones tan oscuras como que carteles de la droga mexicanos recluten ahora veteranos para pelear sus guerras territoriales o que otros exmilitares colombianos acaben involucrados en el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse en 2021″, dice Urueña.
“El mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente”, dijo Petro en X el pasado 27 de noviembre.
Para varios expertos en seguridad en Colombia, es una realidad que será difícil de resolver sin reformar las políticas públicas de atención al veterano que ahora mismo no parecen satisfacer a los cientos que se juegan la vida en conflictos ajenos.
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