Los casos de Norma, Santiago y Juan: ¿cómo se ve el racismo en México?
El pasado 14 de octubre Santiago Zayas fue agredido con un cuchillo por Salomón Tapia Rebolledo, de 17 años, ambos estudiantes de la preparatoria UDAL de Puebla. Montserrat Bravo, amiga de Santiago, denunció lo ocurrido a través de redes sociales mediante un video donde se ve cómo es atacado a plena luz del día y frente a su casa en la colonia Bugambilias. El motivo: su color de piel y origen afrodescendiente. De acuerdo con medios locales, Santiago estuvo hospitalizado en una condición delicada. Los familiares buscan al responsable, quien huyó del lugar después de cometer el acto.
Santiago había sido amenazado previamente por Salomón debido al color de su piel, su ascendencia cubana y por ser afrodescendiente. Este no es un hecho aislado. En México se han registrado múltiples casos de violencia en centros escolares por motivos raciales. Recordemos a Norma Lizbeth, quien perdió la vida tras sufrir un traumatismo craneoencefálico luego de ser golpeada con una piedra por una de sus compañeras de clase. De acuerdo con su madre, Norma era molestada en clase por su tono de piel; esto en el Estado de México. En Querétaro Juan, un adolescente que era molestado en clases por ser otomí, fue agredido por sus compañeros, quienes le rociaron alcohol y luego le prendieron fuego. La escuela no notificó de lo sucedido a sus familiares. Los padres explicaron que la profesora molestaba a Juan por la misma razón que sus compañeros. Ejemplos como estos demuestran el problema de la violencia racial en nuestro país, donde alumnas y alumnos son discriminados y atacados por su color de piel, fenotipo u origen étnico. Un México que no se cree racista, pero que replica violencias racistas en todos los entornos sociales, incluidas las escuelas. ¿No es esto racismo?
Se invisibiliza de esta manera actos que realmente suceden y que están costando vidas humanas. Estos no son casos aislados. En México personas afrodescendientes e indígenas son quienes reciben comentarios en torno a su color de piel, características físicas, cabello, etc., desde las escuelas hasta centros de trabajo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación, ENADIS 2022, el 29.7 % de la población que se autoreconoce como afrodescendiente en México, declaró que el tono de piel es una de las principales causas de discriminación que enfrentan. De la misma manera, la ENADIS también señala que “las miradas incómodas” son una condición de recurrencia que afectan al 20.3 % de la población afrodescendiente de 12 años en adelante.
De acuerdo con la Revista UNAM Global, es fundamental crear conciencia de que las exclusiones están basadas en prejuicios y estigmas. Para ello, se requiere un trabajo de educación, concientización y prevención de esas conductas. Pero ¿qué sucede cuando esos prejuicios y estigmas son replicados por los mismos centros educativos, como es el caso de Santiago, Norma y Juan? ¿Cómo garantizar una sociedad que no replique acciones que lastimen gravemente a las personas por su apariencia física, si las instituciones educativas carecen de modelos para acompañar y prevenir la violencia racial?¿Qué pasa en México que aún con acciones tan perversas se niega a reconocer el problema estructural del racismo? ¿Por qué los medios “suavizan” estos actos llamándolos de todo menos racismo? ¿Por qué los mexicanos no se consideran racistas?
Para responder estas dudas nos contactamos con David Gómez, activista afromexicano y director del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe.
¿Por qué en México es tan difícil tipificar estos actos de discriminación?
Hay una serie de elementos tanto sociales como legales que dificultan la identificación y la sanción de actos discriminatorios, socialmente hay una gran parte de la población mexicana que considera que no existe el racismo en nuestro país, idea alimentada por el mito de la raza cósmica en una sociedad donde todos somos mestizos somos iguales no hay lugar para una discriminación étnica, porque somos iguales.
Por otro lado, las bromas abiertamente racistas son toleradas y bien vistas en la sociedad, los comediantes mexicanos siempre apelan a actitudes racistas para sus shows, por ejemplo, ser racista es normal en México.
Ahora bien, esto se extiende a nivel institucional, en 2017 la encuesta OPINNA reveló que 50 % de los niños, niñas y adolescentes encuestados consideraban que en su escuela eran testigos de discriminación diariamente y el 40 % declaró que la causa de discriminación era el color de piel, aun conociendo estos datos no ha habido un cambio sistémico en las escuelas del país para abordar estas dinámicas
La CNDH no tiene una agenda para prevenir la discriminación a personas afromexicanas, con un presupuesto de aproximadamente 17 millones de pesos este año no hay ningún tipo de campaña o de acción sistemática para recoger denuncias.
Nadie escucha a los y las alumnas violentadas, en más de 5 años diseñando programas educativos para personas afrodescendientes, la SEP jamás ha mostrado interés en desarrollar un protocolo de atención ante casos de discriminación racial,
En resumen, el estado hace caso omiso de una problemática tangible y tanto padres de familia como la sociedad en general prefiere endiosar a personas abiertamente racistas como Chumel Torres antes que trabajar en la construcción de una sociedad incluyente donde ser diferente no sea motivo de una burla.
¿Por qué los medios “suavizan” estos actos llamándolos de todo menos racismo?
Me inclino a pensar en que es porque las personas que trabajan en estos medios de comunicación no identifican los casos como actos de violencia racial
Son declaraciones muy fuertes, es casi un insulto ser llamado racista en México, pero paradójicamente ser racista no es mal visto.
Se requiere un cambio sistémico a gran escala y tardaremos años, si no es que décadas en mirar cambios, es un trabajo titánico e intersectorial, y no solo involucra cambios en el estado.
¿Cómo garantizar espacios educativos antidiscriminatorios?
Creo que esta es una pregunta un tanto difícil, se requiere un cambio sistémico a gran escala y tardaremos años, si no es que décadas en mirar cambios, es un trabajo titánico e intersectorial, y no solo involucra cambios en el estado.
El estado no destina ni 3 % del PIB a educación. Ndo es posible pensar en la construcción de programa, espacios de atención o hasta de aplicar protocolos para la atención de casos de racismo y discriminación, sin dinero es imposible, y dentro de las políticas de austeridad los grupos históricamente vulnerados como poblaciones originarias y afromexicanas estamos sujetas aún a más restricciones presupuestarias y esto sin mencionar que no existe un presupuesto específico para la atención educativa de personas y comunidades afromexicanas.
Por otro lado CNDH es una institución sumamente deficiente, que no atiende quejas ni brinda atención a víctimas de actos de discriminación racial, recientemente el consejo consultivo integrado por ciudadanos renunció de manera colectiva, ni un pronunciamiento al respecto nada, solo silencio, desgraciadamente no tenemos instituciones que defiendan los derechos humanos de la comunidad estudiantil afromexicana, y las organizaciones de la sociedad civil simplemente no contamos con los recursos para poder desarrollar acciones masificadas.
Por último, mientras padres, madres de familia, toda la sociedad mexicana en general no cambie su postura ante discursos de odio, no habrá un nuevo paradigma estructural que garantice la defensa de todas las infancias.
El racismo y comportamientos discriminatorios son conductas aprendidas en muchas ocasiones desde el núcleo familiar, si las personas no están conscientes de sus comportamientos violentos será imposible pedir un cambio, ese niño o niña crecerá y se convertirá en un funcionario público que no tendrá interés en la promoción de una política pública de cuidado para personas afro.
El ejemplo que damos a las infancias al callarnos un chiste racista, un comentario discriminatorio es lo que marca diferencia en el mundo.
Casos como estos no pueden quedar impunes ni invisibilizados. Las infancias y juventudes afrodescendientes merecen espacios dignos de convivencia en sus casas, vida cotidiana y sus propias escuelas. Se necesitan políticas que protejan este derecho, sensibilizar a la sociedad ante temas que afectan el día a día y que, incluso, pueden llegar a ser mortales. El racismo en México es violento, es mortal y aún así, las personas creen no ser racistas. Es una violencia normalizada y cotidiana que debe erradicarse para poder garantizar el derecho básico de una vida digna y a una educación libre de violencia racial.
* Alejandra Tentle (@AClasic1) se autodenomina afroindígena por su historia y contexto familiar. Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras e Instrumentista en Contrabajo en la Facultad de Música, ambas de la UNAM. Sus líneas de investigación se han enfocado a la Historia de la música prehispánica y a la Historia Afromexicana, publicando el artículo “Instrumentos musicales presentes en el Códice Florentino y su importancia en los areitos” en el libro Siete Miradas al Comercio en México, publicado por la Fundación Guendabichi. Es coautora de los libros digitales “Mi Identidad, un anecdotario histórico, periodístico y feminista de la afrodescendencia en México” y “Tarara Tararí”, un libro de cuentos infantiles que busca dar visibilidad y representación a la niñez afromexicana relatando la influencia y el impacto cultural de los pueblos africanos en México. El Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe (@Afro_tembembe) es una organización dedicada a la preservación, investigación y divulgación de los sistemas de pensamiento Negro, Afromexicano y Afrodescendiente, con el objetivo de promover el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la comunidad Afrodescendiente desde una perspectiva interseccional e incluyente a través de la educación popular.
La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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