NOM-020 y partería tradicional: inclusión condicionada o diálogo intercultural
La Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025 para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería, en la atención integral materna y neonatal, representa un esfuerzo por reorganizar la atención materna y neonatal en México desde un enfoque que combina principios de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Su objetivo central es establecer los requisitos que deben cumplir los establecimientos de salud en esta área, incorporar a la partería profesional en el modelo institucional y, de manera más reciente y controvertida, definir los mecanismos de vinculación con la partería tradicional. Esta inclusión normativa, sin embargo, no está exenta de tensiones, ya que se articula desde un marco técnico centralizado que homogeneiza prácticas y actores diversos sin reconocer plenamente sus contextos sociales, culturales y jurídicos.
La NOM se aplica de forma obligatoria en todo el país, abarcando tanto instituciones públicas como privadas y estableciendo disposiciones para distintos perfiles de partería sin hacer diferenciaciones claras entre territorios urbanos, rurales o indígenas. Este enfoque generalista se refleja también en la estructura de la norma, que en sus trece apartados integra desde principios generales hasta lineamientos operativos. En este análisis nos concentraremos en el apartado 7, que regula la vinculación con la partería tradicional. Para ello, se ha dividido el contenido en tres segmentos: los principios rectores (7.1.1 a 7.1.4), las formas de vinculación (7.1.5) y las responsabilidades del Estado (7.1.6 a 7.1.10). Esta lectura permitirá evaluar en qué medida dicho apartado promueve una colaboración intercultural efectiva o perpetúa formas veladas de subordinación institucional.
El apartado 7 de la NOM busca establecer las bases para la vinculación entre el sistema de salud institucional y la partería tradicional. Su análisis revela transformaciones sustanciales entre el anteproyecto original (NOM-020-SSA-2024) y la versión publicada, en aspectos que van desde los principios normativos hasta las responsabilidades estatales. Este apartado ha sido desglosado en tres grandes bloques: los principios rectores (7.1.1–7.1.4), las formas operativas de vinculación (7.1.5) y las obligaciones institucionales del Estado (7.1.6–7.1.10). Cada uno de ellos ofrece pistas sobre el tipo de relación que se busca construir con las parteras tradicionales y permite evaluar los alcances y limitaciones del enfoque intercultural propuesto.
En el primer eje, los principios rectores del anteproyecto proponían una relación horizontal y respetuosa entre parteras tradicionales y personal de salud, basada en el reconocimiento cultural, legal y epistémico de sus prácticas. Se articulaba una obligación del Estado de garantizar su libre ejercicio, sin subordinación al modelo biomédico. Sin embargo, la norma publicada introduce matices importantes: el lenguaje se institucionaliza, se acentúa el papel del sistema de salud como rector del vínculo y se incorpora el término “acompañamiento”, cuya ambigüedad puede encubrir formas de supervisión. Aunque se refuerzan referencias a la no discriminación, la lógica general se desplaza hacia un marco de inclusión controlada que puede limitar la autonomía de las parteras en nombre de la integración institucional.
El segundo eje, relativo a las formas operativas de vinculación, sufre también un viraje importante. El anteproyecto planteaba un reconocimiento comunitario de las parteras, su inscripción voluntaria en registros estatales, y el establecimiento de relaciones de colaboración basadas en el intercambio de saberes. En contraste, la versión final traslada la iniciativa al personal institucional y redefine el registro de parteras como una herramienta funcional a la atención obstétrica de emergencia, reduciendo su valor simbólico y político. Asimismo, el intercambio de saberes es reemplazado por procesos de capacitación técnica con enfoque intercultural, lo que aunque puede fortalecer capacidades, tiende a reproducir jerarquías entre el conocimiento biomédico y el saber tradicional.
En cuanto al tercer eje, que contempla las responsabilidades institucionales hacia la partería tradicional, el anteproyecto apostaba por un compromiso claro del Estado: reconocer a las parteras como figuras legales en el proceso de nacimiento y registro civil, establecer relaciones no jerárquicas y respetar los derechos colectivos e interculturales. La norma publicada mantiene varios de estos puntos, incluso avanza en algunos como el reconocimiento de constancias de nacimiento emitidas por parteras. Sin embargo, otros cambios diluyen la exigibilidad de estos compromisos, al trasladar responsabilidades estructurales hacia el personal de salud como individuos, y al omitir advertencias explícitas sobre posibles usos de la vinculación como mecanismos de control.
Así, el apartado 7 revela una tensión constante entre el reconocimiento y la regulación. Si bien existen avances discursivos importantes —como la visibilización de la partería como parte de la medicina tradicional y como componente identitario de pueblos indígenas y afromexicanos—, el marco normativo publicado reconfigura las propuestas iniciales desde una lógica institucional, que puede desactivar la potencia política del reconocimiento. La norma abre un espacio para el diálogo intercultural, pero lo hace desde un terreno desigual que mantiene la centralidad del aparato estatal y desplaza el protagonismo de las parteras.
Finalmente, la implementación efectiva de los compromisos contenidos en la NOM dependerá de la vigilancia activa de su ejecución, así como de la participación directa de las parteras en la evaluación de su impacto. Sin mecanismos que garanticen la corresponsabilidad, el respeto a los derechos colectivos y la autoridad epistémica de las parteras, existe el riesgo de que la norma reproduzca viejas formas de subordinación bajo un lenguaje renovado. Por ello, es fundamental que cualquier proceso de articulación institucional se construya desde el reconocimiento de la autonomía comunitaria y no como una incorporación condicionada al sistema de salud dominante.
* María Graciela Freyermuth Enciso es Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de México y ha sido investigadora titular en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social unidad sureste (CIESAS-Sureste) desde 1988. Sus áreas de interés incluyen la salud reproductiva, salud de los pueblos indígenas, violencia de género, políticas de salud en contextos multiculturales, migración y, especialmente, la muerte materna y mortalidad femenina en la región de los Altos de Chiapas y a nivel nacional. Ha recibido reconocimientos académicos a nivel nacional y estatal y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, ha ocupado roles importantes en organizaciones, consejos y comités relacionados con la salud materna en México y con las políticas públicas.
El ataque aéreo fue lanzado en la mañana de este miércoles contra puntos de “infraestructura terrorista”. Pakistán niega cualquier relación con los ataques de hace dos semanas.
Dos semanas después del mortal ataque militante a turistas en la región de Cachemira administrada por India, este país ha lanzado una serie de bombardeos en Pakistán y en la zona de Cachemira administrada por Pakistán.
De acuerdo al reporte oficial, al menos 26 personas murieron en el ataque aéreo indio.
El ministro de Defensa de India señaló este miércoles que los bombardeos -de la llamada operación Sindoor- hacen parte del “compromiso” de “hacer responsables” a las personas que perpetraron el ataque del 22 de abril, que causó la muerte de 25 ciudadanos indios y un nepalí.
Pero Pakistán, que ha negado cualquier responsabilidad en el hecho, ha descrito las incursiones aéreas como “no provocadas”.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anotó que este “atroz ataque de agresión no quedará impune”.
El ejército de Pakistán señaló que había derribado cinco aviones de guerra indios y un drone. Hasta el momento, no se conoce una respuesta de India.
El vocero del ejército de Pakistán, el general Ahmed Sharif Chaudhry, anotó que al menos 26 personas habían muerto y otras 46 habían resultado heridas.
Por su parte, India reportó la muerte de 10 personas en su país debidos a avances del ejército paquistaní en la frontera.
En BBC Mundo te explicamos lo que se sabe hasta ahora de esta tensión entre ambas naciones.
¿Dónde atacó India?
India señaló que nueve posiciones en Pakistán y la zona de Cachemira administrada por Pakistán fueron blanco de los ataques aéreos en la madrugada de este miércoles.
Y anotó que los blancos hacían parte de la “infraestructura terrorista” donde los ataques contra India se “planeaban y producían”.
El gobierno en Nueva Delhi señaló que no atacó instalaciones militares de su país vecino y añadió que sus acciones “han sido enfocadas, medidas y sin escaladas”.
De acuerdo con el gobierno de Pakistán, tres zonas del país resultaron afectadas por los ataques: Muzaffarabad y Kotli, en la región de Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la provincia paquistaní de Punjab.
Su ministro de Defensa, Khawaja Asif, le dijo a la cadena de televisión GeoTV que los ataques alcanzaron áreas civiles y añadió que eran falsos los reclamos de India de que los blancos atacados eran “campamentos terroristas”.
¿Por qué India lanzó el ataque?
La avanzada india ocurre semanas después de un aumento de tensiones entre ambos países -que tienen programas nucleares- y tras los ataques que dejaron 26 turistas muertos en el pintoresco poblado vacacional de Pahalgam.
En esos hechos del 22 de abril, por los que se responsabiliza a un grupo de militantes extremistas, murieron 26 personas, con testigos que afirman que los atacantes estaban señalando particularmente como blanco a hombres hindúes dentro del grupo.
Se trata del peor ataque contra civiles en la región en cerca de 20 años y generó una ola de fuertes rechazos en India.
El primer ministro Narendra Modi afirmó que el país perseguiría a los sospechosos “hasta el fin del mundo” y que quienes lo planearon y llevaron a cabo recibirán “un castigo inimaginable”.
Sin embargo, India no ha identificado a ningún grupo sospechoso de perpetrar el ataque en Pahalgam.
Pero la policía india ha alegado que dos de los atacantes eran ciudadanos paquistaníes, y Delhi señala a Pakistán de apoyar a los militantes extremistas, una acusación que Islamabad niega.
Las autoridades paquistaníes han señalado que no tienen nada que ver con los atentados del 22 de abril.
En las dos semanas transcurridas desde entonces, ambos países han tomado represalias, incluyendo la expulsión de diplomáticos, la suspensión de visas y el cierre de cruces fronterizos.
Pero muchos ya esperaban que la situación escalara hasta convertirse en una especie de ataque transnacional, como se había visto tras los atentados de Pulwama, que dejaron 40 paramilitares indios muertos en 2019.
¿Por qué Cachemira es un punto de conflicto entre India y Pakistán?
Cachemira es reclamada en su totalidad por India y Pakistán, pero administrada solo parcialmente por cada uno de ellos desde su partición tras la independencia de Gran Bretaña, en 1947.
Ambos países han librado dos guerras por ella.
Pero más recientemente, han sido los ataques de militantes extremistas los que han llevado a los países al borde del abismo.
La Cachemira administrada por India ha sido escenario de una insurgencia armada contra el gobierno indio desde 1989, con extremistas que atacan tanto a las fuerzas de seguridad como a la población civil.
El de este año fue el primer ataque de gran escala contra civiles desde que India revocó el Artículo 370, que otorgó a Cachemira el estatus de semiautónoma en 2019.
Tras la decisión, la región fue escenario de protestas, pero también de un declive en la militancia radical y un enorme aumento en el número de turistas que la visitan.
En 2016, tras la muerte de 19 soldados indios en Uri, India lanzó “ataques preventivos y específicos” a través de la Línea de Control – la frontera de facto entre India y Pakistán- contra centros de operaciones de militantes extremistas.
En 2019, el atentado de Pulwama, que dejó 40 paramilitares indios muertos, derivó en ataques aéreos en Balakot – en lo que fue la primera acción de este tipo en Pakistán desde 1971-, y esto desencadenó incursiones de represalia y un combate aéreo.
Ninguno de estos ataques llevó hacia algo más grave, pero el mundo entero está ahora en alerta ante lo que podría suceder ocurriera una escalada. Diversos gobiernos y diplomáticos de todo el mundo han intentado detener el deterioro de relaciones a partir de la situación actual.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya ha pedido “máxima moderación”, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que esperaba que los combates “terminen muy pronto”.
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