Desde el 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación como reconocimiento al papel que representa en la conquista de la paz y el desarrollo en el mundo. Al proclamar este día internacional, los Estados miembros identificaron la importancia de adoptar medidas garantes de una educación inclusiva y equitativa de calidad en todos los niveles.
Sin embargo, actualmente las niñas, niños y adolescentes están enfrentando una época de conflictos armados, crisis climáticas, migratorias y de salud que alteran su presente y, con toda seguridad, su derecho a una educación digna y de calidad.
En México, factores como la desigualdad en el acceso a la educación y la deficiencia en la calidad educativa que tiene la oferta programática actual, ponen en riesgo la garantía del derecho a la educación y aprendizaje de millones de niñas, niños y adolescentes que se desarrollan en nuestro país.
Ante esta situación es necesario observar a la educación de la misma forma en la que se observa un caleidoscopio: para apreciar el panorama es preciso poner atención a todas las aristas y cómo es que cada una es causa y efecto de la perspectiva final.
Empecemos por señalar que, aunque parezca que la pandemia por covid-19 ya quedó en el pasado, sus efectos negativos siguen presentes en el ámbito educativo y, tristemente, continuará por varios años más, ya que la desigualdad y rezago que existían antes de la crisis sanitaria solo se agudizó con su llegada. Podríamos pensar que los retos que la pandemia les representó a todos los sectores dio como resultado un avance en las herramientas tecnológicas para todas y todos, sin embargo, las cifras que el Sistema Educativo Nacional reportó sobre el ciclo 2023-2024 revelan que el 45.6 % de las escuelas de educación básica no cuentan con computadoras y el 53.1 % no tienen acceso a internet.
Mientras la inteligencia artificial parece estar instalada en el día a día de muchas personas, el 4.1 % de los planteles de educación básica ni siquiera cuenta con electricidad, el 17.4 % no dispone de acceso a agua potable, el 12.4 % no tiene lavamanos y el 6.5 % no cuenta con sanitarios independientes.
En tanto, hay quienes no logran integrarse al sistema educativo. A pesar de que desde 2019 la educación inicial es un derecho, apenas el 16.4 % de niñas y niños de 0 a 3 años recibe algún programa de este nivel, ya sea escolarizado o no escolarizado. Y en el ciclo escolar 2023-2024 hubo una disminución del 5.4 % de la matrícula en la educación básica y media superior, lo que significa que 1.68 millones de niñas, niños y adolescentes no tuvieron acceso a la educación.
En Save the Children implementamos programas y acciones que facilitan que niñas, niños y adolescentes en situaciones de desventaja puedan enfrentar sus contextos sin aumentar su rezago educativo, además, facilitamos procesos formativos para agentes de la educación para que la atención que brindan sea de calidad. Y continuaremos sumando esfuerzos para que de forma directa e indirecta la niñez y adolescencia en territorio mexicano tenga un mayor y mejor acceso a la educación.
No obstante, somos conscientes de que una de las mayores aportaciones que podemos realizar es hacer un llamado a la reflexión y entendimiento de que la educación debe atenderse de forma integral, para que cualquier niña, niño y adolescente tenga garantizada una educación de calidad, segura e incluyente. Así que es momento de cuestionarnos: ¿las niñas, niños y adolescentes en México tienen la educación que se merecen?
* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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El Vaticano había ordenado en 2023 una investigación y en 2024 ya había apartado al fundador de una comunidad que llegó a tener miles de miembros.
El papa Francisco disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana, la comunidad religiosa católica con sede en Perú investigada durante años por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos por parte de su fundador y otros responsables.
Un comunicado de la Asamblea del Sodalicio confirmó una noticia que se había filtrado días antes en el portal especializado en información eclesiástica Infovaticana.
El comunicado del Sodalicio no da detalles de una decisión sobre la que el Vaticano no ha hecho aún ningún anuncio oficial. No es habitual que el Papa disuelva una comunidad religiosa católica aunque esté envuelta en un escándalo.
El Sodalicio, formado por laicos y sacerdotes católicos, fue fundado en Perú por Luis Fernando Figari en 1971 y llegó a contar con unos 20.000 miembros en América Latina y Estados Unidos.
Reconocido oficialmente como comunidad religiosa por el papa Juan Pablo II en 1997, el grupo ha sido objeto de varias investigaciones por parte de la fiscalía peruana y el Vaticano en la última década.
Un informe encargado por la sociedad publicado en 2017 concluyó que Figari y otros exmiembros de alto rango habían abusado de al menos 19 menores y 10 adultos.
En 2023, tras años de denuncias, el papa Francisco envió a Perú al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y al sacerdote español Jordi Bertomeu, con la misión de investigar los numerosos abusos presuntamente cometidos en el seno del Sodalicio.
En 2024, la Santa Sede expulsó del grupo a Figari, que negó haber cometido delito alguno.
La periodista Pao Ugaz, coautora del libro “Mitad monjes, mitad soldados” sobre los escándalos de la sociedad, le dijo a BBC Mundo cuando se conoció la expulsión de Figari que se trataba de “una decisión valiente” que “anuncia el principio del fin de una organización que hasta ahora había gozado de impunidad”.
La decisión final sobre una sociedad ampliamente percibida como ejemplo de abuso e impunidad era esperada desde hacía meses por sus críticos.
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