Meridificación: la sutil violencia urbana en Yucatán
En Mérida la gentrificación –si bien no inexistente- no es el principal fenómeno de exclusión urbana y de mercantilización del derecho a la vivienda. La capital de Yucatán, considerada como una de las mejores ciudades del país para vivir[1] e invertir[2], amenaza con destruir a las comunidades mayas en su periferia. Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de discriminación, exclusión y desencuentro entre los mayas y los no-mayas que comparten el territorio del Mayab.
En un hecho inédito en su historia, Mérida se ha convertido en uno de los principales focos de migración interna en el país. La fama que se ha hecho como una de las ciudades más seguras del país[3] –o la más segura, como suelen apuntar algunas fuentes[4]-, así como los precios absurdamente baratos en el mercado inmobiliario –se calcula que las casas son 84% más baratas que en Ciudad de México[5]– son algunas de las causas del acelerado crecimiento de esta ciudad de la que sus habitantes hace apenas un par de años solían afirmar –algunos con orgullo, otros con hastío- que seguía “siendo un pueblo”.
No obstante, los generosos precios del mercado inmobiliario son tan solo una ilusión. No es que estén “regalando” casas, sino que son otras personas las que terminan pagando el precio: la población maya. Debido a que la ciudad no crece hacia arriba[6], la capital continúa derramándose. Los desarrollos privados que florecen principalmente en el norte de la ciudad amenazan con tragar comunidades de mayoría indígena y digerirlas en colonias de clase media-alta, alterando –si no es que desintegrando por completo- su vida comunitaria.
Este es el caso de Chablekal, comisaría del municipio de Mérida ubicada a 21 kilómetros de la capital yucateca. Asediada por muros que esconden zonas residenciales de lujo, no tiene ya más espacio para crecer, ni siquiera para ampliar el espacio de su cementerio. El pasado 2 de septiembre se cumplieron 4 años de la formación de la Unión de Pobladores y Pobladoras en defensa de la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales de Chablekal. Conformada por más de 300 pobladores, exige a las autoridades ejidales detener la venta masiva de su territorio para el desarrollo de más zonas residenciales privadas[7].
Por su parte, la comunidad de Santa Gertrudis Copó observó el pasado 8 de mayo la destrucción de 5 de sus casas. Empresarios de Mérida aseguran tener la propiedad del casco de la exhacienda en la que se encuentran asentados sus habitantes. Sin la presencia de policías, le indicaron a la comunidad que serían “reubicados”, que se harían trabajos de construcción en la zona y que ellos, básicamente, ya no vivían ahí[8].
Los desarrollos habitacionales con los que poco a poco se planea remplazar a comunidades como Chablekal o Santa Gertrudis Copó no son ni siquiera una respuesta a las necesidades de vivienda de la población meridana. Los precios extremadamente bajos de las tierras –debido a que son comprados por migajas a campesinos y ejidatarios-, así como el aumento sin precedentes de la población, han generado una economía inmobiliaria de especulación a gran escala. Aproximadamente el 14 % de las viviendas familiares de Mérida están vacías[9].
La realidad que hoy se vive en la capital de Yucatán, no obstante, comenzó a fraguarse hace al menos unas cuatro décadas. Desde los años setenta y ochenta, el mercado inmobiliario fue visto como una alternativa a la agonizante industria henequenera –antes la principal actividad económica de la entidad-, convirtiéndose en la principal fuente de empleo y en la segunda rama en inversión pública y privada. Durante los años noventa, a nivel federal y estatal se adoptó un modelo de desregularización y privatización de las funciones gubernamentales en materia de vivienda. Se priorizó así la liberación del suelo para el desarrollo de proyectos residenciales privados[10].
La producción y adquisición de vivienda, así como la planificación urbana, pasó a control del vaivén del mercado. Si el henequén fue llamado en su momento el “oro verde”, sin duda alguna en Yucatán el sector inmobiliario se ha convertido en el “henequén de asfalto” de las últimas décadas.
El investigador y articulista yucateco Rodrigo Llanes ha advertido un “colonialismo urbano”[11] en el despojo sistemático de las comunidades mayas en la periferia de Mérida. Esta apreciación no resulta exagerada si recordamos que el mote de “Ciudad Blanca” –nombre dado por antonomasia a Mérida- surge en el contexto de la Guerra de Castas (1847-1901) cuando se prohibió la entrada de indígenas a la ciudad. Debido a que continúa siendo una ciudad pensada por y para los no-indígenas, la meridificación de las comunidades en la periferia implica una gentrificación no de un barrio, sino de un territorio, justificada por una lógica racista y clasista.
El crecimiento arbitrario y especulativo de Mérida –que persigue lógicas del mercado y no a las necesidades reales de viviendas- es el que decide la planeación, el desarrollo y el futuro de las comunidades como Chablekal y Santa Gertrudis Copó. Después de siglos de ser ignoradas por la capital yucateca, ésta se encuentra pisándoles los talones, acusándolas de “estorbar” el crecimiento económico y asumiendo que la gente que en ellas habita siempre “encontrará a dónde irse”.
Cuando se dice que Mérida es la mejor ciudad para vivir en el país, debemos preguntar: ¿mejor para que ahí viva quién? ¿Los mayas? Cuando se dice que Mérida es la ciudad más segura del país, debemos preguntar: ¿Segura para quién? ¿De qué seguridad hablamos? ¿Si soy maya estaré libre de desalojos con uso de la fuerza pública para no impedir el “desarrollo” de esa “Ciudad Blanca”?
* Carlos Luis Escoffié Duarte es abogado litigante en derechos humanos. Miembro del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Referencias:
[1] Animal Político. Zona metropolitana de Monterrey y Mérida, los mejores lugares para vivir, según estudio, 21 de agosto de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.
[2] Diario de Yucatán. Mérida, entre las 10 mejores ciudades para emprender y hacer negocios, 6 de junio de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.
[3] Milenio Novedades. Confirma BBC la seguridad de Mérida, 5 de noviembre de 2017. Disponible en formato digital a través de este enlace.
[4] Animal Político, Si se acaba el mundo, me voy a Mérida: cómo se vive en la ciudad más pacífica de México, 4 de noviembre de 2017. Disponible en formato digital a través de este enlace.
[5] Publimetro. Mérida, la ciudad más segura para vivir y más barata que la CDMX, 11 de abril de 2017. Disponible en formato digital a través de este enlace.
[6] Si bien no existe una respuesta clara a este fenómeno, interviene sin duda el hecho de que en Yucatán, históricamente, no ha existido la costumbre de vivir en edificios de departamentos. Además, la gente proveniente de otros estados, al ver los precios bajos en el suelo, deciden cumplir el sueño de comprar una casa en lugar de un departamento.
[7] Indignación. Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablekal celebra 4 años de lucha por la defensa de su territorio (Comunidado), 2 de septiembre de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.
[8] La Jornada Maya, Santa Gertrudis Copó denuncia invasión y defiende pueblo maya, 8 de mayo de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace. Llanes, Rodrigo; Invasión y desalojo, publicado en el Diario de Yucatán el 21 de mayo de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace. Me he referido al caso de Santa Gertrudis Copó como un posible caso de domicidio. Véase: Revista Nexos, Tenemos que hablar del ‘domicidio’ y sus costos sociales, 31 de mayo de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.
[9] Diario de Yucatán, Casas desperdiciadas, 25 de marzo de 2015. Disponible en formato digital a través de este enlace.
[10] Véase: Bolio Osés, Jorge; En unas cuantas manos. Urbanización neoliberal en la periferia metropolitana de Mérida, Yucatán, 2000-2014, Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán, 2016.
[11] Llanes, Rodrigo; El colonialismo urbano, publicado en el Diario de Yucatán el 17 de septiembre de 2018. Disponible en formato digital a través de este enlace.
El presidente de EU afirmó que las empresas petroleras de su país invertirán miles de millones en la producción petrolera venezolana, pero el dinero no es el único problema que tendrán.
Donald Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela después de su incursión militar y detención del presidente Nicolás Maduro expresando que EE.UU. “administrará” el país hasta que haya una transición “segura”.
El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado.
Trump expresó que las empresas estadounidenses repararán la “muy dañada” infraestructura petrolera y “empezarán a generar dinero para el país”.
Pero los expertos advierten de los inmensos desafíos que enfrenta el plan de Trump, señalando que costará miles de millones y tomará hasta una década para lograr una producción significativa de petróleo.
Así que, ¿podrá realmente EE.UU. tomar control de las reservas de petróleo de Venezuela? Y ¿funcionará el plan de Trump?
Con aproximadamente 303.000 millones de barriles, Venezuela ostenta la mayor reserva probada de petróleo.
Pero la cantidad de crudo que el país produce actualmente es diminuta en comparación con esta riqueza.
La producción cayó agudamente desde principios de los 2000, cuando el otrora presidente Hugo Chávez y luego el gobierno de Maduro reforzaron su control sobre la empresa estatal PDVSA, lo que provocó un éxodo de su personal más capacitado.
Aunque varias empresas petroleras, incluyendo la estadounidense Chevron, siguen activas en el país, sus operaciones se han contraído significativamente a medida que Washington amplió las sanciones e interceptó las exportaciones de crudo con miras a restringir el acceso de Maduro a una fuente económica clave.
Las sanciones -primero aplicadas en 2015 durante el gobierno del presidente Barack Obama por supuestas violaciones de derechos humanos- también han dejado a Venezuela descontentada de inversiones y repuestos necesarios para esta industria.
“El desafío verdadero que enfrentan es su infraestructura”, comenta Callum MacPherson, jefe de cotización de materias primas de Investec (empresa Anglo-Sudafricana bancaria y de gestión de patrimonio internacional).
En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860.000 barriles diarios, según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía.
Eso es escasamente un tercio de lo que era hace 10 años y representa menos de 1% del consumo de petróleo mundial.
La situación política
Las reservas del país están hechas del llamado petróleo “pesado, agrio”. Es difícil de refinar, pero útil en la producción de diésel y asfalto. Estados Unidos típicamente produce el petróleo “ligero, dulce” ideal para gasolina.
En anticipación de los ataques y captura de Maduro, EE.UU. también incautó dos buques petroleros frente a las costas de Venezuela, además impuso un bloqueo a la entrada y salida del país de buques cisterna sancionados.
Homayoun Falakshahi, principal analista de cotización de materias primas de la plataforma de datos Kpler, indica que los obstáculos clave para las empresas de petróleo que esperan explotar las reservas venezolanas son legales y políticos.
En conversación con la BBC, el analista dijo que quienes esperan perforar en Venezuela tendrán que llegar a un acuerdo con el gobierno, lo que no será posible hasta que haya un sucesor de Maduro en funciones.
Para Falakshahi, las empresas estarían entonces arriesgando miles de millones de inversiones en la estabilidad de un futuro gobierno venezolano.
“Aun si la situación política es estable, es un proceso que tomará meses”, concluyó.
Las compañías que esperan aprovecharse del plan de Trump necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno cuando esté instalado, antes de empezar el proceso de aumentar la inversión en la infraestructura en Venezuela.
Los analistas también advierten que se requerirán decenas de miles de millones de dólares -y potencialmente una década- para restablecer la producción anterior de Venezuela.
Neil Shearing, analista jefe de Capital Economics, señaló que los planes de Trump tendrían un impacto limitado en el suministro global y, por ende, en el precio del crudo.
Opinó que hay “una enorme cantidad de obstáculos que librar y el plazo de tiempo de lo que va a suceder es muy largo” que los precios del crudo en 2026 verían muy poco cambio.
Shearing vaticinó que las firmas no invertirían hasta que un gobierno estable estuviera instalado en Venezuela, y los proyectos no tendrían rendimiento por “muchos, muchos años”:
“El problema siempre han sido las décadas de inversión insuficiente, el mal manejo y los altos costos de extracción”.
El analista añadió que aunque el país regresara a los niveles anteriores de producción de unos tres millones de barriles diarios, todavía continuaría por debajo de los 10 principales productores mundiales.
Además, Shearing resaltó la alta producción de los países de la OPEP+, diciendo que el mundo actualmente “no está sufriendo de una escasez de petróleo”.
La apuesta de las petroleras
El antiguo director ejecutivo de BP (British Petroleum) John Browne comentó a BBC News que la reactivación de la industria petrolera de Venezuela era un “proyecto a muy largo plazo”.
“La gente subestima el tiempo que se demora hacer las cosas. Alinear todos los recursos, particularmente el material y el personal, toma muchísimo tiempo”.
Mientras que podría haber un “alza rápida” de alguna producción, Browne indicó que el volumen podría de hecho disminuir mientras la industria se reorganiza.
Chevron es el único productor estadounidense todavía activo en Venezuela, después de recibir una licencia de operación bajo el anterior presidente Joe Biden en 2022, a pesar de las sanciones de EE.UU.
La compañía, actualmente responsable de aproximadamente una quinta parte de la extracción de petróleo venezolano, informó que está enfocada en la seguridad de sus empleados y está cumpliendo “con todas las leyes y regulaciones relevantes”.
Las otras grandes firmas petroleras han mantenido silencio público de sus planes hasta ahora, y sólo Chevron ha abordado la situación.
Pero Falakshahi piensa que los jefes de las petroleras estarán conversando internamente sobre si tomar provecho de la oportunidad.
“El apetito de ir a alguna parte esta vinculado a dos factores principales, la situación política y los recursos sobre el terreno”, expresó.
A pesar de la enormemente incierta situación política, Falakshahi concluyó que “la ganancia potencial podría considerarse demasiado grande de eludir”.
John Browne sostuvo que las compañías querrán involucrarse porque “tener opciones de negocio en diferentes partes del mundo es algo bueno”.
“Como oportunidad de negocio, si estás dirigiendo una compañía… vas a querer involucrarte muy rápidamente”.
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