Sin culpas ni despidos. Maternar y trabajar no deberían ser derechos en tensión
El pasado miércoles 11 de febrero se llevó a cabo en el Congreso de la Unión el “Laboratorio de Maternidades y Cuidados”. El evento, convocado por Mexiro, A. C. y la diputada Patricia Mercado, posicionó en la agenda pública y legislativa un tema crítico: las barreras estructurales que enfrentan las mujeres para conciliar la maternidad, la lactancia y el trabajo.
El Laboratorio fue un espacio diverso, multisectorial, técnico y participativo para dialogar sobre una iniciativa de reforma en materia de lactancia extendida y estabilidad laboral, y generar compromisos públicos para su aprobación. Pero, ¿por qué es importante esta reforma?
El problema estructural: discriminación laboral por embarazo y penalización a la maternidad
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred, 2022) señala que el embarazo es la principal causa de discriminación laboral en la Ciudad, representando el 36 % de las quejas laborales presentadas ante dicha institución. El 68.8 % de estas denuncias están asociadas con despidos injustificados y el 12.1 % con presiones para renunciar.
La realidad no es distinta en el resto del país. El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) coinciden en que el embarazo es una de las principales causas de discriminación laboral a nivel nacional.
La penalización a la maternidad es un conjunto de desventajas económicas, profesionales y simbólicas sistemáticas que enfrentan las mujeres que son madres o que están en edad reproductiva. Ejemplos de ello son la solicitud de pruebas de embarazo en procesos de reclutamiento, menores probabilidades de contratación o de acceso a ascensos y evaluaciones de desempeño sesgadas.
Esta situación profundiza la desigualdad de género en tanto:
- Expulsa a las mujeres del mercado laboral: 56 % de las madres están fuera de éste. 1
- Desplaza a las mujeres a trabajos precarios: 58 % de las madres que trabajan lo hacen en la informalidad. 2
- Obstaculiza el desarrollo profesional de las mujeres a largo plazo: 1 de cada 2 mujeres en México ha tenido que modificar su trayectoria laboral al convertirse en madre. 3
- Amplía las brechas salariales: se registran reducciones del 20 % de los ingresos laborales de las mujeres después de tener hijes. 4
El problema no es la maternidad, sino un sistema laboral que penaliza los cuidados. En México no existen licencias de cuidado ni licencias de paternidad; de esta última sólo son permisos de cinco días laborales. A esto hay que sumar las jornadas excesivas de trabajo, la ausencia de un sistema de cuidados corresponsable y una cultura que castiga a las mujeres que ejercen los derechos reproductivos y los cuidados en nombre de la productividad económica.
Barreras para la lactancia
La lactancia materna ha demostrado ser una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de la niñez. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan la lactancia materna exclusiva por seis meses y de manera complementaria hasta los dos años, como una medida de salud pública a nivel internacional. Sin embargo, sostener esta práctica no depende de la voluntad individual, está atravesado por políticas públicas, condiciones laborales y del valor social que le damos a los cuidados.
Los datos muestran que la lactancia es menor entre las madres que cuentan con un empleo remunerado: únicamente el 14.3 % de las madres que amamantan de forma exclusiva cuentan con un trabajo remunerado, frente al 40.6 % que no lo tienen. 5
Una de las primeras barreras para la lactancia es la falta de armonización legislativa. A pesar que la Constitución y los tratados internacionales no establecen una restricción temporal para su protección, actualmente las leyes laborales del país sólo protegen la lactancia durante los seis meses de la niñez.
El Poder Legislativo tiene la obligación de alinear la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con el estándar constitucional y los tratados internacionales ratificados por México, en particular los Convenios 111 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo, relativos a la no discriminación y a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Adicionalmente, tanto las penalizaciones a la maternidad como la falta de condiciones para la lactancia están relacionadas al hecho de que los cuidados son percibidos como tiempo improductivo o tiempo de descanso. Las normas jurídicas las refieren como “periodos de descanso” (CISS, 2025), 6 invisibilizando los cuidados como trabajo que sostiene la reproducción social y el sistema económico.
Hacia un sistema de corresponsabilidad de los cuidados: iniciativa de reforma en materia de lactancia extendida y estabilidad laboral
Ante este panorama, Mexiro, A. C., la diputada Patricia Mercado y la Coalición CUIDA: Alianza por los cuidados, la lactancia y la justicia laboral, estamos impulsando una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado en materia de lactancia extendida y estabilidad laboral.
La iniciativa contempla:
- Ampliar el periodo de protección de la lactancia hasta los dos años.
- Establecer un mecanismo efectivo contra despidos injustificados durante los periodos de embarazo, lactancia y lactancia extendida.
- Asegurar la existencia de espacios dignos, higiénicos, accesibles y funcionales para la extracción o administración de leche materna.
- Capacitaciones para avanzar hacia una cultura laboral igualitaria y libre de discriminación.
- Alinear la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con el estándar constitucional y los tratados internacionales ratificados en materia de lactancia, no discriminación y eliminación de la violencia y el acoso laboral.
La maternidad, la lactancia y los cuidados no son asuntos privados y no se sostienen de forma individual, son cuestiones de salud pública, de justicia social, laboral y reproductiva. Es corresponsabilidad del Estado, el mercado y la sociedad crear las condiciones para que maternar, lactar y trabajar dejen de ser derechos en tensión y puedan ejercerse en dignidad.
Conoce más de la propuesta aquí.
* Mariana Marín Mendoza es especialista en políticas públicas e incidencia legislativa de Mexiro, A. C. (@yomexiro).
1 Datos del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO, 2023).
2 Datos del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO, 2023).
3 Este indicador, Mexiro A.C. lo construyó a partir de datos de la ENOE (INEGI) y análisis del IMCO, considerando como modificaciones de trayectoria: salida del mercado laboral, pausas en la carrera profesional, transición a la informalidad o al autoempleo, penalización salarial asociada a la maternidad.
4 Aguilar-Gómez, S., Arceo-Gómez, E. y De la Cruz, E. (2022). Inside the black box of child penalties: Unpaid work and household structure.
5 Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2021-2023.
6 Para conocer más te invitamos a leer la Sistematización del Laboratorio de Maternidades y Cuidados.
La decisión de la Corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de Trump. Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que siga adelante con su agenda, en particular en materia de migración y reestructuración del gobierno federal.
Donald Trump llevaba meses advirtiendo que una decisión de la Corte Suprema como esta sería catastrófica.
Si la corte restringía su capacidad para imponer estos aranceles, había dicho, sería un “desastre económico y de seguridad nacional”.
La mayoría de seis jueces de la Corte Suprema, al fallar en contra del presidente el viernes, hizo caso omiso de sus preocupaciones.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de imponer aranceles, dictaminaron los jueces. Y nada en la ley en la que el presidente basó sus aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, dio poderes tan amplios a Trump.
En una conferencia de prensa organizada apresuradamente el viernes por la tarde, Trump arremetió contra los jueces que fallaron en su contra. Dijo estar “avergonzado” de los tres conservadores que anularon sus aranceles y se refirió a los tres liberales de la corte como una “desgracia”.
Trump prometió entonces reimponer aranceles utilizando la autoridad presidencial disponible bajo otras leyes, incluyendo un nuevo arancel global temporal del 10%.
Posición debilitada
La decisión de la corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de este presidente.
Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que Trump siga adelante con su agenda, en particular en materia de inmigración y la reestructuración del gobierno federal, incluso aunque los recursos legales van escalando en el sistema judicial.
Este caso, tramitado con urgencia, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial.
Con varios otros casos importantes que involucran usos controvertidos del poder ejecutivo, como los intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento y destituir a un gobernador de la Reserva Federal por presuntas irregularidades, este podría no ser el único revés de Trump en los próximos meses.
Como mínimo, esta decisión debilita la posición de Trump al intentar obligar a otras naciones a hacer concesiones a Estados Unidos y empaña su fachada de invencibilidad.
La debilidad engendra debilidad, y los socios comerciales de EU podrían verse envalentonados a adoptar una línea más dura con EU ahora que se han restringido las facultades arancelarias del presidente.
También abre la posibilidad de que el gobierno de Trump tenga que devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó durante el último año.
Aunque los jueces dejaron que esta espinosa cuestión fuera decidida por un tribunal inferior, Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso probablemente será un “desastre”.
Opciones
El gobierno de Trump tuvo tiempo de sobra para prepararse para la decisión del viernes.
El precedente de la Corte Suprema y la actitud de muchos jueces cuando el caso se presentó en los tribunales el pasado noviembre indicaban que era muy posible un resultado adverso para él.
Jamieson Greer, principal asesor comercial de Trump, declaró el mes pasado que la Casa Blanca tiene “muchas opciones diferentes” sobre cómo proceder si se eliminan los aranceles.
“La realidad”, afirmó, “el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial de ahora en adelante”.
Sin embargo, las otras opciones que Trump podría tener a su disposición son más limitadas.
Estas requieren que las agencias gubernamentales elaboren informes detallados para justificar la imposición de aranceles, y tienen límites en su alcance y duración.
Atrás quedaron los días en que el presidente podía amenazar o promulgar aranceles de tres dígitos con un simple gesto de la mano o un clic en una publicación en Truth Social.
Los nuevos aranceles requerirán un mayor plazo antes de que puedan imponerse.
Esto podría limitar el tipo de perturbación económica que se produjo cuando el presidente anunció sus expansivos aranceles del “Día de la Liberación” el año pasado y daría a otras naciones más tiempo para preparar sus respuestas.
Si Trump quiere recuperar su margen de maniobra para imponer nuevos aranceles, siempre podría solicitar al Congreso la autorización explícita que la Corte Suprema ha declarado necesaria.
Sin embargo, con las estrechas mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, y las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, el éxito de tal medida parece improbable.
De hecho, algunos de los aliados conservadores de Trump en el Congreso podrían estar más tranquilos con esta decisión.
Los aranceles del presidente, y los costos que han impuesto a los consumidores, han sido impopulares entre muchos estadounidenses. Los candidatos republicanos en estados clave y distritos electorales habrían estado expuestos a los ataques demócratas por apoyar las políticas de Trump.
Esa área de vulnerabilidad se ha reducido por ahora.
La decisión del viernes generará un momento incómodo el martes, cuando Trump pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Tradicionalmente, muchos de los jueces de la Corte Suprema se sientan en la primera fila de la cámara.
El presidente, después de pasar meses emitiendo duras advertencias contra la corte, podría verse frente a frente con los jueces que erosionaron uno de los pilares clave de la agenda del segundo mandato de Trump.
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